Dos entrelazados litigios políticos de fondo van decantándose a favor del PRI, de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto. Uno de ellos conlleva una virtual rendición histórica, al aceptar Lázaro Cárdenas Batel (LCB) un cargo diplomático en la actual administración priísta, que es una continuación reivindicatoria de los intereses de quien se hizo del poder un cuarto de siglo atrás entre acusaciones cuauhtemistas de fraude electoral. No es solamente que alguien del núcleo de la división priísta que dio origen al PRD acabe colaborando con un gobierno de tres colores, sino que ese gobierno sea ejercido por alguien que a su vez sea guiado por el personaje por cuya causa y contra quien se produjo aquella división. En 1988, Fidel Castro convalidó la instalación de Carlos Salinas de Gortari en el poder mexicano y ahora el hijo de quien denunciaba fraude electoral en aquella ocasión va a La Habana como representante de otro gobierno impugnado que, además, es una prolongación de ese salinismo.
El segundo conflicto político mencionado líneas arriba es de fecha más reciente y tiene como eje la guerra declarada desde el gobierno del Distrito Federal por Andrés Manuel López Obrador contra la coalición de intereses formada por Rosario Robles, Carlos Ahumada y el propio Cárdenas Batel. Luego de un largo trayecto difícil, los tres personajes están en plena rehabilitación pública. El Michoacán dominado por las bandas del narcotráfico que fue heredado al dúctil Leonel Godoy acabó siendo recuperado por el PRI a pesar de los infortunios médicos de Fausto Vallejo, pero LCB ha caminado sin salpicaduras posteriores, a grado tal que en la anterior búsqueda de un dirigente nacional perredista se le mencionó como un posible líder de unidad y ahora reaparece en el terreno diplomático para dar viabilidad a pactos políticos y energéticos. Robles, como es sabido, es la ejecutora consentida del salinismo en materia de desarrollo social, con la mira puesta en construir una base carlista de izquierda moderna que participe en próximas contiendas. Y Ahumada, habiendo recuperado lo que pudo de su fortuna oscura, ya se asoma por tierras mexicanas, en comidas con personajes de poder, restaurado.
Ahora bien, la muy concertada postulación del más reciente gobernador de los Cárdenas en Michoacán para representar al gobierno federal priísta en La Habana tiene como antecedente el sostenido regateo electoral del jefe dinástico hacia las campañas presidenciales de López Obrador. En 2006 fue una cancelación abierta de apoyo y en 2012, aprovechando las veleidades de la República del Amor, se produjo una aparente reconciliación de fachada entre Cuauhtémoc Cárdenas y AMLO que, como en su momento se dijo en esta misma columna especuladora, era un error táctico que solamente acabaría rehabilitando y encareciendo piezas de la izquierda o el progresismo para beneficiar al PRI, especializado en aprovechar desde el poder las ofertas del mercado.
El fichaje del apellido Cárdenas en el equipo peñista añade peso y presunta legitimidad al proceso de mayor privatización de Pemex, para cuya dirección general López Obrador había propuesto en principio al propio ingeniero histórico, quien días atrás presentó públicamente la postura en materia de energéticos que sostiene el PRD chuchista, cuyos entendimientos con el peñanietismo a través del Pacto por México recibieron así un respaldo que no puede leerse desvinculado del pago diplomático recién anunciado.
La carrera política de Batel, como algunos michoacanos llaman al hijo para diferenciarlo del padre y del abuelo, ha estado siempre bajo el trazo del progenitor. En ese contexto es que el ahora propuesto para una embajada hizo migas con Rosario Robles, la persona a quien Cuauhtémoc dejó a cargo del gobierno capitalino en la coyuntura electoral de 2000. Cárdenas Batel abrió las puertas del contratismo en Michoacán a Carlos Ahumada y participó de los proyectos de primer encumbramiento de Robles, que se derrumbaron en el contexto de la difusión de los videoescándalos que con René Bejarano como principal damnificado, y con Carlos Salinas y Diego Fernández de Cevallos como verdugos mediáticos y políticos, pretendían ultimar políticamente al tabasqueño.
En el rediseño acelerado que ha producido la imposición mercantil del PRI en Los Pinos, Rosario Robles, Lázaro Cárdenas Batel, Mario di Costanzo y los chuchos pactistas son utilizados para contrarrestar y, de ser posible, sepultar al lopezobradorismo y para tratar de legitimar no solamente al adquirente actual del poder federal, Peña Nieto, sino también a uno de sus principales tutores, Carlos Salinas de Gortari. Dos episodios que van cerrándose: un Cárdenas, indiscutiblemente asociado en términos políticos a su padre, Cuauhtémoc, reconociendo y legitimando al peñismo-salinismo, y ese mismo Batel y Rosario Robles levantándose con una victoria de organigrama sobre su adversario tabasqueño.
En esta misma temporada de cacería del Peje, resulta que el Instituto Federal Electoral pretende sancionar a López Obrador por presuntos gastos excesivos de campaña que, según lo que hasta ahora se ha filtrado, serán demostrados con puntillosidad técnica. La enorme distancia entre los expedientes contables y burocráticos y la realidad política percibida queda de manifiesto en esta formulación que busca colocar al ex candidato presidencial de izquierda en la franja de gran infractor de las leyes electorales, usuario de cantidades desproporcionadas de recursos para su campaña, mientras el priísta, ahora instalado en Los Pinos, es virtualmente exonerado aunque eventualmente se declaren algunas irregularidades que conlleven multas y reconvenciones.
Y, mientras los profesores, elbistas e independientes, programan marchas de protesta y afinan la puntería contra determinados segmentos de la reforma educativa peñista, al mismo tiempo que el PRI y el Panal se van arreglando para volver a marchar tomados de la mano en elecciones locales de este año, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
