-Presas hidroeléctricas: un modelo de imposición, despojo y promesas incumplidas
El desarrollo de la energía hidroeléctrica y de abasto de agua por construcción de presas en México, ha dado a unos cuantos lucrativas ganancias, a costa de la pérdida de vidas, tierras y modos de sustento
México. La construcción de presas para el abasto de agua y el desarrollo de la industria hidroeléctrica en México genera millonarias ganancias para unos cuantos y deja en la miseria, sin tierras de cultivo ni vivienda digna a los habitantes originarios de las tierras donde se construyen este tipo de desarrollos.
A continuación se presentan los casos de las presas El Cajón, La Yesca, Tres Cruces y Aguamilpa, en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango, donde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas prometieron un “cambio de vida” a los pobladores, los despojaron de sus tierras, construyeron presas y luego faltaron impunemente a su palabra, violando toda clase de leyes nacionales e internacionales.
Morir esperando
Cuando a la muerte física le sigue el olvido, entonces si se aniquila al otro, se borra toda huella que pueda aparecer como reclamo de justicia […] el olvido borra también la continuidad del tiempo, la conciencia de que sobre las ruinas de la injusticia del pasado siguen estando fundamentadas las injusticias del presente. Mondragón A.
Nayarit. Don Higinio falleció hace varios meses en la sierra. Él no fue enterrado en su pueblo, El Ciruelo, pues éste ya no existe, quedo bajo las aguas del río Santiago. Y se murió esperando el pago por sus árboles de ciruelo. Él, como todos los habitantes de su comunidad, sufrió el desplazamiento forzoso por la presa hidroeléctrica El Cajón, construida en el estado de Nayarit e inaugurada por Vicente Fox un día antes de abandonar la presidencia de la República.
Morir esperando es algo usual para los que viven el desplazamiento forzoso en México. Cuando estos proyectos hidráulicos llegan a las comunidades campesinas e indígenas, se llena a los habitantes de promesas e ilusiones: ¡Ustedes estarán mejor que antes! ¡Ahora el gobierno se acordó de ustedes! Y nunca faltan los animosos habitantes que dicen: “¡Vamos a salir de pobres!”
Pareciera que los impulsores de la CFE y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) no tienen memoria, no recuerdan que no podemos hablar de un caso exitoso de desplazamiento y más bien de decenas de conflictos que quedan abiertos por década, oxidándose. Y, a veces, estos habitantes no sólo no reciben el resarcimiento monetario que se les prometió, sino que nuevamente reciben la amenaza de un proyecto.
Pero ¿cómo se puede pagar el territorio, o el daño psicosocial que las comunidades enfrentan no sólo después de la reubicación sino durante la construcción?
Guadalupe Lara, habitante de Arcediano, comunidad que estaba localizada en la barranca de Huentitán, vio cómo fue destruido su pueblo, así como el tejido social por parte de la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua (CEA) , las cuales pretendían construir la contaminados del país, en Guadalajara. Esta presa por ahora está suspendida y las autoridades de vez en cuando hacen declaraciones contradictorias: con bombo y platillo anuncian maravillas, y días más tarde se retractan. Pero, ¿quién le paga a ella estos años de dolor en un espacio donde el futuro no existe, pues la incertidumbre es lo que la acompaña diariamente?
El desarrollo de la energía hidroeléctrica y de abasto de agua por construcción de presas en México, ha dado a unos cuantos lucrativas ganancias, a costa de la pérdida de vidas, tierras y modos de sustento, mediante la violación de leyes nacionales e internacionales.
Las afectaciones no sólo incluyen la falta de vivienda digna y dotación de tierras, sino problemas de salud física y mental, la disminución de cultivos y alimentación, experiencias individual y colectiva de tensión, nervios, ansiedad, temor, depresión y tristeza profunda y duradera, así como problemas sociales, resultado de vivir en un clima de continuas sospechas, estigmatización y temor, y la pérdida de sitios sagrados y culturales, como cementerios y lugares de oración.
No existe ningún mecanismo que garantice los derechos de las personas afectadas, para que puedan presentar sus quejas o negociar por la ayuda prometida.
Es de vital importancia que se reconozcan y se aborden los errores históricos de los casos, para que nunca vuelvan a repetirse y promover procesos de reparación de daños, que vayan más allá de la compensación económica, es decir, deben reconocerse los abusos, proporcionarse los medios para reparar o restaurar los problemas asociados, incluyendo la mejora de los modos de sustento.
Pero, ¿dónde están los responsables directos e indirectos de la violación sistemática por proyectos hidráulicos en México? ¿Hay posibilidad de justicia para los pueblos que con base en un supuesto desarrollo se les excluye y mata?
La CONAGUA y la CFE no deberían promover otro proyecto sin antes pagar a todas las comunidades que han sido afectadas realizando procesos de resarcimiento, cerrar todos los casos que en México están sin resolver; y si han de promoverlos, tendría que ser respetando el marco jurídico internacional, el derecho a la consulta e informando libre y previamente a las comunidades, respetándolas si la decisión es negativa.
Hay otros actores en estos conflictos socio-ambientales, como las empresas constructoras. Estos agentes no-estatales deberían ser responsables también por sus políticas y prácticas. Las presas en nuestro país están manchadas de sangre y por ello será juzgado el Estado mexicano en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos en la mesa de devastación ambiental, promovido por el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos (MAPDER).
La preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos, impunidad” se realizará en Temacapulín, Jalisco el 5 y 6 de noviembre; y el 8 de noviembre se dará en Guadalajara el fallo del jurado y, finalmente, el 9 de noviembre en el Distrito Federal se entregará el fallo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ésta es una oportunidad histórica para poder juzgar a las autoridades involucradas en estos conflictos: presas de La Yesca, El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco; El Cajón, en Nayarit; y Cerro de Oro, en Oaxaca-Veracruz. Además en el foro de denuncia se presentarán los casos de Picachos, Sinaloa y Aguamilpa, Nayarit.
Ya lo dijo el antropólogo Scott Robinson: “Las presas –hidroeléctricas e hidráulicas– son no sólo ejemplos de la imposición de una estrategia energética sui generis del Estado y sus socios, sino también se han convertido en símbolos de un modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos fundamentales de las comunidades, que junto a las minas, son hoy la cabeza de playa de un modelo extractivo de inversión pública y privada que despoja a los afectados a cambios de promesas, compensaciones y ‘reacomodos’ sin futuro”.
Presa La Yesca: llegaron, prometieron y se fueron
“Ya que él miró que no acepté lo que me ofrecía, entonces me dijo, ira Dima, cuida tu vida. Fue allí en la plaza de La Yesca donde me dijo, y entonces le dije yo, pues cuídala también tú porque yo peleo por lo mío ‘onde quiera que sea, y sí voy a seguir peleando”.
Testimonio de un afectado por la construcción de la presa
Jalisco y Nayarit. Hay muchos casos como éste en Hostotipaquillo, Magdalena, Tequila y la Yesca, municipios afectados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca en los estados de Jalisco y Nayarit. Roberto, de la cabecera municipal de Hostotipaquillo, recibió amenazas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que venda su casa y se construya una de las torres para el tendido eléctrico.
Cuando la Comisión llegó a Hostotipaquillo trajo una oleada de impunidad y promesas perdidas. Se realizaron reuniones entre los ayuntamientos que serían afectados y las secretarías estatales y federales pertinentes, lo que culminó en un documento (PHY-RS-CCS-09/08) donde la CFE prometía al menos 18 obras de compensación; solamente cinco habían sido cumplidas para diciembre de 2009, cuando se tomó la presa.
La CFE y el Proyecto Hidroeléctrico La Yesca llevaron a esa región promesas incumplidas, confusión, hostigamiento, intranquilidad y despojo de la propiedad, de la tierra y el agua. “Nos ilusionaron y ahora vemos que son la ‘comisión del engaño’. Estábamos alborotados como las novias, y a la hora de la hora fueron puras palabras. A los poquitos que les dieron trabajo les pagan mil 300 pesos diarios por 14 horas. Ahora pensamos que si no nos cumplen, que nos dejen las tierras como estaban, porque ya no vamos a tener a donde llevar el ganado”, señaló en El Informado Marcelo Rojas, de la cabecera municipal.
En aquel diciembre, 300 pobladores de los ejidos Llano de Los Vela, Sayulimita, El Guayabo, La Mesa del Corredor, El Paso de la Yesca y Hostotipaquillo –con presencia de gente del municipio El Salvador y de algunos ejidos del municipio de Tequila, acompañados por el entonces presidente municipal priista de Hosto, Hugo Moreno Miramontes (PRI) y del panista diputado federal Ignacio Téllez (PAN)- obstruyeron la construcción de la macro hidroeléctrica de 220.5 metros, puesto que la mayoría de los acuerdos no habían sido cumplidos.
Luego de un diálogo, la construcción de la obra se liberó, y los diputados y alcaldes desaparecieron con el bloqueo. El Ejido Llano de los Vela recibió como respuesta, un año después, un decreto de expropiación de sus tierras; se les pagó menos de la mitad de lo que pedían y no se tomaron en cuenta los bienes distintos a la tierra.
La CFE prometió capacitación, equipo, permisos y asesoría para la formación de cooperativas de pesca. Para 2010, 14 cooperativas de pesca denunciaron que la capacitación y organización gratuita de las cooperativas se daría únicamente si los pescadores accedían, por contrato, a vender su producto a quien la CFE designara. También denunciaron que estas cooperativas no fueron contempladas dentro de las que sí podrían pescar en el embalse, según designios de la Universidad Autónoma de Nayarit y la CFE.
La central hidroeléctrica de La Yesca fue construida por un consorcio donde está Grupo ICA, La Peninsular y Advisa; en un principio se cotizó en 800 millones de dólares, lo que se incrementó en 550 millones, y aumenta.
La falla geológica llamada Colapso, en el cañón del Río Santiago -que se une a las fallas Colapso 1 y Colapso 2- provocó que la cortina de la presa se moviera, en abril de 2008. Además, la montaña sufrió un “descopete” porque las fallas provocaron que cada día la cima de la montaña se girara aproximadamente 2 centímetros –tan solo mover esa punta del cerro costó poco más de 50 millones de dólares-, como se mencionó en El Universal.
Otro problema es relativo a la salud. Adriana Pérez, del centro de salud, declaró en 2009 que “se me acaban las fichas porque la población de Hostotipaquillo aumentó de 10 mil a 15 mil habitantes con los empleados de la CFE, además de que los contagios por papiloma humano y sífilis se incrementaron hasta 20 por ciento”.
Presa Las Cruces: destrucción de biodiversidad y lugares sagrados
Durango. En el cauce del río San Pedro-Mezquital, en Durango, se encuentran Muxatena y Piedra Blanca, lugares que tal vez a la CFE no le signifiquen nada pero para el pueblo náyeri (cora) son lugares sagrados que les significan mucho más de lo que podremos entender. También están San Juan Corapan y San Blasito, poblaciones que serían directamente afectadas.
La desembocadura del río San Pedro alimenta con sedimento y agua dulce a las Marismas Nacionales, de importancia internacional por su biodiversidad y aporte para la pesca. Es en este río, sostén económico y cultural de miles de personas náyeri, wixaritari y mestizos, campesinos y pescadores, donde la CFE pretende construir la presa Tres Cruces, una más en el sistema hidrológico Santiago.
Esta construcción desplazaría forzosamente a poblaciones enteras, que con la sequía y la salinización del agua no encontrarían más sustento que la migración; lenta, dolorosa y progresivamente se destruirían las culturas y tradiciones de la sierra nayarita. Las voces de los afectados por la presa Aguamilpa –construida también sobre el cauce del río Santiago, en los años noventa- llegan a estas poblaciones, que temen que repitan aquí los efectos sociales, ambientales, económicos y culturales causados en aquella construcción. Pero ese temor lleva también organización y resistencia.
Ejidos y comunidades afectadas –de la costa y río arriba- no han sido consultados ni debidamente informados de los trabajos y proyecciones de la CFE sobre el río, lo que supone una clara violación a ley; además, el Consejo Indígena e Intercomunitario en defensa del último río libre del país está enterado del proyecto pero no tiene toda la información necesaria, que es obligación del Estado proporcionar.
Además de que no se han tomado en cuenta los tratados internacionales de la lista RAMSAR sobre Marismas Nacionales, la CFE, en su forma usual de actuar, obtuvo de forma irregular dos permisos de asambleas comunales y recurre a las amenazas y al engaño para obtener la anuencia de los habitantes de la zona sin proporcionar información adecuada sobre las afectaciones reales de la construcción.
Por ello, autoridades tradicionales coras, tepehuanos, mexicaneros y wixárikas del Nayarit, así como delegados y delegadas de los pueblos tzotzil, tseltal, chontal, maya quiché, mam, ch’ol, chatino, mixteco, afromexicano, mazateco, totonaca y nahua, y mestizos de diferentes estados, reafirmaron durante el Encuentro Nacional Intercultural del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) que “es social y políticamente injustificable e inaceptable la exclusión de la mayor parte de los habitantes de la cuenca del San Pedro, en la definición de los procesos de desarrollo de sus comunidades como es el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, y los Consejos Indígenas e Intercomunitario declaramos nuestra rotunda oposición a este proyecto.
-Avala Congreso de Guerrero juicio político por caso Ayotzinapa
El Congreso de Guerrero avaló por unanimidad el dictamen para que se inicie juicio político en contra del exprocurador Alberto López Rosas y del exsecretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja, a raíz del desalojo que provocó la muerte de dos normalistas de Ayotzinapa.
Tanto López Rosas como Almonte Borja, se advierte en el dictamen, habrían incurrido en acciones u omisiones durante el desalojo policiaco llevado a cabo en la Autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011.
Las presuntas faltas en su desempeño como servidores públicos, según los diputados locales, podrían ser en perjuicio de los intereses de la sociedad, a partir de que durante su desarrollo se cometieron violaciones graves a los derechos humanos.
El presidente de la Comisión Instructora, Omar Jalil Flores Majúl, destacó que con base en la revisión que se hizo de los elementos aportados por la Comisión Nacional de Defensa de Derechos Humanos (CNDH) en sus conclusiones sobre los hechos, existen condiciones para avanzar en la instalación del juicio.
La denuncia fue presentada por Yolanda Leticia Escandón Carrillo, Andrés Quesada Garza y Jorge Luis Martínez Díaz, apoderados legales de la CNDH.
López Rosas era titular de la PGJE al momento del desalojo instrumentado en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en tanto que Almonte Borja estaba al frente de la SSP de Guerrero.
En el violento desalojo perdieron la vida los jóvenes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverria de Jesús, el primero originario de Atoyac de Álvarez y, el segundo, de Tixtla.
Además, resultó herido de bala Édgar David Espíritu Olmedo y presuntamente torturado Gerardo Torres, quien según la CNDH, fue obligado a disparar un rifle AK-47 para implicarlo en un inexistente intercambio de fuego.
Sin embargo, López Rosas y Almonte Borja alegaron que la primera corporación que abrió fuego contra los manifestantes fue la Policía Federal (PF).
-Siempre sí apoyan diputados panistas comisión que indague caso Monex
El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, aseguró que su bancada apoyará la creación una comisión que investigue el caso Monex.
En rueda de prensa, Villarreal aclaró que su partido “fue el primero en denunciar esa situación ante las autoridades electorales, previo a la contienda electoral del 1 de julio, por lo que dará su voto para que se cree una instancia investigadora”, luego de que la izquierda realizara su petición en San Lázaro.
El pasado lunes, la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja recibió el análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en que señala que es viable la petición del PRD, Movimiento Ciudadano y PT sobre el caso Monex.
De hecho, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, recordó que “están hablando de transparencia y rendición de cuentas; y lo congruente sería que avalaran y respaldaran la comisión investigadora porque no está aclarado.
El caso Monex, agregó Monreal, “es un gran escándalo en el mundo menos en México, donde nosotros presumimos hay dinero indebido proveniente de actividades ilícitas en las campañas del PRI del proceso electoral pasado”.
Después de un intento fallido por abrir esta comisión, los panistas se unirán a la izquierda para crear la comisión que investigue la utilización de tarjetas del Grupo Financiero Monex para financiar la campaña de Peña Nieto.
-Alerta a las autoridades arribo de “Los Caballeros Templarios” a Coahuila
La aparición de una narcomanta en el estado de Coahuila suscrita por la organización criminal de Los Caballeros Templarios puso en alerta a las autoridades estatales ante la posibilidad de que dicho grupo criminal inicie operaciones en la plaza actualmente dominada por Los Zetas.
La narcomanta fue instalada en la parte superior del distribuidor vial “El Sarape” y en ella se anunciaba eventuales enfrentamientos con la organización delictiva de Los Zetas.
Ante el temor de que la presencia de dicho grupo criminal incremente la violencia en la entidad, las autoridades estatales se reunieron ayer lunes para trazar un plan de acción que evite que se repitan escenas como las registradas en Jalisco y Michoacán.
En dicha reunión participó también personal del Ejército y de la Marina Armada de México.
Al término del encuentro, las autoridades estatales y federales acordaron incrementar los operativos de vigilancia en la entidad.
“Hasta el momento lo que sabemos es que se iniciarán más operativos de vigilancia para evitar la presencia de bandas criminales que pongan en peligro a la población”, reveló una fuente de la PGJE.
Ayer mismo se observó a un helicóptero de la Marina Armada de México sobrevolando la ciudad, principalmente en la zona centro.
-Va EU por cuatro años más de era Obama
WASHINGTON.- Barack Hussein Obama ganó la reelección como presidente de Estados Unidos al derrotar con facilidad en unos comicios muy largos al republicano Mitt Romney, al conseguir, al cierre de esta edición 281 votos del colegio electoral, cuatro más de los que requería como mínimo para quedarse cuatro años más al frente del Poder Ejecutivo.
Aún sin conocer el resultado de uno de los llamados estados clave: Florida, el mandatario estadunidense consiguió los 18 votos del colegio electoral en Ohio, con lo cual derrotó con facilidad a su contrincante republicano.
La reelección de Obama dejó en claro que luego de 17 meses de campaña presidencial y de decenas de encuestas, los votantes estadunidenses se guardaron hasta el último momento el fallo para darle al mandatario su respaldo a cuatro años de continuidad en el proyecto de reestructuración económica, en lugar de la transformación radical que ofrecía Romney.
Finalmente, Ohio reafirmó que en estas épocas se ha convertido en la clave para determinar quién será el presidente de Estados Unidos.
Obama, quien dedicó los últimos días de su campaña a pedirle a los estadunidenses que le dieran una oportunidad más de terminar el trabajo que inició hace cuatro años, demostró que su propuesta económica ha sido más aceptada que la oferta de los republicanos.
Barack Obama, quien se había visto presionado por el resultado de las encuestas que pronosticaban un cierre dramático en los comicios, al final la jornada de este martes 6 de noviembre se benefició del voto de los llamados electores independientes y de los hispanos, quienes le ayudaron a obtener una victoria, aunque cerrada, pero sólida en entidades como Ohio, Nuez Hampshire y Iowa, que se habían considerado como las más difíciles para que los demócratas se quedaran al frente de la Casa Blanca cuatro años más.
-Proponen que SAT cobre aportaciones del Seguro Social
El PRD en la Cámara de Diputados propuso que ante la crisis financiera que padece el IMSS, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cobre las aportaciones obrero patronales, y el instituto sólo se encargue de proporcionar el servicio de salud.
Miguel Alonso Raya, a nombre del perredismo, expuso que el problema del seguro social no es el régimen de pensiones de los trabajadores del instituto, “el problema de fondo es si el seguro social tiene la capacidad suficiente para cobrar las aportaciones que hacen trabajadores, gobierno y empresarios o que en su defecto que el instituto deje de cobrar y que se amplíen las facultades del SAT”.
De tal forma será necesario también revisar todos los regímenes producto de contratos colectivos de trabajo como el de Pemex, CFE, entre otros.
“Lo que está haciendo el gobierno es presentar un escenario catastrófico del IMSS. Se deben revisar puntualmente los resultados de las reformas a la ley del seguro social, y reconocer que estas reformas generaron tensiones inútiles que no sirvieron para resolver el problema.
-Inconstitucional, que militares retirados no paguen impuestos: ministros
Es inconstitucional que los militares en retiro no paguen impuestos y que los civiles pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) si estén obligados a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) aplicable a sus pensiones, sostuvieron los ministros Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío.
Al iniciar la discusión sobre cinco amparos presentados por pensionados del IMSS en el que impugnaron el artículo 109, fracción III de la Ley del ISR que establece que los ingresos por concepto de pensiones y jubilaciones deben pagar impuestos; Sánchez Cordero y Cossío señalaron que “no se justifica el trato diferenciado” entre pensionados militares y civiles, ya que tanto unos como otros, “experimentan una modificación patrimonial”.
Ante este trato inequitativo, los ministros plantearon al pleno la se haga extensivo el beneficio previsto en el artículo 32 de la Ley del ISSFAM para que también los jubilados de la iniciativa privada y de la administración pública les sea exentado por completo el pago del ISR.
En tanto, los ministros, Fernando Franco, Sergio Valls Hernández, Jorge Pardo y Sergio Aguirre Anguiano se pronunciaron a favor de que prevalezca la desigualdad entre jubilados militares y civiles. La discusión de este amparo continuará el próximo lunes.
-Declara Senado válida reforma al Artículo 40 Constitucional
El Senado de la República emitió la declaratoria de validez de la reforma al Artículo 40 Constitucional, que consolida el carácter laico de la República mexicana, luego de ser avalado por 16 Congresos locales.
Durante la sesión de este martes el presidente del Senado, Ernesto Cordero Arroyo, informó que esta Cámara recibió los votos de las mayorías de las Legislaturas de los estados de la República, “con los que se aprueba” la reforma al Artículo 40 de la Constitución Política.
Esta reforma ya fue avalada por los Congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, precisó.
Por ello, Cordero Arroyo emitió la declaratoria de modificación constitucional y la remitió a la Cámara de Diputados e informó que el Senado seguirá atento a la recepción de otras aprobaciones que remitan los Congresos estatales.
Esta reforma señala que, "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, laica y federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación".
También indica que la Constitución Política de México ya reconoce y tutela un Estado laico, "por lo que esta reforma es una forma de consolidarlo", ya que las bases del Estado laico están en el Artículo 3, que consagra este tipo de educación.
