La asfixia de las expectativas cívicas de cambios positivos también se produjo en elecciones locales, más allá del signo partidista o de los grupos que oficialmente triunfaron. Ayer, en ese panorama de gatopardismo comicial, tomaron posesión como gobernadores el perredista Graco Ramírez Garrido Abreu en Morelos y el priísta Rolando Zapata Bello en Yucatán, además de los delegados del Distrito Federal mayoritariamente pertenecientes al sol azteca, con un inaugural arribo de éste a la demarcación Miguel Hidalgo, que hasta ahora había sido conducida siempre por un panista.
El caso de Morelos es histórico para un peculiar grupo de la izquierda mexicana, los Chuchos, llamados así por el papel dominante que en él han jugado Jesús Ortega y Jesús Zambrano, en ese orden. Practicantes de un pragmatismo operativo que con frecuencia los lleva a tejer alianzas polémicas con quienes están en el poder y acusados de sostener políticas comerciales en asuntos políticos y electorales, que benefician a sus grupos y familias, los Chuchos han llegado con Graco Ramírez al momento más alto de su ya prolongada vida política. Llevan largos años controlando la estructura del PRD, han ocupado en diversos momentos las coordinaciones de las bancadas en las cámaras legislativas, han sobrevivido exitosamente a los coyunturales ataques de Andrés Manuel López Obrador (quien luego acababa entregándoles coordinaciones de campaña y la mayor cuota de candidaturas viables a San Lázaro y al Senado, convertido a fin de cuentas en un suministrador frecuente de los votos que han sustentado a ese grupo) y tienen hoy a uno de los suyos como gobernador.
La victoria de Graco se produce en una entidad con clara tendencia a la izquierda, donde el PRI vivió una división interna que a algunos pareció inducida desde el centro para favorecer a ese chuchismo que en reciprocidad ayuda a Peña Nieto, y en medio de una sostenida inconformidad social contra la inseguridad pública y la violencia extrema de los cárteles que se pelean la plaza, con los Beltrán Leyva como referente de dominio. El propio Graco creció políticamente a partir de su enfrentamiento con el general priísta Jorge Carrillo Olea, quien solamente estuvo de 1994 a 1998 como gobernador. El siguiente mandatario electo fue el panista Sergio Estrada Cajigal, abundantemente acusado de estar involucrado en asuntos de narcotráfico, aunque aun así fue otro miembro del PAN, proveniente de la extrema derecha, activo dirigente de cofradías religiosas, Marco Antonio Adame, quien ocupó el siguiente sexenio y con quien, según extendidos señalamientos, Graco Ramírez sostuvo una conveniente alianza política.
En ese contexto de desastre panista y división priísta, frente a una sociedad ansiosa de salir del horror de la violencia impune del narcotráfico, Graco Ramírez y los Chuchos tienen una oportunidad dorada. Esta será la primera ocasión en que como tales tendrán la posibilidad de entregar buenas cuentas en el cumplimiento de un poder ejecutivo. Hasta ahora su campo natural de acción ha estado en lo partidista y lo legislativo, donde han tenido logros facciosos que sin embargo les son apasionadamente regateados por quienes los acusan de actuar con malas artes y ser proclives a la traición, el oportunismo y el mercantilismo. Otros gobernantes provenientes de la izquierda o apoyados por siglas de esta índole han terminado en fracasos escandalosos, envueltos en escándalos de corrupción, nepotismo e incapacidad, como fueron los casos recientes de Leonel Godoy en Michoacán y de Amalia García en Zacatecas.
En Yucatán el priísmo mantiene continuidad, con naturales ajustes entre bandos locales de tres colores pero con unidad en torno al proyecto nacional del peñismo-salinismo. Ya como ex gobernadora, Ivone Ortega Pacheco, sobrina del varias veces gobernador Víctor Cervera Pacheco, está en disponibilidad de cobrar a título de cuota femenina alguna parte de la inversión que desde las tesorerías estatales hicieron a favor de Enrique Peña Nieto, tanto en la etapa previa a su postulación como en la campaña presidencial en sí. Una secretaría de Estado es lo que busca la ya ex gobernadora, mientras el entrante, Rolando Zapata Bello, busca armonizar los factores de poder nacional entre los que ha vuelto a destacar Emilio Gamboa Patrón, ahora como jefe de la bancada priísta en el Senado y, en tal función, jefe del Senado al estilo que practicó su aliado cercanísimo, Manlio Fabio Beltrones, quien ahora despacha desde San Lázaro.
Continuidad de siglas, grupismo y graves defectos es lo que se vive también en el Distrito Federal, donde la izquierda electoral mantiene el poder en las delegaciones, entre peleas y arreglos, divisiones y reconciliaciones de una clase política perredista que hace caminar el aparato burocrático capitalino a pesar de la persistente corrupción administrativa, del descaro en el reparto de plazas y cargos como botín de guerra y del uso de los segmentos irregulares de la actividad pública (ambulantes, taxistas piratas, por ejemplos) para el financiamiento subterráneo de campañas y operaciones electorales.
Un caso destaca, sin embargo, en el nuevo diseño político de la capital del país. La delegación Miguel Hidalgo es ocupada por primera vez por un militante del PRD. Víctor Hugo Romo llega a una demarcación siempre regida por el panismo, a través de personajes como Arne Aus den Ruthen, quien acabó confrontado con su partido original, como Gabriela Cuevas (ahora senadora), y Demetrio Sodi (de múltiples adscripciones partidistas). Bajo la sombra de los dineros del grupo de Amalia García, el nuevo delegado habrá de generar aceptación o repulsa al perredismo en esa zona de alto contraste socioeconómico (Lomas de Chapultepec y Polanco, en el segmento privilegiado).
Y, mientras Gustavo Madero dice que la mitad del padrón panista puede quedar fuera, luego de una depuración (lo que comprueba que ese listado se infló para fines electoreros internos durante el calderonismo), ¡hasta mañana, con Mariano Rajoy dando a conocer más arreglos de Pemex con empresas gallegas!
Fuente: La Jornada
