El gobierno utiliza al crimen organizado y los paramilitares para decapitar las organizaciones de autogestión, sostienen representantes de pueblos originarios.
La presencia del crimen organizado en la Montaña de Guerrero se ha incrementado muy rápido, lo cual se interpreta como parte de la embestida gubernamental para descabezar el movimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y acabar movimientos autonomistas como éste o los de Cherán, Ostula o San Juan Copala, afirmó en entrevista Cirino Plácido Valerio, uno de los fundadores de esta organización, creada hace 17 años.
A su vez, Pablo Guzmán Hernández, coordinador regional de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, informó que, a diferencia de otros años, últimamente no ha habido un hostigamiento del Ejército contra la policía comunitaria, lo que, expresó, es favorable.
Esperamos de ellos una gran responsabilidad, dado que tienen encima una tarea gigantesca, que es preservar el orden a nivel nacional; entonces no consideramos ni lógico ni prudente ni patriótico el hecho que la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) hostigara a la PC, siendo que ésta coadyuva a mantener el orden y la seguridad. Hasta este momento ha habido respeto y esperamos que se mantenga, subrayó.
Plácido Valerio aseveró que la CRAC-PC busca reconstruir el tejido social de las comunidades. Es un proyecto de vida. “Sin embargo, al paso de los años nos damos cuenta de que la mafia va a ser utilizada para hacer la tercera guerra sucia contra la comunitaria, que va muy rápido. Nosotros entendemos claramente que hay partes de la mafia que son protegidas del Estado porque juegan un papel muy importante para destruir el tejido social, porque de esa manera la mafia nos puede levantar a nosotros y ellos dicen: ‘no (fuimos nosotros), es que los levantó la delincuencia organizada’, pero es una manera de descabezar el movimiento del sistema comunitario.”
–¿La autoridad comunitaria empieza a tener problemas con la delincuencia organizada?
–Así es.
–¿En qué sentido?
–En el sentido de que en la cabecera se está incrementando muy rápido la presencia de ellos. Nosotros creemos que el gobierno sabe perfectamente de esa presencia. En 2005, ¿cuántos millones se gastaron en compra de tecnología para espiar mensajes, celulares, para intervenir Internet, para intervenir la radio? El Ejército, más de 200 millones de pesos. Ahora llegamos a lo que está pasando, lo que pasó con la detención (el pasado 28 de agosto) de Máximo Tranquilino Santiago, coordinador en Yoloxóchitl; es parte de un hostigamiento que ellos siguen, pero también vemos que la presencia de la mafia es una manera de justificar para desarticular a la comunitaria, para hacer la guerra sucia, para levantar o intimidar.
“Tomemos como ejemplo lo que está pasando en Cherán (Michoacán). Allá el Ejército no interviene directamente para destruir ese territorio autónomo, sino a través de la mafia. El Ejército se mueve cerca y la mafia se mueve alrededor. No pasa nada, se hacen de la vista gorda (...)
“¿Quiénes hicieron la guerra en Ostula (Michoacán, que dejó) más de 30 muertos? ¿Quién está haciendo la guerra a los compañeros? La mafia, bajo la protección del Ejército. ¿Quién se encargó de destruir en San Juan Copala (Oaxaca)? Su error fue haberse declarado municipio autónomo. El mismo Ejército entrenó paramilitares, los armó, les dio financiamiento (...) Son los que destruyeron el municipio de San Juan Copala.
“¿Qué nos hace diferentes a nosotros de Cherán, Ostula, San Juan Copala? Somos lo mismo. Todo lo que huela a autonomía se encargan de destruirlo, ya no el Ejército, a veces paramilitares, a veces la mafia. Nosotros no quitamos el dedo y seguimos diciendo que el día que haya un levantón contra cualquier persona del sistema comunitario, ya sea policía, ya sea coordinador, el gobierno sabe perfectamente quién lo va a hacer. No hay discusión para nosotros, no nos puede engañar, nosotros sabemos perfectamente quién está haciendo eso.”
–¿Por qué creen ustedes que detuvieron a su compañero Máximo Tranquilino?
–Esa es una manera de hostigamiento, no es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron en 2001, cuando entró la policía ministerial a la oficina de la CRAC a detener a cinco coordinadores que estaban entregando (el cargo) en ese momento y entrando los nuevos, de ahí se vino lo del ultimátum que nos dio (el gobierno estatal) de 30 días para entregar las armas y pasarse la policía comunitaria a la policía municipal o estatal, es lo mismo. Es un hostigamiento para acabar con la autonomía, para intimidar, acompañado con la presencia de la mafia.
Después de la detención de Máximo Tranquilino, la CRAC-PC detuvo al juez que emitió la orden de aprehensión, al titular del Ministerio Público y dos personas más. Les hizo juicio y el propio juez anuló la citada orden de aprehensión. Sin embargo, todos ellos dijeron desconocer la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero (publicada el 8 de abril de 2011 en el Periódico Oficial estatal), que establece que los poderes públicos y los particulares tienen que respetar las actuaciones de la coordinadora como actos de autoridad.
Reciben ley bajo protesta
Guzmán Hernández comentó que la CRAC-PC recibió dicha ley bajo protesta, porque no tuvieron participación en su elaboración ni se les informó de manera oportuna. Tampoco se pidió el consentimiento ni se hizo una consulta apropiada.
Solamente se efectuó un foro informativo, no de consulta, por lo que esa ley, aunque habla del derecho de los pueblos originarios, no refleja su verdadero sentir y lo que reclaman.
Indicó que después de la detención y liberación de Máximo Tranquilino, el gobierno del estado, por conducto del secretario general de Gobierno, y el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia han manifestado disposición a hacer una revisión de todo el marco legal, señalando que la ley 701 les causa asombro y que está hecha por personas que no son expertos en la materia, y que desde su óptica del marco legal oficial está fuera de lugar.
El gobierno de Guerrero propuso que se haga un taller con mesas de trabajo en las cuales se revise esa ley y se proceda a actualizar reglamentos, códigos, leyes orgánicas de los municipios libres y las reformas necesarias para que, a decir de ellos, no se repita un acontecimiento como el del 28 de agosto.
Por parte de la coordinadora, explicó Guzmán, en las comunidades tiene que iniciarse un proceso que permita que se formule una ley con el sentir de las 76 comunidades mixtecas, tlapanecas y mestizas que están incorporadas a la coordinadora y las 30 que están en proceso de adhesión.
Sobre todo les interesa, agregó, el proceso que pudiera darse en las comunidades; “más que buscar el reconocimiento oficial, nosotros lo que estamos buscando es que los procesos internos, sus estructuras organizativas, sus instancias de impartición de justicia, sus sistemas de seguridad, de reducación, etcétera, tengan su propio camino.
Creemos que por respeto a la autonomía los gobiernos estatales y federal tendrían que, más que cuestionar, más que querer modificar, más que querer corregir lo que los pueblos se están dando, respetar sus formas organizativas, su sistema de impartición de justicia, etcétera... en último de los casos creemos que se debe reconocer el derecho a la autonomía de los pueblos originarios.
Fuente: La Jornada
