Ayer, ante el presidente Felipe Calderón, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos dijo que las violaciones a las garantías individuales cometidas por instancias del gobierno deben ser tratadas en tribunales civiles .Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó ante el presidente Felipe Calderón que las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del gobierno deben ser tratadas en tribunales civiles y que las medidas especiales aplicadas por el Estado en el combate a la criminalidad deben ser acotadas en el tiempo.
Calderón respondió que todos los hechos de violación a las garantías cometidas por autoridades se investigan y se castigan incluso con prisión, pero no hizo mención a la necesidad de que en cualquier caso sean tribunales civiles.
Además, Felipe Calderón comentó que la lucha anticrimen se hace en México sin establecer un régimen excepcional o de cancelación de derechos, pese a que lo contempla la Constitución.
“Veo con preocupación los crecientes informes sobre violaciones a los derechos humanos atribuidos a agentes del Estado en esta lucha en contra del crimen organizado y los exhorto a asegurarse de que haya una investigación plena de todos estos sucesos, que deberían ser tratados y manejados en los tribunales civiles, independientemente de quien haya sido el perpetrador”, destacó en la residencia oficial de Los Pinos.
En el marco de la firma del Acuerdo para la Protección de Defensores en Derechos Humanos, Pillay anticipó que dará puntual seguimiento al trabajo legislativo en materia de fuero militar.
“Seguiré muy de cerca el debate legislativo sobre los cambios propuestos en el ámbito del fuero militar penal y espero que el Congreso considere modificaciones que ampliaran la protección en contra de las violaciones humanas. Asimismo, mantendré altas expectativas de que mi oficina en México va a desarrollar una cooperación fuerte con las fuerzas de seguridad pública mexicanas”, expresó.
Estado debe dar seguridad
La alta comisionada informó que en sus recorridos por México le ha quedado claro cómo el crimen violenta los derechos de personas, incluidos migrantes, y que por ello el Estado debe brindar seguridad.
“Bajo circunstancias especiales, medidas especiales deberán de tomarse, mientras que el Estado construya la capacidad necesaria para proteger a sus ciudadanos de acuerdo con los términos del derecho, pero dichas medidas excepcionales deben permanecer lo que son, excepcionales y acotadas en el tiempo, y deben quedarse dentro de los límites definidos por las normas y los principios de los derechos humanos”, dijo la representante de la ONU.
Felipe Calderón manifestó que se debe perseverar y triunfar con el afán de hacer de México un país de leyes.
“Si queremos que se protejan los derechos de todos, debe ser ejerciendo, precisamente, una actividad pública que proteja los derechos de las personas”, aseveró.
Ante Navi Pillay, el mandatario firmó ayer un acuerdo para la protección de los defensores de los derechos humanos en México, aunque el decreto no especifica las medidas cautelares y administrativas cuando los promotores civiles de garantías estén en situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad y se les impida desarrollar su labor.
El acuerdo dado a conocer prevé “mecanismos de protección” de defensores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones coordinadas bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, apoyada en las dependencias y entidades de la administración pública federal y la Procuraduría General de la República.
Fuente: El Universal
