John Dodson, uno de los agentes estadunidenses que participó en el operativo Rápido y furioso, asegura a Proceso que, contra lo que se ha dicho en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia sí estaba al tanto de la operación. Y la conocían otras dependencias federales estadunidenses, como la Oficina de Inmigración y Aduanas. Y la conocía por lo menos un representante de la PGR...
Y el colmo es que hasta los dueños de las armerías de Arizona sabían de ese movimiento ilegal por el que al menos 2 mil 500 armas largas llegaron a manos de narcotraficantes mexicanos. WASHINGTON, 28 de marzo (Proceso).-
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sí estaba al tanto de la operación Rápido y furioso, con la que el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que desde Arizona se introdujeran ilegalmente a México unas 2 mil 500 armas que terminaron en manos de los cárteles del narcotráfico, confirma a Proceso un agente federal estadunidense.
John Dodson, miembro del ATF asignado a Phoenix –donde se gestó la operación Rápido y furioso– afirma que el Departamento de Justicia estaba informado de su realización y que también era del conocimiento del Departamento de Seguridad Interior, a cargo de Janet Napolitano.
“No sé si el procurador (Eric) Holder sabía o no de esta operación; eso es algo que está por encima de mí. Lo único que puedo decir, como uno de los agentes que trabajó en ella, es que en Phoenix había un representante del Departamento de Justicia junto con uno de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, que depende del Departamento de Justicia)”, dice Dodson a este semanario.
La operación Rápido y furioso, que permitió que a los cárteles del narcotráfico en México les llegaran miles de armas con supervisión del ATF (Proceso 1793), ha creado uno de los momentos más difíciles de la relación de Washington con Felipe Calderón.
El presidente estadunidense Barack Obama negó que él o el procurador Holder hayan dado la orden para echar a andar la operación y aseguró que ni él ni su secretario de Justicia estaban enterados. “Ha habido problemas. Escuché en las noticias sobre esta historia de Rápido y furioso en la que se permitió que entraran armas a México.
El ATF sabía de ella pero no hizo nada para aprehender a quienes las enviaron. Eric Holder, el procurador general, ha sido muy claro en que no sabía nada de esto”, declaró Obama a CNN en Español en una entrevista que se transmitió el martes 22.
Un mexicano al tanto –¿El gobierno de México sabía de la operación? –se le pregunta a Dodson, uno de los primeros agentes en denunciar ante el Congreso de su país y ante los medios lo que estaba ocurriendo con Rápido y furioso. –No sé si el gobierno mexicano fue informado.
Lo que sé es que varios agentes del ATF conocían la operación. Creo que sólo un representante mexicano asignado a la región de Phoenix (el agregado de la Procuraduría General de la República) sabía del caso, pero qué tanto, no lo sé –responde a Proceso. La denuncia de Dodson de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba enterado de Rápido y furioso coincidió con las declaraciones que hizo Darren Gil a la CBS.
En diciembre pasado, Gil renunció a su puesto de agregado del ATF en la embajada en México, en parte como protesta por la realización de ese operativo. De acuerdo con lo que publicó CBS en su portal de internet el viernes 25, “Gil dijo que alguien en el Departamento de Justicia sabía del caso. Gil dice que su supervisor en las oficinas centrales del ATF en Washington le dijo abiertamente que la operación había sido aprobada incluso a nivel más alto que el de Kenneth Melson, director de esa agencia”.
“Gil dice que Lanny Breuer (subsecretario del Departamento de Justicia) y varios de sus subalternos visitaron México el verano pasado (...) y habló al personal del ATF en términos generales sobre un caso grande de tráfico que, aseguró, estaba dando buenos resultados”, enfatiza la CBS.
Dodson aclara que no sabe quién autorizó la operación ni quién o quiénes son sus creadores. Se limita a señalar que desde su traslado a Phoenix, en la primera semana de diciembre de 2009 y casi un mes y medio después de que empezara Rápido y furioso, sólo recibía órdenes de su supervisor, David Voth. Contra lo que se ha publicado en la prensa mexicana y estadunidense, de que Rápido y furioso permitió que cayeran en manos de los cárteles del narcotráfico mexicano mil 765 armas de alto poder, Dodson sostiene que fueron más. “Creo que el número de armas que se ha manejado en las notas informativas, mil 765, es muy bajo. Fueron más de 2 mil, muy cerca de 2 mil 500”, acota.
Tras estallar el escándalo en los medios y gracias a las denuncias de Dodson, el gobierno mexicano comenzó a reclamar y a exigir a Washington respuestas sobre Rápido y furioso. Ante la presión, el pasado lunes 14, el procurador Holder anunció que la inspectora general interina del Departamento de Justicia, Cynthia A. Schneder, investigaría el caso.
Funcionarios mexicanos consultados por Proceso aseguran que después del anuncio de esta investigación, el gobierno de Obama no les responde nada sobre Rápido y furioso: se escuda en que mientras esté en curso la pesquisa, los departamentos de Justicia, de Estado y de Seguridad Interior tienen prohibido hablar de ello. Trasiego criminal Ni el gobierno de Obama ni el de Calderón saben cuántos asesinatos se han cometido en suelo mexicano con el arsenal bendecido por Rápido y furioso.
En Estados Unidos ya se cometió uno: el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en diciembre del año pasado. A Terry lo mataron con un fusil AK-47 y en el lugar del crimen se levantaron dos cuernos de chivo vendidos en Phoenix como parte de la estrategia de Rápido y furioso. –¿Se logrará algo con la investigación de la inspectora del Departamento de Justicia? –se le pregunta a Dodson.
–La única manera de que los pueblos mexicano y estadunidense descubran a los responsables de esta operación, y para que se apliquen cambios que de verdad tengan un propósito benéfico para ambos, es con la realización de audiencias independientes y bipartidistas en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambos.
Además, según lo que conoce Dodson del funcionamiento del ATF, la investigación no será suficiente porque hay aspectos de la operación que podrían quedar fuera de la jurisdicción del Departamento de Justicia. “Por eso la investigación la debe hacer un comité de supervisión gubernamental, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes”, insiste. Además del asesinato de Terry o de los reclamos de México, el gobierno de Obama no ha hecho nada para sancionar a los responsables de Rápido y furioso. “Al contrario. Pareciera que se está compensando a los que tenían responsabilidad en el caso”, acota Dodson en alusión a William Newell, nombrado agregado del ATF en México en reemplazo de Gil (Proceso 1793).
Newell era jefe de la oficina en Phoenix y bajo su mando operaba, como supervisor regional y del operativo, David Voth, jefe de Dodson. El agente dice que sus superiores le han aplicado la ley del hielo, aunque no lo han despedido. “Las represalias contra mí comenzaron antes de que hablara de la operación con los medios; se iniciaron desde que empecé a protestar por la operación ante mis jefes del ATF. Nadie en el ATF me habla y tienen prohibido comunicarse conmigo (en las oficinas de Phoenix)”, platica Dodson a Proceso.
Al cierre de esta edición se informó en Washington que Kenneth Melson, director del ATF, fue citado para testificar el próximo jueves 31 en una audiencia pública del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Senadores para hablar de Rápido y furioso. –¿En qué consistía exactamente esa operación? –pregunta este semanario a Dodson. –Identificamos a un grupo de compradores múltiples que tenían como tarea adquirir armas no para ellos sino para otras personas.
Dodson explica que la idea original era rastrear todas las armas que se compraran para poder detener a los traficantes y, después, a los destinatarios. Hasta a los narcotraficantes mexicanos. “Vigilábamos a estos individuos cuando compraban las armas, adquirían 5, 10 o hasta 20 en una sola visita a la armería. Al salir se reunían con otras personas en estacionamientos públicos o cocheras particulares. Transferían las armas de un vehículo a otro y después se las llevaban a los destinatarios finales.”
–¿Qué ocurría con las armas una vez que eran transferidas a otros autos? –Se nos había prohibido detener a los individuos, no podíamos confiscar las armas o identificar a la gente implicada. Nuestra única misión era observar. Así fue como le perdimos el rastro a las armas y llegaron a México.
Hasta los vendedores sabían Según Dodson, Rápido y furioso tenía perfectamente identificados a todos los compradores múltiples de armas. Fueron poco más de 20 hombres, mujeres y personas mayores, residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos. Las armerías donde se compraron las pistolas y rifles también tenían conocimiento de la operación.
El ATF les pidió que participaran en el caso. Cuenta Dodson: “Las armerías estaban más preocupadas que el ATF por la venta múltiple porque sabían que quienes estaban comprando las armas no las querían para su uso personal. Con ese criterio, las armerías pensaban que estaban haciendo lo correcto, no tenían idea de que nosotros (los agentes) no estábamos interceptando las armas”.
Casi desde el inicio de la operación varios agentes del ATF se enteraron de que las armas estaban siendo llevadas a México y entregadas a cárteles del narcotráfico. “Creo que el ATF nunca tuvo control de la operación; intentamos pararla, pero no pudimos. Simplemente éramos observadores”, dice Dodson. No obstante, agentes del ATF en Phoenix, confiscaron sólo un par de cargamentos de armas a México.
“Las otras armas que terminaron en posesión del ATF fueron incautadas por otras agencias y a nosotros nos correspondía recogerlas”, sostiene Dodson. Esas “otras agencias” que confiscaron armas que eran parte de Rápido y furioso fueron el ICE, la Patrulla Fronteriza o policías locales. –
¿Cuántas personas han sido asesinadas en México gracias a Rápido y furioso? –se le pregunta. –Creo que nunca lo sabremos. Estamos hablado de armas que el ATF permitió que se compraran y que sabíamos que terminarían en manos de los cárteles de la droga.
“¿Cuántos homicidios se cometieron o se cometerán con estas armas? No lo sabremos. Aun en caso de que se llegaran a recuperar, porque antes de que sean incautadas se usan 10 o 15 veces. Por ello creo que nadie podrá saber de cuantas cosas son responsables estas armas que se vendieron bajo la autorización del ATF.”
Dodson no sabe cuántos cárteles recibieron armas gracias a Rápido y furioso pero asegura que fue más de uno. “El daño que ha causado esta operación es inconcebible, es incluso un tipo de operación que nunca debió llevarse a cabo. Desde mi punto de vista no hay forma de justificar lo que hicimos”, remata.
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