¿En manos de quienes están los pueblos norteamericano y mexicano si un operativo de la envergadura de “Rápido y Furioso”, implementado por autoridades estadounidenses, permitió el pasó durante 15 meses de más de 2 mil armas a México y agravó la criminalidad y la violencia en nuestro país, sin el conocimiento admitido del presidente estadounidense Barack Obama y los integrantes de su gabinete de Seguridad, y sin informar los alcances del mismo a las autoridades mexicanas que presuntamente encabeza Felipe Calderón, que para tales efectos parece sólo parte del decorado de la residencia oficial de Los Pinos?
Sumamente grave para México es el nivel de sumisión en el que ha caído la administración calderonista frente al gobierno de Estados Unidos, puesto que en vez de realizar un airado reclamo oficial al presidente Barack Obama por el hecho que agentes de la Oficina para el Control de Armas permitieran a contrabandistas comprar armamento, introducirlas a México y permitir que llegaran a los cárteles de las drogas, lo que elevó el nivel de violencia en territorio mexicano, simplemente se ha lavado las manos argumentando que sí bien sabían del operativo, desconocían el alcance del mismo y los riesgos que éste implicaba para la seguridad interna mexicana. No han hecho nada más que quejarse ante los micrófonos de los medios de comunicación, pero en el terreno jurídico internacional y diplomático no hicieron nada, lo que ratifica el nivel de subordinación en el que se han entrampado.
Si en México, Felipe Calderón así como Patricia Espinosa, Francisco Blake, Ernesto Cordero y Genaro García Luna, secretarios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Hacienda y Seguridad Pública, respectivamente, sin dejar de mencionar al titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, mienten en este asunto de importancia fundamental para la Nación, su soberanía nacional y seguridad interna, en los Estados Unidos también lo hacen Barack Obama y Eric Holter, fiscal general y titular del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes aseguraron que no autorizaron ni tenían conocimiento del caso, como también lo han querido evidenciar las secretarias de Estado, Hillary Clinton, y de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.
Una vez más, la agencia CBS exhibió a las autoridades estadounidenses directamente implicadas en el operativo “Rápido y Furioso”: en declaraciones a dicha cadena, el ex agente Darren Gil, que el año pasado, durante el desarrollo del operativo, era el oficial de mayor rango en la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) en México, aseguró que la operación “Rápido y Furioso” fue aprobada por funcionarios del más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a cargo de Eric Holter, por lo que éste debió de estar al tanto del mismo, si es que él realmente maneja ese departamento. Este hecho implica que también Barack Obama debió de haber estado enterado, si es que realmente es el presidente de Estados Unidos y es el jefe de Holter.
Kenneth Melson, actual director general de la ATF, así como sus superiores en el Departamento de Justicia, entre los que se encontraba Lanny Breuer, asistente del fiscal general Eric Holter, estaban al tanto y participaron en la operación, reveló Gil quien subraya que una de las principales instrucciones que recibió fue la de “no informar a las autoridades mexicanas del caso”. Gil se defiende y dice que él nunca avaló la implementación de “Rápido y Furioso”, a pesar de que su trabajo como representante de la ATF en México era aprobar cualquier operación de la agencia en la se involucrará a nuestro país. Según Gil se confrontó con su supervisor en Washington por este operativo y en diciembre de 2010 se retiró de la ATF.
La revelación de los detalles de “Rápido y Furioso” exhibe las fallas y lagunas en los esfuerzos del gobierno de Barack Obama contra el crimen organizado y pone de manifiesto lo peligroso de las estrategias empleadas por las agencias de seguridad estadounidenses para detener el tráfico de armas hacia México, sin que hasta el momento ningún funcionario estadounidense de primer nivel haya rendido cuentas sobre el mismo. En el lado mexicano, también exhibe al gabinete de Seguridad de Felipe Calderón y al propio inquilino de Los Pinos, ya no sólo por un ineficiencia e incapacidad en el cumplimiento de las atribuciones constitucionales a su cargo, sino por el grado de sumisión y subordinación ante sus contrapartes estadounidenses.
Por eso no es de extrañar que a los países sudamericanos como Brasil, Venezuela, Ecuador y Bolivia les preocupe el incremento del narcotráfico en México y América Central y estén trabajando ya para establecer estrategias conjuntas que eviten que el problema de la producción, tráfico y consumo de estupefacientes alcance en sus naciones las proporciones que tiene en nuestro país y Colombia.
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