Miguel Ángel Granados Chapa
El martes pasado cumplió noventa y seis años el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con el reconocimiento a la legalidad de su dirección, expedido con reticencias por la autoridad laboral en esa fecha precisamente, se asegura que, si bien diezmada, esa organización festejará su centenario el 14 de diciembre de 2014.
Como paso previo y necesario para liquidar al organismo público Luz y Fuerza, la secretaría del Trabajo se negó el 5 de octubre de 2009 a tomar nota del resultado de las elecciones de abril a julio anteriores. De ese modo pretendió descabezar al gremio, pues rehusó admitir que Martín Esparza había sido reelegido secretario general en el proceso interno previo. Se calculó que de ese modo el sindicato no podría resistir la extinción de su fuente de trabajo, y que sus miembros de avendrían a la engañosamente ventajosas condiciones para indemnizarlos.
Una vasta porción de los trabajadores en activo aceptó los hechos consumados y buscó sacar el máximo provecho de ellos. Unos 28 mil del total de 44 mil electricistas en activo recibieron sus liquidaciones con montos por encima de la ley, y promesas de trato privilegiado cuando constituyeran empresas que proveyeran bienes y servicios al patrón sustituto, la Comisión federal de electricidad, que se ha hecho cargo de suministrar el fluido eléctrico al DF y comarcas de los estados de Hidalgo, México, Morelos y Puebla. Quizá se les ofreció también, o ellos lo imaginaron, participación en el dinero que produjera la liquidación del enorme patrimonio inmobiliario del sindicato. Quienes asocian la posesión de predios y edificios (los más de ellos dedicados a actividades sociales y deportivas) por un sindicato, a la idea de abuso en las agrupaciones laborales no tienen presente que esos bienes inmuebles son resultado de casi un siglo de vigencia de contratos colectivos que incluían prestaciones sociales, y de la en general solvente administración de las cuotas sindicales.
Pero ante los 28 mil trabajadores que al recibir su indemnización abjuraron de su pertenencia sindical, unos 16 mil más resolvieron defenderse, preservar su organización y enfrentar la arbitraria decisión gubernamental de extinguir una empresa pública cuyas condiciones de funcionamiento no eran establecidas de modo unilateral por el sindicato, sino por decisiones de la administración federal y por la negociación bilateral entre empleados y empleadores.
A través de diversos medios, políticos y jurídicos, el SME buscó reducir al mínimo los daños provocados por el irreversible hecho de la extinción de LyF. Los halcones en el gobierno federal pretendieron el exterminio del sindicato, como consecuencia de la liquidación de su patrón. Pero cuando se percibió sin lugar a dudas que el SME no se rendiría, tuvo que negociarse con él su prevalencia. Una pieza angular en la estrategia correspondiente consistió en restaurar por completo la legalidad interna, puesta en entredicho por la autoridad laboral. El SME admitió reponer, en las condiciones vigentes más de un año después, el proceso electoral anulado en los hechos. Con el aval de la Junta federal de conciliación y arbitraje, y de la secretaría de Gobernación, se convocó a elecciones que se realizaron entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Caracterizado a lo largo de historia por su apego al estatuto, esta elección en el SME fue más escrupulosa que nunca, y quedó sujeta a observación civil y a la fe de un buen número de notarios.
Fue un ejemplar y transparente ejercicio de democracia sindical, a pesar de las precarias condiciones en que se ha desenvuelto la vida sindical en los meses recientes. Aunque el estatuto es generoso en auspiciar la competencia (para la presentación de planillas se requiere el aval de únicamente quinientos miembros del sindicato, muy pocos en un universo de decenas de miles), sólo se registró la planilla encabezada por Esparza, lo que dio señal inequívoca de la fuerza de su liderazgo, que sus oponentes y el gobierno pretendieron minar o desconocer. La afluencia de votantes fue expresión de la acrisolada conciencia de los sindicalistas. En la gigantesca urna transparente fueron depositados poco más de 27 mil votos, indicativos de que participaron casi todos los trabajadores en activo y casi la mitad de los 22 mil jubilados, un promedio semejante al histórico.
Algunos trabajadores que aceptaron su liquidación se sintieron agraviados por su exclusión del proceso electoral y dijeron haber solicitado amparo. Algún grupo mintió afirmando que había obtenido una suspensión provisional, que dejaría sin efecto la elección. Nadie mostró nunca evidencia de que se había procedido así. Ahora es posible que digan que impugnarán la toma de nota por la misma vía del juicio de garantías, y hasta es posible que en efecto lo hagan. Difícilmente prosperará su acción, pues la misma secretaría del Trabajo ha establecido que no tenían derecho de participar porque son "miembros en receso", mientras que los que rehusaron ser indemnizados y al mismo tiempo objetaron la terminación de las relaciones de trabajo, con sus acciones legales las han mantenido vigentes.
La propaganda insidiosa divulga la especie de que Esparza se esforzó en la toma de nota para disponer del patrimonio sindical. Esto seria posible sólo si el sindicato se disuelve y se liquidan sus bienes. Al contrario, hay frentes de acción legal que pueden activarse con una dirección reconocida. Felicitaremos al SME dentro de 4 años, en el centenario de su existencia.
http://www.vanguardia.com.mx/haciaelcentenariodelsme-615134-columna.html
El martes pasado cumplió noventa y seis años el Sindicato Mexicano de Electricistas. Con el reconocimiento a la legalidad de su dirección, expedido con reticencias por la autoridad laboral en esa fecha precisamente, se asegura que, si bien diezmada, esa organización festejará su centenario el 14 de diciembre de 2014.
Como paso previo y necesario para liquidar al organismo público Luz y Fuerza, la secretaría del Trabajo se negó el 5 de octubre de 2009 a tomar nota del resultado de las elecciones de abril a julio anteriores. De ese modo pretendió descabezar al gremio, pues rehusó admitir que Martín Esparza había sido reelegido secretario general en el proceso interno previo. Se calculó que de ese modo el sindicato no podría resistir la extinción de su fuente de trabajo, y que sus miembros de avendrían a la engañosamente ventajosas condiciones para indemnizarlos.
Una vasta porción de los trabajadores en activo aceptó los hechos consumados y buscó sacar el máximo provecho de ellos. Unos 28 mil del total de 44 mil electricistas en activo recibieron sus liquidaciones con montos por encima de la ley, y promesas de trato privilegiado cuando constituyeran empresas que proveyeran bienes y servicios al patrón sustituto, la Comisión federal de electricidad, que se ha hecho cargo de suministrar el fluido eléctrico al DF y comarcas de los estados de Hidalgo, México, Morelos y Puebla. Quizá se les ofreció también, o ellos lo imaginaron, participación en el dinero que produjera la liquidación del enorme patrimonio inmobiliario del sindicato. Quienes asocian la posesión de predios y edificios (los más de ellos dedicados a actividades sociales y deportivas) por un sindicato, a la idea de abuso en las agrupaciones laborales no tienen presente que esos bienes inmuebles son resultado de casi un siglo de vigencia de contratos colectivos que incluían prestaciones sociales, y de la en general solvente administración de las cuotas sindicales.
Pero ante los 28 mil trabajadores que al recibir su indemnización abjuraron de su pertenencia sindical, unos 16 mil más resolvieron defenderse, preservar su organización y enfrentar la arbitraria decisión gubernamental de extinguir una empresa pública cuyas condiciones de funcionamiento no eran establecidas de modo unilateral por el sindicato, sino por decisiones de la administración federal y por la negociación bilateral entre empleados y empleadores.
A través de diversos medios, políticos y jurídicos, el SME buscó reducir al mínimo los daños provocados por el irreversible hecho de la extinción de LyF. Los halcones en el gobierno federal pretendieron el exterminio del sindicato, como consecuencia de la liquidación de su patrón. Pero cuando se percibió sin lugar a dudas que el SME no se rendiría, tuvo que negociarse con él su prevalencia. Una pieza angular en la estrategia correspondiente consistió en restaurar por completo la legalidad interna, puesta en entredicho por la autoridad laboral. El SME admitió reponer, en las condiciones vigentes más de un año después, el proceso electoral anulado en los hechos. Con el aval de la Junta federal de conciliación y arbitraje, y de la secretaría de Gobernación, se convocó a elecciones que se realizaron entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre. Caracterizado a lo largo de historia por su apego al estatuto, esta elección en el SME fue más escrupulosa que nunca, y quedó sujeta a observación civil y a la fe de un buen número de notarios.
Fue un ejemplar y transparente ejercicio de democracia sindical, a pesar de las precarias condiciones en que se ha desenvuelto la vida sindical en los meses recientes. Aunque el estatuto es generoso en auspiciar la competencia (para la presentación de planillas se requiere el aval de únicamente quinientos miembros del sindicato, muy pocos en un universo de decenas de miles), sólo se registró la planilla encabezada por Esparza, lo que dio señal inequívoca de la fuerza de su liderazgo, que sus oponentes y el gobierno pretendieron minar o desconocer. La afluencia de votantes fue expresión de la acrisolada conciencia de los sindicalistas. En la gigantesca urna transparente fueron depositados poco más de 27 mil votos, indicativos de que participaron casi todos los trabajadores en activo y casi la mitad de los 22 mil jubilados, un promedio semejante al histórico.
Algunos trabajadores que aceptaron su liquidación se sintieron agraviados por su exclusión del proceso electoral y dijeron haber solicitado amparo. Algún grupo mintió afirmando que había obtenido una suspensión provisional, que dejaría sin efecto la elección. Nadie mostró nunca evidencia de que se había procedido así. Ahora es posible que digan que impugnarán la toma de nota por la misma vía del juicio de garantías, y hasta es posible que en efecto lo hagan. Difícilmente prosperará su acción, pues la misma secretaría del Trabajo ha establecido que no tenían derecho de participar porque son "miembros en receso", mientras que los que rehusaron ser indemnizados y al mismo tiempo objetaron la terminación de las relaciones de trabajo, con sus acciones legales las han mantenido vigentes.
La propaganda insidiosa divulga la especie de que Esparza se esforzó en la toma de nota para disponer del patrimonio sindical. Esto seria posible sólo si el sindicato se disuelve y se liquidan sus bienes. Al contrario, hay frentes de acción legal que pueden activarse con una dirección reconocida. Felicitaremos al SME dentro de 4 años, en el centenario de su existencia.
http://www.vanguardia.com.mx/haciaelcentenariodelsme-615134-columna.html
