Un indigente duerme sobre una escultura en Paseo de la Reforma. Foto: Eduardo Miranda
Una de las críticas que por mucho tiempo se formularon al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) fue su adscripción a la Secretaría de Hacienda como órgano desconcentrado; es decir, con una muy acotada “autonomía” técnica, pero sin personalidad jurídica propia ni independencia. La preocupación no era menor. El INEGI tenía –y la sigue teniendo– la atribución de generar las estadísticas oficiales que tienen muchas utilidades, desde servir para calcular el riesgo país hasta informar a la sociedad el comportamiento de la nación en los más diversos rubros (un excelente texto sobre el tema es el de Jonathan Heat. Lo que indican los indicadores. México. INEGI. 2012).
Se pensó que dotar de autonomía constitucional al INEGI con las mismas siglas, pero sin la palabra Informática en su nombre, garantizaba confiabilidad, certidumbre y calidad en la generación de los datos. Esa reforma aprobada en el 2006 fue en realidad una apariencia. El presidente de la junta de gobierno y sus cuatro vicepresidentes dejaron de ser nombrados y removidos por el presidente de la República, pero el titular de la presidencia mantuvo la atribución de designar el nombramiento de estos directivos sujetos a la ratificación del Senado; es decir, la partidocracia, con la que se preservó el control de ese organismo “autónomo”. Este tipo de “apoyos” legislativos son fuente de lo que en la jerga se ha llamado el Pay per View o pago por evento para aprobar, enfermarse o abstenerse con lo que los legisladores (la mayor parte de ellos, no todos por supuesto) reciben “incentivos” fuera de la ley.
Las cosas han llegado ahora al extremo donde no se guardan las menores formas. Resulta que, como ya se ha difundido, el INEGI modificó la metodología para medir la pobreza, lo que hizo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) formulara acres críticas al INEGI al acusarlo de: a) hacer cambios metodológicos “sin documentos públicos de carácter técnico que los justifiquen” y sin ser “debatidos técnicamente con Coneval ni anunciados de manera oportuna, por lo que el proceso de captación del ingreso que elaboró el INEGI no fue transparente”; b) estos cambios del INEGI hicieron un acto de magia al reducir la pobreza oficialmente, pues de acuerdo al Coneval “muestra un incremento real del 33.6% del ingreso en los hogares más pobres en un solo año, lo que no corresponde con la tendencia que se ha marcado en otros instrumentos del INEGI y con otras variables económicas;” c) con los cambios, la comparabilidad que es un ingrediente esencial en la medición también se esfumó y se llegó al absurdo de que en un año dejaron de ser pobres 5 millones de mexicanos; y d) de no corregir ese desaseo del INEGI, “casualmente” el presidente Enrique Peña Nieto habrá logrado en el papel un “efectivo” e “histórico” combate a la pobreza en el país. Para desgracia de Peña Nieto, quien por una u otra razón exhibe sin pudor, un día sí y otro también, su déficit cognitivo, esa estrategia estuvo tan mal planeada que en el mundo entero está teniendo un efecto bumerang por lo burdo de la medida adoptada. La misma suerte ha corrido la desafortunada expresión del “perdón” de EPN, que fue percibido como una burla y un recuerdo de la impunidad y de la corrupción con la que se ha conducido este gobierno.
Fuente: Proceso| ERNESTO VILLANUEVA
