Representantes de los tres partidos en la Cámara de Diputados solicitaron a la CNDH y a la CDHDF emitir una opinión sobre el dictamen que se prevé discutir y votar mañana en comisiones.
Diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y PT cerraron filas contra el proyecto de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, por considerarlo fascista y represivo, y solicitaron tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitir una opinión sobre el dictamen que se prevé discutir y votar mañana mismo en comisiones.
Como lo dio a conocer MILENIO este lunes, la iniciativa prevé la disolución de marchas violentas, así como arrestos administrativos y multas a quienes alteren el orden público, bloqueen vialidades o impidan el acceso de las personas a sus centros de trabajo.
A propuesta del legislador panista Jorge Sotomayor, la iniciativa impone la obligación de los manifestantes de notificar a la autoridad la ruta de sus movilizaciones con 48 horas de anticipación, además de prever un horario entre las once de la mañana y las seis de la tarde para la realización de las manifestaciones públicas.
En conferencia de prensa en el Palacio de San Lázaro, los diputados perredistas Roberto López Suárez, Elena Tapia y José Luis Muñoz Soria, así como Ricardo Mejía, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, advirtieron que las fuerzas de izquierda darán la lucha para impedir la aprobación de una ley contraria a los derechos humanos.
"Los diputados del PT, Movimiento Ciudadano y PRD daremos el debate y vamos a pedir a la CDHDF y a la CNDH que nos den la opinión sobre la iniciativa que pretende regular y sancionar a quien marche en el Distrito Federal, y que se han abrogado facultades desde la Comisión del Distrito Federal para elaborar un predictamen que no fue discutido y que se pretende imponer mañana por el PRI y el PAN", puntualizó López Suárez.
Mejía subrayó igualmente la decisión de "cerrar filas" para evitar un atentado a los derechos humanos, toda vez que la iniciativa prevé "fortalecer el ánimo represivo y de criminalización de la protesta social", además de inhibir la inconformidad y reprimirla a través de controles gubernamentales.
"Nos parece que esto se suma al conjunto de medidas y decisiones legislativas que están configurando en nuestro país un Estado fascista. (...) Y ahora vienen con una ley que va a regular las manifestaciones en la capital del país, sobre todo en un contexto de inconformidad social, de descontento popular, que se expresa en diferentes movimientos: el movimiento magisterial, el movimiento contra la privatización del petróleo", puntualizó el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en el Palacio de San Lázaro.
Fuente: Milenio|FERNANDO DAMIÁN
