domingo, 15 de septiembre de 2013

Artículos de la Constitución: convertirlos en entrega total|Reforma energética: la tercera| La reforma fiscal: ¿retrato de familia?

Artículos de la Constitución: convertirlos en entrega total: Antonio Gershenson

Ya lanzaron desde el gobierno el proyecto de cambios de los artículos 27 y 28 de la Constitución. Vamos, primero, a exponer y comentar los principales cambios relacionados con el petróleo y con el servicio público de energía eléctrica.

Artículo 27, sobre el petróleo, texto actual: tratándose de cualquier hidrocarburo, o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado, y la nación llevará a cabo la explotación de estos productos.

La propuesta oficial, en lugar del entrecomillado, es no se otorgarán concesiones, y ya. Se elimina la concesión de contratos, y la prohibición de lo que subsistía. Una mayor apertura para las empresas privadas, en los hechos, en los casos más importantes serán empresas extranjeras.

En el mismo artículo 27, para el servicio público de energía eléctrica, el texto actual dice: se enumeran las actividades, y dice que En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Los cambios propuestos incluyen no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos de particulares en los términos que establezcan las leyes. O sea que con esto se niega lo anterior. Y la entrega de la industria se autoriza, en cuanto se reglamente, por ellos mismos, la ley respectiva.

Pasamos al artículo 28. Aquí mencionamos, dado que son abordados juntos, los casos del petróleo y de la industria eléctrica. El texto actual dice: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica... electricidad... y otras.

En la versión que se propone, en esta parte se suprimen petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica, y luego electricidad. Es decir, se les quita la función de áreas estratégicas y de función pública.

En los documentos oficiales que soportan y acompañan la propuesta de cambios a la Constitución vienen otros textos que debemos considerar y comentar. En la Propuesta de reformas dice:

“Autoriza, a partir de permisos otorgados por el Ejecutivo federal, la participación de terceros en refinación, transporte, sin que se ponga en riesgo la propiedad de nuestros recursos.

Eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos.

En materia del servicio público de energía eléctrica, se plantea:

Creación de un mercado competitivo de generación, administrado por el Estado a través de un operador independiente.

Las mejores prácticas internacionales destacan la importancia de contar con una entidad independiente que realice la planeación y la operación de la red de transmisión así como el despacho de la energía, es decir, que controle la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

De por sí ya hay operadores independientes, lo cual es carísimo, y lo sería más si lo siguen ampliando.

Debieron confesar que la importación de gasolina es de 49 por ciento del consumo total. En 1997 era 25 por ciento.

La posición oficial importa, en pocas palabras, de entrega general, y debemos poner atención, porque se le ha puesto poca, en el sector eléctrico, porque es una mayor privatización, y porque el costo de la energía puede ser aún mayor.

Cabe hacerles algunas preguntas a estos gobernantes:

¿Qué van a hacer con la quiebra virtual de la Comisión Federal de Electricidad, resultado de pagarles carísimo a las empresas, sobre todo españolas, por el gas, por el mantenimiento, por el servicio de electricdad y otros componentes, resultado de los contratos por 20 años? Si se va a someter a la competencia, ¿qué se va a hacer con todos los gastos a largo plazo que nada tienen de competencia sino que se asignaron al mejor postor o mejor mordida?

¿Qué se va a hacer, si se va a dar parte del botín de Pemex a empresas, con los ya entregados, a 40, 35 o 30 años, por suelos ya maduros por no decir agotados?

Reforma energética: la tercera: José Antonio Rojas Nieto

En el ambiente energético uno se pregunta por qué la iniciativa gubernamental de reforma energética, que conduce a cambios constitucionales, no se restringe a la industria petrolera. Incluye la eléctrica.

No hay diagnósticos claros de por medio. Ni en el caso de la industria petrolera –la integral–, que incluye tanto las actividades aguas arriba de exploración y producción –upstream– como aguas abajo de refinación –el famoso downstre- am– y a la que se agrega la petroquímica para hablar unitariamente del petróleo y su química.

Menos aún en el de la industria eléctrica, que inicia con la generación, pasa por el control, la transmisión y concluye con distribución y comercialización. La exposición de motivos no es, ni con mucho, un diagnóstico. Pero suponiéndolo, la demagógica campaña publicitaria que inunda los medios niega cualquier valor a dicho diagnóstico. Primordialmente por la casuística que presenta y las promesas que formula, claro ejemplo no sólo de falta de rigor técnico, sino aun de honestidad intelectual. La discusión pública se ha centrado en la industria petrolera. No en balde es responsable del principal ingreso fiscal, sin regateo y sin conflicto.

Sí, desde 1977 se trata del maná fiscal, venido no del cielo, sino del subsuelo que hoy –de forma inexplicable– se quiere compartir. Aunque no del todo, si vemos rejuegos cotidianos instaurados por los personeros gubernamentales. Ora encargados de secretarias y organismos públicos. Ora miembros privilegiados de consejos de administración de empresas privadas, en los mismos ámbitos en los que fueron funcionarios públicos. Es la realpolitik de hoy. No profundicemos en esto, al menos hoy. Y advirtamos sobre la superficialidad y falta de contexto de la propuesta gubernamental para el cambio en electricidad.

En no más de cuatro cuartillas se diagnostica con trivialidad soberana la situación. Menos porque sean falsos los planteamientos. Más por dificultad para explicar en su contexto y desde su raíz dichos planteamientos que, sólo en cierto sentido, explican la llamada pobreza energética de buena parte de la población (documento de Reforma Energética dixit, pp. 16 a 26). ¿A qué planteamientos me refiero? A cinco fundamentales: 1) finanzas endebles de la empresa eléctrica; 2) tarifas sin competitividad internacional; 3) apertura limitada a empresas privadas que, no obstante dicha limitación, ha permitido tarifas menores para sus clientes (sic); 4) matriz energética de la empresa eléctrica poco limpia y diversificada; 5) red de transmisión vieja y con pérdidas importantes, incluidas las de su complemento, la red de distribución. Insisto en que sin ser falsos –al menos del todo– estos planteamientos (aunque hay formulaciones muy limitadas, como en el caso de las tarifas) no agotan –de veras que no– el diagnóstico de la industria. Respondamos por partes dos preguntas: 1) ¿Con qué elementos debiera completarse o de qué manera debieran reformularse algunos de ellos?; 2) ¿A qué nos obligaría explicarlos no sólo en su contexto, sino de raíz e, incluso, desde su origen? Permítaseme en esta nota, empezar a sugerir algunos de esos elementos que, en mi opinión, le faltan al diagnóstico. Asimismo, algunas reformulaciones obligadas para enfrentar con mayor objetividad y honestidad intelectual la situación actual de la industria eléctrica.

Los dos primeros aspectos del diagnóstico oficial –finanzas endeles y tarifas poco competitivas– nos remiten a otro que sólo tangencial y muy superficialmente es abordado en el diagnóstico oficial: el de los costos. ¿Cómo son los costos de producción de electricidad en México? Y si son bajos, altos o muy altos, ¿por qué son así? ¿Qué juicio se puede hacer y qué explicación nos merece la evolución histórica y la participación de cada componente de los costos? Y es que la evolución y el peso de los costos por servicios personales, combustibles y energía comprada, mantenimiento y servicios generales, materiales de mantenimiento y consumo, impuestos y derechos, costos de obligaciones laborales, depreciación, indirectos de oficinas nacionales, aprovechamiento y costo financiero tienen una lógica y una explicación muy precisas que deben ser analizadas con detenimiento para explicar por qué, si es el caso, las finanzas son endebles y las tarifas, también si es el caso, son altas en relación con otros países. Esto último, por cierto, no es sencillo resolver con el petate de los promedios. Extraña que el gobierno ni siquiera haya consultado el propio diagnóstico de costos elaborado en 2008 por la Secretaría de Energía (Sener, Estudios sobre tarifas eléctricas y costos de suministro, junio de 2008). Y, a partir de ahí, indicar los lineamientos que, según su opinión, podrían solucionar los problemas que se descubren ahí, precisamente ahí, en los costos de producción del fluido eléctrico en este país. La solución la darán, en uno y otro casos, los trabajadores, técnicos, directivos de la industria. Nadie más. El Congreso no puede legislar sin antes analizar este aspecto central de costos del suministro, so riesgo de dar una solución maximalista falsa, en este caso el nuevo esquema de creación de un mercado llamado competitivo, que por sí mismo no resolverá algunos de los problemas fundamentales implicados en la estructura y la dinámica de costos de producción de electricidad.

Hecho esto, pero nunca antes, debieran analizarse las revisiones que sobre este aspecto central –el de costos del suministro– se hacen hoy en el mundo para enfrentar los tres retos que tiene toda la industria eléctrica: seguridad y confiabilidad de suministro, eficiencia, economía y competitividad, y alta sostenibilidad y limpieza.

Ah, por cierto, a este respecto y muchos otros, en Francia se abrió un proceso de un año de discusión sobre la transición energética. Y en el Reino Unido llevan no menos de dos años revisando su industria. En ambos casos de frente a los retos del futuro. Ya los comentaremos. De veras.

La reforma fiscal: ¿retrato de familia?: Rolando Cordera Campos

La propuesta fiscal del gobierno del presidente Peña Nieto no se despeñó en lo que muchos consideraban fatal o inevitable y otros obligado y correcto. El gobierno, en efecto, no propuso aumentos en el IVA ni su extensión a las medicinas y los alimentos: prefirió explorar la ruta de los impuestos a la renta, en especial la de las personas físicas con ingresos medios y altos.

También propone gravar las ganancias provenientes de la inversión en el mercado de valores y aplicar el IVA a las colegiaturas y las rentas de habitaciones. En un sentido similar, de aparente o real búsqueda de equidad, se busca gravar con una tasa de IVA similar a la del resto de la República los gastos que se realicen en las zonas fronterizas.

Hay mucho de qué hablar frente a una propuesta que se presume parte de una gran reforma social redistributiva, dirigida a proteger a los más débiles y vulnerables, a través de diferentes medidas, algunas de ellas promisorias como la del seguro de desempleo o el inicio de una pensión en verdad universal. Lo mismo puede decirse del nivel de gasto que se quiere ejercer el año entrante: los diputados tendrán que pedir a Hacienda explicaciones claras y precisas sobre su composición e implicaciones financieras y productivas.

La jornada constitucional sobre las finanzas del Estado apenas empieza, pero tendrá que concluir a finales de octubre en otra carrera contra el reloj que, por lo que está en juego, debería haberse iniciado tiempo antes. El reloj legislativo sigue fuera de tiempo.

Pero lo que importa, por ahora, es preguntarse por el sentido de la reforma tributaria y lo que las furibundas reacciones públicas ante ella nos dicen sobre el alma mexicana. La reforma puede ser un nuevo y buen principio en materia fiscal para México, después de tantas y frustrantes intentonas. Poner por delante objetivos sociales para articular los arreglos fiscales, dejar atrás la necedad del déficit cero, puede ser trascendente porque compromete al gobierno y el Congreso con unos propósitos que suelen perderse en el maremágnum presupuestal e impositivo y así darle otro sentido al Estado y su gasto, así como a las contribuciones de los ciudadanos.

Concretarlo será tarea central de los legisladores y de la Auditoría Superior de la Federación, que tendrán que actualizar sus modos de operación y comunicación para dejar atrás la rutina de juzgar a toro pasado. Los diputados tienen en este aspecto una deuda con la ciudadanía que deberían saldar cuanto antes. Más allá de sus pancartas y gritos y sombrerazos, lo que requerimos es información oportuna y de calidad sobre las implicaciones de impuestos y gastos, sobre quiénes pagan y quiénes no lo hacen, o lo hacen por debajo de lo establecido, y un largo etcétera. Una labor fundamental que los parlamentarios han soslayado, a pesar de tener los instrumentos para hacerlo.

Poner por delante los impuestos a los ingresos altos y medios podría cambiar el sentido de la misión fiscal del Estado. Sin embargo, en la propuesta no reina un principio de equidad efectiva, porque no diferencia entre los niveles ricos y los que no lo son y grava con la misma tasa los ingresos medios, los altos y los súper altos.

Si de avanzar en equidad se trata, los diputados deben exigir que se avance en esta tarea crucial para la credibilidad y legitimidad del fisco, de por sí deterioradas por los excesos en el gasto público y las fechorías en los estados. Los unos por cientos que habitan el penthouse de la escala distributiva deben dejar de ser los intocables y desconocidos de siempre: el SAT debe informarnos con claridad sobre sus contribuciones y abatir esta impunidad que algunos han vuelto cultura.

Lo mismo puede decirse del impuesto a las ganancias en bolsa: qué bueno que se hayan por fin propuesto; lo que falta es que se acumulen con el resto de los ingresos para que haya una real y creíble progresividad fiscal.

Qué bien que se anuncie el fin de una oprobiosa práctica de consolidación que auspició abusos ina­ceptables por parte de grandes corporaciones, pero ello no debería servir para soslayar el tema de la acumulación de las ganancias empresariales. Lo que aquí importa es un compromiso con la inversión y el empleo que no se resuelve con los anuncios espectaculares de inicio de gobierno ni con las exigencias chantajistas de la cúpula al gobierno.

¿Por qué no se explorar otros impuestos, como el de las transacciones financieras, las herencias y legados e incluso el del patrimonio? Esto debería ser parte del debate y explicado a satisfacción por el secretario de Hacienda a los diputados y senadores, quienes deberían preguntárselo; hoy, por desgracia, los legisladores y sus burbujas parecen empeñados en descubrir qué significa el interés general, para disfrazar su casi histérica defensa de intereses particulares, como el del IVA en la frontera o en las colegiaturas, que ha llevado a muchos a vestirse de monaguillos y formar filas con los propietarios de escuelas privadas, muchas de ellas confesionales y, las más, auténticas máquinas de hacer dinero a costa de los temores o prejuicios de algunos sectores medios minoritarios, justificados sin duda por el deterioro al parecer imparable de nuestra educación pública.

La propuesta no parte a la clase media ni es un atentado contra los mexicanos pobres y más pobres que forman la mayoría. Pero su sentido justiciero, su pertenencia a la reforma social redistributiva que requiere México, está por verse y probarse.

Por lo pronto, los intereses creados minoritarios se erigen en defensores de la justicia, la equidad y la salud de las clases medias, en una alharaca que oscurece la profunda desigualdad y la pobreza mayúscula que nos marcan y ponen en peligro real e inminente nuestra convivencia. Se admita o no, este tiempo mexicano está cruzado por una puja distributiva en la sombra y los sótanos, expresada en la violencia criminal y la huida interior de los jóvenes a la inactividad, el desempleo permanente o la anomia, la opción por el crimen organizado o el peligroso paso del norte.

La historia del fisco es en gran medida la historia de las sociedades. Su historiografía es un buen retrato de las relaciones sociales que organizan la vida en común. Lo que hoy tenemos y que los privilegiados defienden dizque para cuidar el interés general nos retrata de cuerpo entero como una comunidad partida por la injusticia y la indefensión de los más débiles, que forman mayoría.

De esto tendrían que ocuparse en serio los gobernantes. No de buscar cómo poner de nuevo la carreta delante del caballo para llevarnos a una parálisis fiscal ominosa, porque encerraría la aceptación de que, como sociedad, no podemos defendernos de las crisis ni asumir con claridad nuestras lacras y omisiones en materia de solidaridad y cooperación sociales.

Ojalá y en diciembre no tengamos que hablar de otra oportunidad perdida. Podría ser la última.




Fuente: La Jornada