Piden intervención de Congresos local y federal
Cuernavaca, Mor. Habitantes de la comunidad de Huexca, municipio de Yecapixtla, que se oponen a la construcción de una termoeléctrica en su población, afirmaron que no van a retroceder en sus demandas para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúe con la edificación de la primera etapa del proyecto energético.
Un grupo de pobladores del Comité en Resistencia de Huexca, encabezados por Guillermina Montero, externaron hoy su postura, luego que el jueves anterior en una conferencia de prensa autoridades de la CFE declararon que el proyecto de Huexca está firme pese a la oposición de pobladores manipulados por gente de otros estados.
En conferencia de prensa en esta ciudad, los opositores acusaron que el gobierno del estado no cumplió con los acuerdos, y si la CFE no piensa retroceder, ellos tampoco, señaló Montero.
Demandaron a los congresos estatal y federal intervenir para que el gobierno de Graco Ramírez y la CFE respeten a los pobladores de Huexca, pues no se les ha consultado si quieren o no la termoeléctrica en sus tierras.
Nosotros sí queremos una consulta ciudadana de acuerdo con nuestros usos y costumbres, pero ellos no quieren hacerla; ¿Por qué nos niegan nuestro derecho a decidir sobre nuestra medio ambiente, nuestra tierra, nuestra vida, nuestra agua y la vida de nuestros hijos?, cuestionó Rosario, otra habitante.
Dijeron que las familias que recibieron despensas y otros proyectos productivos del gobierno del estado son hostigadas por personas foráneas para que se manifiesten en favor de la obra energética, por lo que responsabilizaron al gobierno del estado y la CFE si algo le sucede a algún vecino.
El pasado jueves un grupo de reporteros fue trasladado a la termoeléctrica de San Lorenzo en Puebla, donde la empresa paraestatal informó sobre los avances del Proyecto Integral Morelos, que consiste en la construcción de una central termoeléctrica y un gasoducto, mismo que no tiene retorno pues de no concluirse la paraestatal perderá 650 millones de pesos. Además, que quienes se oponen, son manipulados por agitadoresde otros estados.
Por la tarde normalistas e integrantes del movimiento #Yo soy 132 marcharon en el municipio morelense de Cuautla, en apoyo a la comunidad de Huexca, para demandar la salida de la Policía Federal de esa población y que se permita que la gente decida sobre si se realiza el proyecto.
Exigen pueblos cancelar proyectos de hidroeléctricas; son depredadores
La construcción de presas hidroeléctricas tiene un mismo modus operandi: basado en la falta de consulta a los pueblos donde se asientan, devastación del ambiente, destrucción del tejido social y falta de cumplimiento de acuerdos, por lo que es urgente que las autoridades abandonen ya este modelo depredador.
Así lo afirmaron los jueces de la preaudiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad, de la mesa de devastación ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, quienes los pasados 5 y 6 de noviembre se reunieron en el pueblo de Temacapulín, Jalisco, para escuchar los testimonios de personas y comunidades afectadas por estos megaproyectos. Ahí, analizaron los casos de las presas Paso de la Reina y Cerro de Oro, en Oaxaca; la Parota, en Guerrero; Las Cruces, El Cajón y La Yesca, en Nayarit; El Naranjal y Zongolica, en Veracruz, y El Zapotillo y Arcediano, en el estado de Jalisco.
En todos ellos, los especialistas mexicanos y extranjeros del TPP encontraron violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores, entre ellos desalojo, desplazamiento forzoso, desmembramiento de territorios indígenas, omisión del derecho a la consulta y criminalización de los movimientos sociales de resistencia.
Estas obras siguen un mismo modelo de desplazamiento de personas, violación de sus derechos y destrucción de sus territorios, sin tomar medidas para evitarlos o mitigarlos, subrayó Francisco López, uno de los jueces de la preaudiencia sobre el tema.
Por lo anterior, el jurado del TPP emitió recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas diseñar una política energética nacional que no viole los derechos humanos ni dañe el ambiente; buscar formas alternativas de captación de agua y generación de electricidad; cancelar la construcción de varios embalses y otorgar indemnización justa a los pueblos afectados por presas ya terminadas.
Fuente: La Jornada
