-Llama AMLO a protestar contra imposición de EPN el 1 de diciembre
CAMPECHE, Camp.- Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), llamó hoy aquí a sus seguidores a concentrarse el 1 de diciembre en todas las plazas públicas del país para manifestarse en contra de la imposición del priista Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República.
Al clausurar esta tarde el congreso estatal del Morena, el primero que se realiza en el país para decidir si esa asociación civil se constituirá en partido político, el excandidato presidencial de la izquierda dijo que hoy inició aquí “una nueva etapa de lucha por la justicia y por la democracia”.
Reiteró que este día inició un recorrido por la República para participar en los 32 congresos estatales del Morena.
“Tenemos que seguir adelante, a pesar de las adversidades, porque nuestro movimiento es la única esperanza para que en el país haya justicia y haya democracia. Tenemos que seguir caminando hacia ese ideal: hacia el triunfo de la justicia sobre el poder”, señaló.
López Obrador aseguró que el objetivo fundamental del movimiento “es la transformación del país, no son los cargos”.
Al evento, en el que la mayoría votó a favor de que la agrupación se transforme en partido político, asistieron unos 250 miembros del Morena, que hoy eligieron a los 12 integrantes del Comité Directivo Estatal y los 18 consejeros estatales que acudirán como delegados estatales al Congreso Nacional de Morena que se llevará a cabo en la capital del país los días 19 y 20 de noviembre para aprobar los documentos básicos, los estatutos, el programa de acción, la declaración de principios y el plan de acción de la agrupación.
Ante ellos, López Obrador advirtió que pese a la imposición de Peña Nieto no se hará a un lado.
“No podemos hacernos a un lado, no se puede, no hay ninguna posibilidad, porque además de la arbitrariedad que significa el fraude, siempre se hace acompañar precisamente de ese mensaje, de esa prepotencia, de que nos van a quitar hasta el derecho a la esperanza y eso no lo vamos a aceptar, nunca. Vamos a seguir adelante”, advirtió.
En su discurso, que se prolongó media hora, insistió en que la intención de su movimiento es transformar “la política económica, la forma de hacer política y, sobre todo, que haya justicia en nuestro país”, y por ello “los potentados, que se creen amos y señores de México se oponen y por eso nos cierran el paso”.
“Afortunadamente tenemos vida, convicciones y entusiasmo, y vamos a seguir adelante, y tenemos también que pensar que esta lucha no es en vano, porque se va abriendo el camino para los que vienen detrás de nosotros; estamos luchando por las nuevas generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por eso tenemos que sentirnos orgullosos, por eso podemos resistir ante los golpes, ante las adversidades, los obstáculos que nos ponen”, resaltó.
En ese sentido dijo que hay que entender que “estos procesos de transformación son complejos, son lentos, pero son sublimes, extraordinarios, y se avanza, en qué se avanza, a pesar de los fraudes electorales, se avanza en la organización de los ciudadanos, que es fundamental”.
Por ello, expuso, “Morena tiene que dedicarse a crear conciencia, tiene que haber una campaña nacional de concientización, porque así lo exigen las circunstancias”.
Asimismo, acusó a los del “Prian” de pretender establecer una “esclavitud moderna” para seguir traficando con la pobreza y la ignorancia de la gente, “convertir a los pobres en peones para poderles comprar su libertad, eso significa la compra de voluntades, todo lo que padecemos cada vez hay elecciones”.
Dijo que por ello, el reto de Morena es ir “a enfrentar esta realidad pervertida, porque a los mandones de este país ya no les importa el desarrollo, no fomentan la creación de empleos, el derecho que tiene el pueblo a la salud, a la educación, a tener una vivienda digna, no hay desarrollo, lo que hay es reparto de migajas con propósitos electorales”.
“Nosotros tenemos un objetivo, que es transformar al país y hacia allá vamos y siempre hay recaídas y se avanza, y se tiene que volver a levantar y así hasta la victoria final”, agregó.
El también exjefe de Gobierno del Distrito Federal adelantó que tiene información de que el “Prian” trama aumentar el IVA de 16 a 22%, y gravar alimentos y medicinas, empero advirtió: “claro, esto está por verse porque no lo vamos a permitir”.
Antes, en entrevista a su llegada al Centro de Convenciones Campeche XXI, el también exdirigente nacional del PRD aseguró que el Morena “es una oposición real, que hace falta, porque no podemos permitir que haya partidos paleros, y que los que se creen amos y señores de México lo controlen y dominen todo. Tiene que haber una representación auténtica del pueblo”.
Añadió que su intención por ahora es consolidar a esa agrupación como un instrumento de lucha al servicio de la sociedad.
“Con Morena se va a luchar en contra del régimen de corrupción que impera en el país”, dijo, y acotó que “sólo hay un partido en el gobierno, es el ‘Prian’, porque son lo mismo el PRI y el PAN. Si quieren pruebas, miren cómo andan agarrados de la mano Felipe Calderón y Enrique Peña; son lo mismo, es la misma mafia que ha hundido al país y se volvió a imponer”, sentenció.
Acusó a Peña Nieto de ser “un empleado de los que mandan realmente en el país; ya se comprometió a impulsar la reforma fiscal, que es aumentar el IVA, pero no lo vamos a permitir, tampoco que se privatice el petróleo que es de todos los mexicanos”.
-Arremete CTM contra Lozano
El Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Joaquín Gamboa Pascoe, arremetió contra el ex Secretario del Trabajo y actual senador por el PAN, Javier Lozano, y pidió al Senado no aceptar su propuesta de incluir en la Reforma Laboral los temas de transparencia y revisión de cuentas de los sindicatos.
En un encuentro con integrantes de la Comisión del Trabajo en la Cámara Alta, el senador por el PRI, Armando Neyra, dio lectura a un documento en el que Joaquín Gamboa acusó a Javier Lozano de agredir a los sindicatos, ya que, dijo, sabe que su pretensión en materia de transparencia sindical es inconstitucional y viola la autonomía sindical.
En este sentido, el líder de la CTM llamó a los senadores a no aceptar esta propuesta y precisó que, en dado caso, la Cámara de Diputados deberá proceder a congelar esta reforma.
Por otro lado, reclamó la ofensa que hace el senador por el PAN cuando acusa a los empresarios que rechazan sus pretensiones de estar coludidos con sindicatos blancos y los usan para burlar derechos obreros y obligaciones fiscales.
Joaquín Gamboa Pascoe señaló que Javier Lozano ha mantenido una actitud de repudio a los sindicatos, con los que ha tenido un fracaso permanente como cuando fue Secretario del Trabajo.
Recordó, en este sentido, casos como “su lucha perdida” para traer a México al Secretario del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, así como el cierre de la Mina Pasta de Conchos y la escandalosa cancelación del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la empresa Mexicana de Aviación.
En respuesta, el senador por el PAN (presente en la reunión) rechazó que su propuesta viole la constitución. Aseguró que este asunto está dejando ver la profunda preocupación que existe de que se avance en materia de transparencia y democracia sindical. Y es que, dijo, es meterse con privilegios de muchos años y acabar con prácticas de corrupción y abuso hacia los propios trabajadores.
Javier Lozano consideró además irresponsable que se amenace con que esta reforma quede atorada en San Lázaro en caso de ser modificada.
Por otro lado, el Secretario Tesorero del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Hugo Ramos, aseguró que no tienen miedo a la transparencia ni a la rendición de cuentas.
Señaló, en este sentido, que las baterías deben enfocarse en los llamados sindicatos blancos, que son protegidos por los gobiernos de este país, como el Sindicato Justo Sierra y el Sindicato Adolfo López Mateos.
-Desastroso sexenio de FCH.- Solalinde
La administración del Presidente Felipe Calderón resultó desastroza para los migrantes, calificó el padre Alejandro Solalinde.
Al término del documental "María en tierra de nadie", que relata la problemática de los indocumentados, el religioso destacó que aumentaron los abusos y la desprotección hacia estas personas por parte de la autoridad, así como los plagios y muertes infligidos por el crimen organizado.
"El balance ha sido desastrozo porque de principio a fin, la migración se ha convertido en un verdugo para los migrantes. Esos secuestros, esas fosas, esa ruta de la muerte que nadie sabe donde están, pero que todo mundo sabe que son migrantes.
"El gobierno ha querido tapar todo eso y es una pena, así empezó y así terminó este Gobierno de Felipe Calderón, así está", afirmó.
El religioso aseveró que México no está cumpliendo con los tratados de derechos humanos internacionales en la materia.
Asimismo ironizó acerca de la captura de Salvador Alfonso Martínez, "La Ardilla", uno de los líderes Zetas, principal organización criminal vinculada con las masacres de extranjeros ilegales.
"Nos quieren engañar, nos quieren dar atole con el dedo, qué buenos que ya agarraron a 'La Ardilla', era la culpable de todos los males de México, qué bueno, es una tranquilidad para nosotros, de verdad creen que somos pendejos, pero no crean que lleguemos a tanto, pero quién va a creer que esa persona es la culpable de todo lo que está pasando aquí", recriminó.
Solalinde denunció que en las últimas semanas los plagios contra migrantes van en aumento ante los ojos de las autoridades.
Ejemplo de ello, señaló, es Veracruz, entidad donde a principios de mes fueron secuestrados 200 migrantes, algunos de ellos liberados horas después.
-Alistan diputados discusión de controversia constitucional contra reforma laboral
La propuesta de entablar una controversia constitucional contra la iniciativa preferente de reforma laboral, entregada el 1 de septiembre por el Ejecutivo Federal, planteada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, será sometida al análisis del Pleno en San Lázaro este jueves 11 de octubre.
El proyecto elaborado por los perredistas, se publicó este día en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, al igual que la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del órgano parlamentario.
De acuerdo a las autoridades jurídicas de la Cámara Baja, el proyecto de demanda de controversia constitucional contra el procedimiento legislativo de iniciativa preferente cubre los requisitos legales para ser presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tiene como plazo el próximo 15 de octubre de 2012.
Sin embargo, el jurídico agregó que la Corte podría considerar que la controversia no tiene sustento, en tanto que no alega vulneración de las facultades de la Cámara Baja.
El texto publicado en la Gaceta Parlamentaria, indica que se trata de una Controversia Constitucional del H. Congreso de la Unión contra el Presidente Felipe Calderón.
El documento redactado por el PRD a nombre del Presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Murillo Karam y que coloca como terceros interesados a la Cámara de Senadores, plantea los argumentos legales que sustentan las controversias constitucionales y expone las razones por las que considera violatoria la iniciativa preferente.
El “acto que se combate” es la presentación del Ejecutivo Federal, de la iniciativa preferente entregada el pasado 1 de septiembre de 2012, en materia de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
El precepto constitucional que se viola, agrega, es el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia política, que señala que “El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo”.
Los conceptos de invalidez, aluden la invasión de la competencia del Congreso para conocer, analizar, discutir y dictaminar iniciativas preferentes del Ejecutivo.
El escrito añade que la figura de la iniciativa preferente está prevista en el artículo 71 de la Constitución y establece que el Congreso debe atender esa modalidad de proyectos y resolver en un plazo no mayor de 30 días por Cámara.
“Con esta medida, el Ejecutivo Federal, de manera alevosa, pretende que el Congreso resuelva una iniciativa de trascendencia nacional, bajo el concepto de preferente, figura que carece de procedimiento en el Congreso en términos del párrafo segundo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indica.
“Y no es que el Congreso esté en omisión, sino que conforme lo establece el Artículo Segundo Transitorio del decreto que da vida a esta forma de iniciar leyes ante el Congreso, cuenta con el plazo de 1 año a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir la ley reglamentaria”, apunta.
Los perredistas añadieron que ese artículo “no es caprichoso”, sino que permite al Congreso emitir la reglamentación de los supuestos y términos de las propuestas preferentes.
Subrayaron que debido a la premura en el plazo de los 30 días naturales para pronunciarse sobre la reforma laboral, las comisiones no estaban bien instaladas en San Lázaro y ello obligó a la Junta de Coordinación Política a normar el debate a través de acuerdos “acelerados e ilegales” como la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
También calificaron como “ilegal y grave” el acuerdo por el que se estableció el método de dictamen de la iniciativa, pues subrogó las facultades de la Comisión dictaminadora y dejó en evidencia la falta de la citada ley reglamentaria.
Por lo anterior, proyectaron demandar a la Suprema Corte conceder la suspensión de los actos reclamados para cancelar la dictaminación de la iniciativa preferente, que se encuentra en el Senado de la República, en tanto no se emita una resolución definitiva al respecto.
“En su etapa procesal correspondiente, se declare inválida la presentación por parte del titular del Ejecutivo Federal de la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con carácter de trámite preferente, que remitiera el pasado 1 de septiembre de 2012 a la Cámara de Diputados”, finaliza la demanda firmada por la diputada del PRD, Aleida Alavez Ruiz.
-Reprochan a gobernador de NL inseguridad y corrupción
MONTERREY, N.L.- Durante la presentación del Tercer Informe de Gobierno, la bancada del PAN en el Congreso del estado reprochó al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz la inseguridad que hay en la entidad y la corrupción que impera en su interior de la administración.
El legislador local panista Enrique Barrios Rodríguez cuestionó al gobernador priista la violencia que hay en la entidad, mientras él es el único que no la observa, debido a que es la persona más vigilada.
“Esa percepción (de inseguridad entre la gente) cambiaría si todos los ciudadanos tuvieran acceso a camionetas blindadas, grupos de escoltas y choferes con cargo al erario, tal y como lo tienen los servidores públicos que afirman que la inseguridad no existe y que es un problema que está en la mente de los ciudadanos”, dijo el representante de la mayoría panista en el Congreso local.
La de esta mañana fue la entrega de un informe lleno de contrastes, donde el Congreso de Nuevo León estuvo dividido entre dos bandos: uno integrado por el PAN y el PRD que denostaron a Medina de la Cruz, principalmente por los casos de corrupción ventilados en la prensa y por las cifras de homicidios dolosos, y el otro, por el PRI, PT y Nueva Alianza (Panal), que lo cobijaron con elogios.
El único legislador perredista en la legislatura, Eduardo Arguijo Baldenegro, censuró a Medina por haber permitido que la inseguridad creciera, al punto de convertir la entidad en la más violenta de la República.
“Como una despreciable muestra de esta espiral de inseguridad y descomposición social, hoy tenemos que Nuevo León está considerado el estado más violento de la República con un trágico número de más de mil muertos en lo que va del año e igual numero de desaparecidos en este sexenio”, precisó.
Al rescate de Medina salió Francisco Cienfuegos, de la bancada priista, quien aseguró que el jefe del Ejecutivo estatal permanecerá en el puesto durante seis años y no abandonará el puesto antes, como se ha mencionado recientemente.
“Tiene usted el respaldo de nuestro partido, también el apoyo del sector social y productivo del gobierno del estado como consta en las recientes publicaciones de desplegados en los diversos medios de comunicación; y tienen, desde luego, el apoyo de los ciudadanos que votaron por usted y le confirieron un mandato hasta el 2015”, dijo el priista.
De parte del Partido Nueva Alianza, aliado del PRI en el Congreso local, Juan Antonio Rodríguez González dijo que respaldará a Medina en los siguientes tres años.
“A quienes con miras al 2015 pretenden que fracase el gobierno para posicionarse electoralmente, les decimos que nuestra fracción parlamentaria está comprometida con políticas públicas que satisfagan las demandas más sentidas de la gente. Eso sólo será posible con un gobierno exitoso. Si en eso podemos contribuir, lo haremos responsablemente”, dijo.
Por el PT, Guadalupe Rodríguez Martínez expresó, sin comprometerse, que esperaría primero escuchar el informe de Gobierno para luego emitir un juicio.
Al presentar su informe, Medina de la Cruz destacó que Nuevo León el estado ha recibido este año una inversión extranjera superior a dos mil millones de dólares.
Anunció también la construcción de la Línea 3 del Metro y el proyecto hidráulico Monterrey VI para garantizar el abasto de agua hasta el 2050.
Dijo que, aunque no ha terminado la tarea para garantizar la seguridad de los nuevoleoneses, el estado es ya más seguro y los índices criminales se han abatido considerablemente.
“La explicación principal que encuentro para ello es la unidad, la unidad es lo que nos ha conducido a resultados notables, aun en momentos sumamente difíciles; conservemos esta unidad”.
Medina entregó su informe al presidente del Congreso, Luis David Ortiz Salinas, de Acción Nacional.
La ceremonia estuvo resguardada por decenas de policías de los tres niveles de gobierno que restringieron el paso a cualquier persona que no fue invitada en un perímetro de 100 metros.
Por la noche, Medina ofrecería su propio informe en el patio central del Palacio de Gobierno para exponer los logros de los primeros tres años de gestión.
En el evento estuvieron presentes diputados de la clase política local. Lo acompañaron los gobernadores Egidio Torre, de Tamaulipas; Carlos Lozano de la Torre, Aguascalientes; Jorge Herrera Caldera, Durango; Eruviel Ávila Villegas, Estado de México; José Francisco Olvera Ruiz, Hidalgo.
También José Eduardo Calzada, Querétaro; Roberto Borge Angulo, Quintana Roo; Fernando Toranzo Fernández, San Luis Potosí; Andrés Granier Melo, Tabasco; Mariano González, Tlaxcala; Miguel Alonso Reyes, Zacatecas; y Manuel Velasco, Chiapas.
Estuvieron el coordinador de la bancada priista en el Senado, Emilio Gamboa Patrón; Miguel Osorio Chong, representante del presidente electo Enrique Peña Nieto; y el dirigente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, entre otros.
-Propone Calderón para ministros de la Corte a implicados en casos tenebrosos
Los magistrados federales propuestos por Felipe Calderón para ocupar las dos vacantes que quedarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la salida de los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia fueron juzgadores en algunos de los episodios judiciales más tenebrosos de la historia reciente o, bien, investigadores designados para indagar sobre violaciones graves a derechos humanos que quedaron impunes.
Por sus despachos, como jueces o magistrados, han pasado lo mismo el asesinato de Mario Ruiz Massieu, ocurrido en 1994, y la criminalización de indígenas tzeltales en 1996, que los expedientes que permitieron la liberación de Raúl Salinas de Gortari y Joaquín Hernández Galicia, La Quina.
También fueron designados por la SCJN para investigar las violaciones graves a derechos humanos en Atenco y Oaxaca en 1996, así como los casos de la periodista y activista Lydia Cacho; la exoneración por un fraude millonario al obispo Onésimo Cepeda y la sentencia que condenó por 12 años de prisión a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
El presidente Felipe Calderón presentó al Senado las ternas para reemplazar a los ministros Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, quienes concluirán su periodo el próximo 30 de noviembre, el mismo día que Felipe Calderón, por lo que, en caso de que alguno de los propuestos sea aprobado por el Senado, iniciará sus funciones en la Corte a partir de diciembre, al mismo tiempo que Enrique Peña Nieto entre en funciones como titular del Ejecutivo.
Esta mañana, en un mensaje a los medios de comunicación pronunciado desde la escalinata de la casa presidencial “Miguel Alemán” en Los Pinos, Calderón dio a conocer que, para sustituir al ministro Aguirre Anguiano, propuso el pasado martes a los magistrados Pablo Vicente Monroy Gómez, Alberto Gelasio Pérez Dayán y Andrea Zambrana Castañeda.
Y para reemplazar a Ortiz Mayagoitia propuso a los también magistrados Manuel Baráibar Constantino; Emma Meza Fonseca y Rosa María Temblador Vidrio.
Las dos ternas propuestas por Calderón tienen la peculiaridad de que todos los incluidos son magistrados federales en la actualidad y llevan cuando menos dos décadas de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante el mensaje, el presidente Calderón dijo:
“Revisé, personalmente, sus antecedentes profesionales, sus antecedentes judiciales e, incluso, algunos de sus fallos más relevantes y entrevisté, personalmente, a muchos de ellos”.
Luego de mencionar los nombres, el mandatario leyó los datos curriculares de cada uno de los propuestos, como de qué universidad eran egresados, dónde realizaron estudios posgraduales, las publicaciones que en su caso tuviera cada uno y los diferentes cargos que han ocupado en el PJF.
“Sobresalientes y de “carrera probada”
Entre los propuestos por Calderón, destaca el magistrado Manuel Baráibar Constantino, quien actualmente es presidente del 8° Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal. Es egresado de la Escuela de Derecho de Chiapas y tiene un posgrado en la Universidad de Barcelona.
La trayectoria de Baráibar ha estado ligada al Poder Judicial Federal, donde empezó como actuario, y escaló por la estructura judicial hasta convertirse en magistrado de Circuito.
Fue precisamente en Chiapas, donde Baráibar tuvo uno de sus primeros fallos polémicos en 1996. Siendo juez penal en aquel entonces, su fallo provocó un clima de tensión entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Estado mexicano al punto que originó la suspensión de los Diálogos de Paz, una alerta general en la zona zapatista y campañas internacionales de denuncia a la criminalización indígena por parte del gobierno de Ernesto Zedillo.
En 1995, fueron detenidos el videoasta Javier Elorriaga Berdegué y el indígena tzeltal Sebastián Etzín Gómez, acusados de conspiración, sedición, motín y terrorismo. Un juez determinó que eran culpables y, el entonces juez Baráibar, confirmó la sentencia que finalmente, fue echada abajo por un Tribunal de Circuito.
Otro tema espinoso que pasó por las manos del magistrado es el caso de Raúl Salinas de Gortari, cuyas últimas acusaciones fueron conocidas por el mencionado juez, quien las desechó y dicha resolución abrió la puerta a la libertad al hermano del expresidente Carlos Salinas.
Baráibar también fue uno de los dos magistrados que la SCJN designó para investigar las denuncias por violaciones graves a garantías individuales durante los operativos policiaco-militares de San Salvador Atenco y de Oaxaca de 2006.
Y más recientemente fue quien absolvió al obispo Onésimo Cepeda, acusado de fraude procesal por 130 millones de dólares y dejó sin efecto la orden de aprehensión girada contra el jerarca.
En el caso de la magistrada Emma Meza, licenciada en Derecho por la UNAM con posgrado en Derecho Penal, lleva más de 30 años en la PJF, donde ha sido secretaria de Estudio y Cuenta de la SCJN, magistrada de circuito y, como tal, integra el 9° Tribunal Colegiado en materia penal.
Meza fue la que resolvió el amparo que permitió a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, abandonar la prisión, detenido en 1989 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En 1996, el primer paso para que éste alcanzara la libertad un año después fue el amparo de Meza Fonseca.
Como juez federal, Emma Meza también conoció el expediente de los acusados por el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido a finales de 1994 y que desató una polémica por el aspecto de su competencia para juzgar el caso que todavía en 2008, revisaba en la SCJN.
La magistrada formó parte, asimismo, del equipo de investigación de la SCJN por violaciones graves a garantías del gobierno de Puebla a la periodista y activista Lydia Cacho. El resultado concluyó que hubo violación de garantías, pero el pleno desechó el expediente.
Otro magistrado incluido en las ternas es Pablo Vicente Monroy Gómez. De acuerdo con la información dada a conocer por el presidente Calderón, es licenciado en Derecho egresado de la UNAM, con maestría en Democracia y Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Ha sido juez y magistrado de tres tribunales unitarios, y un tribunal colegiado, con 27 años de trayectoria en el PJF. Actualmente, es magistrado de un tribunal unitario de Circuito en Yucatán.
Monroy Gómez fue quien, siendo juez cuarto de lo penal, ubicado en la prisión de Almoloya de Juárez, conoció el caso de Joaquín Guzmán Loera. El 3 de marzo de 1994 dictó sentencia de 12 años contra el capo, quien se fugó, en 2001, del penal de “máxima seguridad” de Puente Grande, en Jalisco.
Emma Meza ya había sido postulada para ocupar el cargo de ministro, pero no consiguió los votos necesarios. Como ella, Alberto Gelasio Pérez Dayán, también fue propuesto en 2011 en sustitución de José de Jesús Gudiño Pelayo, lo mismo que Andrea Zambrana Castañeda, propuesta por Calderón en la famosa terna femenina que fue rechazada por el Senado a finales del año pasado.
En el caso de esta última, durante la votación de aquella terna, apenas alcanzó dos votos, muy lejos de las decenas de votos obtenidas por las otras mujeres propuestas.
Durante su mensaje a medios de comunicación, Calderón destacó que las ternas propuestas están compuestas por magistrados en funciones y con trayectoria en el PJF, es decir, todos son magistrados de circuito.
Respecto a los salientes, Aguirre Anguiano y Ortiz Mayagoitia, expresó:
“A lo largo de sus encargos, destacaron por su compromiso con la verdad, con la justicia y con el Estado de Derecho. Sus aportaciones enriquecieron la labor fundamental de la Corte y contribuyeron a las profundas transformaciones que ha vivido nuestro sistema jurídico en los últimos tiempos, incluso resistiendo, en algunas de sus resoluciones, todo tipo de presiones”.
