El sexenio de Felipe Calderón ha significado un retroceso para el ejercicio periodístico y para las libertades de prensa y de expresión en México, coinciden defensores de derechos humanos, abogados, sociólogos, periodistas y legisladores.
20 Febrero 2011
Contralínea
Contralínea
Al asesinato y desaparición forzada cometidos contra comunicadores (60 de 2006 a la fecha) y la discriminación gubernamental publicitaria, se suma ahora una persecución desde el Poder Judicial.
Una jueza condena a Contralínea porque considera que los asuntos de la principal paraestatal del país, Pemex, no son de interés público. “Es terrible para la libertad de expresión; se pretende limitar el corazón mismo del periodismo de investigación”, advierte la investigadora Irma Eréndira Sandoval.
La especialista en rendición de cuentas y combate a la corrupción, investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que la agresión trasciende a los periodistas y a los medios: se trata de una amenaza contra la sociedad en su conjunto.
“Es ominoso el precedente configurado en la sentencia. Es un atentado terrible para la libertad de expresión y el libre ejercicio de los derechos fundamentales”, explica.
La jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal condenó a Contralínea y a cuatro de sus periodistas a la reparación del daño moral supuestamente cometido contra Blue Marine Technology Group y sus directivos.
Según la sentencia –emitida el 3 de enero de 2011–, los reporteros hicieron “uso abusivo de sus derechos de expresión e información” porque el petróleo y las contrataciones y adquisiciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) “no son de interés público”.
La resolución obliga a no publicar más acerca de los demandantes y a pagarles una indemnización aún no determinada.
Alonso Tolamatl estableció que los periodistas y las revistas deben “restituir el patrimonio moral” a favor de las empresas Blue Marine Technology Group, Arrendadora Ocean Mexicana y Subtec, y de sus accionistas Antonio Juan Marcos Issa, Alfredo Reynoso Durand y Juan Reynoso Durand; todos, contratistas de Pemex.
En septiembre de 2009, los empresarios demandaron, por la vía civil, a las publicaciones y a los reporteros, quienes investigaron y publicaron informaciones de contratos signados entre la paraestatal y las empresas privadas para la renta de buques. Además de los reporteros, los empresarios también acusaron al caricaturista David Manrique –hecho sin precedentes durante los últimos 100 años en México.
Sergio Méndez y David Peña, abogados de Contralínea, señalan que éste es un acto de censura previa y, por tanto, viola los artículos sexto y séptimo constitucionales.
Las revistas y los reporteros también fueron condenados a reparar económicamente el supuesto daño a los contratistas de Pemex con una “cantidad cuyo monto se cuantificará en ejecución de sentencia, debiendo tomar en consideración para el monto de indemnización los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica de los responsables y la de las víctimas”.
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/02/20/se-recrudece-hostigamiento-contra-la-libertad-de-expresion-en-mexico/
