Con los estallidos registrados en días recientes en instalaciones eléctricas del centro de la ciudad de México –uno el pasado jueves, con saldo de 12 lesionados; otro ayer, de menor intensidad, en la esquina de Leona Vicario y República de Venezuela–, el número de fallas en la red de suministro eléctrico del primer cuadro de esta capital sumó 152 en lo que va del año. Esta cifra da cuenta de un estado de precariedad en el abasto de energía en el corazón político y económico de la nación, deterioro que tiene un punto de arranque preciso: la extinción, vía decreto presidencial, de Luz y Fuerza del Centro (LFC) hace más de un año, y su remplazo por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual, a su vez, ha colocado el servicio en manos de contratistas privados evidentemente incapaces e insuficientes.
elevada su competitividad. Tales afirmaciones colisionan con el sentir generalizado de la población del centro del país, para la cual la ineptitud de la CFE se ha traducido en interrupciones constantes y prolongadas del servicio, en la imposibilidad de resolver inundaciones, en embotellamientos de tránsito, en pérdidas económicas incalculables para miles de personas físicas y morales que dependen del abasto eléctrico para la realización de sus actividades productivas y, en suma, en una afectación severísima de la vida cotidiana, en la multiplicación de riesgos de seguridad pública y en una pérdida de productividad, competitividad y nivel de vida.
Si en meses anteriores el gobierno federal insistió en responsabilizar por estas fallas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro –a quienes señaló, sin prueba alguna, de haber incurrido en acciones de sabotaje–, en la semana que concluye no le ha quedado otro camino que admitir, por medio de la CFE, la razón evidente de estas fallas: la obsolescencia del cableado eléctrico de la capital como consecuencia del abandono de décadas a que fue sometido por las administraciones federales. En esa lógica, la compañía encabezada por Elías Ayub admitió el jueves pasado que
la solución única y real es el cambio completo del cableado, e indicó que
ya tiene listo el proyecto de modernización de la infraestructura eléctrica del Centro Histórico de la ciudad de Méxicoy que su costo será de 700 millones de pesos.
Un hecho relevante, sin embargo, es que el Gobierno del Distrito Federal entregó, desde hace un año, un diagnóstico en el que se establecía que, dadas las condiciones de las instalaciones eléctricas en el primer cuadro, era necesario cambiar el cableado que abastecía a esa zona de la capital, y que en ese entonces la paraestatal estuvo de acuerdo con ese análisis. El que la CFE reconozca hasta ahora la pertinencia de avanzar en estas tareas de mantenimiento y renovación demuestra una actitud cuando menos remisa de su parte. Es obligado preguntarse si esta tardanza se debe solamente a una injustificable imprudencia burocrática y administrativa, o si forma un componente más de la ofensiva en curso contra el Distrito Federal, su gobierno y su población, como ha quedado de manifiesto en el terreno presupuestario y en la gestión del agua.
Sea como fuere, es claro que la operación de la CFE en la capital del país ha configurado una circunstancia de riesgo, indeseable y permanente, para la urbe y sus habitantes.
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