En el caso de otorgar una amnistía fiscal en 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador repetiría una práctica que en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto benefició a los empresarios más ricos del país y generó altos costos para las arcas públicas, deploró hoy la organización Fundar.
Un nuevo programa de amnistía “incentivará la evasión fiscal” y afectará la imagen del nuevo gobierno, sobre todo “considerando los altos niveles de desigualdad que existen en nuestro país y la poca progresividad de nuestro sistema tributario”, aseveró.
En un comunicado, la organización rechazó la postura de Arturo Herrera, el futuro subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien el pasado 21 de septiembre informó que el equipo de trabajo de López Obrador “no descarta” implementar una amnistía fiscal para realizar un “acercamiento a contribuyentes”.
Y recordó: “En 2013, gracias al programa Ponte al Corriente, un total de 41 mil 399 personas morales fueron beneficiadas y dejaron de pagar 159 mil 620 millones de pesos. Sin embargo, sólo 36 empresas concentraron el 50 % de las condonaciones autorizadas, es decir, más de 80 mil millones de pesos. Lo perdonado a estas 36 empresas representó el 0.5% del PIB de ese año, cuando la economía mexicana creció tan solo el 1.4%”.
Tan solo entre 2015 y 2016, el gobierno de Peña Nieto canceló 58 mil 150 millones de pesos de adeudos fiscales, 95.64% de los cuales benefició a 10% de personas y empresas más ricas del país, planteó la organización en su investigación.
“Estas experiencias previas demostraron que las amnistías han beneficiado a los mismos grandes contribuyentes, quienes se han acostumbrado a que en cada inicio de sexenio se les perdonen impuestos”, denunció.
La organización recordó que un grupo de 15 contribuyentes se benefició de los programas de amnistía implementados por Calderón en 2007 y, seis años después, por el de Peña Nieto. En total, el Estado mexicano dejó de cobrarles más de 46 mil millones de pesos.
México forma parte de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos impuestos recauda: apenas 13.1% de su PIB, contra 25% en promedio para la organización, como lo documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión de la cuenta pública 2017.
“El Estado mexicano deberá implementar mecanismos que le permitan reforzar su capacidad fiscal, a efecto de incrementar los ingresos tributarios, en cumplimiento de la Reforma Hacendaria”, planteó el órgano fiscalizador.
Y no sólo esto: además de favorecer a los más ricos con condonaciones fiscales, el gobierno mexicano deja en la casi total impunidad a los evasores fiscales, cuyas prácticas ilegales representaron pérdidas de 484 mil millones de pesos en 2012, como lo reportó el propio gobierno mexicano al Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Uno de los principales problemas de la amnistía fiscal, de acuerdo con Fundar, reside en la absoluta opacidad con la que las realiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se negó en reiteradas ocasiones a entregar los nombres o RFC de las personas y empresas a las que perdonó impuestos bajo el pretexto del secreto fiscal.
El SAT desestimó instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de transparentar los nombres y permitió que bancos y empresas interpusieran amparos contra una orden judicial de entregar dichos datos.
Fuente: Proceso
