La privatización del agua ha sido denunciada por las organizaciones de la sociedad civil durante años, especialmente en los últimos meses. Esa acción, afirman, representa un riesgo y está latente desde la presentación de la Ley Nacional de Aguas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Los diez decretos de reserva del agua firmados por Enrique Peña Nieto –en este mismo año– reavivaron los temores.
Los decretos firmados por el Presidente de México en el último trecho de su sexenio levantan la veda de diez ríos del país –Grijalva-Usumacinta, Pánuco, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande, San Fernando Soto la Marina, Santiago, Actopan-Antigua, Costa de Jalisco y Ameca–, lo que permitiría el uso del agua a concesionarios.
Entre las concesiones que se ponen en bandeja de plata al sector empresarial se ubican aquellas destinadas a la industria minera, las del control privado para obras hidráulicas, las intervenidas por las megaobras, las de usos agroindustriales y las que se encuentran destinadas para el fracking: la técnica de perforación de pozos para extraer combustibles como petróleo y gas, y para la que se utilizan miles de litros de agua que, luego de ese proceso, quedan contaminados.
Mariana Cervantes es activista. Durante años se ha manifestado a favor de la defensa del agua en el estado de Mexicali y por ello, ha sufrido por lo menos cuatro clases distintas de agresiones: persecución, violencia física y económica y atentados contra la vida.
El 19 de diciembre del 2017, mientras pasaba por las instalaciones de Constellations Brands, la empresa cervecera que está dejando sin agua al municipio, fue golpeada al intentar defender a una de sus compañeras quién era amenazada por un agente de seguridad privada que pretendía retenerla para llevarla a la policía. Consecuencia del enfrentamiento sufrió una lesión en la columna que le provocó una hernia lumbar para la que ya tiene programada una cirugía. Pasaban frente la fábrica, construyéndose a pesar de no contar con los permisos, después de festejar un cumpleaños, no existían motivos para ser agredidas.
A este atentado se han sumado muchos otros: la intimidación psicológica a través de cuerpos de seguridad que han rodeado su casa , el atentado en medio de la carretera cuando fue empujada con la intención de hacerla perder la vida y la clausura de su lugar de trabajo cuando decidió tomar tres días de vacaciones para manifestarse frente al presidente Enrique Peña Nieto por la cancelación de la cervecera.
Marina fue acogida por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y cuenta con un botón de pánico personalizado. No obstante , gracias a la empatía de las personas de Mexicali que han filtrado información desde la cervecera, sabe que la organización con la que ella trabaja –Comité de Defensa del Agua BC- es vigilada a través de la intervención de sus líneas telefónicas y del “jaqueo” de sus cuentas.
Algunos de sus compañeros de lucha han sido encarcelados. León Fierro, catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California y defensor del agua, fue detenido el 3 de mayo de 2018 tras participar en una resistencia que quería evitar que la constructora Cadena, ejecutará obras de excavación para la construcción de la fábrica perteneciente a Constellations Brand. Acusado de homicidio, delito que semanas después se reclasifico como lesiones dolosas en contra de un efectivo policiaco, el activista fue clasificado como una “persona peligrosa para la sociedad” por lo que permaneció en prisión durante 20 días.
Al salir de la cárcel León se afirmó como un perseguido político, dejando en claro que el acto de intimidación no tendría efecto y que continuaría en la lucha “en defensa del agua, en la defensa de los derechos y por mejorar este país”.
El caso de Mexicali ha logrado alertar a la población sobre los riesgos de escasez de agua que pueden traer consigo la apertura de la concesiones a privados. Dichos eventos demuestran la discrecionalidad con la que actúan los gobiernos mexicanos en función de las garantías de los grupos empresariales, dejando a un lado el derecho humano al agua.
CONTROL PRIVADO SOBRE EL AGUA
Elena Burns, investigadora del Centro de Sustentabilidad de la UAM y coordinadora de nacional de Agua para Todos y Todas: Agua para la Vida, reconoce diferentes áreas de control privado del agua. La primera de ellas: el acceso aguas nacionales gestionado por la Ley General de Aguas, aprobada en el año de 1992 , que “impuso un sistema único de concesiones” priorizando el manejo de cantidades inimaginables de agua por parte de las industrias.
El último informe de Estadística del Agua en México realizado por la Comisión Nacional del Agua reportó de los 85 mil 664.5 hm3 concesionados para usos consuntivos el 7.4 por ciento es usado en la industria lo que representa un 83.73 por ciento más de lo usado en el espacio doméstico que asciende apenas al 0.045 por ciento.
Entre las concesiones facilitas para el sector empresarial la investigadora ubica aquellas que se encuentran destinadas a la industria minera, las del control privado para obras hidráulicas, la intervenidas por las megaobras, las de usos agroindustriales y las que se encuentran destinadas para el fracking: una técnica de perforación de un pozo vertical que busca alcanzar combustibles como petróleo y gas, y para la que se utilizan miles de litros de agua que resultan contaminados luego del proceso.
De acuerdo con datos de la organización Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, la contaminación que genera la industria autoabastecida es igual a la que producen 10 millones de habitantes. En 2009, los giros industriales con mayores descargas contaminantes suman un volumen total de 176 m3/s, siendo la industrias petrolera y química la que producen contaminantes de mayor impacto ambiental. El sector industrial compite por el uso del agua con otros sectores productivos, particularmente con el agrícola.
La privatización del agua ha sido denunciada y anunciada por las organizaciones de la sociedad civil y representa un riesgo desde la presentación de la Ley Nacional de Aguas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; mismo que se incrementó con los diez decretos de reserva del agua firmados por Enrique Peña Nieto en este mismo año. Los decretos firmados por el actual presidente levantan la veda de diez ríos del país -Grijalva-Usumacinta, Pánuco, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande, San Fernando Soto la Marina, Santiago, Actopan-Antigua, Costa de Jalisco y Ameca- permitiendo el uso del agua a los concesionario.
Estos organismos civiles han denunciado que bajo estos decretos las reservas para consumo humano o ambiental se han reducido entre el 1 y el 3 por ciento, quedando el 97 por ciento libre para otros usos.
“La lucha por el agua no es solo luchar por un buen común, es luchar por múltiples derechos, entre ellos : la soberanía alimentaria, la salud y la vida digna”. Integrante de la organización Otros Mundos, Chiapas.
EL AGUA EN LA INDUSTRIA MINERA
El 6 de agosto del 2014, la mina Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico sobre los ríos Bacanuchi y Río Sonora, la tragedia fue calificada como el peor desastre ambiental provocado por la industria minera en México.
El de los pobladores de Bacanuchi quizá sea el caso más conocido de afectaciones provocadas por la actividad minera en México, sin embargo no es el único. Hace apenas siete días, el Lago del Coyote en San José del Progreso, Oaxaca fue contaminado debido al de derrame de un pozo de aguas residuales de la presa “Jales” propiedad de la empresa Cuzcatlán, SA de CV, una filial de Fortuna Silver Mines, una de las 211 mineras canadienses que operan en México.
La minería se caracteriza por la alta cantidad de agua que requiere para funcionar. En 2015 la Conagua contabilizaba su consumo, bajo el agrupado de industria autoabastecida, en 437 millones de metros cúbicos. Asimismo, el Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) refería que su volumen de residuos era de 5 millones de toneladas al año, 253. 3 consideradas como peligrosas. Cabe destacar que de acuerdo con la ley minera mexicana, la contaminación del ambiente amerita sanciones administrativas pero no la cancelación de las actividades de la mina.
La Organización Otros Mundos Chiapas identifica a la actividad extractiva como una de las más dañinas para el medio ambiente, a pesar de ello en México se le ha ofrecido espacio abierto. En 2016, el Registro Público de la Minería reportaba 25 mil 267 títulos de concesión vigentes por 22.58 millones de hectáreas equivalentes al 11.5 por ciento del territorio nacional. La mitad del área concesionada se ubica en Sonora, Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas, territorios con problemas de sequía y escasez.
EL ENCUENTRO CON EMPRESAS EXTRANJERAS
En Chiapas hay por lo menos 98 proyectos hidroeléctricos y 101 concesiones para mineras, además de centenas de proyectos de agroindustriales que al hacer uso de agroquímicos y agrotóxicos contaminan de manera desmedida.
Los pobladores de la región han denunciado los abusos de las grandes empresas, sin embargo, continúa sin dictarse un fallo a su favor. En Enero del 2017 los pobladores de Escuintla y Acoguaya, representados por el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) decidió prohibir la actividad minera en su territorio. El acto, decidido por el 57 por ciento de la población, fue una muestra de la defensa de los bienes comunales dañados por la “depredación minera”.
Un caso más de devastación ecológica esta presente en San Cristóbal de las Casas donde se encuentra la planta de producción más grande del continente de la empresa Coca Cola. De acuerdo con la información brindada para este medio por la organización Otros mundos Chiapas, el gasto diario de agua por parte de la planta es de 1.3 millones de litros de agua al día, posible gracias a los 500 millones de litros que tiene concesionados.
La planta que se encuentra cerca de un “volcán de agua” –llamado así por la gran cantidad de líquido en el subsuelo– ha logrado problemas de abastecimiento del líquido a los pobladores del cerro.
Un caso similar es el de Mexicali, sitio en el que la cervecera Constellations Brans ha buscado de manera insistente colocar una de sus filiales. En febrero del 2017 comenzaron las protestas en contra de la empresa, organizaciones de agricultores y grupos de la sociedad civil denunciaron el despojo de aguas territoriales que se avecinaba con la puesta en marcha de la cervecera. A pesar de que el estado se encuentra en veda estricta desde hace más de 30 años el gobierno del mismo entregó el permiso a la empresa estadounidense y la convirtió en dueña de un terreno embargado, vendido a penas a ochos pesos el metro cuadrado.
Los pobladores del estado del norte se han defendido en contra del construcción de la planta por temor a quedarse sin agua. La empresa pretende exportar 10 millones de hectolitro de cerveza al año, por lo que, requeriría de 20 mil millones de litros de agua para lograrlo, consumo equivalente al de 750 mil habitantes.
Las luchas por el agua no son elemento nuevo para Baja California a partir del planteamiento del Tratado de Libre Comercio, del que depende el suministro de la población, sus habitantes se han visto obligados a demandar que se les otorgue una parte proporcional a la recibida por Estados Unidos.
Mexicali, como algunas poblaciones de Estados Unidos, depende del flujo del Río Colorado, ahora con una barrera de pavimento puesta por los estadounidenses que impide el escurrimiento del río sobre el lado mexicano. Esto provocó el desplazamiento de la comunidad indígena Cucapá que basaba sus tradiciones y costumbres en la relación con el lago y asimismo, impidió que los agricultores continuarán con su actividad de siembra, la cual comenzaba a operar con el desecho contaminado del agua de Texas.
LOS MEGAPROYECTOS
La Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional ha generado fuertes controversias por los daños ecológicos a los que ha expuesto distintos territorios del Valle de Texcoco. El agua ha sido una de las grandes preocupaciones de quienes defienden la cancelación del proyecto de infraestructura.
Luege Tamargo quien fuera director de la Comisión Nacional del Agua realizó un estudio encargado por el próximo secretario de de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, con el que determinó que la implicación más grave de la construcción del aeropuerto en la zona sería la desaparición del Lago Nabor Carrillo, uno de los pocos nichos ecológicos cercanos a la Ciudad de México y del que dependen cientos de aves. El lago ya ha sido secado hasta la mitad de su capacidad debido a las obras.
El especialista además advirtió que la zona podría enfrentar problemas con inundaciones y abastecimiento de agua debido a la sustitución de la Laguna. El criterio coincide con el de otros académicos que han señalado que la alta urbanización que se espera en la zona provocaría un alza de la temperatura para el Valle de México, además de más problemas de suministro de agua junto a grietas que podrían provocar más sismos.
Fuente: Sin Embargo
