Propone modificar los artículos 94 y 116 de la Constitución
La cuarta transformación tiene implícita la austeridad republicana y ésta no puede tener privilegios para nadie, argumentó en su iniciativa la diputada María Chávez Pérez.
En su propuesta, que se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, planteó derogar dos párrafos de los artículos 94 y 116 constitucionales que garantizan a los integrantes del Poder Judicial mantener sin reducción sus salarios. La derogación permitiría que los salarios del Poder Judicial sean ajustados mediante los tabuladores del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada dependencia de la administración pública, indicó.
También ponderó que la reforma contribuiría a resolver la desmedida retribución que se ha asignado a la alta burocracia de los gobiernos recientes, erigiéndose en una casta noble con privilegios extremadamente exagerados aunados a altos salarios en contravención del artículo 127 de la Constitución.
Incluso sostuvo que los Poderes de la Unión son iguales y los miembros del Poder Judicial no pueden tener privilegios salariales encima de los demás servidores públicos y menos sobre la Constitución.
En el proyecto de presupuesto de cada año, la Secretaría de Hacienda incluye las propuestas de salario que la SCJN, el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentan para los ministros, consejeros y magistrados. La Cámara de Diputados los ha aprobado sin discusión ni cambios en la Comisión de Presupuesto o en el pleno.
Este año, los ministros, magistrados electorales y consejeros del CJF habrán recibido un salario anual de casi 7 millones de pesos cada uno.
En 2018, cada ministro de la Corte ha recibido 4 millones 659 mil pesos de salario base, más un millón 341 mil pesos por prestaciones –incluye prima vacacional, aguinaldo, ayuda para anteojos y seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado– y 853 mil 223 pesos de un pago por riesgo.
Los consejeros de la Judicatura tienen un sueldo anual de 4 millones 715 mil 583 pesos, prestaciones por un millón 384 mil 487 y también un pago por riesgo de 853 mil 223.
Los magistrados electorales reciben 4 millones 681 mil 831 pesos de sueldo base más prestaciones por un millón 374 mil 494 pesos y el pago por riesgo de 853 mil 223 pesos.
Ministro de SCJN critica reducción de salario prupuesto por AMLO
La política de reducción de salarios propuesta por Andrés Manuel López Obrador, fue criticada duramente por José Ramón Cossío, Ministro de la Suprema Corte de Justicia y advirtió que la llegada de nuevos funcionarios a puestos clave provocará un aumento "increíble" en el número de amparos por actos de autoridad mal fundados y motivados, informó Reforma.
Calificó de "falso debate" la discusión sobre los salarios, y destacó la importancia de un servicio público sólido, pues a su parecer, no ve cómo puedes generar bienestar, racionalidad, paz, combate a la corrupción, distribución del ingreso, si no lo se hace con personas que no sólo deben estar bien pagadas, si no orgullosas de decir que dejan de hacer cosas el vida para entregarse a su trabajo.
Consideró que es un error, un mal cálculo, maltratar al servicio público, y después pedirle una heroicidad a alguien que sabe que la sociedad lo está denostando y recordó que naciones como Inglaterra, Francia y Estados Unidos, en diversos momentos de su historia, construyeron servicios públicos que fueron clave para su ascenso como potencias.
Cossío aclaró que no solo se refería de los ministros, y que cree que si quieren disciplinar a la corrupción, a las empresas, a la delincuencia, se tiene que hacer con funcionarios muy comprometidos, inteligentes, bien pagados, satisfechos y honrados de ejercer esa función pública.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación externó su preocupación por la iniciativa presentada ayer en la Cámara de Diputados que busca la reducción de salarios de ministros, consejeros, jueces y magistrados federales mediante la derogación de diversas disposiciones de los artículos 94 y 116 de la Constitución.
En un comunicado de prensa, la organización, dirigida por Luis Vega Ramírez, señaló que sin menoscabo del respeto a la tarea legislativa, la propuesta va en sentido contrario al interés histórico de preservar la independencia de los encargados de velar por los derechos humanos de los mexicanos y, por tanto, de la autonomía del Poder Judicial.
Refiere que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que el ingreso suficiente y no la reducción del mismo, aunados a la certeza en las adscripciones y la inamovilidad de los juzgadores son condiciones mínimas para su seguridad y garantía de que sean un contrapeso frente a cualquier autoridad.
Por ello, la asociación hace público su extrañamiento por la ausencia de un diálogo entre poderes igualmente autónomos y soberanos, como condición necesaria para llevar a cabo las reformas que afecten la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
Agregó que explora las vías legales no contenciosas en instancias internacionales que permitan atajar los amagos desde otros ámbitos y salvaguardar la separación de poderes, indispensable en un estado de derecho.
Los juzgadores recurrirán a instancias internacionales
En un comunicado de prensa, la organización, dirigida por Luis Vega Ramírez, señaló que sin menoscabo del respeto a la tarea legislativa, la propuesta va en sentido contrario al interés histórico de preservar la independencia de los encargados de velar por los derechos humanos de los mexicanos y, por tanto, de la autonomía del Poder Judicial.
Refiere que tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierten que el ingreso suficiente y no la reducción del mismo, aunados a la certeza en las adscripciones y la inamovilidad de los juzgadores son condiciones mínimas para su seguridad y garantía de que sean un contrapeso frente a cualquier autoridad.
Por ello, la asociación hace público su extrañamiento por la ausencia de un diálogo entre poderes igualmente autónomos y soberanos, como condición necesaria para llevar a cabo las reformas que afecten la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
Agregó que explora las vías legales no contenciosas en instancias internacionales que permitan atajar los amagos desde otros ámbitos y salvaguardar la separación de poderes, indispensable en un estado de derecho.
Fuente: Reforma, Político.mx, La Jornada
