La Suprema Corte aceptó para su estudio la controversia constitucional promovida por Jalisco en contra de su vecino, Nayarit, al cual acusa de anexar ilegalmente 12 localidades con una superficie aproximada de 25 mil hectáreas
El diferendo que sostienen los estados de Jalisco y Nayarit sobre sus límites territoriales adquirió ya la forma de una lucha jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que aceptó para su estudio la controversia constitucional que presentó recientemente la primera entidad.
El Gobierno de Jalisco afirma que su par de Nayarit se anexó ilegalmente 12 localidades jaliscienses con una superficie que ronda las 25 mil hectáreas, dentro del municipio de Mezquitic, en el Norte del estado, a través de una reforma aprobada a la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit (en su Artículo 16), y publicada el 20 de abril pasado.
Hasta ahora el titular de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, se ha mostrado confiado en que la demanda de controversia constitucional que elaboró su equipo jurídico “se encuentra muy sólida”, y que siguen la estrategia adecuada para anular la anexión nayarita: “esa parte está cubierta, está en estudio, tengo ya gente en la Corte trabajando ese asunto; que esté en materia litigiosa llevando a cabo ese asunto”, dijo.
No obstante, en esta disputa legal de pronóstico reservado que ahora llevan ante la Corte los gobiernos de Jalisco y Nayarit, lo único claro es que la resolución final a la que se llegue traerá invariablemente consecuencias para los indígenas wixaritari del municipio de Mezquitic, pues las localidades en pugna forman parte de su comunidad denominada San Andrés Cohamiata.
A través de la controversia constitucional, el Gobierno de Jalisco le solicitó a la Suprema Corte que no se le permita al Ejecutivo de Nayarit ejercer actos de autoridad sobre las localidades del diferendo, y que tampoco puedan actuar sobre estas las fuerzas de seguridad de aquel estado vecino; así lo comunicó la Secretaría General:
“No se ejecuten los efectos y consecuencias de todas las determinaciones y mandamientos emitidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, tendientes a materializar el decreto impugnado, en concreto, los actos para ejercer actos de autoridad sobre las localidades materia del decreto reclamado, tales como el establecimiento de partidas de la Policía Preventiva del Estado de Nayarit dentro de dicho territorio”.
Los funcionarios jaliscienses que están a cargo de la estrategia jurídica para responder al conflicto territorial, se reunieron la tarde de este jueves con representantes de la comunidad de San Andrés Cohamiata en la ciudad de Guadalajara; a estos les aseguró López Lara en una de sus intervenciones:
“En conjunto los Poderes estamos en esta misma dinámica, y vamos en una sola línea de defender el territorio que es de los jaliscienses y de nuestros hermanos wixárikas (sic). Créanmelo que lo hacemos con toda la responsabilidad institucional que tiene que verse en este sentido (…) el Ejecutivo del Estado está enterado del tema, el presidente del Congreso está enterado también del tema de esta controversia y vamos a seguirla combatiendo”.
Fuente: Reporte Indigo
