La escena de un asesinato el 16 de abril en Acapulco. Foto: Bernandino Hernández
Se espera que esta tarde, el alcalde perredista señalado por sus presuntos nexos con el narco, Evodio Velázquez Aguirre, someta a consideración del cabildo, durante una sesión extraordinaria, la designación del nuevo jefe policiaco de la ciudad más violenta del país, indican reportes periodísticos.
Sedano Romano fue subdirector general de Operaciones de Investigación de la Policial Ministerial de la Fiscalía de Veracruz en 2015 y, entre sus intervenciones, destaca el caso de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y el operativo para tratar de capturar a los integrantes de la banda de Los Porkys, un grupo de júniors acusados de violar a una jovencita y que hasta el momento siguen prófugos.
Previamente, el capitán de fragata fue director del Instituto Universitario de Ciencias Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública en Guerrero durante la administración del exgobernador Aguirre, periodo que se caracterizó por el desvío de recursos federales destinados al combate de la violencia, irregularidad detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que pretende omitir la administración actual del priista Héctor Astudillo.
El excolaborador de Javier Duarte llegó a las 14:00 horas a la sede del ayuntamiento porteño ubicado sobre la calle Cuauhtémoc, donde espera el momento en que sea ungido por los ediles que ayer anunciaron que iban a acatar el ordenamiento federal durante la sesión del gabinete de seguridad nacional en el puerto que fue encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Tolete y cárcel, respuesta de Astudillo a habitantes de la sierra de Guerrero
CHILPANCINGO, Gro.- Desde hace casi tres años, mujeres y hombres de la sierra lanzaron un grito de auxilio a las autoridades de los tres niveles para exigir atención ante la devastación causada por la tormenta Manuel en sus comunidades, ubicadas en la principal zona de producción de amapola del país que abastece el mercado de heroína en Estados Unidos.
En ese entonces, los damnificados de la Sierra Madre del Sur presentaron un dramático diagnóstico: los 46 ejes carreteros que circulan sobre la columna vertebral de la sierra, desde Costa Grande y Tierra Caliente hasta el centro de la entidad, prácticamente habían sido destrozados. La falta de caminos ahorcó esa franja donde habitan más de 140 mil personas distribuidas en al menos mil 200 comunidades que quedaron incomunicadas.
También denunciaron públicamente su desesperante situación debido a que un número no cuantificado de parcelas de amapola –el único cultivo que les reditúa dividendos– fue arrasado por el meteoro, situación que los dejó sin nada, a expensas de la violencia criminal y en espera de ayuda gubernamental.
No obstante, nadie los escuchó y el jueves 28 de abril cientos de habitantes bajaron de la sierra con el hartazgo a cuestas y junto a transportistas de esta capital bloquearon durante más de ocho horas la autopista del Sol para exigir al gobierno que garantice el derecho a la seguridad, educación, salud y desarrollo pleno de los ciudadanos en esta zona devastada por los fenómenos naturales y la narcopolítica.
La respuesta del gobierno del priista Héctor Astudillo, quien dijo desconocer las demandas de los inconformes y afirmó que la delincuencia organizada participó en la protesta, fue ordenar un desalojo ejecutado por la Policía Federal (PF), que dejó un saldo de 73 detenidos, 71 de ellos consignados ante la autoridad judicial, entre ellos gente ajena al conflicto, decenas de personas heridas y el decomiso de droga, una treintena de autos con reporte de robo y armas.
Además, la persecución del líder de transportistas en la región Centro, Servando El Puma Salgado Guzmán, quien fue uno de los principales promotores de la campaña de Astudillo en la sierra, considerado por sus familiares como desaparecido tras el desalojo y acusado por la Fiscalía estatal de incurrir en delitos federales.
Incluso, el mandatario no ha explicado el hecho denunciado por los familiares de Salgado Guzmán, en el sentido de que Astudillo proporcionó una camioneta blindada al dirigente transportista en noviembre pasado porque recibió amenazas de muerte de la delincuencia.
En octubre de 2013, Proceso publicó el reportaje titulado “Solos en la sierra y a merced del narco”, donde los pobladores advirtieron que la devastación del huracán Manuel mostró la precariedad del entorno en el que las comunidades no sólo han sido olvidadas por el gobierno, sino el contexto que enfrentan cotidianamente de violencia generada por las bandas delincuenciales controladas por caciques y políticos ligados al narcotráfico.
El meteoro no sólo arrasó con casas –lo que provocó que miles de personas buscaran cobijo y alimentación en lugares menos inhóspitos–, también afectó las vías de comunicación, así como cultivos de maíz y un número no cuantificado de parcelas dedicadas al cultivo de enervantes.
Para muchos campesinos el cultivo de opiáceos es el único medio de obtención de recursos para sobrevivir en esta región donde no existen medios de producción alternativos y los programas sociales son considerados como paliativos asistencialistas que no resuelven la pobreza y la marginación, comentaron a Proceso productores locales.
En la sierra –integrada por una franja que incluye 14 municipios de las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente– la compra de estupefacientes es cada vez más riesgosa por la confrontación que mantienen sicarios de las bandas que se disputan las zonas de producción y trasiego.
Desde agosto de 2013, en vísperas de las lluvias que devastaron la entidad, la violencia obligó a los pobladores a dejar sus tierras. Tan sólo en el municipio de San Miguel Totolapan más de 2 mil fueron desplazados por la narcoviolencia y ninguna autoridad hizo nada para revertir la situación y mucho menos atender a las familias obligadas a abandonar todo.
En contraste, la riqueza forestal y mineral de la zona de La Montaña y la sierra es usufructuada desde hace décadas por empresas que operan bajo un esquema de fomento y apoyo gubernamental. Pese a la deforestación, los conflictos sociales y los asesinatos, las autoridades no hacen nada por frenar esa situación.
Y aunque el precio de la goma de opio se ha devaluado, los productores prefieren sembrar enervantes para tener dinero porque el precio del maíz y el frijol está más depreciado y sólo sirve para el autoconsumo.
La ganancia mayoritaria sigue siendo para los intermediarios –los representantes de los grupos criminales que controlan las plazas–, así como para autoridades gubernamentales, políticos y mandos del Ejército y Marina que, aseguran los productores, forman parte de una amplia red de lavado de dinero, trasiego y venta de droga que mantiene postrada a la entidad desde el sexenio pasado.
Después del desastre, los damnificados de la sierra se organizaron para reconstruir los caminos. Tres semanas después exigieron ayuda gubernamental porque “la labor social se perdió por la narcoviolencia”, indicó Severo Oyorzábal Díaz, exalcalde del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La indignación estalló en la sierra desde octubre de 2013, cuando al menos 500 pobladores de una decena de comunidades del municipio de Leonardo Bravo decidieron bloquear, cerca del poblado de Los Morros, la carretera estatal Casa Verde-Puerto Nicolás Bravo (Filo de Caballos) que conecta la región Centro con la sierra.
Los lugareños exigieron seguridad, pues el nivel de violencia, expusieron, se desbordó al igual que los ríos. “La tormenta se llevó la milpa y la flor (de amapola). El gobierno nos tiene abandonados y todavía policías federales y delincuentes nos vienen a chingar”, expresó un poblador de la comunidad de Coatepec Escalera.
Arturo López Torres, en ese tiempo representante de la comunidad y ahora comisario municipal de Puerto General Nicolás Bravo –conocida como Filo de Caballos–, se quejó porque las autoridades dieron prioridad a los turistas varados en Acapulco y dejaron abandonados los pueblos de la sierra y La Montaña.
“No hay empleos ni abasto de alimentos en la región, y encima las autoridades tratan como delincuentes a todos, a pesar de que saben bien lo que sucede en la sierra”, sentenció López Torres.
En octubre de ese año, otro grupo de habitantes de la sierra bajó y se manifestó de manera pacífica en esta capital, recorrieron las principales calles con pancartas y lanzaron consignas contra la administración del exgobernador Ángel Aguirre por la falta de atención a sus comunidades.
Encabezados por el exalcalde de Tlacotepec, Severo Oyorzábal, instalaron un plantón en la residencia oficial Casa Guerrero y presentaron un diagnóstico devastador.
Con el propósito de desactivar la protesta pacífica, las autoridades estatales prometieron un encuentro con el exmandatario defenestrado posteriormente por el caso Ayotzinapa, para evitar incidentes durante la fugaz visita del presidente Enrique Peña Nieto a esta capital el miércoles 9 de octubre, donde encabezó una reunión de gabinete en Casa Guerrero y para evaluar los daños provocados por la tormenta Manuel.
Los funcionarios federales en ese entonces presentaron informes de las siete regiones del estado, pero en ningún momento hablaron sobre la situación de la sierra.
Para Oyorzábal Díaz, los funcionarios federales evadieron su responsabilidad con el argumento de que los de la sierra tienen “sus propios mecanismos especiales de producción para recuperarse”. Las autoridades se niegan a reconocer esa zona como la octava región comercial de la entidad, dice.
De esta forma los habitantes de la sierra fueron ignorados por el gobierno de Aguirre, lo mismo hizo el interinato de Rogelio Ortega, donde no se concretaron apoyos anunciados para esta franja de la entidad, y después el candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Astudillo, capitalizó la inconformidad de los habitantes de la sierra que se tradujo en votos durante la elección de junio pasado.
A pesar de estos antecedentes que fueron públicos, el secretario de Gobierno de la administración astudillista, Florencio Salazar Adame, afirmó que desconocía el pliego de demandas de los pobladores de la sierra, quienes la semana pasada decidieron tomar la capital para visibilizar el reclamo de atención que exigen desde hace dos años y medio.
En contraste, la respuesta gubernamental para sus aliados político-electorales fue el tolete y la cárcel.
En ese entonces, los damnificados de la Sierra Madre del Sur presentaron un dramático diagnóstico: los 46 ejes carreteros que circulan sobre la columna vertebral de la sierra, desde Costa Grande y Tierra Caliente hasta el centro de la entidad, prácticamente habían sido destrozados. La falta de caminos ahorcó esa franja donde habitan más de 140 mil personas distribuidas en al menos mil 200 comunidades que quedaron incomunicadas.
También denunciaron públicamente su desesperante situación debido a que un número no cuantificado de parcelas de amapola –el único cultivo que les reditúa dividendos– fue arrasado por el meteoro, situación que los dejó sin nada, a expensas de la violencia criminal y en espera de ayuda gubernamental.
No obstante, nadie los escuchó y el jueves 28 de abril cientos de habitantes bajaron de la sierra con el hartazgo a cuestas y junto a transportistas de esta capital bloquearon durante más de ocho horas la autopista del Sol para exigir al gobierno que garantice el derecho a la seguridad, educación, salud y desarrollo pleno de los ciudadanos en esta zona devastada por los fenómenos naturales y la narcopolítica.
La respuesta del gobierno del priista Héctor Astudillo, quien dijo desconocer las demandas de los inconformes y afirmó que la delincuencia organizada participó en la protesta, fue ordenar un desalojo ejecutado por la Policía Federal (PF), que dejó un saldo de 73 detenidos, 71 de ellos consignados ante la autoridad judicial, entre ellos gente ajena al conflicto, decenas de personas heridas y el decomiso de droga, una treintena de autos con reporte de robo y armas.
Además, la persecución del líder de transportistas en la región Centro, Servando El Puma Salgado Guzmán, quien fue uno de los principales promotores de la campaña de Astudillo en la sierra, considerado por sus familiares como desaparecido tras el desalojo y acusado por la Fiscalía estatal de incurrir en delitos federales.
Incluso, el mandatario no ha explicado el hecho denunciado por los familiares de Salgado Guzmán, en el sentido de que Astudillo proporcionó una camioneta blindada al dirigente transportista en noviembre pasado porque recibió amenazas de muerte de la delincuencia.
En octubre de 2013, Proceso publicó el reportaje titulado “Solos en la sierra y a merced del narco”, donde los pobladores advirtieron que la devastación del huracán Manuel mostró la precariedad del entorno en el que las comunidades no sólo han sido olvidadas por el gobierno, sino el contexto que enfrentan cotidianamente de violencia generada por las bandas delincuenciales controladas por caciques y políticos ligados al narcotráfico.
El meteoro no sólo arrasó con casas –lo que provocó que miles de personas buscaran cobijo y alimentación en lugares menos inhóspitos–, también afectó las vías de comunicación, así como cultivos de maíz y un número no cuantificado de parcelas dedicadas al cultivo de enervantes.
Para muchos campesinos el cultivo de opiáceos es el único medio de obtención de recursos para sobrevivir en esta región donde no existen medios de producción alternativos y los programas sociales son considerados como paliativos asistencialistas que no resuelven la pobreza y la marginación, comentaron a Proceso productores locales.
En la sierra –integrada por una franja que incluye 14 municipios de las regiones Centro, Costa Grande y Tierra Caliente– la compra de estupefacientes es cada vez más riesgosa por la confrontación que mantienen sicarios de las bandas que se disputan las zonas de producción y trasiego.
Desde agosto de 2013, en vísperas de las lluvias que devastaron la entidad, la violencia obligó a los pobladores a dejar sus tierras. Tan sólo en el municipio de San Miguel Totolapan más de 2 mil fueron desplazados por la narcoviolencia y ninguna autoridad hizo nada para revertir la situación y mucho menos atender a las familias obligadas a abandonar todo.
En contraste, la riqueza forestal y mineral de la zona de La Montaña y la sierra es usufructuada desde hace décadas por empresas que operan bajo un esquema de fomento y apoyo gubernamental. Pese a la deforestación, los conflictos sociales y los asesinatos, las autoridades no hacen nada por frenar esa situación.
Y aunque el precio de la goma de opio se ha devaluado, los productores prefieren sembrar enervantes para tener dinero porque el precio del maíz y el frijol está más depreciado y sólo sirve para el autoconsumo.
La ganancia mayoritaria sigue siendo para los intermediarios –los representantes de los grupos criminales que controlan las plazas–, así como para autoridades gubernamentales, políticos y mandos del Ejército y Marina que, aseguran los productores, forman parte de una amplia red de lavado de dinero, trasiego y venta de droga que mantiene postrada a la entidad desde el sexenio pasado.
Después del desastre, los damnificados de la sierra se organizaron para reconstruir los caminos. Tres semanas después exigieron ayuda gubernamental porque “la labor social se perdió por la narcoviolencia”, indicó Severo Oyorzábal Díaz, exalcalde del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
La indignación estalló en la sierra desde octubre de 2013, cuando al menos 500 pobladores de una decena de comunidades del municipio de Leonardo Bravo decidieron bloquear, cerca del poblado de Los Morros, la carretera estatal Casa Verde-Puerto Nicolás Bravo (Filo de Caballos) que conecta la región Centro con la sierra.
Los lugareños exigieron seguridad, pues el nivel de violencia, expusieron, se desbordó al igual que los ríos. “La tormenta se llevó la milpa y la flor (de amapola). El gobierno nos tiene abandonados y todavía policías federales y delincuentes nos vienen a chingar”, expresó un poblador de la comunidad de Coatepec Escalera.
Arturo López Torres, en ese tiempo representante de la comunidad y ahora comisario municipal de Puerto General Nicolás Bravo –conocida como Filo de Caballos–, se quejó porque las autoridades dieron prioridad a los turistas varados en Acapulco y dejaron abandonados los pueblos de la sierra y La Montaña.
“No hay empleos ni abasto de alimentos en la región, y encima las autoridades tratan como delincuentes a todos, a pesar de que saben bien lo que sucede en la sierra”, sentenció López Torres.
En octubre de ese año, otro grupo de habitantes de la sierra bajó y se manifestó de manera pacífica en esta capital, recorrieron las principales calles con pancartas y lanzaron consignas contra la administración del exgobernador Ángel Aguirre por la falta de atención a sus comunidades.
Encabezados por el exalcalde de Tlacotepec, Severo Oyorzábal, instalaron un plantón en la residencia oficial Casa Guerrero y presentaron un diagnóstico devastador.
Con el propósito de desactivar la protesta pacífica, las autoridades estatales prometieron un encuentro con el exmandatario defenestrado posteriormente por el caso Ayotzinapa, para evitar incidentes durante la fugaz visita del presidente Enrique Peña Nieto a esta capital el miércoles 9 de octubre, donde encabezó una reunión de gabinete en Casa Guerrero y para evaluar los daños provocados por la tormenta Manuel.
Los funcionarios federales en ese entonces presentaron informes de las siete regiones del estado, pero en ningún momento hablaron sobre la situación de la sierra.
Para Oyorzábal Díaz, los funcionarios federales evadieron su responsabilidad con el argumento de que los de la sierra tienen “sus propios mecanismos especiales de producción para recuperarse”. Las autoridades se niegan a reconocer esa zona como la octava región comercial de la entidad, dice.
De esta forma los habitantes de la sierra fueron ignorados por el gobierno de Aguirre, lo mismo hizo el interinato de Rogelio Ortega, donde no se concretaron apoyos anunciados para esta franja de la entidad, y después el candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Astudillo, capitalizó la inconformidad de los habitantes de la sierra que se tradujo en votos durante la elección de junio pasado.
A pesar de estos antecedentes que fueron públicos, el secretario de Gobierno de la administración astudillista, Florencio Salazar Adame, afirmó que desconocía el pliego de demandas de los pobladores de la sierra, quienes la semana pasada decidieron tomar la capital para visibilizar el reclamo de atención que exigen desde hace dos años y medio.
En contraste, la respuesta gubernamental para sus aliados político-electorales fue el tolete y la cárcel.
Fuente: Proceso| EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
