Montemayor Seguy. Influyentismo. Foto: Benjamín Flores
En diciembre pasado, con la promesa de evitar la corrupción y los excesos de gobierno estatal, la CFE realizó una subasta electrónica, que terminó por afianzar el coyotaje y el favoritismo político.
En la lista de los ganadores de esa licitación destaca un tecnócrata de la década de los noventa: Rogelio Montemayor Seguy, protagonista del escándalo de corrupción por el desvío de recursos al sindicato petrolero para financiar la campaña del PRI en el año 2000, que el gobierno de Vicente Fox quiso convertir, de manera inútil, en ejemplo del cambio que él encabezaba.
Otros de los beneficiarios son Alfonso González Garza, socio de Montemayor, y sus hermanos, a pesar de que en el historial de su sociedad con los Montemayor carga con la muerte de 13 trabajadores y la mutilación de un niño minero en uno de sus socavones colapsado el 3 de mayo de 2011.
En general, los contratos asignados por la CFE favorecen a empresas mineras sin minas, así como a caciques carboneros que obtuvieron fallos pero reportaron lugares distintos a los de su concesión, son dueños de lotes concesionados pero éstos no están operando o bien tienen varias razones sociales en una misma concesión.
Peor aún, además de las concesiones de Montemayor y su socio, en los procedimientos de contratación, presumidos por la propia CFE en comunicados de prensa, al menos hay un concesionario minero sujeto a investigación en 2012 por ser presunto operador de Los Zetas.
Según esos comunicados, la primera subasta electrónica realizada el pasado 13 de diciembre –en la que se asignaron 14 lotes: ocho de 25 mil toneladas de carbón y seis de 50 mil, asciende a más de 400 millones de pesos y que tuvo el acompañamiento de las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social– resultó un fiasco.
Proceso solicitó una entrevista a la CFE, a fin de conocer el procedimiento. Hasta el cierre de edición la dependencia no había respondido.
Las asignaciones
En la subasta del 13 de diciembre se registraron 73 empresas, de las cuales sólo 33 presentaron ofertas. Al final hubo siete ganadores, pero en seis casos las compañías reportaron información falsa, a pesar de la participación de la CFE, su testigo social, y las dependencias presuntamente avalaron el procedimiento.
De acuerdo al listado oficial entregado a Proceso por los miembros de la Asociación Mexicana de Productores de Carbón y de la Asociación Nacional de Productores de Carbón, las beneficiarias fueron Carbonífera La Esperanza, Minera Magneta, Geotop Servicios Topográficos, Comercializadora de Minerales Diana, Impulsora JBN, Minergy de México y Minera Tekoli.
Según los inconformes, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias –los ganadores ejercen una importante influencia política en la región y son violentos, dicen– la mayoría de las irregularidades están documentadas.
El día de la subasta, Minera Magneta llevó como representante al hijo de Régulo Zapata Jaime y Carolina Morales Iribarren: Régulo Zapata Morales. Ambos son exalcaldes de Sabinas e integrantes del grupo político de Montemayor Seguy desde los noventa, cuando fue gobernador. Morales Iribarren es diputada y preside la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos en el Congreso local.
La concesión minera presentada por Zapata Morales se llama El Espulgue. Fracc. E y tiene el título 225882, a nombre de Alfonso González Garza, el socio de Montemayor. En ese como en otros casos, los productores carboneros mostraron, GPS en mano, que las coordenadas registradas ante la CFE no correspondían con el polígono de la concesión registrada para la subasta electrónica. Sin embargo, la comisión le adjudicó dos partidas, cada una por 25 mil toneladas de carbón, a 795 pesos por tonelada; es decir, casi 40 millones de pesos.
Otra concesión a nombre de González Garza es la que presentó Comercializadora de Minerales Diana, de reciente creación; por lo tanto no tenía forma de comprobar la capacidad de producción contratada por la CFE. Representada por Carlos Alberto Díaz Ramos, la compañía ofreció dos títulos como lugar de extracción, entre ellos el lote Mupo I, título 222015.
Al seguir las coordenadas registradas en la subasta se observa que en ninguno de esos lugares hay actividad extractiva; es puro llano. Pese a ello, la comisión le asignó una partida por 58 mil toneladas, a 810 pesos la tonelada; cerca de 47 millones de pesos.
Un caso más: Minergy de México llegó a la subasta representada por Alfonso González Vélez, hijo de González Garza, y reportó dos concesiones: el lote Palomas, con el título 216527 a nombre de la empresa Alpha Prime y de Montemayor Seguy; y el lote El 4, a nombre de su padre.
La concesión de Montemayor sí tiene mina en el lugar de las coordenadas. El contrato es por 58 mil toneladas para sumar casi 47 millones de pesos que le pagará la CFE.
Finalmente, está el caso de la Minera Tekoli, cuyo representante legal es una incógnita. Para conseguir el contrato registró los mismos lotes de Minergy, así como el Mupo I, que ya había presentado Comercializadora de Minerales Diana.
Montemayor y la sombra del narco
Al iniciar el gobierno de Fox, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Función Pública), a cargo del panista Francisco Barrio Terrazas, abrió una investigación contra el exgobernador Montemayor Seguy, quien también estuvo al frente de Pemex, y contra la dirigencia del sindicato petrolero.
En ella se acusaba a Montemayor de haber desviado alrededor de mil 500 millones de pesos de Pemex al sindicato para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.
El inculpado anduvo un tiempo a salto de mata, hasta que fue detenido en Texas. Le colocaron un brazalete electrónico y tiempo después quedó exonerado. Los años siguientes se dio carpetazo al Pemexgate y Montemayor desapareció de los reflectores.
En agosto de 2009 reapareció en la región carbonífera, de donde es originario, como dueño de la planta lavadora de carbón que Industrial Minera México, la subsidiaria de Grupo México, poseía en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006.
Un grupo de viudas y deudos permanecían en el lugar y exigían la recuperación de los cuerpos de los trabajadores. Montemayor llegó con policías estatales y guardias de seguridad privada y los desalojó.
En los últimos 15 años, el gobierno estatal fungió como coyote institucionalizado a través de la paraestatal Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo que servía de intermediario entre los empresarios carboneros y la CFE.
Por esa función, los empresarios debían pagar una comisión por cada tonelada, cuyo monto sigue siendo tan opaco como el destino que se le dio al dinero recaudado.
Para octubre de 2012, Humberto Moreira, quien ya había dejado la gubernatura de Coahuila, declaró que el Cártel de Los Zetas había incursionado en la minería de carbón (Proceso 1880).
Así, los líderes de la organización criminal fueron perseguidos por el estado, pero al mismo tiempo se convirtieron en proveedores de carbón. Los contratos con minas-fantasma y centros de trabajo que sólo eran de papel, “cumplían” con la entrega de toneladas con coyotaje; en otras palabras, el narco operó minas clandestinas y formales.
En su edición 1880, del 10 de noviembre de 2012, Proceso informó que entre las empresas que la PGR investigaba por esas fechas destacaban 3 Potrancas, cuyo representante legal era Hidalgo Neaves Cura, y Alpha Prime Minning, representada por Melchor Múzquiz. Con la reciente subasta electrónica, esta última empresa opera en 50% la concesión de Montemayor.
Otra empresa con presuntos vínculos con Los Zetas es Impulsora JBN, según publicó el diario Reforma el 5 de noviembre de 2012. Según la información, las autoridades detectaron, entre otras cosas, que los patrones no habían afiliado a ninguno de sus trabajadores al IMSS y su domicilio estaba en Soyaló, Chiapas, a 2 mil kilómetros de la región carbonífera.
Hoy, JBN es una de las ganadoras de la subasta electrónica de la CFE. Su representante, Gudelio Cavazos Marroquín, consiguió uno de los contratos por 47 millones de pesos, presentando el lote El Coyote, título 166161, a nombre de la empresa Mexatim. Son la misma concesión y las mismas coordenadas que presentó Geotop Servicios Topográficos, que se adjudicó un contrato cercano a los 20 millones de pesos.
Gudelio es hermano de Gustavo, un próspero contratista gubernamental y líder del conocido Grupo Allende, que opera en Nuevo León y está integrado por connotados priistas.
De acuerdo con la base de datos de Compranet, donde se registran las compras gubernamentales, en tres años ese grupo suma más de 2 mil 500 millones de pesos en contratos de obra. Además, tiene otros dos por más de 400 millones de dólares en importación de carbón, a través de Soluciones Petronavales, para la central de Petacalco.
Reynol Bermea Castilla es el personaje que las autoridades federales identificaron como operador de Los Zetas. El 30 de agosto de 2012 la Policía Estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos de El Reynol.
Proceso documentó en su edición 1880 que los pocitos destruidos estaban amparados por una concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza, el socio de Montemayor .
Al mes siguiente Bermea Castilla fue detenido por efectivos de la Marina, pero quedó en libertad. Poco después fue acribillado.
Pese a todas las irregularidades, la CFE destacó en sus comunicados que se había ahorrado 66 millones de pesos en la subasta de diciembre y presumió que sus procesos de licitación eran “transparentes y comprometidos”.
CFE, mina de oro para Slim y tecnócratas
La mayoría de los grandes proyectos de la Comisión Federal de Electricidad han recaído en exfuncionarios y empresarios estrechamente ligados al poder. Esto desmiente una de las principales promesas de la reforma energética, que aseguraba que se ampliaría la competencia: por el contrario, ha enriquecido más a los que ya eran consentidos del poder. Así, el conflicto de interés, la falta de transparencia y el desprecio a los contribuyentes son el común denominador de dichas licitaciones.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fuente de millonarios contratos que, lejos de promover la competitividad que se prometió con la reforma energética, enriquecen a un puñado de empresas y apellidos cuya sola mención remite al poder político.
Los “Principales Proyectos” de la CFE, expuestos en su página de internet con algunos datos generales, muestran que quienes más se benefician son compañías bajo el mando de quienes, en 30 años, han figurado en lo más encumbrado de los directorios gubernamentales, ya sea como colaboradores de los últimos cinco presidentes de México (incluso con vínculos de parentesco) o como favorecidos con las privatizaciones de los noventa.
La lista presenta 45 licitaciones concluidas que devinieron contratos por obras. En dos casos no es explícito cuántos recursos está comprometiendo la CFE. Sólo la suma de los 43 contratos con montos transparentes da cerca de 7 mil 505 millones de dólares (mdd), pues en esa moneda fueron cotizados.
Los montos son dispares. Un ejemplo: cuatro contratos asignados a Carso, Ideal y FCC, empresas bajo control de Carlos Slim, suman mil 854 mdd, esto es, 25% del monto total destinado a los 43 proyectos principales.
Se trata de los gasoductos internacionales, asignados en enero de 2015, Waha-Presidio, por 767 millones de dólares (mdd); y el Waha-San Elisario, asignado a Carso y un asociado, por 596 mdd. Además, el Proyecto 2111 fase 5, de subestaciones y líneas de transmisión eléctricas en Tamaulipas, asignado en abril siguiente por 19 mdd y, el gasoducto Samalayuca-Sásabe, en Chihuahua, asignado por 471 mdd, en septiembre del mismo año.
Los contratos para la construcción de gasoductos son los de montos más elevados. Si bien las empresas de Slim consiguieron tres (los dos internacionales y uno nacional), hay otros nueve por el mismo concepto.
Las licitaciones se realizaron apenas aprobada la reforma energética, e incluyen, además de los 12 gasoductos, tres centrales de generación como obra pública financiada; tres centrales de generación de energía renovable; ocho líneas de transmisión; 17 contratos por reducción de pérdidas en distribución, y tres centrales de productores independientes que en los 25 años posteriores a que estén terminadas venderán su electricidad a la CFE. Son estos últimos los que no tienen montos transparentes.
De las 46 licitaciones, 35 se realizaron en 2015; en 2014 fueron sólo cinco y, seis en lo que va del presente año. Todos los procedimientos ocurrieron en la gestión del actual director, Enrique Ochoa Reza, pues no se consideran en la lista de licitaciones de 2013, cuando era director Francisco Rojas Gutiérrez, quien renunció en febrero de 2014.
Los más caros para los conocidos
Si los dos gasoductos que construyen las empresas bajo control de Slim fueron los más caros, el tercer proyecto más oneroso fue para el Grupo Fermaca, de capital suizo. Se trata del gasoducto El Encino-La Laguna, que parte de Chihuahua, atraviesa Durango y llega al extremo suroeste de Coahuila. Para edificarlo se destinaron más de 530 mdd, en diciembre de 2014.
Entre los directivos de Fermaca destaca Raúl Monteforte, quien fue integrante de la Comisión Reguladora de Energía, a donde arribó en 1996 –durante el gobierno de Ernesto Zedillo– y permaneció hasta 2007. En esos 11 años fue especialmente activo como presidente del Comité Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas LP por Ductos; condujo los procesos de regulación para gasoductos, almacenamiento de gas e instalaciones de gas natural licuado, entre otros asuntos relacionados.
Fermaca obtuvo también el gasoducto La Laguna-Aguascalientes, en un contrato otorgado el pasado 16 de marzo, por un monto de 372.5 mdd. Trece días después se le otorgó la continuación, con el gasoducto Aguascalientes-Guadalajara, por casi 270 millones de dólares.
Con esos tres contratos, la empresa suma mil 172 millones. Esto es: de los 7 mil 505 millones de dólares que la CFE destinó a 43 de sus principales proyectos, ese grupo obtuvo, en tres contratos, 15% de los recursos.
Una de las consentidas del sexenio de Enrique Peña Nieto es la española OHL, inmersa en escándalos de corrupción desde que a principios de 2015 se inició una filtración de conversaciones telefónicas en las que se escucha a sus directivos conspirar para sobornar a funcionarios de la élite mexiquense.
OHL estuvo dirigida en México hasta finales del mes pasado por José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y embajador en Canadá durante el de Miguel de la Madrid.
En asociación con la española Senermex, OHL obtuvo el contrato para construir la termoeléctrica Empalme I, en Sonora, por 425 mdd en marzo de 2015. Es el cuarto contrato más oneroso.
De Oteyza no es el único exfuncionario que ha estado en OHL. Por su consejo de administración y equipo directivo han pasado Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía en el gobierno de Ernesto Zedillo y director de Pemex en el de Felipe Calderón; Mario de la Vega Grajales, actual funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hijo de Jorge de la Vega Domínguez, hombre del sistema y dirigente del PRI en el sexenio de Salinas; Emilio Lozoya Austin, hoy exdirector de Pemex, donde tuvo por director de Administración a Mario Bouregard, también exdirectivo de la firma española.
Actualmente, Sergio Hidalgo Monroy, quien fue director del ISSSTE y titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el gobierno de Felipe Calderón, es director general de la firma.
Tecnócratas con energía
De las 46 licitaciones principales, 18 las ganaron empresas con exfuncionarios públicos o con vínculos familiares en cargos directivos y consejos de administración. Esas 18 licitaciones, juntas e incluyendo lo asignado a las empresas de Slim, suman 5 mil 872 mdd, es decir, obtuvieron 78% del monto total licitado de los principales proyectos de la CFE.
Otra de las españolas que en México echa mano de la clase política es Iberdrola, cuya dirección fue ocupada hasta 2015 por Herminio Blanco, jefe del equipo de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el sexenio de Carlos Salinas y secretario de Economía, Comercio y Fomento Industrial en el de Zedillo.
En septiembre de 2015, Iberdrola obtuvo los contratos para construir dos termoeléctricas: los proyectos llamados Noreste, ubicado en Nuevo León, y Topolobampo II, en Sinaloa, cuya producción será comprada por la CFE durante 25 años.
Semanas después de obtener los dos negocios, Herminio Blanco renunció y entró al relevo Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, quien durante los dos últimos años del gobierno de Calderón fue subsecretario de Energía y que, iniciado el de Peña Nieto, ocupó la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En junio de 2015 renunció para buscar infructuosamente la rectoría de la UNAM y, para diciembre, lo había fichado Iberdrola.
Este consorcio tiene escándalos previos en la industria eléctrica española. Por ejemplo, durante los meses en que la CFE le otorgaba los mencionados contratos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España, informó que la firma incurrió en prácticas ilegales, al forzar un alza de 10% en los precios de la electricidad en su país de origen, a finales de 2013.
Los contratos que obtuvo con CFE hasta ahora no son transparentes.
Un año antes, la empresa se vio salpicada en otro escándalo cuando, en 2014, se denunció en España que el coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, era miembro al mismo tiempo del consejo de administración de Iberdrola, lo que devino en la renuncia del funcionario al equipo de Peña Nieto.
Un caso más es el de IEnova, una subsidiaria de Sempra Energy, que obtuvo un contrato por 192 mdd en noviembre de 2014 para construir el gasoducto ramal Ojinaga-El Encino, en Sonora. El pasado 2 de mayo logró otro nuevo contrato por 10 millones de dólares en la misma zona.
IEnova tiene como presidente y operador en México a Carlos Ruiz Sacristán, quien fue subsecretario de Hacienda y director de Pemex en el sexenio de Salinas, y durante el gobierno de Zedillo fue titular de la SCT.
Finalmente, Francisco Gil Díaz está al frente del consejo de administración de Avanzia, empresa de capital español. Identificado en el viejo grupo de tecnócratas del salinismo, cuando ocupó la Subsecretaría de Hacienda y luego fue vicegobernador del Banco de México, llegó a titular de Hacienda con Vicente Fox. Avanzia tiene un contrato por 425 mdd, otorgado en mayo de 2015 para la construcción de una termoeléctrica que abastecerá de energía al Valle de México.
Parentelas del PRI y el PAN
Los contratos con el sector energético no son exclusivos de los exfuncionarios priistas, también los hay panistas, aunque unos y otros pueden estar unidos por vínculos familiares o por puro negocio, y también se llevan su tajada de los proyectos energéticos.
Acciona, el gigante español de infraestructura, tuvo el tino de incluir en su consejo de administración internacional a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del actual titular de Pemex, José Antonio González Anaya.
Como financiero, a través del fondo denominado Infraestructura Institucional, Gerard respaldó diferentes operaciones de, entre otros, Juan Armando Hinojosa Cantú, a su vez constructor y financiero de la Casa Blanca de Peña Nieto (Proceso 2014).
Acciona obtuvo dos proyectos principales: una línea de transmisión, conocida como Empalme II, que se le asignó en noviembre pasado por 90 mdd, y un contrato para reducción de pérdidas en distribución –en consorcio con Troy T&D y Construcciones Electromecánicas Milenio–, por 85 mdd.
Otra familia es la de los Bours Castelo, conocida por sus dos actividades empresariales: las granjas Bachoco y Megacable. También porque Eduardo, uno de los hermanos, fue integrado por Carlos Salinas en el equipo de Herminio Blanco para las negociaciones del TLCAN y, en 2003, se convirtió en gobernador de Sonora.
Hoy la familia Bours Castelo participa en la infraestructura eléctrica a través de Ho1a, que de acuerdo con su página corporativa tiene 24 años de experiencia en servicios digitales de telefonía y, a partir de 2014, “evolucionó” para ofrecer servicios de telecomunicaciones.
Fue con Ho1a como los Bours consiguieron en nueve meses tres contratos relacionados con la reducción de pérdidas en la red de distribución de electricidad. El primer contrato se les asignó en diciembre de 2014, fue para operar en el Valle de México y por un monto de 105 mdd y, el segundo, por 8.5 mdd, para Coahuila, Sonora y Durango. Un tercer contrato se les asignó en agosto siguiente, por 6.5 mdd para una zona de Veracruz.
En suma, en nueve meses, la empresa de la familia Bours consiguió de la CFE 121 millones de dólares en contratos.
En el consejo de administración de Megacable Holdings, controladora de Ho1a, destaca el panista Mario Laborín Gómez, cuñado de Eduardo Bours y pariente –de acuerdo con el libro Crónica de un sexenio fallido, de Ernesto Núñez–, de la exprimera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo.
No es el único empresario con ascendente panista en negocios con la CFE. Es el caso de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, exdirectora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y excandidata al gobierno de Hidalgo, Xóchitl Gálvez.
Gálvez es dueña de Hightech Services, que junto con las empresas Catsco, Dina, Obras Especializadas del Pacífico y Actividades de Construcción y Servicios El Roble, consiguió un contrato por 86 mdd en agosto de 2015. De entre los integrantes del consorcio destaca la participación de Dina, empresa dedicada a la fabricación de camiones, propiedad del veterano priista y declarado peñanietista Raymundo Gómez Flores.
En otra licitación, realizada en octubre de 2015, el mismo consorcio –pero sin la participación de Dina– obtuvo un contrato por 12 mdd, para sumar cerca de 100 mdd en dos contratos para instalar redes de transmisión, en el primer caso en Sonora, y en el segundo, en Baja California.
De los 46 contratos licitados, 36 fueron calificados por testigos sociales que avalaron los procedimientos. En 22 de ellos participó Transparencia Mexicana. La CFE en sus comunicados fue persistente en mencionar la presencia de notarios, aunque en la mayoría (32 procedimientos) se contrató al fedatario capitalino Enrique Zapata López.
Las principales licitaciones de la CFE siguen su curso y, faltan aún por asignarse cinco gasoductos nacionales y uno internacional; cuatro centrales de generación de electricidad y un contrato de reducción de pérdidas, que se concluirán en el transcurso de 2016.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fuente de millonarios contratos que, lejos de promover la competitividad que se prometió con la reforma energética, enriquecen a un puñado de empresas y apellidos cuya sola mención remite al poder político.
Los “Principales Proyectos” de la CFE, expuestos en su página de internet con algunos datos generales, muestran que quienes más se benefician son compañías bajo el mando de quienes, en 30 años, han figurado en lo más encumbrado de los directorios gubernamentales, ya sea como colaboradores de los últimos cinco presidentes de México (incluso con vínculos de parentesco) o como favorecidos con las privatizaciones de los noventa.
La lista presenta 45 licitaciones concluidas que devinieron contratos por obras. En dos casos no es explícito cuántos recursos está comprometiendo la CFE. Sólo la suma de los 43 contratos con montos transparentes da cerca de 7 mil 505 millones de dólares (mdd), pues en esa moneda fueron cotizados.
Los montos son dispares. Un ejemplo: cuatro contratos asignados a Carso, Ideal y FCC, empresas bajo control de Carlos Slim, suman mil 854 mdd, esto es, 25% del monto total destinado a los 43 proyectos principales.
Se trata de los gasoductos internacionales, asignados en enero de 2015, Waha-Presidio, por 767 millones de dólares (mdd); y el Waha-San Elisario, asignado a Carso y un asociado, por 596 mdd. Además, el Proyecto 2111 fase 5, de subestaciones y líneas de transmisión eléctricas en Tamaulipas, asignado en abril siguiente por 19 mdd y, el gasoducto Samalayuca-Sásabe, en Chihuahua, asignado por 471 mdd, en septiembre del mismo año.
Los contratos para la construcción de gasoductos son los de montos más elevados. Si bien las empresas de Slim consiguieron tres (los dos internacionales y uno nacional), hay otros nueve por el mismo concepto.
Las licitaciones se realizaron apenas aprobada la reforma energética, e incluyen, además de los 12 gasoductos, tres centrales de generación como obra pública financiada; tres centrales de generación de energía renovable; ocho líneas de transmisión; 17 contratos por reducción de pérdidas en distribución, y tres centrales de productores independientes que en los 25 años posteriores a que estén terminadas venderán su electricidad a la CFE. Son estos últimos los que no tienen montos transparentes.
De las 46 licitaciones, 35 se realizaron en 2015; en 2014 fueron sólo cinco y, seis en lo que va del presente año. Todos los procedimientos ocurrieron en la gestión del actual director, Enrique Ochoa Reza, pues no se consideran en la lista de licitaciones de 2013, cuando era director Francisco Rojas Gutiérrez, quien renunció en febrero de 2014.
Los más caros para los conocidos
Si los dos gasoductos que construyen las empresas bajo control de Slim fueron los más caros, el tercer proyecto más oneroso fue para el Grupo Fermaca, de capital suizo. Se trata del gasoducto El Encino-La Laguna, que parte de Chihuahua, atraviesa Durango y llega al extremo suroeste de Coahuila. Para edificarlo se destinaron más de 530 mdd, en diciembre de 2014.
Entre los directivos de Fermaca destaca Raúl Monteforte, quien fue integrante de la Comisión Reguladora de Energía, a donde arribó en 1996 –durante el gobierno de Ernesto Zedillo– y permaneció hasta 2007. En esos 11 años fue especialmente activo como presidente del Comité Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas LP por Ductos; condujo los procesos de regulación para gasoductos, almacenamiento de gas e instalaciones de gas natural licuado, entre otros asuntos relacionados.
Fermaca obtuvo también el gasoducto La Laguna-Aguascalientes, en un contrato otorgado el pasado 16 de marzo, por un monto de 372.5 mdd. Trece días después se le otorgó la continuación, con el gasoducto Aguascalientes-Guadalajara, por casi 270 millones de dólares.
Con esos tres contratos, la empresa suma mil 172 millones. Esto es: de los 7 mil 505 millones de dólares que la CFE destinó a 43 de sus principales proyectos, ese grupo obtuvo, en tres contratos, 15% de los recursos.
Una de las consentidas del sexenio de Enrique Peña Nieto es la española OHL, inmersa en escándalos de corrupción desde que a principios de 2015 se inició una filtración de conversaciones telefónicas en las que se escucha a sus directivos conspirar para sobornar a funcionarios de la élite mexiquense.
OHL estuvo dirigida en México hasta finales del mes pasado por José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y embajador en Canadá durante el de Miguel de la Madrid.
En asociación con la española Senermex, OHL obtuvo el contrato para construir la termoeléctrica Empalme I, en Sonora, por 425 mdd en marzo de 2015. Es el cuarto contrato más oneroso.
De Oteyza no es el único exfuncionario que ha estado en OHL. Por su consejo de administración y equipo directivo han pasado Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía en el gobierno de Ernesto Zedillo y director de Pemex en el de Felipe Calderón; Mario de la Vega Grajales, actual funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hijo de Jorge de la Vega Domínguez, hombre del sistema y dirigente del PRI en el sexenio de Salinas; Emilio Lozoya Austin, hoy exdirector de Pemex, donde tuvo por director de Administración a Mario Bouregard, también exdirectivo de la firma española.
Actualmente, Sergio Hidalgo Monroy, quien fue director del ISSSTE y titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el gobierno de Felipe Calderón, es director general de la firma.
Tecnócratas con energía
De las 46 licitaciones principales, 18 las ganaron empresas con exfuncionarios públicos o con vínculos familiares en cargos directivos y consejos de administración. Esas 18 licitaciones, juntas e incluyendo lo asignado a las empresas de Slim, suman 5 mil 872 mdd, es decir, obtuvieron 78% del monto total licitado de los principales proyectos de la CFE.
Otra de las españolas que en México echa mano de la clase política es Iberdrola, cuya dirección fue ocupada hasta 2015 por Herminio Blanco, jefe del equipo de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el sexenio de Carlos Salinas y secretario de Economía, Comercio y Fomento Industrial en el de Zedillo.
En septiembre de 2015, Iberdrola obtuvo los contratos para construir dos termoeléctricas: los proyectos llamados Noreste, ubicado en Nuevo León, y Topolobampo II, en Sinaloa, cuya producción será comprada por la CFE durante 25 años.
Semanas después de obtener los dos negocios, Herminio Blanco renunció y entró al relevo Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, quien durante los dos últimos años del gobierno de Calderón fue subsecretario de Energía y que, iniciado el de Peña Nieto, ocupó la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En junio de 2015 renunció para buscar infructuosamente la rectoría de la UNAM y, para diciembre, lo había fichado Iberdrola.
Este consorcio tiene escándalos previos en la industria eléctrica española. Por ejemplo, durante los meses en que la CFE le otorgaba los mencionados contratos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España, informó que la firma incurrió en prácticas ilegales, al forzar un alza de 10% en los precios de la electricidad en su país de origen, a finales de 2013.
Los contratos que obtuvo con CFE hasta ahora no son transparentes.
Un año antes, la empresa se vio salpicada en otro escándalo cuando, en 2014, se denunció en España que el coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, era miembro al mismo tiempo del consejo de administración de Iberdrola, lo que devino en la renuncia del funcionario al equipo de Peña Nieto.
Un caso más es el de IEnova, una subsidiaria de Sempra Energy, que obtuvo un contrato por 192 mdd en noviembre de 2014 para construir el gasoducto ramal Ojinaga-El Encino, en Sonora. El pasado 2 de mayo logró otro nuevo contrato por 10 millones de dólares en la misma zona.
IEnova tiene como presidente y operador en México a Carlos Ruiz Sacristán, quien fue subsecretario de Hacienda y director de Pemex en el sexenio de Salinas, y durante el gobierno de Zedillo fue titular de la SCT.
Finalmente, Francisco Gil Díaz está al frente del consejo de administración de Avanzia, empresa de capital español. Identificado en el viejo grupo de tecnócratas del salinismo, cuando ocupó la Subsecretaría de Hacienda y luego fue vicegobernador del Banco de México, llegó a titular de Hacienda con Vicente Fox. Avanzia tiene un contrato por 425 mdd, otorgado en mayo de 2015 para la construcción de una termoeléctrica que abastecerá de energía al Valle de México.
Parentelas del PRI y el PAN
Los contratos con el sector energético no son exclusivos de los exfuncionarios priistas, también los hay panistas, aunque unos y otros pueden estar unidos por vínculos familiares o por puro negocio, y también se llevan su tajada de los proyectos energéticos.
Acciona, el gigante español de infraestructura, tuvo el tino de incluir en su consejo de administración internacional a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del actual titular de Pemex, José Antonio González Anaya.
Como financiero, a través del fondo denominado Infraestructura Institucional, Gerard respaldó diferentes operaciones de, entre otros, Juan Armando Hinojosa Cantú, a su vez constructor y financiero de la Casa Blanca de Peña Nieto (Proceso 2014).
Acciona obtuvo dos proyectos principales: una línea de transmisión, conocida como Empalme II, que se le asignó en noviembre pasado por 90 mdd, y un contrato para reducción de pérdidas en distribución –en consorcio con Troy T&D y Construcciones Electromecánicas Milenio–, por 85 mdd.
Otra familia es la de los Bours Castelo, conocida por sus dos actividades empresariales: las granjas Bachoco y Megacable. También porque Eduardo, uno de los hermanos, fue integrado por Carlos Salinas en el equipo de Herminio Blanco para las negociaciones del TLCAN y, en 2003, se convirtió en gobernador de Sonora.
Hoy la familia Bours Castelo participa en la infraestructura eléctrica a través de Ho1a, que de acuerdo con su página corporativa tiene 24 años de experiencia en servicios digitales de telefonía y, a partir de 2014, “evolucionó” para ofrecer servicios de telecomunicaciones.
Fue con Ho1a como los Bours consiguieron en nueve meses tres contratos relacionados con la reducción de pérdidas en la red de distribución de electricidad. El primer contrato se les asignó en diciembre de 2014, fue para operar en el Valle de México y por un monto de 105 mdd y, el segundo, por 8.5 mdd, para Coahuila, Sonora y Durango. Un tercer contrato se les asignó en agosto siguiente, por 6.5 mdd para una zona de Veracruz.
En suma, en nueve meses, la empresa de la familia Bours consiguió de la CFE 121 millones de dólares en contratos.
En el consejo de administración de Megacable Holdings, controladora de Ho1a, destaca el panista Mario Laborín Gómez, cuñado de Eduardo Bours y pariente –de acuerdo con el libro Crónica de un sexenio fallido, de Ernesto Núñez–, de la exprimera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo.
No es el único empresario con ascendente panista en negocios con la CFE. Es el caso de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, exdirectora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y excandidata al gobierno de Hidalgo, Xóchitl Gálvez.
Gálvez es dueña de Hightech Services, que junto con las empresas Catsco, Dina, Obras Especializadas del Pacífico y Actividades de Construcción y Servicios El Roble, consiguió un contrato por 86 mdd en agosto de 2015. De entre los integrantes del consorcio destaca la participación de Dina, empresa dedicada a la fabricación de camiones, propiedad del veterano priista y declarado peñanietista Raymundo Gómez Flores.
En otra licitación, realizada en octubre de 2015, el mismo consorcio –pero sin la participación de Dina– obtuvo un contrato por 12 mdd, para sumar cerca de 100 mdd en dos contratos para instalar redes de transmisión, en el primer caso en Sonora, y en el segundo, en Baja California.
De los 46 contratos licitados, 36 fueron calificados por testigos sociales que avalaron los procedimientos. En 22 de ellos participó Transparencia Mexicana. La CFE en sus comunicados fue persistente en mencionar la presencia de notarios, aunque en la mayoría (32 procedimientos) se contrató al fedatario capitalino Enrique Zapata López.
Las principales licitaciones de la CFE siguen su curso y, faltan aún por asignarse cinco gasoductos nacionales y uno internacional; cuatro centrales de generación de electricidad y un contrato de reducción de pérdidas, que se concluirán en el transcurso de 2016.
Fuente: Proceso| ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
