Reforma fiscal: ¿nuevo plan de choque?
La iniciativa de reforma hacendaria enviada el domingo pasado al Congreso de la Unión por la presidencia de Enrique Peña Nieto representaría, en caso de ser aprobada, un conjunto de severos perjuicios para casi todos los sectores económicos y para la población en su conjunto.
Si bien es cierto que el gobierno federal desistió –a última hora, por lo que puede colegirse– de su intención original de gravar alimentos y medicinas con IVA, el paquete de medidas fiscales propuesto agravaría de diversas maneras la situación de los habitantes más desfavorecidos, con la aplicación de los impuesto sobre la renta (ISR) a la totalidad de los productores agropecuarios, a los alquileres, a las adquisiciones de vivienda y los intereses hipotecarios, al transporte foráneo de pasajeros –única forma en que extensos grupos de población pueden trasladarse por el territorio nacional– y a los espectáculos públicos, salvo el teatro y el circo, entre otras medidas. En conjunto, estas propuestas significarían, en caso de ser aprobadas, una reducción inmediata en los ingresos de los sectores más vulnerables, que son precisamente los más castigados por la continuidad de la política económica vigente en el país desde la administración salinista (1988-1994).
Las clases medias se verían afectadas por los gravámenes a las operaciones inmobiliarias, los impuestos a las colegiaturas, la elevación de 30 a 32 por ciento del ISR a personas de ingresos anuales mayores a 500 mil pesos, la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repeco) y la limitación de los gastos personales deducibles para personas físicas.
Las grandes empresas se beneficarían con la eliminación del impuesto empresarial de tasa única (IETU), pero se verían perjudicadas por la eliminación del régimen de consolidación fiscal y el establecimiento de gravámenes a operaciones bursátiles; el impacto benéfico de estas dos últimas medidas, que han sido insistentemente reclamadas desde hace años porque han permitido la existencia de un régimen fiscal injusto y perpetuador de las desigualdades sociales, quedaría, sin embargo, diluido en el conjunto de esta reforma fiscal marcadamente antipopular.
Por otra parte, las propuestas de carácter ecológico, como el impuesto a combustibles, o sanitarias, como el gravamen a bebidas azucaradas –con el argumento de que se combatiría la obesidad–, serían saludables y plausibles si hubiese habido un impulso sostenido al desarrollo de fuentes de energía menos contaminantes y si desde antaño se hubiese alentado la sustitución de tales productos por alternativas más saludables. En el contexto actual del país, sin embargo, las consideraciones ambientales y nutricionales suenan a meros pretextos para ampliar la recaudación.
En cuanto a la eliminación del impuesto a los depósitos bancarios en efectivo, esto no parece que pudiera tener más efecto que alentar la informalidad económica y facilitar las operaciones de lavado de dinero.
Visto en conjunto, el paquete fiscal propuesto –que prevé además un déficit fiscal progresivo– implicaría un ingreso fiscal adicional cercano a 240 mil millones de pesos para el gobierno y nada para la población, salvo la borrosa meta de un crecimiento económico de 3.9 por ciento para el año próximo (objetivo de todos modos insuficiente para los requerimientos del país y de su población) y la promesa insustancial y no vinculante de crear un sistema de seguridad social al que Peña Nieto llamó universal, pero al cual sólo tendrían acceso, según los documentos presentados, quienes ya cuentan con un empleo formal. Por lo demás, tal incorporación sería sufragada por las aportaciones patronales; otro tanto ocurriría con el seguro de desempleo propuesto por el Ejecutivo federal. Así las cosas, el gobierno sólo quedaría comprometido a “otorgar las facilidades administrativas de carácter temporal a los patrones (…) para que den cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley del Seguro Social respecto a la inscripción de sus trabajadores y el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes”.
Con los elementos de juicio enunciados puede concluirse que la reforma fiscal propuesta constituye una suerte de plan de choque como los que se han impuesto tantas veces a la población en el curso del ciclo de gobiernos neoliberales, salvo que en esta ocasión no existe –al menos formalmente– una crisis económica que lo justifique. El Legislativo tiene ante sí el deber de suprimir la mayor parte de los contenidos de la iniciativa y de elaborar una reforma fiscal que realmente ataque las causas del estancamiento económico, las lacerantes inequidades sociales y la discrecionalidad y la opacidad con que el Ejecutivo ha venido gastando los recursos que recibe de la población.
Reforma hacendaria: gatopardismo fiscal: Alejandro Nadal
La estrategia del gobierno consiste en llenar de reformas la agenda del Congreso. Entre más polvo, más confusión y menos debate. Por eso todo parece ser objeto de reformas, todo menos el modelo neoliberal. Y por ello el paquete económico para 2014 se anuncia como reforma hacendaria y social. Se dice que constituye un ejercicio de justicia social y que servirá como motor de crecimiento por ser contracíclico. La realidad es que el paquete no reducirá la desigualdad y tampoco permitirá crecimiento sostenido.
La reforma social introduce una pensión universal para la vejez y un seguro de desempleo. La pensión universal mensual se determinará con la línea de bienestar mínimo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que en la actualidad asciende a unos mil 167 pesos. Es una ayuda, pero no decisiva. En cuanto al seguro de desempleo, está reservado a los trabajadores del sector formal que pierdan su empleo, con el fin de garantizarles un salario mínimo durante seis meses (el seguro será financiado por cuotas patronales y del Estado). Totalmente insuficientes para revertir la desigualdad y combatir los estragos del desempleo, no constituyen medidas sin precedente, como dice el gobierno. No cambian las cosas de manera sustancial, pero sí ayudarán a endulzar el trago amargo de la entrega del sector energético a las empresas trasnacionales.
La reforma hacendaria toca la estructura del impuesto sobre la renta (ISR) para hacerla un poco menos regresiva, extiende el IVA a la zona fronteriza (pero deja exentos alimentos y medicinas), elimina el impuesto empresarial a tasa única (IETU) y algunos privilegios especiales (como el régimen de consolidación y la deducción inmediata de la inversión) y establece un nuevo gravamen sobre ganancias en la bolsa de valores.
Estos cambios son insuficientes para revertir la desigualdad que ha generado el modelo neoliberal, en especial mediante el castigo a los trabajadores de la ciudad y del campo. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 80 por ciento de los trabajadores que perciben un ingreso reciben hasta cinco salarios mínimos y 50 por ciento reciben hasta tres. La iniciativa del gobierno parece que nos hace un gran favor: no habrá IVA sobre alimentos y medicinas. Pues nada más eso faltaba en una economía con 60 por ciento de la población en o por debajo de la línea de pobreza.
No se justifica tanta retórica triunfalista. La desigualdad en México se tiene que combatir con una política de ingresos bien cimentada en un contexto de crecimiento sostenido. El modelo neoliberal no permitirá alcanzar esta meta porque siempre rechazará aumentar salarios.
Quizás la novedad que más ruido genera es el impuesto de 10 por ciento a las ganancias en la bolsa de valores. Es bueno romper el tabú de no tocar la rentabilidad en ese monumento a la especulación que es la bolsa de valores. Pero, ¿por qué gravar con sólo 10 por ciento esas ganancias derivadas de actividades parecidas a las de un casino mientras se grava con el ISR a las empresas productivas?
Se dice que el presupuesto tendrá un papel contracíclico y la economía mexicana crecerá 3.9 por ciento en 2014. Esa meta es inalcanzable por varias razones. Primero, el entorno internacional no será tan favorable como lo pinta el gobierno. Segundo, los desajustes que ya viene arrastrando la economía mexicana le restan flexibilidad y reducen sus fuentes de crecimiento. Tercero, porque el paquete fiscal de 2014 no constituye un impulso contracíclico suficiente.
El gobierno piensa que la economía estadunidense crecerá 2.6 por ciento en 2014. No es del todo seguro, pero si así lo fuera, lo más probable es que la Reserva Federal ponga freno a su programa de compra de activos. En ese caso, la salida de capitales en México llevará la paridad cambiaria a niveles que no corresponden al previsto de 12.6 pesos por dólar, con lo que la meta de inflación tampoco será alcanzada.
El presupuesto contempla un gasto total de 4 billones 480 mil millones de pesos, pero 60 por ciento corresponde a gasto corriente y sólo 18 por ciento es inversión física. La inversión de capital equivale a 4.5 por ciento del PIB y podría tener algo de tracción si fuera complementada por la inversión del sector privado, pero eso no está garantizado.
¿Fortalece el presupuesto el desarrollo social, como afirma el gobierno? El costo financiero del sector público asciende a 384 mil millones de pesos (mmdp), muy superior al gasto en los rubros más importantes del gasto social: educación (290 mmdp), salud (130 mmdp) y desarrollo social (115 mmdp). O sea que el rubro individual más importante del Presupuesto de Egresos de la Federación corresponde a cargas financieras.
Las medidas contempladas en el paquete económico de 2014 ni acaban con la desigualdad ni con el sometimiento al capital financiero y tampoco son una plataforma para el crecimiento y desarrollo económico. Eso sí, conllevan cambios de maquillaje para que todo siga igual. El gatopardismo fiscal acaba de aterrizar en México. Su camuflaje es perfecto, pero su esencia neoliberal es la misma.
Fuente: La Jornada
