El Estado sin petróleo: León Bendesky
El petróleo nacionalizado en 1938 se convirtió con el tiempo en un recurso para alimentar al Estado. La riqueza que debió haber generado como un recurso estratégico de la nación lo engrosó hasta la obesidad con una fuente prácticamente inacabable de recursos que financia a un ogro que ni siquiera pudo ser filantrópico (dixit Octavio Paz).
Hasta una tercera parte de los recursos fiscales que recibe anualmente el Estado provienen de las transferencias que por medio de los impuestos hace Pemex al fisco.
Esta situación fue sin duda provechosa para establecer el régimen político-burocrático vigente. Hoy parece ya no serlo, según puede desprenderse de las iniciativas de reforma energética y hacendaria del gobierno. La forma de plantearlo es cambiando el modo de explotación del crudo y sus procesos de transformación. La vía son los contratos de participación con empresas privadas –nacionales y extranjeras– y ello conlleva la modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales, sobre todo el primero de ellos.
Visto de una manera integral puede apreciarse que el uso de tan grande fuente de recursos no significó contar con un sistema educativo de calidad, con suficiente cobertura y que fuese un cimiento del desarrollo social y económico. ¿Será casualidad que se haya creído necesario hacer la reforma educativa junto con la energética?
Dicho uso de la renta petrolera no sirvió para abatir los enormes grados de desigualdad que existen, a pesar de los entusiastas análisis del empuje de las clases medias como procesadoras del consumo de bienes y servicios y de las viviendas. El primero está abatido y las segundas con la quiebra de la mayoría de las empresas que fueron estandartes del auge en ese sector.
No se abate la pobreza ni se reduce la diferencia en los ingresos no sólo entre los segmentos en los que las estadísticas dividen cada 10 por ciento de los hogares y tampoco al interior de los mismos. Los datos de las Encuestas Nacionales de Ingreso Gasto de los Hogares confirman plenamente esta condición crónica.
Eso es lo que está detrás de las reformas liberalizadoras, tal y como se han hecho desde mediados de los años 80. Su manifestación es la falta de crecimiento, ya habitual, de la producción y del empleo, en las grandes distorsiones en el uso de los recursos y en el esquema de financiamiento a las empresas. Ahí está, pues, la reforma financiera que pretende aumentar los flujos del crédito y reducir su costo.
La reforma energética cortará de tajo el cordón umbilical del gobierno con la explotación del petróleo. La rentabilidad de Pemex habrá de quedarse ahí para que sea funcional con los nuevos esquemas de operación de la industria. Esto no garantiza que finalmente se vuelva una empresa ejemplar, como tantas veces se ha propuesto.
El asunto clave es cómo reponer la pérdida de una corriente casi automática de recursos que financian más de 30 por ciento del presupuesto. Entra la reforma hacendaria. Esta reposición sólo puede venir de los impuestos. El sistema impositivo es inequitativo y no podía ser de otra manera en el marco de la desigualdad económica prevaleciente. Pero esta no es sólo una cuestión de índole ética, dejémosla incluso por este momento de lado. Tiene un aspecto crucial en términos de la capacidad de generar un mayor gasto en inversión productiva que jale el crecimiento económico. De lo que se trata es de generar riqueza.
Las exportaciones no han sido la locomotora que se pretendió con la avalancha de tratados de libre comercio que se han firmado, en especial con Estados Unidos. En la época en que aquella economía crecía y le abastecíamos de autos y material eléctrico y electrónico y, de modo sobresaliente de fuerza de trabajo, eso no repercutió aquí en el crecimiento. Lo hará aún menos en un periodo en que allá no se vislumbra una recuperación sostenida y donde la gestión monetaria de la crisis no ha resuelto las fragilidad financiera interna y, dado el papel del dólar, tampoco la global.
Así que aumentarán los impuestos. Se gravarán más productos con el IVA, los más posibles, se elevará el impuesto sobre la renta y una serie de tributos diversos a productos especiales como los refrescos y otros. Los impuestos no afectan a todos de la misma manera. Quienes ganan poco destinan una alta proporción de su ingreso en comida, ahora podrán consumir menos; los de ingresos medios tendrán que distribuir su gasto y seguramente reducirlo. Del lado de las inversiones es un hecho que las empresas invierten menos si tienen que pagar al fisco y, además, cubrir las contribuciones laborales.
El gobierno no podrá compensar la caída de la demanda agregada con su gasto. La política hacendaria se plantea como eminentemente recaudatoria y su dinámica puede llevar a un resultado por debajo del estimado. La política de precios oficiales no podrá reducirse y se seguirá pagando cada vez más por la gasolina, el gas y la electricidad.
El Estado es un gran devorador de recursos por su misma naturaleza política y burocrática. Las reformas se debaten, todas al mismo tiempo, y en un escenario conflictivo, que es cuando menos muy incierto y lo será en tanto no cambie su actual estructura genética. Se trata, en el fondo, de la política y sus costumbres.
La geopolítica del petróleo y la iniciativa de Peña: Víctor Flores Olea
El gobierno de Enrique Peña Nieto se propone con su reforma eliminar los artículos 27 y 28 constitucionales que prohíben la participación privada en la propiedad y usufructo de los hidrocarburos. Lo que pretende es otorgar manos libres a los empresarios privados, también extranjeros, sobre un recurso que desde 1938 –fecha de la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas–se considera un bien de la nación. Entre sus ofertas de mercadotecnia están los contratos de utilidad compartida con empresas petroleras privadas, con base en el control que ejerce su partido sobre una mayoría del Congreso de la Unión y de los Congresos de los estados.
Los hidrocarburos tienen importancia estratégica para cualquier plan de desarrollo, crecimiento e industrialización. Nos encontramos entonces con el hecho innegable hoy de que 90 por ciento de las reservas mundiales de petróleo están en manos de petroleras estatales, lo que significa que las todopoderosas grandes petroleras internacionales de otro tiempo (las siete hermanas) concentran hoy sus reservas en pocas regiones del mundo (mayormente en el Golfo de México y en el mar del Norte), o bien deben limitarse a operar como socios minoritarios de las petroleras estatales. En tal circunstancia, Peña Nieto pretende que México se abra a las empresas internacionales.
Además, debe considerarse que las grandes petroleras estatales incursionan en nuevos sectores del mercado energético mundial mediante la compra de empresas. Esto significa que ya no se limitan a la extracción de hidrocarburos, sino que efectúan los rentables negocios de distribución, refinación, petroquímica y generación eléctrica, en lugar de concederlas a empresas privadas. Esto último hace que las compañías petroleras soberanas sean cada vez más importantes y rentables en los mercados energéticos mundiales.
Al contrario de lo anterior, las reformas de Peña Nieto plantean el retiro del Estado de la economía o su severa autolimitación, abandonando al mercado los rentables negocios de la distribución, refinación, petroquímica o generación eléctrica, y renunciando a una tremenda posibilidad de valorar recursos en beneficio de la nación. Desde luego se trata del neoliberalismo, que ha propiciado desde hace 30 años en el mundo desempleo, marginalidad, y exclusión, y que se ha convertido en la más eficiente fábrica de pobres y pobreza.
Ahora en México, los hidrocarburos se convierten en uno de los principales objetivos de este plan desindustrializador y dependiente. Como puede sospecharse, el FMI y el Banco Mundial son fichas esenciales en la presión política y económica para lograr estas reformas, que llevan a la privatización (total o parcial) de las empresas estatales, otorgando carta blanca a las privadas, especialmente a las internacionales, a fin de que obtengan ganancias extraordinarias.
La filosofía privatizadora es el telón de fondo de estas reformas que le quitan todo valor estratégico al petróleo y a la energía en general. Su valor primordial ha de ser el valor de cambio, desconociendo sus características de recurso natural no renovable e insumo económico básico. A los hidrocarburos se les quita todo valor estratégico y se les transforma en meros commodities para su exportación.
Habría que añadir que la creciente escasez del petróleo como recurso no renovable tiende a exacerbar las tensiones ya conocidas en el siglo XX. De todos modos, los grandes actores de la industria petrolera mundial parecen dispuestos a iniciar la extracción del petróleo en las aguas profundas del Golfo de México, que parece ser la motivación esencial de Enrique Peña Nieto, pensando que las empresas privadas mundiales se precipitarán a solicitar alguno de los contratos de utilidad compartida que ofrecería el gobierno mexicano.
El Presidente nos ha dicho que si aprovechamos esta oportunidad se crearán miles de nuevos empleos con mejores salarios, que bajará el precio de la luz y del gas, y que bajará el precio de los fertilizantes, en consecuencia nuestro campo producirá más, habrá más alimentos y a mejores precios. No podemos olvidar que los mexicanos hemos sido ya víctimas de estas tomaduras de pelo, por ejemplo, cuando la privatización de los bancos y su posterior venta a empresas extranjeras. Hoy sabemos que la realidad fue la contraria: costos y servicios más altos y deficientes en la banca extranjera que en tiempos de la nacionalizada.
En palabras de David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos: “aun cuando las empresas petroleras extranjeras y la derecha internacional vio ‘con buenos ojos’ esta iniciativa de Peña Nieto la misma no ha causado que se ‘precipiten’ por ahora las petroleras internacionales a obtener los beneficios del petróleo mexicano, ya que no se les concede inmediatamente la propiedad de los hidrocarburos; parecen entonces esperar el ‘detalle’ de las leyes secundarias para externar su decisión”.
El problema a que se enfrenta México es el de una reducción mundial de la producción del petróleo y el de una mayor competencia por esos recursos crecientemente escasos en el que reaparecen los límites del crecimiento y en el que los planteamientos pragmáticos en las relaciones internacionales cobran mayor fuerza que los llamados liberal-institucionalistas. Todos sabemos que los enfoques pragmáticos en materia petrolera, dominante en Estados Unidos, se han orientado por el camino bélico (la invasión a Irak y a Afganistán), sin atender la voluntad de la comunidad internacional expresada en Naciones Unidas.
Nuestra vecindad con Estados Unidos, el mayor consumidor de hidrocarburos en el mundo, nos coloca en una situación de participantes inevitables en su estrategia geopolítica petrolera, que por lo pronto parece ser aumentar sus reservas, en las que México y sus nuevos yacimientos jugarían papel fundamental. Sobre todo si resultan probados los yacimientos de las aguas profundas en el Golfo de México, principal ambición de las empresas petroleras internacionales que se aprovecharían de la apertura mexicana y de las concesiones que les otorgaría el gobierno de nuestro país, y hasta personalmente Enrique Peña, según sus nuevas atribuciones. Serían entonces tremendas sobre México las presiones políticas y económicas. ¿Las soportaríamos?
Fuente: La Jornada
