Mientras dormían, un grupo de personas lanzó gas lacrimógeno, golpeó y obligó a subir a una camioneta a jóvenes que viven en las calles de Artículo 123 y Humboldt, bajo la amenaza de "regresar por ellos" si no abandonan la zona del Centro Histórico en la que se refugian.
En la madrugada del 14 de agosto, cinco jóvenes dormían en grupo en las calles de Artículo 123 y Humboldt en el centro de la Ciudad de México cuando el picor y “la asfixia” que les provocó el gas lacrimógeno los despertó.
Todavía con la visión nublada, alcanzaron a distinguir a unos ocho hombres encapuchados que comenzaron a golpearlos y a arrastrarlos por las calles de la delegación Cuauhtémoc.
“Estaban encapuchados, cuando reaccioné uno se lanzó hacia mí y venía en una camioneta de donde se bajaron varios”, dice una de las víctimas.
Eran las 04:00 de la mañana cuando todo comenzó. Según los jóvenes agredidos, tras ser golpeados fueron obligados a subir a una camioneta blanca de la que sólo pudieron bajar cuando se encontraban en las inmediaciones del metro Pantitlán, cerca de la autopista México-Puebla, a doce kilómetros de donde fueron atacados.
“Cuando me agarraron me aventaron, antes nos aventaron gas de esos que pican. Pero todavía ahí me estuvieron dando unos pinches putazotes en la cara”, cuenta otro de los jóvenes, quienes pidieron limosna por tres horas a las afueras del metro Pantitlán para poder regresar a la vía que consideran su hogar.
“Primero me ponen en el suelo y me ponen las rodillas en el cuello, no podia ni respirar. Luego ya nos aventaron en un callejón bien oscuro y nos dicen ‘bajense’, otra vez nos dan más patadones y nos aventaron”.
La Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, la Red por los Derechos de la Infancia en México y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), denunciaron la violencia, privación de la libertad y amenazas contra estos cinco jóvenes en situación de calle.
Las organizaciones civiles exigen que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal encuentren y castiguen a los responsables del ataque del 14 de agosto, pero sobre todo, que pongan en marcha políticas públicas que atiendan a la población callejera de esa zona del centro histórico de la capital, en donde en al menos en otras tres ocasiones ha habido golpizas y privación de la libertad contra la veintena de personas que ha instalado campamentos.
“Vinieron a secuestrarme, me pegaron, me desmadraron mi clavícula izquierda, me dieron en la panza, en las nalgas y en las rodillas mientras estaba en el suelo”, dice otra de las víctimas.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se ha pronunciado en 2007, 2009 y 2012 por las violaciones contra la población en situación de calle en Artículo 123 y Humboldt en el centro de la ciudad, por intentos de desalojo a manos de autoridades capitalinas o “limpieza social”, una vez que se han sido retirados de la zona sin su consentimiento “y sólo por su condición de calle, violando los derechos a la igualdad y a la no discriminación”.
La Secretaría de Seguridad Pública del DF rechazó haber ordenado un operativo en la zona el pasado 14 de agosto, mientras que las víctimas tampoco identificaron si la camioneta blanca que los llevó a Pantitlán era un vehículo oficial.
Sin embargo, las organizaciones civiles consideran que desde la primera vez que la CDHDF tomó el caso en 2007, no ha habido avances para garantizar el desarrollo y seguridad de las personas de la zona que continúan viviendo en situación de calle en Artículo 123 y Humboldt, en la delegación Cuauhtémoc.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal alertó en mayo de 2012 a las autoridades capitalinas del poco avance para proteger a poblaciones callejeras, pues desde que realizó una investigación en 2009 recomendó que las Secretaría de Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico y la delegación Cuauhtémoc ejecutaran medidas “para evitar la vulneración de los derechos de este sector y adoptaran medidas positivas para protegerlo, redignificarlo y disminuir progresivamente la violencia estructural a la que cotidianamente se enfrenta”.
Antes del ataque del 14 de agosto pasado, hace un año justamente un grupo fue agredido y desalojado para iniciar con la instalación del servicio EcoBici que brinda el GDF.
En 2007, entre 10 y 15 jóvenes fueron interceptados por elementos de la SSPDF para después ser abandonados en la carretera México-Cuernavaca o en la delegación Cuajimalpa; mientras que hace cuatro años los jóvenes fueron perseguidos y amenazados por funcionarios de esa misma secretaría de gobierno, según documentó la CDHDF.
Las cinco víctimas dicen que este miércoles 14 de agosto los encapuchados que los atacaron los amenazaron con volver sí ellos regresaban a las calles de Artículo 123 y Humboldt, y según las organizaciones civiles, también les dijeron que “no les importaban las acciones de la Comisión”.
Estas organizaciones exigen que se investigue y se garantice el debido proceso en los ataques contra esta población callejera, pero también que haya políticas públicas que velen por su desarrollo.
“La población callejera es discriminada por su aspecto. Eso mismo provoca que no tengan acceso a espacios de capacitación laborar o a los mismos espacios de trabajo, por lo que sólo les queda la informalidad. Hacen falta programas de salud y contra sus adicciones, y de asistencia temporal que les permitan estar en un lugar seguro o una política comunitaria que permita protegerlos en las calles en tanto se implementa un plan para irlos sacando de la calle e incorporarlos a la sociedad”, asegura el grupo civil.
Fuente: Animal Político
