No es desproporcionado que los destinatarios de una torrencial campaña de desacreditación mediática exijan que se escuchen sus puntos de vista en una proporción e intensidad adecuadas, para que el público cuente con una equilibrada disposición de información y análisis que le permita forjarse un criterio sensato sobre temas como la reforma laboral educativa y el activo rechazo de una parte de los profesores a quienes va destinada.
Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación, y en especial el duopolio electrónico aún vigente, integrado por Televisa y Televisión Azteca, actúan con base en una evidente unilateralidad ofensiva y abusiva, escamoteando o manipulando detalles de las notas netamente informativas, utilizando éstas para dar pie o justificar desde formatos noticiosos la inserción de opiniones siempre favorables al poder y descalificatorias de movimientos o protestas sociales.
Además de otros rubros en los que tienen una pesada responsabilidad por el atraso del país, esas dos empresas, dirigidas por Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego (cada vez con más intereses convergentes en otros ámbitos de las telecomunicaciones, de cara a la apertura de nuevas cadenas nacionales de televisión abierta) han ayudado de manera determinante al sostenimiento del modelo político y económico que ha institucionalizado la injusticia y la desigualdad en México, y se han esmerado en aportar desde sus pantallas contenidos y opiniones solamente favorables a las cúpulas, y en desacreditar, ridiculizar y satanizar la oposición a ese sistema dominante.
En el caso específico de los profesores que se oponen vigorosamente a la reforma administrativa que el peñismo diseñó para retomar el control del SNTE y del sindicalismo independiente, como el de la CNTE, Televisa y Televisión Azteca deberían permitir que comisiones representativas de los maestros en lucha den a conocer con amplitud sus posturas y, al mismo tiempo, deberían sujetar el género noticioso a la consignación de hechos, sin incluir en esas notas ciertas opiniones que buscan inducir en el público determinadas reacciones simplistas.
Ya enfrentaron las televisoras, sobre todo la que tiene como insignia al Canal de las Estrellas, una amplia repulsa de jóvenes en el contexto del #YoSoy132. Ahora el movimiento de profesores contra la reforma educativa ha hecho plantones durante horas afuera de instalaciones de las televisoras mencionadas y ha demandado que su voz sea transmitida sin manipulaciones y en proporción al tiempo que en contra les es dedicado (en una televisora pasaron al aire una pequeña entrevista como resultado de la presión magisterial, pero es obvio que tal concesión excepcional no es suficiente). Mal se seguirán viendo esas pantallas si insisten en mantener políticas informativas correspondientes al autoritarismo más primitivo, diseñadas para servir al poder, manipular a los televidentes y denostar y confundir respecto de movimientos sociales divergentes.
Los riesgos de desbordamiento de la violencia social no tenían ayer sus mayores índices en la ciudad de México (a pesar del aire displicente, burocratizado y cuidadamente provocador que directivos de las cámaras legislativas trataron de imponer en el encuentro vespertino y nocturno con representantes de los profesores). Como era de suponerse, ha ido subiendo de tono la confrontación entre policías comunitarias y fuerzas armadas federales. Según los reportes disponibles a la hora de teclear la presente columna, unos 600 soldados y marinos enfrentaron y desarmaron a unos mil agentes populares correspondientes a la Montaña y parte de la Costa Chica de Guerrero, los cuales protestaban por la detención de varios de sus compañeros y, en especial, de la lideresa de Olinalá, Nestora Salgado, quien ha sido enviada a una cárcel de Nayarit.
El despliegue del Ejército y la Marina se produjo para impedir la presunta toma del tramo carretero entre Acapulco y Pinotepa Nacional. Con armas de bajo calibre que según su versión podían portar por haber recibido anterior autorización, los comunitarios fueron despojadas de ellas entre forcejeos y golpes. No es la primera vez en que una chispa de violencia circunstancial podría incendiar una pradera que cada vez es más amplia, no sólo relacionada con Guerrero y sus policías comunitarias.
Sin embargo, la acción realizada ayer por las fuerzas federales muestra un viraje notable respecto de ocasiones anteriores, cuando los soldados parecían tener instrucciones tajantes de evitar choques con los pobladores. Ahora se ha entrado en una dimensión diferente, con los uniformados federales dispuestos a contener toda manifestación en la que participen policías comunitarios armados y a quitar a estos sus instrumentos de defensa. No está de más recordar que los excesos de las fuerzas armadas van creando condiciones de repetición histórica de levantamientos frente a las injusticias. En particular es preocupante el manejo jurídico del caso de la coordinadora Nestora Salgado, a quien parecieran empeñarse ciertas autoridades en exhibir como ejemplo de lo que puede suceder a quienes desde los pueblos se han armado y organizado para hacer lo que los gobiernos no se atreven a cumplir.
El cuadro del septiembre caliente tan anunciado se ha complementado con la solicitud del Gobierno del Distrito Federal para que se pase a otra fecha un encuentro de futbol profesional, el que celebrarían Pumas y América en el estadio universitario, el mismo domingo en que Enrique Peña Nieto entregará su informe por escrito al Congreso y dará un mensaje sobre tal informe en el Campo Marte. Tal posposición tiene como referente las protestas magisteriales que continuarán en la capital del país y argumenta la falta de suficientes policías para atender tantos puntos previsibles de conflicto (¿también se suspenderán el Cruz Azul-Querétaro y el arranque de la temporada de futbol americano en CU?).
Y, mientras sube a nueve el inexplicablemente reducido saldo mortal del descarrilamiento de La Bestia, ¡hasta mañana, con más presiones sobre el peso!
Fuente: La Jornada| Julio Hernández López
