Los primeros reportes oficiales sobre la operación qurúrgica practicada al actual ocupante de la silla presidencial señalan que fue exitosa y que el nódulo detectado en la glándula tiroides fue benigno. Es una buena noticia para él, su familia, sus seguidores y el grupo con el que ejerce el poder, aunque mucho ayudaría a consolidar esa optimista versión inicial el conocimiento exacto del historial clínico correspondiente. El punto favorable que ha significado la decisión de Los Pinos de ventilar públicamente el hecho de que Enrique Peña Nieto iría al quirófano se vería fortalecido si se hicieran transparentes los datos médicos que confirmen los dichos políticos y, sobre todo, desacrediten confiablemente cualquier especulación que sobreviniera.
El derecho a conocer en términos precisos y confiables el estado de salud de los gobernantes es una exigencia creciente. Los venezolanos, por ejemplo, fueron privados largamente de la información relacionada con su presidente, Hugo Chávez, que estaba en manos de médicos y autoridades cubanas. En Michoacán se vive un abandono institucional a causa de que el gobernador electo y que había ejercido una parte de su mandato, Fausto Vallejo, entró en una etapa casi terminal para efectos políticos pero sin retirarse definitivamente del cargo, manteniéndose teóricamente en él mediante una prolongada licencia. En el tramo final del trágico calderonismo, el muy favorecido secretario de Educación, Alonso Lujambio, se mantuvo en su puesto varios meses después de que se le había detectado una grave falla de salud e incluso se le hizo senador, a sabiendas de que su tiempo estaba contado.
De Vallejo se hablaba, desde que era candidato a la gubernatura, de presuntos males físicos de tendencias irreversibles, lo que era acremente rechazado por voceros oficiales y el propio afectado, aunque al final la dimensión del daño fue inocultable, pues requirió un transplante de hígado. Y en el caso de Peña Nieto se habló de presuntas afectaciones mayores desde que estaba en campaña presidencial, llegando a distribuirse por redes sociales algunas fotografías que según el entendimiento de los difusores mostrarían significativa desmejoría física del entonces candidato priista.
A fin de cuentas, una riesgosa circunstancia sí existía en el cuerpo de Peña Nieto, tanto que hubo de apresurarse para que le realizaran una operación que no había programado antes, ni siquiera en periodos de relativa tranquilidad como, por ejemplo, el tramo entre el momento en que fue declarada válida su elección y la toma de protesta del cargo, llegando a necesitar el uso de una muletilla casi de humor negro para explicar las razones de tan súbita maniobra médica, pues dijo que se había considerado el actual como un buen momento.
La colocación en un quirófano del hombre que ejerce el máximo poder en México tuvo por primera vez reglas claras para cualquier eventualidad. Conforme a las modificaciones constitucionales publicadas en agosto de 2012 (aunque la discusión de esos temas llevaba dos años) debería ser mecánico y sin sobresaltos cualquier relevo circunstancial, en términos breves o definitivos. Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación que conforme a esas nuevas normas entraría en rápido control (acotado) del timón nacional en casos de ausencia del titular, solamente se mantuvo muy al pendiente, conforme lo había estipulado el propio Peña ahora convaleciente.
Otro nódulo político comenzó ayer a ser retirado. Raúl Salinas de Gortari, hermano de quien ejerce una especie de asesoría o tutoría en el actual gobierno federal, fue exonerado por un juez de la acusación de enriquecimiento ilícito. Llamado Míster Ten per Cent, y dueño de un documentado expediente de andanzas empresariales y comerciales al amparo del poder familiar ejercido de 1988 a 1994, el ingeniero Salinas ha sido beneficiado judicialmente en cinco ocasiones, lo que le coloca en vía de una suerte de beatificación ciudadana, mártir de las venganzas y contenciones zedillistas, víctima de las inevitables tradiciones sociopolíticas que dan a ganar a manos llenas a los propicios parientes instalados en Los Pinos (un ejemplo de esa maldad colectiva se dio también con los hijos de Marta Sahagún, ella misma, y Vicente Fox y algunos de sus familiares: enriquecidos escandalosamente casi contra su permisiva voluntad comisionista).
Aún cuando la procuraduría federal de justicia del periodo peñista está practicando una afanosa amnistía selectiva (en casos de mandos militares y de ciertos políticos y narcotraficantes), ha decidido apelar del fallo absolutorio de un juez federal en el expediente del hermano del ex presidente ahora tan cómodo, aunque nada garantiza que tal lance no sea sino una finta convenida para aminorar las evidencias de que se está en presencia de una escandalosa maniobra desde poderes restaurados. Aún faltan instancias judiciales por recorrer para que quede técnicamente extirpado uno de los nódulos malignos de la saga Salinas.
Como si fuera también un simple nódulo (es decir, una concreción de poco volumen, según la RAE) fue tranquilamente removido cualquier cargo de conciencia histórica o de prudencia política a la hora en que el consejo de administración de Pemex autorizó la venta del 60 por ciento de las acciones del complejo petroquímico de Pajaritos a la firma privada Mexichem, cuyo principal accionista es Antonio del Valle, conocido por su participación en Banco Bital y Bancrecer, según denuncia de la senadora perredista Dolores Padierna.
Como si fuera un banderazo de salida para los procesos privatizadores que tratarán de ser formalizados mediante una reforma legal en materia de energéticos, en el caso de Pajaritos se firmó un contrato mañoso e inconstitucional, según señalamientos de la senadora Padierna que publicó ayer La Jornada Veracruz.
Y, mientras truenan las armas de fuego también en la casa del embajador de Estados Unidos en México, a causa de disparos accidentales a la hora del cambio de turno de policías federales asignados a la custodia del diplomático, con dos agentes heridos, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
