La empresa Biopartes de Occidente S.A. de C.V, de donde fueron el pasado martes 11 fueron rescatados 275 jornaleros que vivían en condiciones infrahumanas, recibió al menos 10 millones de pesos de subsidios federales y estatales en los dos últimos años de la administración anterior, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas.
De acuerdo con información difundida por el portal electrónico del diario El Economista, obtuvo dichos recursos con la presentación de proyectos para desayunos de más de 400 niños, hijos de sus trabajadores y para la construcción de viviendas “dignas”.
En 2010, dice la nota, la empresa dirigida por Leopoldo Ariel López Castelo y ubicada en San Gabriel, Jalisco, bajo el argumento de ser un negocio “socialmente responsable”, recibió siete partidas que en total sumaron cinco millones 236,345.55 pesos que supuestamente se aplicaron en los siguientes rubros: 931,680 pesos para desayunos de 196 niños, hijos de jornaleros en el albergue de la empresa en el municipio de Tuxcacuesco.
Además, un millón 765,440 pesos para desayunos de 389 niños en su sede en el municipio de San Gabriel. Otra partida importante que recibió la empresa ese año por un monto de poco más de 2 millones de pesos, fueron para las construcción de un albergue en el municipio alteño de Tototlán.
En el 2012, a través del programa de Atención a Jornaleros, Bioparques de Occidente recibió los mismos cinco millones 236,345.55 pesos. En dos años no aumentaron los hijos de jornaleros y tampoco la construcción de albergues avanzó, según se asienta en los documentos difundidos por El Economista. En ambos periodos las cantidades entregadas fueron las mismas.
De acuerdo con la empresa estadunidense Kaliroy Fresh LLC, principal compradora de Bioparques de Occidente, este negocio tenía más de 100 hectáreas en el municipio de San Gabriel en donde cosechaban tres tipos de tomate: Grape, Bola y Roma.
Para el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) un organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Bioparques de Occidente, que inició operaciones en 2002, era un ejemplos de empresas que formaban parte del portafolio de inversiones administrado por de la institución y que son casos de éxito, según se lee en su página oficial.
Otro reconocimiento que ostentaba la empresa era la certificación del Centro Mexicano de la Filantropía por la “calidad de vida que ofrecen las industrias, así como la ética empresarial, la vinculación con la comunidad y los cuidados del medio ambiente”.
De acuerdo con los testimonios de los trabajadores rescatados, les pagaban no con dinero en efectivo sino con vales, y las jornadas eran de las 5:00 am a las 17:00. Ganaban 100 pesos por día. Las personas rescatadas fueron conducidas a una unidad deportiva para pasar la noche y ya comenzaron a regresar a sus lugares de origen.
La Fiscalía General estatal informó que en las próximas horas cinco capataces serán consignados acusados del delito de trata de personas y que también solicitará una orden de aprehensión contra el responsable de la empresa.
Bioparques de Occidente es investigada por los delitos de trata de personas y privación ilegal de la libertad. En lugar asegurado había 42 familias: 191 hombres, 45 mujeres y 39 menores de los cuales al menos 24 fueron detectados con algún grado de desnutrición.
Estas personas prácticamente estaban privadas de su libertad, obligados a realizar un trabajo extenuante y no se les pagaba”, informó Arturo Zamora, secretario General de Gobierno.
Los jornaleros trabajaban en condiciones de explotación e insalubres. La Fiscalía intervino a partir de una denuncia de afectados que lograron escapar y denunció los hechos.
Se trataba de personas originarias de Guerrero, San Luis Potosí e Hidalgo. Sin pago, mal alimentados y viviendo en condiciones insalubres, las familias no podían abandonar el trabajo.
“Algunos se han querido escapar, pero si son descubiertos, son regresados y golpeados. Incluso ha habido a quienes se les termina el contrato y son retenidos sin paga hasta un mes más”, detalló Salvador González de los Santos, Fiscal Regional.
Según información difundida por El Debate de Culiacán, la empresa es propiedad de Eduardo de la Vega Canelos, un prominente empresario sinaloense, ligado a los gobiernos de esta entidad.
Fuente: Proceso | La Redacción
