El hallazgo de unos 100 millones de pesos en efectivo en propiedades ligadas al equipo de gobierno de Andrés Granier en Tabasco obliga a la solidaria administración peñista a destrabar los mecanismos de protección que hasta ahora ha mantenido para evitar que una pieza local del engranaje priísta sea juzgada y sentenciada. Los billetes locales deberían ser una exigente muestra de la enorme corrupción a detectar si en el plano federal se autorizara una verdadera indagación de inteligencia financiera (aunque, a fin de cuentas, el responsable de esta área en la Secretaría de Hacienda es el inenarrable licenciado Bazbaz, que tanta fama adquirió con el caso de la niña Paulette en el estado de México).
Hasta ahora, Arturo Núñez ha mantenido en el plano retórico las baterías contra su compadre Granier (recuérdese que ni siquiera lo incluyó en la denuncia de hechos ante las instancias federales). Falta ver si el operativo de ayer en Tabasco es enderezado por el actual gobernador contra su antecesor o se estaciona en niveles inferiores, específicamente en quien fue secretario de administración y finanzas, José Manuel Saiz Pineda. El pragmático Núñez debe equilibrar sus reales o supuestas pretensiones justicieras contra Granier con las necesidades de apoyo presupuestal que ha de gestionar en la instancia pinolera que no desea actuar contra el priísta que, como todos los demás gobernadores priístas, ayudó en campañas electorales en 2012 y, en el caso tropical específico, cedió el paso incruentamente a la opción opositora representada por Núñez.
Si el caso de Zhenli Ye Gon (de mayor cuantía, y en dólares) fue librado por el calderonismo sin más daños políticos que el pitorreo relacionado con el coopelas o cuello (aunque el litigio en sí aún continúe), las cajas con fajos de billetes en Tabasco bien podrían dar para un largo proceso que permitiera a las partes oficiales argumentar que ya han hecho algo en contra de la corrupción granierista tan sabida. ¿Apretará Nuñez a fondo para castigar al compadre en fuga, o todo quedará en escenografía judicial a largo plazo? ¿Será el principio de una acción ejemplar, única, contra un gobernante ladrón, o solamente un platillo espectacular para larga digestión?
En Michoacán, mientras tanto, se confrontaban abierta y peligrosamente dos posturas de difícil conciliación. Las fuerzas armadas han recibido instrucciones de intentar el restablecimiento de algo parecido a la normalidad en las violentas tierras michoacanas (en una abierta toma federal de control de una entidad, una virtual defenestración del decorativo Jesús Reyna, quien sustituye de manera interina al enfermo Fausto Vallejo, para imponer de facto un gobierno federal de corte civil-militar), pero se han topado con la reticencia de pobladores de zonas donde actúan grupos de autodefensa o policías comunitarias. Ambas partes tienen razón en sus planteamientos esenciales y de allí proviene el choque de posturas que ayer llevó a la retención de más de 20 soldados en Buenavista Tomatlán, luego que el Ejército había detenido a cuatro jóvenes armados que forman parte de esos grupos civiles (en la ciudad de México se insistió en que no había retención de militares, sino diálogo).
El poder militar no puede instalarse en un territorio, y cumplir con las órdenes institucionales que ha recibido, si al mismo tiempo convive con grupos de civiles que de manera irregular e incluso delictiva portan y exhiben armas. Los ciudadanos, a su vez, desconfían de la eficacia, las intenciones y la durabilidad de las acciones emprendidas por militares que, para cumplir su cometido, exigen un desarme que dejará a los pobladores expuestos a venganzas inmediatas o posteriores, ejecutadas por los delincuentes que ya conocen o por agentes gubernamentales recién llegados.
Enrique Peña Nieto está entrampado a causa del éxito cupular y formal de su Pacto por México. Para preservarlo ha debido actuar con una tolerancia contraria a su espíritu real (cuya máxima expresión ha sido Atenco) en las entidades donde el movimiento magisterial independiente ha presentado resistencia a la reforma laboral, administrativa y electoral relacionada con lo educativo. Pero ha ido dejando sembradas las suficientes coartadas judiciales para emprender posteriormente una cacería de disidentes. En especial llama la atención la insistencia de algunos columnistas y opinantes mediáticos en el llamado para que actúe con mano dura contra los profesores y sus excesos (varios de ellos delictivos).
Otro dato indicativo de los ánimos represivos contenidos está en la vinculación que en ciertos medios de comunicación se trata de establecer (como si fuera por encargo: similares argumentos y referencias) entre los profesores en protesta y bandas de secuestradores, sugiriendo que entre los promotores del rechazo a la reforma sindical educativa hay guerrilleros e incluso responsables de casos relevantes de privación de la libertad, como en el extraño caso de Diego Fernández de Cevallos. Tomando como referencia la confusa e impugnada detención de miembros de la oaxaqueña sección 22 del SNTE como presuntos secuestradores, se crea un clima de linchamiento que en su momento, cuando al poder le parezca propicio, podrá justificar una escalada represiva.
Otro daño colateral se ha presentado en el Partido Acción Nacional, donde Peña Nieto necesita conservar bajo control al endeble anticalderonista Gustavo Madero para garantizar que continúe sin contratiempos el citado Pacto por México. Tan mal político es el chihuahuense que ha reavivado al grupo de senadores calderonistas. Hizo a un lado a Ernesto Cordero pero con tan malas formas que dio argumentos políticos suficientes a sus adversarios, y coronó su pifia con la instalación no de un aliado yunquista con experiencia y sólido respaldo grupal, Héctor Larios, sino de un colimense de poco peso político, Jorge Luis Preciado. Chin: se acabó el espacio, ¡hasta mañana!
Fuente: La Jornada | Julio Hernández López
