Los juzgados Noveno y Quinto de Distrito, ubicados en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Puebla, tardaron dos años en imponer una fianza de 920 mil pesos en contra de Miguel Márquez Ríos, ex prosecretario de División del Sindicato Mexicano de Electricidad (SME), acusado de los presuntos delitos de obstrucción de vías federales de comunicación y de privación de la libertad en contra de elementos de la Policía Federal y de Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De acuerdo con el líder sindical –quien fue excarcelado la madrugada de este viernes– detalló que su liberación fue producto de un amparo directo contra las acusaciones de la PF y CFE, pues los demandantes jamás se presentaron ante los juzgados penales a ratificar sus denuncias.
Márquez Ríos detalló que las autoridades federales “se empeñaron en mantenerme encarcelado”, pues recurrieron a diferentes argucias legales para alargar el procedimiento el mayor tiempo posible: “siempre buscamos y exigimos que hubiera careos, que se presentaran las pruebas de los delitos que se me imputaron y nunca hubo respuesta”, señaló.
El líder sindical fue detenido –con violencia– el 22 de octubre de 2010 en la caseta de San Martín Texmelucan, cuando se dirigía en caravana a Nuevo Necaxa después de presenciar una jornada de protesta en el zócalo de Puebla. Incluso, Márquez fue remitido de inmediato, y en menos de 24 horas, al Cereso de San Miguel, donde permaneció hasta las 2 de la mañana del viernes.
De acuerdo con el integrante del SME, los trabajadores de la CFE involucrados en la denuncia, adscritos a la delegación de Campeche, no se han presentado, así como los dos policías federales que presuntamente fueron privados de su libertad el pasado 26 de agosto, cuando los electricistas –encabezados por él– ingresaron a las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Necaxa, donde se registraron empujones, insultos y daños en vehículos.
Tras la falta de respuesta, señaló Miguel Márquez, los juzgados “no encontraron otro camino más que imponer una fianza altísima” para poder continuar el proceso judicial en libertad con reservas, pues cada semana tendrá que presentarse a firmar.
Miguel Márquez impulsa, desde la región de Nuevo Necaxa, un movimiento sindical y de resistencia civil para exigir al gobierno federal la cancelación del decreto presidencial de extinción de LFC, emitido el 10 de noviembre de 2009.
Fuente: La Jornada de Oriente
