Si se hiciera caso a la gran mayoría de las casas encuestadoras nacionales, y a su expresión consolidada en varios de los principales medios de comunicación del país, las elecciones del próximo mes serían de una aburrición aplastante: Enrique Peña Nieto sería electo presidente de la República por una diferencia incontestable de votos, concentrada una marginal dosis de emoción en saber si el PAN o las izquierdas ocupaban el segundo lugar, ése sí muy disputado.
En consonancia con esa temprana prefiguración favorable al PRI, que no coincide con la ebullición juvenil y social que precisamente proclama su oposición militante al candidato Peña Nieto, diversas voces pertenecientes a la élite de la estructura que domina a la nación insisten con aires de inocencia democrática en presionar al abanderado de eso llamado las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, para que firme compromisos de aceptación plena e irreversible de los resultados oficiales de la elección en puerta (bueno, hasta el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, presiona en ese sentido, e incluso el IFE propone pactos de civilidad).
Esa cantaleta civilizada conlleva una doble trampa: por un lado, pretende condenar indirectamente la resistencia al fraude electoral de 2006, juzgando equivocado el que no hubiera allanamiento a las cifras oficiales que sirvieron para imponer a Felipe Calderón en Los Pinos; por otra parte, pretende sujetar al mismo candidato, víctima de robo seis años atrás, a una convalidación previa de un proceso electoral que desde ahora aporta suficiente material para la especulación descalificadora y que tendrá su momento definitorio el primer domingo del próximo mes, aunque los empresarios e intelectuales piden desde ahora comprometerse a respetar lo que aún no tiene su episodio central y determinante: firme ahora, ya no proteste después.
En el fondo, lo que hay en la cúpula de los diversos poderes aliados en favor de Peña Nieto es el temor a una reacción social de fuerte inconformidad ante el triunfo priísta anticipado en encuestas y ampliamente proclamado en medios de comunicación, sobre todo electrónicos. Los números de esas encuestas apenas se han movido porque así han sido fuertemente fijados y a ese guión electoral se atienen los poderes asociados, sin tomar en cuenta el crecimiento inocultable del candidato tabasqueño ni el fuerte rechazo a la instalación de Peña Nieto, entre otros segmentos, por los nucleados alrededor del movimiento conocido como 132.
La estabilidad política y social del país depende del correcto cumplimiento del curso electoral y de la aceptación generalizada de sus resultados (y no sólo de un candidato, por comprensivo o chantajeado que éste fuera para firmar cartas anticipadas de renuncia a sus derechos de oposición y resistencia). En ese punto, el de la limpieza electoral, residirá el pacto social sin necesidad de firmas previas que hará aceptables los números finales.
A propósito, el Instituto Federal Electoral ha tenido a bien difundir una serie de consideraciones difusas para explicar la acumulación de anomalías rumbo al uno de julio próximo. Por ejemplo, para aclarar la muy desproporcionada instalación de casillas no urbanas, que va a contrapelo de la tendencia demográfica registrada por el Inegi, que muestra una menor concentración de habitantes en las áreas rurales, el IFE alega que las clasificaciones distintas responden a los tipos de trabajo distintos, a los criterios y utilidades distintos, de cada etapa del proceso electoral ( http://bit.ly/LxCm62 ). En el caso de las decenas de miles de boletas sobrantes e incluso algunas con folios duplicados, el IFE explica tranquilamente que se trató de un error localizado y detectado gracias a los múltiples controles que se prevén para este proceso, y que estas circunstancias pueden ocurrir dada la magnitud del trabajo de impresión de boletas ( http://bit.ly/LtHbQR ).
Sin embargo, la aparición de más boletas sobrantes, en especial en zonas rurales e indígenas de la Oaxaca de Ulises Ruiz y José Murat, no genera expectativas benévolas en cuanto a la limpidez electoral. El semanario Rebelión, de Tehuantepec, publicó en su reciente entrega un artículo de su director, Abraham A. Rasgado González, que habla de las dudas sobre la imparcialidad del IFE que comienzan a generar inconformidad antes de las elecciones. El texto menciona los sobrantes y faltantes de boletas electorales detectados en otros distritos electorales y en particular el propio, el 5, donde hubo mil 412 papeletas de más.
Ante ello, César Gil de Ita, quien es el vocal ejecutivo de la junta distrital ejecutiva del IFE, con cabecera en Tehuantepec, Oaxaca, en documento oficial explicó al semanario tehuano que el listado nominal es un instrumento que permanentemente se está depurando y entre el momento del inicio de la impresión y la entrega a cada uno de esos consejos distritales de las boletas electorales existe una natural reducción del listado nominal, lo que explicaría que llegaran a los distritos más boletas que votantes en lista. ¡Elemental, mi querido IFE!
Sigue el escándalo de las despensas promotoras del voto priísta que fueron encontradas en una bodega que estaría bajo control de la Secretaría de Educación de Veracruz, según fue difundido por Twitter por la cuenta @coordAMLO (la coordinación de campaña de López Obrador, que a las 16:04 del domingo comenzó a enviar información sobre el tema), aunque la oficina de prensa del gobernador Javier Duarte ha negado tal relación inmobiliaria. Ya aquí se había dado oportuna información del uso de la estructura educativa de esa entidad en favor del PRI, específicamente con el plan Sumemos 10, a cargo de subsecretarios y directores y concentrado en Coatepec, pero con ramificaciones en todo el estado (http://bit.ly/O0yxHq ).
Y, mientras Chepina recurre ahora a la oferta del doble cuchi cuchi, ¡hasta mañana, con Felipe usando foros internacionales en busca de justificación para su fracaso sexenal!
México SA
G-20: intereses intocados
Bienestar: franco descenso
Crece nómina burocrática
Congregadas en Los Cabos, Baja California Sur, las cabezas visibles del Grupo de los 20 (G-20) meditarán, según dicen, sobre cómo resolver la crisis internacional sin atacar las causas de la misma; armarán un plan para salir del hoyo, pero sin tocar los intereses de los responsables del zarandeo, socios y cómplices de esos mismos personajes. La factura, desde luego, será para los más, que son los que menos tienen. Nada más arribó a dicho puerto, Barack Obama se mostró preocupado por el estado que guarda la economía del mundo, de tal suerte que llegó el momento de estabilizar al sistema financiero mundial y evitar las prácticas proteccionistas, es decir, lo mismo que dijo el día de su victoria electoral, casi cuatro años atrás, y repitió en su toma de posesión.
México preside el G-20 y es país anfitrión de esta cumbre, en la que se hablará de la crisis, el desempleo, el hambre, la falta de bienestar y el desplome del ingreso. Y para ello, el austero gobierno calderonista destinó un gasto multimillonario –a costillas de los mexicanos, desde luego– para que los mandatarios, cómodamente y con todos los lujos que amerita –según dicen– su investidura hablen sobre las crecientes carencias de la humanidad (esto trae a la memoria aquella atinadísima designación de Eduardo Pesqueira –un voluminoso funcionario salinista– como representante permanente de México ante la FAO, quien con sus cerca de 200 kilogramos de peso y en nombre de su país, todos los días hablaba del hambre en el planeta).
Que el mundo está preocupado por la economía, por la falta de crecimiento y bienestar, declara Obama, y a coro repiten los demás, pero el inquilino de Los Pinos se adelanta y advierte que en la cumbre de Los Cabos no se adoptarán soluciones de temas coyunturales, (porque) sería pretencioso. Eso sí, dijo, se definirá una agenda de largo plazo para alcanzar un desarrollo común. Entonces, para qué tanto boato y tanto gasto si nada decidirán y tal agenda pueden consensuarla desde sus respectivas oficinas. Y si el objetivo de la reunión es el turismo político, pues que cada quien pague lo suyo.
Mientras los mandatarios muestran su profunda preocupación por el deplorable estado de la economía mundial –del que obviamente son corresponsables– y Calderón advierte que en Los Cabos no se adoptarán soluciones, en México la situación social adquiere color de hormiga. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados advierte que los indicadores de bienestar de los mexicanos se mantienen en franco descenso, algo, dicho sea de paso, diametralmente opuesto a lo que machaconamente repite la propaganda oficial.
Destaca que en la más reciente publicación del índice de tendencia laboral de la pobreza (ITLP), realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), queda claro que el poder adquisitivo del salario de los mexicanos va de mal en peor. Esto lo establece a través de la estimación de dicho índice, que muestra la tendencia del porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. Así, en el primer trimestre de 2012, tal indicador se ubicó en 1.2 unidades, lo que implica que en los últimos tres meses hubo una disminución de apenas 0.2 por ciento en la cantidad de personas que no pudieron comprar una canasta alimentaria. Sin embargo, apunta, si se realiza la comparación respecto del mismo trimestre del año anterior, resulta que la proporción de personas que no pudieron comprar la canasta mínima de alimentos creció 2.8 por ciento. Es decir, su ingreso laboral no alcanzó para cubrir el costo de la canasta alimentaria mínima necesaria.
Dicho deterioro social ha sido provocado por el insuficiente crecimiento de los ingresos laborales. De acuerdo con el Coneval, los ingresos corrientes durante el primer trimestre fueron de mil 470 pesos mensuales, mientras que en el primer trimestre de 2011 fueron de mil 419 pesos; es decir, un incremento de 3.9 por ciento acumulado en los últimos doce meses. Al mismo tiempo, el costo de la canasta básica mínima creció 6.7 por ciento en las zonas rurales y 5.7 por ciento en las urbanas. Lo anterior implica que en el último año, el incremento salarial no alcanzó a compensar el alza en el precio de la canasta básica de alimentos. Los más perjudicados por la pérdida de poder adquisitivo son sin duda los más pobres, que tienen la necesidad de destinar una mayor proporción de sus ingresos en alimentos.
Al analizar la información a nivel territorial, los estados que presentan mayor deterioro son: Baja California (16.6 por ciento), Sinaloa (10.6), Tabasco (9.7), Nuevo León (9.1) y Sonora (8.7). Los datos anteriores parecen indicar que los estados del norte, también afectados por la sequía y la inseguridad, han tenido el mayor deterioro. No obstante, ninguna entidad de la República ha logrado disminuir la proporción de personas que no pueden adquirir una canasta básica con su ingreso laboral, comparando con el primer trimestre de 2008, esto es, antes de la crisis. Los resultados publicados por Coneval arrojan un escenario de continuo deterioro social, provocado por un crecimiento en los ingresos incapaz de contrarrestar el aumento en los precios de los alimentos. Dicho fenómeno no es transitorio, pues desde el comienzo de la publicación del ITLP éste ha mostrado una tendencia al alza. Es decir, desde 2005 ha aumentado el porcentaje de personas que, aun haciendo uso de todo su ingreso laboral en la compra de alimentos, no pueden adquirir la canasta alimentaria mínima necesaria.
Lo anterior se refuerza, apunta el CEFP, con la reciente divulgación de los indicadores económicos nacionales, los cuales muestran que la evolución de la economía mexicana aún muestra signos de debilidad: la inversión disminuyó su dinámica de crecimiento; el avance de la confianza del consumidor no fue tan significativo; la inflación general anual, junto con la de la canasta básica y la de los alimentos, repuntó en mayo; el poder adquisitivo del salario de los mexicanos sigue descendiendo; y, si bien destaca la mayor generación de empleos formales, ésta no es suficiente para cubrir la demanda de nuevos empleos.
Pero en Los Cabos dicen que no hay prisa, que la cosa es calmada y que están muy preocupados por la economía.
Las rebanadas del pastel
De enero a abril de 2012, el gasto en nómina burocrática sumó 290 mil 768 millones de pesos; seis años atrás, por el mismo concepto se desembolsaron 191 mil millones; la austeridad es notoria: 52 por ciento de incremento, con una tasa anual promedio de crecimiento económico de 1.8 por ciento.
Fuente: La Jornada, La Jornada
