-TEMPLO MAYOR (F. Bartolomé )
UN ASUNTO que los panistas seguramente no trataron en su encerrona con Felipe Calderón fue el de las supuestas negociaciones entre Alejandra Sota y Enrique Peña Nieto en la víspera de la elección en el Estado de México.
TANTO en Los Pinos como en Toluca se comenta que, el viernes anterior a los comicios, Sota le mandó un mensaje al mexiquense a su smartphone y le ofreció que Luis Felipe Bravo Mena saldría a aceptar su derrota el domingo y que no impugnaría la elección.
Y TODO a cambio de un cafecito en la representación del gobierno mexiquense en Las Lomas.
¿POS' QUÉ asunto tan importante quería tratarle la panista al "Gelboy"? Es pregunta con aroma de café
EN LOS PASILLOS de la CTM dicen tener bien claro por qué no prosperó la reforma laboral en la que el PRI y el PAN, supuestamente, ya estaban de acuerdo.
QUIENES estuvieron cerca de la negociación cuentan que el documento ya tenía el visto bueno del jerarca cetemista, Joaquín Gamboa Pascoe, pero al equipo del secretario del Trabajo, Javier Lozano, se le hizo fácil meterle mano.
Y AFIRMAN que las modificaciones no le hicieron nadita de gracia a los representantes de los obreros, por lo que lo negociado se vino abajo.
¿SERÁ?
A VER, A VER, ¿de dónde están sacando el dinero algunos precandidatos presidenciales para anunciarse en Facebook?
OCURRE que, a pesar de que sus páginas no aparecen bajo la categoría de "Anuncios", sino bajo el eufemismo "Historias Patrocinadas", esas menciones cuestan, y las tarifas son las mismas que los comerciales pagados en esa red social.
LO CIERTO es que, al menos en cuanto al número de veces que miembros de esa comunidad les han dado un "Me gusta", varios de esos suspirantes con espacios pagados han tenido una buena respuesta.
ES EL CASO de Enrique Peña Nieto con sus más de 630 mil "likes", Heriberto Félix Guerra con más de 330 mil, Josefina Vázquez Mota con 150 mil y Manlio Fabio Beltrones con 84 mil.
NO MUY BIEN le ha ido hasta ahora a Santiago Creel, con apenas 9 mil, pero a lo mejor es porque sus patrocinadores no le invierten suficiente dinero.
Y ES QUE en Facebook el número de veces que se replica cada "historia" depende del presupuesto diario que se esté dispuesto a pagar a ese portal; es decir, a más lana, más posibilidades de "gustarles" a los usuarios.
VALE decir que el resto de los aspirantes presidenciales visibles, léase los perredistas Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, y los panistas Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Emilio González, sí tienen páginas y perfiles en el "feis" pero de las gratuitas que usan los comunes mortales.
HASTA en la red hay niveles, pues.
EL EX PRESIDENTE del PAN Germán Martínez va a estrenar en dos semanas una toga y un birrete.
PERO no es porque se vaya a la Suprema Corte, sino porque asumirá una nueva chamba en el ámbito académico.
A PARTIR del 1o. de agosto será el nuevo director de la carrera de derecho de la Universidad La Salle, que es su alma mater y el sitio donde ha estado dando clases desde hace año y medio.
POR CIERTO, el panista se ha ganado entre los alumnos fama de duro, pues dicen que pasar sus exámenes de derecho constitucional está más difícil que ganarle una elección al PRI en el Estado de México.
NI LA BURLA perdonan.
-TRASCENDIÓ
Que el sentir de los principales empresarios de Nuevo León va en sentido contrario del que expresa otro grupo de empresarios (de menor calado) en un desplegado de circulación nacional.
Los empresarios más fuertes no sólo están contra un repliegue del gobierno federal en la lucha contra los criminales, sino quisieran ver más efectivos en su entidad.
Lo de la propuesta de legalizar las drogas ni lo debaten. Lo que les interesa es salvar urgentemente la zona metropolitana de Monterrey y, de ahí, el resto de Nuevo León.
Que mañana, finalmente, los siete aspirantes a la candidatura presidencial del PAN se reunirán con el líder nacional del partido, Gustavo Madero, para avanzar en el tema de la posible reducción del número de contendientes en el proceso 2012.
La idea es llegar solamente con dos o tres liderazgos fuertes al momento de elegir al abanderado, pero el ala dura, que son los más cercanos al presidente Calderón, está muy reacia a esa posibilidad.
Que quienes no se consideran cercanos en este proceso al presidente Calderón llaman a cada uno de los precandidatos que están en el gabinete el gol de campo… porque valen tres puntos... en las encuestas, claro.
O el margen de error: porque viven en más-menos tres.
¡Duro!
Que de quien se dice que mañana mismo, o en la semana, se bajará de la competencia es del secretario del Trabajo, Javier Lozano. Según esto, sus encuestas lo tienen, en efecto, alrededor de los tres puntos.
Lozano, como él mismo adelantó, se sumaría más adelante a la candidatura del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
Que se avecina otro diferendo entre los gobiernos del DF y el Estado de México.
Mañana se reunirá José Luis Luege, director de la Conagua, con autoridades de Servicios de Autopistas, para determinar el futuro del puente del río de Los Remedios.
Los especialistas de Marcelo Ebrard piensan que se debe derribar. Los de Enrique Peña Nieto, que no.
¿Dirimirá la Conagua, o a fin de no hacer olas, el asunto se archivará para “mejor momento”?
-BAJO RESERVA (Periodistas EL UNIVERSAL)
Sigue el problema del clembuterol
A QUÉ información tendría acceso el director de la Comisión Nacional del Deporte, Bernardo de la Garza, que decidió que en instalaciones dependientes de la Conade se retire del menú la carne de res. Ayer, en su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que “sigue el problema del clembuterol” y llamó a los atletas mexicanos a evitar su consumo para prevenir suspensiones. Más tarde, el jefe de los servicios médicos de la misma comisión, Juan Manuel Herrera, dijo que van a pedir a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería que exista un mayor control a ganaderos. El resto de los mexicanos deberíamos poder contar con informes como los de la Conade para decidir sobre el consumo de carne de res.
EN EL PRD no se cansan de llamar a la unidad, pero parece que es un mero discurso. El viernes se confirmó la creación del movimiento “Demócratas de Izquierda”, que encabezan las corrientes Nueva Izquierda de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, Foro Nuevo Sol de Amalia García y Hortensia Aragón, y la Izquierda Renovadora en Movimiento de Martha Dalia Gastelum y Miguel Moreno Brizuela, para apoyar a Marcelo Ebrard en su aspiración presidencial. De inmediato, ayer llegó la reacción y la Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano y Dolores Padierna llamaron a un acto masivo de apoyo a López Obrador. Para los primeros, el método debe ser una encuesta, en la que están convencidos que Ebrard ganaría ampliamente. Para los segundos, el mecanismo debe ser una elección abierta. Las tribus comienzan a hacer sonar sus tambores.
Y EN EL PAN también hace aire. Ayer el Foro Regional panista en Morelia tuvo que ser suspendido luego de que simpatizantes del senador con licencia Marko Cortés y Luisa María Calderón Hinojosa, ambos aspirantes a la candidatura de Acción Nacional al gobierno de Michoacán, iniciaron una gresca. Lo que se esperaba como un intercambio de ideas terminó por ser un intercambio de golpes, y en lugar de un documento de propuestas, lo que se acabó por redactar fue una denuncia en contra de Eduardo García Chavira, coordinador general de la campaña de Cortés, por parte de Mariano Torres, simpatizante de la campaña de la hermana del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien acusó a Chavira de haberlo golpeado.
ALGO se trae entre manos Humberto Moreira, que en las últimas fechas se ha reunido con diversas personalidades de los derechos humanos. Primero fue con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, luego conversó por varias horas con el juez español Baltasar Garzón, quien se ha distinguido por perseguir a los grandes violadores de los derechos humanos. En próximos días, nos dicen, el presidente nacional del PRI se reunirá con el prestigiado ex fiscal anticorrupción italiano, Antonio Di Pietro, y con Sang Hyun Song, presidente de la Corte Penal Internacional.
COMPLICADA tendrá la semana la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, quien a la vez aspira a ser candidata presidencial del PAN, ya que tendrá que encabezar —ahora sí— una reunión de trabajo con los representantes del PRI, Francisco Rojas, y del PRD, Armando Ríos Píter. Nos dicen que se espera un encuentro lleno de reclamos de unos a otros por las vacaciones que, en efecto, tiene la Cámara Baja, y porque hasta el momento no han sido electos tres nuevos consejeros para el IFE. De seguir las cosas como van, nos aseguran, los perredistas están decididos a que el Instituto se quede sólo con seis integrantes del Consejo General.
-EL SECRETO (Ricardo Alemán)
- ¿Por qué el PAN también adopta el secretismo del PRI?
- En silencio y en lo oscurito, el PAN negocia una salida.
Está claro que los jefes del PAN tienen todo el derecho de realizar en secreto su más importante cónclave en la última década —encuentro que reunió a ex presidentes del partido, ex candidatos presidenciales, legisladores y a los jefes azules, incluido Felipe Calderón—, pero también es cierto que todos los ciudadanos, en general, tienen el derecho a saber lo que ahí se dijo, lo que se acordó y concluyó. ¿Por qué?
Porque resulta que más que instituciones privadas, clubs de amigos o romerías de cuates, los partidos políticos mexicanos son —según la Carta Magna—, “instituciones de interés público”. ¿Y eso qué quiere decir? Casi nada, que son instituciones del Estado mexicano, financiadas con dinero público, y cuyo desempeño es de interés de todos los ciudadanos.
Sin embargo el partido azul decidió su cónclave al estilo de la vieja antidemocracia priista; del secretismo absoluto. Incluso se llegó a excesos groseros —acaso sabedores de que es casi imposible cerrar la boca a los políticos—, de que los participantes en el cónclave azul fueron obligados a asistir sin llevar consigo sus respectivos teléfonos celulares. ¿La razón? Que no se filtrara nada de lo que se dijo en los dos encuentros de la cúpula azul.
Partido de cuates.
¿Por qué resulta una ofensa para los ciudadanos en general, pero sobre todo para los militantes del PAN, un encuentro secreto como el que llevaron a cabo durante dos días, un pequeño grupo de los autodenominados “jefes” del PAN? Las razones son muchas y de distintos talantes, Proponemos sólo cuatro razones, con argumentos elementales.
1.- Porque durante toda su vida, el PAN presumió su origen como partido de ciudadanos, al tiempo que por décadas cuestionó la cultura del viejo PRI, de resolver sus diferencias y tomar sus decisiones, sólo entre pequeños grupos cupulares.
2.- Porque la crisis que vive el partido azul se manifiesta en todo México, y panitas de todo el país reclaman un análisis en el que pudieran participar representantes de todos los comités estatales, legisladores de todos los distritos y todas las entidades y, por supuesto, porque un diagnóstico serio no puede ser tomado en cuenta sin una representación de la militancia de todo el país.
3.- Porque un análisis en el que sólo se escucha a un puñado de amigos —como los que se reunieron el viernes y sábado en el PAN—, no es más que una gran farsa.
¿Qué saben los participantes del cónclave, lo que pasa en el PAN del Estado de México, en el de Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas? En cada entidad, el PAN es distinto, sus problemas son diferentes y las soluciones deben ser particulares.
4.- Porque el secretismo y las decisiones cupulares —van en contra de la cultura del PAN—, confirman que Acción Nacional decidirá la selección de su candidato presidencial, a partir de lo que siempre cuestionó; una decisión cupular.
Diez años y diez horas.
Sin embargo, lo más curioso del encuentro secreto entre un puñado de panistas que se dicen dueños de las decisiones del partido azul y de su futuro, es que durante diez horas —cinco de la tarde y noche del pasado viernes, y cinco de la mañana y tarde del sábado—, esos autoproclamados depositarios de las decisiones del partido azul analizaron y diagnosticaron las dolencias que tienen postrado al partido azul en los últimos diez años.
Es decir, que para analizar el tamaño y la profundidad de una crisis política que se gestó en los últimos diez años —casualmente años en que el PAN ha estado en el poder presidencial—, los modernos jefes de Acción Nacional sólo requirieron algo así como diez horas. En otras palabras, que una treintena de panistas que se dicen de primer nivel —curioso que no apareció en ese encuentro uno solo de los ideólogos, de esos que defienden la doctrina, los principios y sus desviaciones—, dispusieron de unas cuantas horas para revisar lo ocurrido en el partido azul en toda una década, desde que llegó al poder en el año 2000; poder que puede perder en el año 2012.
¿Qué tan serio, profundo, sustentado y productivo puede ser un análisis de lo que pasa en un partido como el PAN, en un encuentro de diez horas, donde ni están todos los que son, ni son todos los interesados en el PAN?
Hasta la noche de ayer —20:00 horas—, no se sabía prácticamente nada de lo que se habló, se revisó, pactó y negoció en el encuentro de los jefes del PAN con el presidente Calderón —porque según las imágenes que se conocieron, el Jefe del Estado mexicano actuó como verdadero jefe del PAN—, a pesar de que todos saben que durante las dos sesiones del encuentro de panistas, no tiene otro fin que el de negociar un acuerdo para empujar, en unidad, un candidato presidencial.
La identidad perdida.
¿Dónde quedaron aquellas convenciones de varios miles de panistas —delegados de todo el país—, que intercambiaban elogios y críticas a los aspirantes presidenciales; que resaltaban las cualidades de tal o cual de los aspirantes, en tanto que acusaban los vicios y deficiencias de sus adversarios?
Hoy todo se resuelve en una cúpula de no más de 30 interesados y autodenominados “jefes del partido”, quienes en secreto mueven las piezas, hacen alianzas, pactan y negocian.
Al final, al más viejo estilo del PRI, se imponen las decisiones cupulares. Sin embargo, y por increíble que parezca, nadie ha sido capaz de explicar por qué una reunión ultrasecreta.
¿De qué no quieren que se enteren los ciudadanos? ¿Qué esconden los señores de Acción Nacional?
Está claro que los principales problemas del PAN tienen qué ver con la advertencia que Felipe Calderón lanzó poco antes del año 2000, cuando dijo que su partido corría el riesgo de “ganar el poder y perder al partido”. Hoy el PAN tiene el poder, pero se ha desdibujado hasta niveles de poner en riesgo su permanencia en el poder.
El PAN ha perdido su identidad, pero dejó de producir cuadros para los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. El PAN hoy ya no es el “partido esperanza” que llegó al poder en el año 2000, y no pocos ciudadanos creen que el partido azul es igual o peor que el PRI. Hoy el PAN se ha desdibujado hasta niveles de perder gobiernos en regiones completas del país, que en otros momentos fueron considerados como “corredores azules”. Y la crisis ha llegado al extremo de que el PAN sólo gana gobiernos estatales y municipales en alianza con el PRD y con candidatos del PRI.
Golpes en Michoacán.
Mientras que los jefes del PAN discutían la candidatura presidencial, en Michoacán resolvían a golpes la selección del candidato azul.
-PLAZA PÚBLICA (Miguel Ángel Granados Chapa)
La Corte y los derechos humanos
Concluyó la renuencia de los poderes mexicanos ante sentencias de la Corte Interamericana, que tienen carácter imperativo. El máximo tribunal mexicano perdió en algún sentido parte de su denominación
Víctimas de violencia perpetrada por militares, la justicia unirá, con 37 años de diferencia, los nombres de Rosendo Radilla Pacheco y Jethro Ramsés Sánchez Santana. En virtud de una sentencia internacional relativa a aquel ciudadano hecho desaparecer el 25 de agosto de 1974, un juez ordinario, y no uno del fuero castrense, deberá juzgar a quienes torturaron y privaron de la vida al segundo, desaparecido en Cuernavaca el 1o. de mayo de este año.
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el 5 de julio que dos oficiales subalternos fueron detenidos por órdenes de la Procuraduría de Justicia Militar acusados del homicidio de Jethro Ramsés y por tortura de su primo Horacio Hernández Demesa. Los miembros del Ejército fueron consignados al juez quinto militar para ser juzgados conforme al código de justicia correspondiente por "delitos de violencia contra las personas". Ese juzgador, sin embargo, deberá excusarse y remitir el caso a un juez penal de Morelos como primer efecto de las trascendentales decisiones consumadas el pasado martes, 12 de julio, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas consiste en restringir el alcance del fuero militar a sus términos constitucionales, a fin de que los miembros de las Fuerzas Armadas a quienes se imputen delitos contra civiles y en que resulten lesionados derechos humanos sean llevados a la justicia ordinaria, no a los tribunales castrenses.
Esa determinación de la Corte fue adoptada al concluir el estudio del modo en que ese tribunal cumplirá la parte que le corresponde entre las obligaciones fijadas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. No se trataba de establecer si la Corte mexicana acataría la resolución del tribunal internacional sino los términos en que lo haría. Al hacerlo, concluyó, al menos en este caso, la renuencia de los poderes mexicanos ante sentencias de la Corte Interamericana, que tienen carácter imperativo. Con ello, el máximo tribunal mexicano perdió en algún sentido la primera parte de su denominación. Frente a la de San José, ya no es corte suprema, sino que está sometida a ese órgano judicial interamericano. Como quedó claro en el abordamiento de este caso, ni siquiera puede interpretar los términos de la sentencia internacional, sino cumplirlos llanamente.
La desaparición de Rosendo Radilla -un militante al que se acusó de participar en la insurrección armada guerrerense encabezada por Lucio Cabañas- quedó impune mientras su caso permaneció en la jurisdicción mexicana. Como ocurrió con cientos o miles quizá de víctimas de la Guerra Sucia, la desaparición de Radilla no fue objeto de denuncia ni de trámite judicial ninguno, cerradas como estaban las instancias jurídicas formales en el momento de la comisión de los delitos, en el gobierno de Luis Echeverría, y también en los tres lustros siguientes. Fue sólo hasta el 15 de noviembre de 2001 cuando la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la asociación de familiares de desaparecidos a que pertenecían sus deudos denunciaron al Estado mexicano por aquel suceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo de la OEA, con sede en Washington, emitió a partir de entonces varias recomendaciones que fueron desatendidas por su destinatario. Por ello, el 15 de marzo de 2008 la Comisión turnó el caso ante la Corte Interamericana, que el 23 de noviembre de 2009 emitió sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, que incluye no sólo medidas de reparación del daño en el caso específico, sino resoluciones obligatorias que vinculan a los tres poderes respecto de la vigencia de los derechos humanos en México. A partir de la notificación de la sentencia, el 9 de febrero del año pasado, se inició el tortuoso proceso de su aplicación. Por lo que toca al Poder Judicial, el 26 de mayo de ese año el ministro presidente -todavía Guillermo I. Ortiz Mayagoitia- sometió a consulta el modo en que ese tribunal acataría la sentencia de San José. El 7 de septiembre siguiente el pleno resolvió la consulta y ordenó que se determinara la participación del Poder Judicial en el caso. Un primer acercamiento a esa determinación, realizado por el ministro José Ramón Cossío, fue desestimado por el pleno, que encargó una nueva ponencia a la ministra Margarita Luna Ramos, misma que fue sometida a discusión el 5, 7 y 12 de julio pasado.
En el entretanto, cobró vigencia la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ordena a toda autoridad proteger con la mayor amplitud posible los derechos humanos. En el nuevo marco constitucional, y conforme a la indiscutible sentencia, la Corte determinó que todos los jueces, y no únicamente los federales y menos aún sólo la Corte, deben practicar el control de convencionalidad. Es decir, corresponde a los juzgadores cotejar si la aplicación de una norma es congruente con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre la materia, y establecer en consecuencia si las leyes en cuestión son inaplicables.
Igualmente se determinó restringir el alcance del fuero militar. Por unanimidad de 10 votos (la ponente Margarita Luna Ramos estaba ausente, invitada a una celebración del tribunal constitucional de Indonesia) se decidió "que todos los jueces del Estado mexicano deben replicar (sic, por aplicar o reproducir) en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo 1 constitucional". (Está en boga emplear el verbo replicar como reproducir, copiar. Juristas eminentes como los ministros de la Corte no pueden incurrir en ese error, sobre todo porque una figura procesal, la réplica tiene un sentido preciso).
Inmediatamente después de concluida la sesión del pleno el martes pasado, las secretarías de Gobernación, de Marina y de la Defensa Nacional emitieron un comunicado conjunto sobre lo que llamaron "el criterio orientador" del máximo tribunal con el que "se precisa el alcance de la jurisdicción militar para los casos en que elementos de las Fuerzas Armadas se vean involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos". En esa comunicación se repite varias veces la fórmula "criterio orientador" o su plural. Es un error llamarlos así. Los criterios de la sentencia de la Corte Interamericana son obligatorios, vinculantes de los poderes del Estado mexicano, que es la instancia condenada en el caso Radilla. Subraya esa confusión, o esa interpretación impropia, el afirmar con sintaxis defectuosa que "respetuoso del equilibrio de entre los tres poderes de la Unión, el gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país". Si fueron criterios orientadores los determinados por la Corte mexicana, es decir si admitieran discrecionalidad de los juzgadores, no se cumpliría la sentencia del caso Radilla. Son criterios obligatorios, e incurrirá en responsabilidad quien no se atenga a ellos.
La tarjeta informativa con que la Corte sintetizó los resultados de las sesiones dedicadas al tema por el pleno concluye afirmando que "para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo 1 constitucional, por unanimidad de diez votos se resolvió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá reasumir su competencia originaria en relación a casos concretos existentes y a futuro, en materia de desaparición forzada". Hemos de esperar a que se publique, una vez engrosada, la determinación de ese tribunal, para conocer los términos de que derivó esa parte de sus decisiones. Por lo pronto, es congruente que la Corte habla de la desaparición forzada cuando que fue ese delito (no tipificado en la legislación mexicana entonces) el que se cometió en agravio de Rosendo Radilla.
Su caso, el de su detención por una autoridad castrense que no lo somete al Ministerio Público para determinar si se ejerce en su contra acción penal, sino que se priva de la vida o se le oculta por quién sabe cuánto tiempo, se ha reproducido (no replicado) por cientos a partir de 1974, y de seguro fue también practicado antes de esa fecha. Es hora de poner fin a esa infame manera de someter a personas, militantes o no de una idea.
-CAMPOS ELÍSEOS (Katia D' Artigues)
En el corcho
DOMINGO 17
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP realizan el examen para ocupar una de las 21 mil 450 plazas que están en disputa, y hay registrados cerca de 141 mil aspirantes; sólo uno de cada seis quedará.
En esta ocasión, aunque usted no lo crea, podrían obtener un lugar con el solo hecho de aprobar al menos 30% del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes.
Para evitar que los maestros copien —¡en serio!— y evitar que filtren su contenido o, no vaya a ser, los vendan, desde la semana pasada la empresa Cometra trasladó las pruebas que se aplicarán en cajas, con sellos inviolables y seguros.
Este examen es parte de la Alianza por la Calidad en la Educación firmada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo en las últimas semanas en el ojo del huracán.
Ambos dicen que la entrega —eso sí, “sin permiso para saquear”— del ISSSTE, Lotería Nacional y subsecretaría de Educación Básica fue para impulsar estos avances. Mientras el gobierno dice que le torcieron la mano a Gordillo para que apoyara algo así, Elba dice todo lo contrario: que fue ella quien lo propuso.
A ver qué tan bien o mal calificados salen en lo global “los maestros del siglo XXI para forjar a los ciudadanos del siglo XXI” (Elba Esther dixit). Y a ver si esto es un motivo más para otra controversia política de la líder magisterial en su ruptura con el gobierno panista.
LUNES 18
Inicia un nuevo periodo de sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pendientes estaremos de los temas a tratar y si es que el Estado mexicano estará en la lista de pendientes. Por discreción no se dicen los temas agendados, sino al final de periodo, cuando dan a conocer los datos abordados. Las sesiones públicas son hasta octubre.
Pero en temas relacionados, a partir del próximo 25 de julio y hasta el 2 de agosto, inicia una visita a nuestro país, de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. De acuerdo con la propia CIDH, se hace por invitación del gobierno mexicano.
La trascendencia radicaría en que se visitarán zonas de los estados: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, DF y Tamaulipas.
Pero sin lugar a dudas, los ojos del comisionado Felipe González; de Santiago A. Cantón, secretario Ejecutivo de la CIDH, y de Álvaro Botero, abogado especialista de esta Relatoría, estarán puestos en su visita a Reynosa, y… San Fernando. Sí, ese municipio en el que en agosto de 2010 fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes muertos, principalmente centroamericanos, además de las fosas clandestinas ubicadas este año. Los funcionarios también se reunirán con integrantes de ONG y funcionarios municipales, estatales y federales.
JUEVES 21
Se conmemora el Día del Empleado Federal. De acuerdo con cifras del INEGI, en nuestro país, la cifra de mexicanos que laboran en el gobierno es de 4 millones 453 mil 404 personas, hasta 2009.
Claro, en estas épocas de apretarse el cinturón, también se han dado bajas en la plantilla burócrata. En los primeros cuatro años de este gobierno, 17 mil 532 personas dejaron de trabajar para el sector público o sus plazas fueron canceladas.
No se debe de dejar de lado la fuerza sindical que representa la burocracia, la cual está representada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, pero en los últimos años ha tenido serias fracturas, al abandonarlo el SNTE y otras organizaciones sindicales federales.
Pero también habrá que hacerlos entrar en cintura —no por la negra fama que tienen los empleados federales, frase injusta por generalizadora—, sino porque de acuerdo con el ISSSTE, en agosto de 2010, un total de 2 millones de burócratas estaban con sobrepeso, pues.
ESTA SEMANA
DOMINGO En la Macroplaza de Monterrey, y en la representación del Gobierno de NL en el DF, se realiza la protesta "No son cifras, tienen nombre", organizada por familiares de víctimas de la delincuencia organizada * *La UNAM da a conocer sus resultados de ingreso a licenciatura para el próximo ciclo escolar* * En el DF se realiza el Gran Desfile de la Ciudad de México-Vive Verano 2011 sobre Paseo de la Reforma*Llega a la Basílica de Guadalupe la megaperegrinación proveniente de Querétaro y Guanajuato.* En el Autódromo Hermanos Rodríguez finaliza la Serie Nascar*
LUNES El presidente Calderón recibe en Los Pinos al Presidente electo de Perú, Ollanta Humala* Arranca en la Expo Santa Fe "Campus Party", con lo mejor de las nuevas tecnologías e Internet *En el Senado se realiza el foro "Importancia de la Seguridad Nacional en el Marco de una Sociedad Democrática".
MARTES Dentro del Campus Party, hoy da conferencia el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, quien junto con otros panelistas hablará sobre la historia del Internet y su futuro*El Gobierno capitalino dará a conocer su plan de rescate para la zona de Xochimilco, principalmente la zona donde se ubican las Chinampas.
MIÉRCOLES Aniversario luctuoso de Francisco Villa* Día de la Secretaria*En Ginebra, La Organización Mundial de Comercio dará a conocer su Informe sobre Comercio Mundial* Libro para leerse ahorita: se presenta "Políticas públicas y derechos humanos en México", de Luis Eduardo Zavala y Andrea Rossi en la Comisión de Derechos Humanos del DF.
JUEVES La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realiza en Yucatán el Foro "La Reforma Política. Cambio estructural de la vida social de México", en el que participan legisladores de todos los partidos * Saltillo, Coahuila es sede del Foro Regional sobre Reforma Laboral, organizado por la Comisión de Trabajo de San Lázaro *En la Secretaría de Relaciones Exteriores inicia la V Reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia México-Colombia.
SÁBADO 23 En Washington inicia la reunión del Consejo Nacional de la Raza, en el que participará Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush* Llegan a Madrid los "desplazados" provenientes de diversos puntos de España quienes convocan a una nueva protesta el día 24* Seguro dejarán huella, en Milán, se presenta "Bronco" a quienes promocionan allá como "los Beatles mexicanos.
-La guerra de Estados Unidos contra el pueblo de México (Pablo Moctezuma Barragán)
Balas por piedras. El 22 de junio de 2010 otra vez agentes de la Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, asesinaron a un mexicano. Fue baleado en pleno territorio nacional con el pretexto de que “lanzaba piedras”. José Alfredo Yáñez Reyes estaba en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, cuando recibió un disparo por parte de la Border Patrol a través de una malla. Yáñez era un trabajador, quien ahora deja a un hijo de un año y medio, y a su esposa embarazada de cinco meses. Los recientes crímenes en la frontera norte contra Ramsés Barrón, Anastacio Hernández, Sergio Adrián Hernández y de cientos de migrantes más, quedan invariablemente en la impunidad. Al mexicano se le trata en calidad de esclavo, a quien se puede asesinar libremente, incluso, en territorio mexicano.
No sólo se criminaliza a los migrantes que trabajan sin derechos como esclavos: también se lucra con ellos. En su documental Inmigrantes a la venta, la organización Cuéntame –radicada en Los Ángeles, California– denuncia que las redadas y el envío a la cárcel de inmigrantes son una rica fuente de ganancias. El trabajo exhibe que la detención de migrantes es una industria multimillonaria, puesto que más allá de las leyes antiinmigrantes, representa un gran negocio para las cárceles privadas. A éstas se le pagan 200 dólares la noche por cada migrante capturado. Lucran como si fueran hoteles, ya que necesitan más ocupantes para así poder ganar más dinero. Las corporaciones Corrections Corporation of America (CCA), GEO Group, Managment and Training Corp (MTC), albergan 150 mil espacios para camas, con ganancias de hasta 5 mil millones de dólares. No es extraño que grupos cabilderos como el Consejo de Intercambio Legislativo Estadunidense (ALEC, por su sigla en inglés) impulsen leyes como la SB1070 de Arizona y redacten leyes antiinmigrantes para aumentar las redadas y así favorecer este negocio. El gobierno de Barack Obama deportó en 2010 a 400 mil migrantes, hecho que alimentó las ganancias de las cárceles privadas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha destruido la economía mexicana y ha obligado a que medio millón de mexicanos a emigre anualmente. Las grandes corporaciones estadunidenses no sólo han invadido los mercados nacionales sino que garantizan mano de obra barata, sin derechos, esclavizada en su territorio. La dependencia y los planes de anexión de Estados Unidos no han ayudado al desarrollo de México. Todo lo contrario, han traído crisis, crimen, miseria y caos, y han disparado la emigración como nunca antes.
Pero Estados Unidos agudiza sus políticas antiinmigrantes, al tiempo que la falta de empleo y los bajos salarios en México provocan la emigración. Las crisis provenientes en Estados Unidos desde 2008 han demostrado que es un error garrafal el que México dependa de la economía de estadunidense. Y la crisis continúa. Hace unos días Obama tuvo que reconocer que en el primer trimestre de 2011 su economía apenas creció 1.9 por ciento anualizado. La profunda crisis sigue ahí. Es una crisis estructural del capitalismo que solamente se remediará con el cambio a un sistema en el que no sean las grandes corporaciones las que se lleven y controlen todas las ganancias. México debe ser un país soberano económicamente y no estar atado a los vaivenes de la economía Estados Unidos. También la economía mexicana se está desacelerando este año. En abril tuvo su menor tasa de crecimiento en 17 meses desde diciembre de 2009. El cuento de que “ya salimos de la crisis” es falso.
Esta dependencia no sólo afecta el desarrollo económico, sino también sujeta al país a las exigencias del mercado de la droga de Estados Unidos que sigue siendo el mercado más grande para la cocaína; en 2009 se consumieron 157 toneladas, lo que equivale al 36 por ciento del mercado mundial. En este país se vendieron 37 mil millones de dólares de esa droga, según datos de la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomados de su Reporte anual 2010. En Estados Unidos se da la máxima distribución de droga, ¿y quién la moviliza por todo ese país? Se habla de los carteles mexicanos; pero en Estados Unidos, que es donde está el gran negocio ¿quién lo controla?
Al criminalizar a México –inundando al país con sus armas, hecho propiciado por el mismo gobierno de Estados Unidos y sus agencias Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el FBI (Oficina Federal de Investigación, por su sigla en inglés), como develó el escándalo de la Operación Rápido y Furioso–, Estados Unidos pretende no sólo aprovecharse de nuestra mano de obra, sino seguir adueñándose de nuestras riquezas con la complicidad de los gobiernos emanados tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como del Partido Acción Nacional (PAN). Es sabido por todos cómo han dado prioridad a los intereses de las grandes corporaciones en detrimento de los intereses de México. Los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con las trasnacionales Schlumberger, Halliburton y Weatherford, violan la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28. El mal gobierno actual pisotea la ley y los derechos del pueblo, así como la soberanía nacional con tal de servir a las corporaciones extranjeras. El petróleo es estratégico para la economía y la industria, el cual debe ser explotado exclusivamente por la nación. Lo mismo ocurre con minerales como la plata, el oro, el plomo, el zinc, el litio, la fluorita, el ópalo, la cal, el cobre, el estaño, y el gas. Esas riquezas deben ser para los mexicanos, para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo. México es un país rico, pero es saqueado impunemente, inmerso en un estado de pleno neocolonialismo. Y eso no es aceptable.
En materia eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está ahorcando a la industria y violando la Constitución, al darle 37 mil millones de pesos en contratos a empresas privadas y retirar 24 plantas para dar espacio a productores privados. La privatización de la industria eléctrica está impulsada por Washington y corporaciones extranjeras, lo que genera en conjunto altas tarifas y la desnacionalización de la industria. Los sectores estratégicos, como el sector energético –dice la Constitución– deben ser explotados exclusivamente por la nación y los contratos están explícitamente prohibidos. Pero Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con el presidente George W Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, para la integración en seguridad y energéticos de Canadá, Estados Unidos y México. De ahí se deriva la intensificación de la apertura de los sectores estratégicos y de los energéticos para favorecer a las corporaciones estadunidenses y canadienses. Los 10 años de gobierno panista han significado la aceleración de la entrega de México y su anexión a Estados Unidos, iniciada desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Desde la década de 1980, al iniciar las políticas neoliberales, se ha buscado propagar la idea de que la inversión foránea y la deuda son apoyos. Eso es totalmente falso. La inversión extranjera y la deuda han empobrecido como nunca al país y al pueblo trabajador. La deuda externa bruta de México se elevó a 257 mil millones de dólares durante este gobierno, nivel nunca observado antes, impulsada principalmente por la inversión extranjera en el mercado interno de bonos gubernamentales. Cada mexicano debe 28 mil 993 pesos por la deuda interna, más 22 mil 930 pesos por la deuda externa, es decir, que cada connacional debe 51 mil 923 pesos por deudas que no sólo no han beneficiado al país sino que lo han hundido en la dependencia extranjera y en la miseria, porque se paga más de intereses y amortizaciones que lo que ingresa. La deuda gubernamental llegó en enero pasado a casi 182 mil millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 54 por ciento en lo que va del actual gobierno, según informes del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por otro lado, al comenzar el sexenio, el débito del sector público era de 54 mil 766 millones de dólares, los cuales al final de 2010 llegaron a 107 mil 100 millones. Es decir, la deuda casi se duplicó durante el gobierno de Felipe Calderón.
Otra de las falacias que se han mencionado es la que de la deuda ayuda al desarrollo del país. En 1970 se debían 3 mil 600 millones de dólares, hoy 257 mil millones,¿y estamos mejor? ¡Claro que no! En 1970 el monto de la inversión extranjera directa en su totalidad sumaba 5 mil millones de dólares. Actualmente, según datos de la Secretaría de Economía, entre enero de 2007 y diciembre de 2010 el país recibió 88 mil 510.2 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED). ¿Y ésta ha ayudando al desarrollo económico de México? ¿Ha mejorado la situación de los trabajadores, aumentado el empleo, el bienestar? ¡Para nada! La dependencia extranjera produce el saqueo de las riquezas nacionales y el atraso del país. El neocolonialismo ha hundido a México.
El 30 de julio se cumplen 200 años de la muerte de Miguel Hidalgo, hombre que luchó por la independencia de México, por su soberanía política y económica, contra los monopolios, el mal gobierno, las alcabalas, la esclavitud, y hoy por hoy, su lucha sigue vigente, convocándonos a luchar para derrotar al neocolonialismo y alcanzar la plena soberanía.
Además de todo el dinero que sale por los capitales que usurpan las empresas extranjeras y por los intereses y amortización de la deuda que asciende alrededor de 30 mil millones de dólares anuales, con Calderón se han fugado 93 mil millones de dólares al extranjero. El saqueo de México está peor que nunca. Es impresionante cómo se redobla la explotación de los trabajadores y empeoran las condiciones de trabajo, a la vez que se agudiza el desempleo.
Durante décadas Estados Unidos desarrolló un control económico de México, para pasar al control político y ahora al control militar, que es la fase que atraviesa el país. Para tener el control directo del territorio nacional, Estados Unidos tiene planteado instalar bases militares en México. Y ya comenzaron. En el marco del Plan Mérida y la fallida guerra contra el narcotráfico, el 10 de mayo, al oriente de la capital del estado de Puebla, comenzó la construcción de una base militar estadunidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial. Esta base militar tendrá lugar en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa. Cabe destacar que el Plan Mérida es un programa subsidiado por Estados Unidos en la supuesta guerra contra el narcotráfico, cuyo resultado es lo que vemos todos los días: una desarticulación del tejido social como nunca se había visto en la historia de México, producto de la injerencia del gobierno estadunidense, a través de su exembajador Carlos Pascual, que ya antes había tenido experiencia en Colombia, Europa del Este, África y Haití, para desmantelar “estados fallidos”. La presentación del proyecto estuvo a cargo de Rafael Moreno Valle y Keith W Mines, director general de Iniciativa Mérida, quien fue muy claro y precisó que la FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), y el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por su sigla en inglés) entre otros, tendrán injerencia directa.
Todo esto es anticonstitucional y violatorio de la soberanía nacional. Además de esta base, ya están piloteando los aviones no tripulados estadunidenses en cielo mexicano y se ha establecido, autorizada por Calderón, la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), ubicada en avenida Reforma 265, en la ciudad de México. También la Armada de México se ha integrado a las maniobras militares de Estados Unidos. Y se han establecido aduanas internas de ese país Estados Unidos en la república mexicana.
Por otra parte, es preocupante que después de invadir Afganistán y de mantener una guerra de ocupación contra su pueblo, manden a México como nuevo embajador a Anthony Wayne, quien era ¡embajador adjunto en Afganistán! El envío de éste nuevo embajador es siniestro. Carlos Pascual era el operador en el territorio ocupado de Irak. Wayne era el operador en Afganistán: otro experto en invasión y desmantelamiento de un país.
Keith W Mines, director general de Iniciativa Mérida, es un exmilitar con 22 años de experiencia en el ejército de Estados Unidos. Ha trabajado en misiones tanto militares como diplomáticas en Granada, Honduras, El Salvador, Israel, Somalia, Haití, Hungría, Afganistán, e Irak. En este último país estuvo encargado de las acciones políticas y económicas del gobierno de ocupación de la provincia iraquí de Al Anbar. Trabaja en la Agencia de Inteligencia Central y actualmente está asignado a la embajada de Estados Unidos en México como encargado del Plan Mérida. Él fue quien inauguró la supuesta Academia Policial, pero su experiencia es militar no policial.
La integración militar con Estados Unidos busca que los militares y agentes estadunidenses operen en México y también que los mexicanos se sumen a las guerras intervencionistas, tal y como Canadá ha enviado tropas a Afganistán. Esta integración se realiza en momentos en que Estados Unidos intensifica sus intervenciones. Tiene asaltados Irak y Afganistán y bombardea Pakistán, Yemen, con los drones o aviones no tripulados, mismos que ya patrullan los cielos mexicanos. En las últimas semanas, Obama dispuso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para bombardear Libia poniendo como pretextando “ayuda humanitaria” y la “protección de civiles inocentes”. Los bombardeos han causado ya una masacre de más de 1 mil muertos y 4 mil heridos, un enorme daño y desgracia. El Premio Nobel de la Paz sin autorización de su Congreso bombardea Libia.
La guerra en México es parte de las guerras que ha desatado Washington en el mundo. Por eso fue acertado que la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad hubiera presentado su pacto ciudadano el 11 de junio pasado en el monumento a Benito Juárez, Ciudad Juárez, y planteado un juicio político contra Felipe Calderón y Genaro García Luna, así como también hubiera demandado el fin a la estrategia de guerra, el regreso del ejército a los cuarteles y la eliminación del fuero militar; y exhorta a dar por terminada la Iniciativa Mérida y otros proyectos de asesoría policiaco-militar que procedan de Estados Unidos. Pero, estos puntos fueron excluidos por la cúpula del Movimiento por la Paz y no se plantearon en la reunión que organizó Calderón en el Castillo de Chapultepec.
Es importante destacar que la guerra en México no es un asunto de Calderón. Esa guerra fue planteada por Washington. Ellos venden las armas, compran las drogas, lavan el dinero. La guerra en México, forma parte del esfuerzo militar de un imperio en decadencia que busca mantener su hegemonía haciendo uso de la fuerza. Sus planes belicistas son abiertos y descarados y México no debe verse embarcado en esa aventura imperial. La anexión o integración de México que pretende Estados Unidos hunde a la nación en la guerra. El camino de la paz es el de la independencia y el de la soberanía. Hoy más que nunca hace falta romper con el gobierno de la guerra y lograr un gobierno que vele por la paz y el desarrollo. Esa es la lucha actual que se debe de librar.
-Respeto al derecho internacional(Arnaldo Córdova)
Después de muchísimo tiempo en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podían ponerse de acuerdo sobre la resolución más adecuada que deberían producir sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición del activista de izquierda Rosendo Radilla en 1974, finalmente se conformó una mayoría que ha dado lo que podría llamarse una tesis definitiva que espera, como corolario, la acción del Legislativo para reordenar definitivamente la relación que debe existir entre nuestros jueces y el orden jurídico internacional.
Hay muchos temas involucrados aquí, como la existencia del fuero militar, la facultad de los jueces de decidir sobre la constitucionalidad o su acuerdo con los tratados internacionales de las leyes que aplican y otros más de diversa índole.
Todo empezó con una especie de golpe de suerte, cuando el ministro Cossío presentó una tesis en la cual afloraba la preocupación por dar una respuesta adecuada a la CIDH. El ambiente, empero, no fue el más propicio. Todavía se recuerdan las discusiones que se daban, por ejemplo, en torno a dilucidar si la Corte Interamericana tenía facultades para “inmiscuirse” en los asuntos internos de la justicia mexicana o, bien, hasta dónde podía llegar el consentimiento nacional sobre resoluciones de organismos “extraños” a nuestra soberanía.
En relación con el papel que los jueces, todos los jueces, deberían desempeñar en sus labores de juzgadores respecto a la interpretación de la Constitución y los instrumentos del derecho internacional, ni siquiera se reparaba mucho en el punto.
En ello estaba en juego el llamado control de convencionalidad, como se ha llamado a la obligación de los juzgadores de comprobar que las leyes que van a aplicar estén de acuerdo con los tratados internacionales sobre derechos humanos y también con la Constitución. Sin que se admitiera abiertamente, se pensaba que ello era volver al viejo tema de dotar a los jueces de la facultad de interpretación de la Carta Magna.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como ya en otros muchos casos, destacó por su increíble ignorancia del derecho y por su brutalidad conservadora. Adujo, sin ninguna base, el artículo 133 para negar que los jueces locales pudiesen dejar de aplicar leyes mexicanas que se contrapusieran a los tratados internacionales. Ello, dijo, “trastocaría el pacto federal, pues los jueces no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes federales”.
Claro que podría dejarse que los jueces aplicaran leyes anticonstitucionales o contrarias al derecho internacional, para esperar a que los asuntos llegaran a la justicia federal y fueran corregidos. Pero eso muy raramente ocurrió en el pasado. Cuando se aplicaron leyes anticonstitucionales o contrarias de los tratados internacionales, fueron pocas las veces en que el hecho fue corregido y, más bien, se tendió al olvido, como lo prueba el caso de Radilla, que tuvo que esperar 35 largos años, para ser finalmente atendido y, para ello, por un organismo internacional.
Con su resolución, la Suprema Corte no sólo corrige esa supuesta incapacidad de interpretación de los juzgadores, obligándoles a comprobar que las leyes que aplican no se contrapongan a la Constitución o al derecho internacional, sino que hace que el control de constitucionalidad de las leyes empiece por lo más bajo, por los jueces de primera instancia a quienes llegan de inmediato los asuntos. Ahora los juzgadores tendrán que ponerse a estudiar la Constitución y los tratados internacionales y, también, a interpretarlos.
En lo que la Corte anduvo más bien parca, fue en lo relativo al alcance del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Con espíritu de cuentachiles, los abogados de las Fuerzas Armadas de inmediato consideraron que “el único delito” para el que se ha retirado el fuero militar tiene que ver con los derechos humanos. Y tienen razón, pues el fallo de la Corte es muy limitado. No la tienen en cuanto la materia de derechos humanos no es susceptible de ser comprendida “en un delito”. Por lo demás, el anticonstitucional artículo 57 del Código de Justicia Militar se queda como tal
Alegar, como lo hizo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia que, “en los hechos, es la derogación del fuero militar, pues es una restricción, una interpretación que viene a restringirlo y dejarlo sólo para el ámbito exclusivo de la disciplina militar”, es un error, pues la resolución ni siquiera se refiere al artículo de marras. Lo que quiere decir que los fiscales militares van a seguir pidiendo su aplicación en todos los casos y a litigar para demostrar que en un hecho cualquiera no se tocan los derechos humanos de civiles y será la justicia militar la encargada de juzgarlo.
De cualquier forma, se trata de una resolución de la mayor importancia y ni vale negarlo. En adelante, todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional, con la finalidad de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas. Como complemento, los ministros acordaron que la Corte reasuma su competencia originaria en los casos particulares existentes, muy soslayada, por cierto, cuando no arrinconada.
Al unísono, y como si se hubieran puesto de acuerdo, Gobernación, Sedena y Marina declararon su fidelidad al resolutivo de la Corte y su intención, en el futuro, de orientar “todas sus acciones” en el sentido que aquél dictaba. La ministra Olga Sánchez Cordero, afortunadamente, tuvo la preocupación de aclarar que el resolutivo no es para orientar a nadie, sino para que se cumpla, y no sólo por parte de los militares sino, además, por parte de todas las autoridades judiciales y de las instancias de gobierno en todos los niveles.
Podemos imaginar lo que en adelante ocurrirá: los jueces, en efecto, tendrán que aplicarse mejor en el estudio de los casos que les lleguen y en los cuales estén comprendidas presuntas violaciones a los derechos humanos; tendrán que elegir muy bien qué ley van a aplicar al caso. La posibilidad de recurrir más fácilmente a las autoridades judiciales locales para la resolución de estos casos será mayor y con mejor garantía de que se haga justicia, en primer lugar, porque ya no se tratará de un asunto exclusivo de las fuerzas militares, sino del derecho de los ofendidos de recurrir sin mediaciones, para su protección, a cualquier juzgador.
Los militares, por su parte, tendrán que dejar, forzosamente, de hacer caso omiso de hechos de violación en que ellos mismos podrían estar incurriendo; vale decir, que para que dichas acciones no sean recurridas ante un juez, ellos tendrán que vigilar que sus efectivos sean respetuosos de las vidas, los bienes y los derechos de todos los mexicanos. Tampoco podrán ignorar cualquier pronunciamiento que salga del juzgado que recibió la queja y atender cualquier reclamo que el juzgador produzca al respecto. No podrá parecer mucho, pero ya es bastante con poner freno a la arbitrariedad de los militares en acción y obligarlos a respetar los derechos humanos.
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UN ASUNTO que los panistas seguramente no trataron en su encerrona con Felipe Calderón fue el de las supuestas negociaciones entre Alejandra Sota y Enrique Peña Nieto en la víspera de la elección en el Estado de México.
TANTO en Los Pinos como en Toluca se comenta que, el viernes anterior a los comicios, Sota le mandó un mensaje al mexiquense a su smartphone y le ofreció que Luis Felipe Bravo Mena saldría a aceptar su derrota el domingo y que no impugnaría la elección.
Y TODO a cambio de un cafecito en la representación del gobierno mexiquense en Las Lomas.
¿POS' QUÉ asunto tan importante quería tratarle la panista al "Gelboy"? Es pregunta con aroma de café
EN LOS PASILLOS de la CTM dicen tener bien claro por qué no prosperó la reforma laboral en la que el PRI y el PAN, supuestamente, ya estaban de acuerdo.
QUIENES estuvieron cerca de la negociación cuentan que el documento ya tenía el visto bueno del jerarca cetemista, Joaquín Gamboa Pascoe, pero al equipo del secretario del Trabajo, Javier Lozano, se le hizo fácil meterle mano.
Y AFIRMAN que las modificaciones no le hicieron nadita de gracia a los representantes de los obreros, por lo que lo negociado se vino abajo.
¿SERÁ?
A VER, A VER, ¿de dónde están sacando el dinero algunos precandidatos presidenciales para anunciarse en Facebook?
OCURRE que, a pesar de que sus páginas no aparecen bajo la categoría de "Anuncios", sino bajo el eufemismo "Historias Patrocinadas", esas menciones cuestan, y las tarifas son las mismas que los comerciales pagados en esa red social.
LO CIERTO es que, al menos en cuanto al número de veces que miembros de esa comunidad les han dado un "Me gusta", varios de esos suspirantes con espacios pagados han tenido una buena respuesta.
ES EL CASO de Enrique Peña Nieto con sus más de 630 mil "likes", Heriberto Félix Guerra con más de 330 mil, Josefina Vázquez Mota con 150 mil y Manlio Fabio Beltrones con 84 mil.
NO MUY BIEN le ha ido hasta ahora a Santiago Creel, con apenas 9 mil, pero a lo mejor es porque sus patrocinadores no le invierten suficiente dinero.
Y ES QUE en Facebook el número de veces que se replica cada "historia" depende del presupuesto diario que se esté dispuesto a pagar a ese portal; es decir, a más lana, más posibilidades de "gustarles" a los usuarios.
VALE decir que el resto de los aspirantes presidenciales visibles, léase los perredistas Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, y los panistas Ernesto Cordero, Alonso Lujambio y Emilio González, sí tienen páginas y perfiles en el "feis" pero de las gratuitas que usan los comunes mortales.
HASTA en la red hay niveles, pues.
EL EX PRESIDENTE del PAN Germán Martínez va a estrenar en dos semanas una toga y un birrete.
PERO no es porque se vaya a la Suprema Corte, sino porque asumirá una nueva chamba en el ámbito académico.
A PARTIR del 1o. de agosto será el nuevo director de la carrera de derecho de la Universidad La Salle, que es su alma mater y el sitio donde ha estado dando clases desde hace año y medio.
POR CIERTO, el panista se ha ganado entre los alumnos fama de duro, pues dicen que pasar sus exámenes de derecho constitucional está más difícil que ganarle una elección al PRI en el Estado de México.
NI LA BURLA perdonan.
-TRASCENDIÓ
Que el sentir de los principales empresarios de Nuevo León va en sentido contrario del que expresa otro grupo de empresarios (de menor calado) en un desplegado de circulación nacional.
Los empresarios más fuertes no sólo están contra un repliegue del gobierno federal en la lucha contra los criminales, sino quisieran ver más efectivos en su entidad.
Lo de la propuesta de legalizar las drogas ni lo debaten. Lo que les interesa es salvar urgentemente la zona metropolitana de Monterrey y, de ahí, el resto de Nuevo León.
Que mañana, finalmente, los siete aspirantes a la candidatura presidencial del PAN se reunirán con el líder nacional del partido, Gustavo Madero, para avanzar en el tema de la posible reducción del número de contendientes en el proceso 2012.
La idea es llegar solamente con dos o tres liderazgos fuertes al momento de elegir al abanderado, pero el ala dura, que son los más cercanos al presidente Calderón, está muy reacia a esa posibilidad.
Que quienes no se consideran cercanos en este proceso al presidente Calderón llaman a cada uno de los precandidatos que están en el gabinete el gol de campo… porque valen tres puntos... en las encuestas, claro.
O el margen de error: porque viven en más-menos tres.
¡Duro!
Que de quien se dice que mañana mismo, o en la semana, se bajará de la competencia es del secretario del Trabajo, Javier Lozano. Según esto, sus encuestas lo tienen, en efecto, alrededor de los tres puntos.
Lozano, como él mismo adelantó, se sumaría más adelante a la candidatura del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero.
Que se avecina otro diferendo entre los gobiernos del DF y el Estado de México.
Mañana se reunirá José Luis Luege, director de la Conagua, con autoridades de Servicios de Autopistas, para determinar el futuro del puente del río de Los Remedios.
Los especialistas de Marcelo Ebrard piensan que se debe derribar. Los de Enrique Peña Nieto, que no.
¿Dirimirá la Conagua, o a fin de no hacer olas, el asunto se archivará para “mejor momento”?
-BAJO RESERVA (Periodistas EL UNIVERSAL)
Sigue el problema del clembuterol
A QUÉ información tendría acceso el director de la Comisión Nacional del Deporte, Bernardo de la Garza, que decidió que en instalaciones dependientes de la Conade se retire del menú la carne de res. Ayer, en su cuenta de Twitter, el funcionario aseguró que “sigue el problema del clembuterol” y llamó a los atletas mexicanos a evitar su consumo para prevenir suspensiones. Más tarde, el jefe de los servicios médicos de la misma comisión, Juan Manuel Herrera, dijo que van a pedir a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Agricultura y Ganadería que exista un mayor control a ganaderos. El resto de los mexicanos deberíamos poder contar con informes como los de la Conade para decidir sobre el consumo de carne de res.
EN EL PRD no se cansan de llamar a la unidad, pero parece que es un mero discurso. El viernes se confirmó la creación del movimiento “Demócratas de Izquierda”, que encabezan las corrientes Nueva Izquierda de Jesús Ortega y Jesús Zambrano, Foro Nuevo Sol de Amalia García y Hortensia Aragón, y la Izquierda Renovadora en Movimiento de Martha Dalia Gastelum y Miguel Moreno Brizuela, para apoyar a Marcelo Ebrard en su aspiración presidencial. De inmediato, ayer llegó la reacción y la Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano y Dolores Padierna llamaron a un acto masivo de apoyo a López Obrador. Para los primeros, el método debe ser una encuesta, en la que están convencidos que Ebrard ganaría ampliamente. Para los segundos, el mecanismo debe ser una elección abierta. Las tribus comienzan a hacer sonar sus tambores.
Y EN EL PAN también hace aire. Ayer el Foro Regional panista en Morelia tuvo que ser suspendido luego de que simpatizantes del senador con licencia Marko Cortés y Luisa María Calderón Hinojosa, ambos aspirantes a la candidatura de Acción Nacional al gobierno de Michoacán, iniciaron una gresca. Lo que se esperaba como un intercambio de ideas terminó por ser un intercambio de golpes, y en lugar de un documento de propuestas, lo que se acabó por redactar fue una denuncia en contra de Eduardo García Chavira, coordinador general de la campaña de Cortés, por parte de Mariano Torres, simpatizante de la campaña de la hermana del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien acusó a Chavira de haberlo golpeado.
ALGO se trae entre manos Humberto Moreira, que en las últimas fechas se ha reunido con diversas personalidades de los derechos humanos. Primero fue con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, luego conversó por varias horas con el juez español Baltasar Garzón, quien se ha distinguido por perseguir a los grandes violadores de los derechos humanos. En próximos días, nos dicen, el presidente nacional del PRI se reunirá con el prestigiado ex fiscal anticorrupción italiano, Antonio Di Pietro, y con Sang Hyun Song, presidente de la Corte Penal Internacional.
COMPLICADA tendrá la semana la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, quien a la vez aspira a ser candidata presidencial del PAN, ya que tendrá que encabezar —ahora sí— una reunión de trabajo con los representantes del PRI, Francisco Rojas, y del PRD, Armando Ríos Píter. Nos dicen que se espera un encuentro lleno de reclamos de unos a otros por las vacaciones que, en efecto, tiene la Cámara Baja, y porque hasta el momento no han sido electos tres nuevos consejeros para el IFE. De seguir las cosas como van, nos aseguran, los perredistas están decididos a que el Instituto se quede sólo con seis integrantes del Consejo General.
-EL SECRETO (Ricardo Alemán)
- ¿Por qué el PAN también adopta el secretismo del PRI?
- En silencio y en lo oscurito, el PAN negocia una salida.
Está claro que los jefes del PAN tienen todo el derecho de realizar en secreto su más importante cónclave en la última década —encuentro que reunió a ex presidentes del partido, ex candidatos presidenciales, legisladores y a los jefes azules, incluido Felipe Calderón—, pero también es cierto que todos los ciudadanos, en general, tienen el derecho a saber lo que ahí se dijo, lo que se acordó y concluyó. ¿Por qué?
Porque resulta que más que instituciones privadas, clubs de amigos o romerías de cuates, los partidos políticos mexicanos son —según la Carta Magna—, “instituciones de interés público”. ¿Y eso qué quiere decir? Casi nada, que son instituciones del Estado mexicano, financiadas con dinero público, y cuyo desempeño es de interés de todos los ciudadanos.
Sin embargo el partido azul decidió su cónclave al estilo de la vieja antidemocracia priista; del secretismo absoluto. Incluso se llegó a excesos groseros —acaso sabedores de que es casi imposible cerrar la boca a los políticos—, de que los participantes en el cónclave azul fueron obligados a asistir sin llevar consigo sus respectivos teléfonos celulares. ¿La razón? Que no se filtrara nada de lo que se dijo en los dos encuentros de la cúpula azul.
Partido de cuates.
¿Por qué resulta una ofensa para los ciudadanos en general, pero sobre todo para los militantes del PAN, un encuentro secreto como el que llevaron a cabo durante dos días, un pequeño grupo de los autodenominados “jefes” del PAN? Las razones son muchas y de distintos talantes, Proponemos sólo cuatro razones, con argumentos elementales.
1.- Porque durante toda su vida, el PAN presumió su origen como partido de ciudadanos, al tiempo que por décadas cuestionó la cultura del viejo PRI, de resolver sus diferencias y tomar sus decisiones, sólo entre pequeños grupos cupulares.
2.- Porque la crisis que vive el partido azul se manifiesta en todo México, y panitas de todo el país reclaman un análisis en el que pudieran participar representantes de todos los comités estatales, legisladores de todos los distritos y todas las entidades y, por supuesto, porque un diagnóstico serio no puede ser tomado en cuenta sin una representación de la militancia de todo el país.
3.- Porque un análisis en el que sólo se escucha a un puñado de amigos —como los que se reunieron el viernes y sábado en el PAN—, no es más que una gran farsa.
¿Qué saben los participantes del cónclave, lo que pasa en el PAN del Estado de México, en el de Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas? En cada entidad, el PAN es distinto, sus problemas son diferentes y las soluciones deben ser particulares.
4.- Porque el secretismo y las decisiones cupulares —van en contra de la cultura del PAN—, confirman que Acción Nacional decidirá la selección de su candidato presidencial, a partir de lo que siempre cuestionó; una decisión cupular.
Diez años y diez horas.
Sin embargo, lo más curioso del encuentro secreto entre un puñado de panistas que se dicen dueños de las decisiones del partido azul y de su futuro, es que durante diez horas —cinco de la tarde y noche del pasado viernes, y cinco de la mañana y tarde del sábado—, esos autoproclamados depositarios de las decisiones del partido azul analizaron y diagnosticaron las dolencias que tienen postrado al partido azul en los últimos diez años.
Es decir, que para analizar el tamaño y la profundidad de una crisis política que se gestó en los últimos diez años —casualmente años en que el PAN ha estado en el poder presidencial—, los modernos jefes de Acción Nacional sólo requirieron algo así como diez horas. En otras palabras, que una treintena de panistas que se dicen de primer nivel —curioso que no apareció en ese encuentro uno solo de los ideólogos, de esos que defienden la doctrina, los principios y sus desviaciones—, dispusieron de unas cuantas horas para revisar lo ocurrido en el partido azul en toda una década, desde que llegó al poder en el año 2000; poder que puede perder en el año 2012.
¿Qué tan serio, profundo, sustentado y productivo puede ser un análisis de lo que pasa en un partido como el PAN, en un encuentro de diez horas, donde ni están todos los que son, ni son todos los interesados en el PAN?
Hasta la noche de ayer —20:00 horas—, no se sabía prácticamente nada de lo que se habló, se revisó, pactó y negoció en el encuentro de los jefes del PAN con el presidente Calderón —porque según las imágenes que se conocieron, el Jefe del Estado mexicano actuó como verdadero jefe del PAN—, a pesar de que todos saben que durante las dos sesiones del encuentro de panistas, no tiene otro fin que el de negociar un acuerdo para empujar, en unidad, un candidato presidencial.
La identidad perdida.
¿Dónde quedaron aquellas convenciones de varios miles de panistas —delegados de todo el país—, que intercambiaban elogios y críticas a los aspirantes presidenciales; que resaltaban las cualidades de tal o cual de los aspirantes, en tanto que acusaban los vicios y deficiencias de sus adversarios?
Hoy todo se resuelve en una cúpula de no más de 30 interesados y autodenominados “jefes del partido”, quienes en secreto mueven las piezas, hacen alianzas, pactan y negocian.
Al final, al más viejo estilo del PRI, se imponen las decisiones cupulares. Sin embargo, y por increíble que parezca, nadie ha sido capaz de explicar por qué una reunión ultrasecreta.
¿De qué no quieren que se enteren los ciudadanos? ¿Qué esconden los señores de Acción Nacional?
Está claro que los principales problemas del PAN tienen qué ver con la advertencia que Felipe Calderón lanzó poco antes del año 2000, cuando dijo que su partido corría el riesgo de “ganar el poder y perder al partido”. Hoy el PAN tiene el poder, pero se ha desdibujado hasta niveles de poner en riesgo su permanencia en el poder.
El PAN ha perdido su identidad, pero dejó de producir cuadros para los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. El PAN hoy ya no es el “partido esperanza” que llegó al poder en el año 2000, y no pocos ciudadanos creen que el partido azul es igual o peor que el PRI. Hoy el PAN se ha desdibujado hasta niveles de perder gobiernos en regiones completas del país, que en otros momentos fueron considerados como “corredores azules”. Y la crisis ha llegado al extremo de que el PAN sólo gana gobiernos estatales y municipales en alianza con el PRD y con candidatos del PRI.
Golpes en Michoacán.
Mientras que los jefes del PAN discutían la candidatura presidencial, en Michoacán resolvían a golpes la selección del candidato azul.
-PLAZA PÚBLICA (Miguel Ángel Granados Chapa)
La Corte y los derechos humanos
Concluyó la renuencia de los poderes mexicanos ante sentencias de la Corte Interamericana, que tienen carácter imperativo. El máximo tribunal mexicano perdió en algún sentido parte de su denominación
Víctimas de violencia perpetrada por militares, la justicia unirá, con 37 años de diferencia, los nombres de Rosendo Radilla Pacheco y Jethro Ramsés Sánchez Santana. En virtud de una sentencia internacional relativa a aquel ciudadano hecho desaparecer el 25 de agosto de 1974, un juez ordinario, y no uno del fuero castrense, deberá juzgar a quienes torturaron y privaron de la vida al segundo, desaparecido en Cuernavaca el 1o. de mayo de este año.
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció el 5 de julio que dos oficiales subalternos fueron detenidos por órdenes de la Procuraduría de Justicia Militar acusados del homicidio de Jethro Ramsés y por tortura de su primo Horacio Hernández Demesa. Los miembros del Ejército fueron consignados al juez quinto militar para ser juzgados conforme al código de justicia correspondiente por "delitos de violencia contra las personas". Ese juzgador, sin embargo, deberá excusarse y remitir el caso a un juez penal de Morelos como primer efecto de las trascendentales decisiones consumadas el pasado martes, 12 de julio, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas consiste en restringir el alcance del fuero militar a sus términos constitucionales, a fin de que los miembros de las Fuerzas Armadas a quienes se imputen delitos contra civiles y en que resulten lesionados derechos humanos sean llevados a la justicia ordinaria, no a los tribunales castrenses.
Esa determinación de la Corte fue adoptada al concluir el estudio del modo en que ese tribunal cumplirá la parte que le corresponde entre las obligaciones fijadas al Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. No se trataba de establecer si la Corte mexicana acataría la resolución del tribunal internacional sino los términos en que lo haría. Al hacerlo, concluyó, al menos en este caso, la renuencia de los poderes mexicanos ante sentencias de la Corte Interamericana, que tienen carácter imperativo. Con ello, el máximo tribunal mexicano perdió en algún sentido la primera parte de su denominación. Frente a la de San José, ya no es corte suprema, sino que está sometida a ese órgano judicial interamericano. Como quedó claro en el abordamiento de este caso, ni siquiera puede interpretar los términos de la sentencia internacional, sino cumplirlos llanamente.
La desaparición de Rosendo Radilla -un militante al que se acusó de participar en la insurrección armada guerrerense encabezada por Lucio Cabañas- quedó impune mientras su caso permaneció en la jurisdicción mexicana. Como ocurrió con cientos o miles quizá de víctimas de la Guerra Sucia, la desaparición de Radilla no fue objeto de denuncia ni de trámite judicial ninguno, cerradas como estaban las instancias jurídicas formales en el momento de la comisión de los delitos, en el gobierno de Luis Echeverría, y también en los tres lustros siguientes. Fue sólo hasta el 15 de noviembre de 2001 cuando la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la asociación de familiares de desaparecidos a que pertenecían sus deudos denunciaron al Estado mexicano por aquel suceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo de la OEA, con sede en Washington, emitió a partir de entonces varias recomendaciones que fueron desatendidas por su destinatario. Por ello, el 15 de marzo de 2008 la Comisión turnó el caso ante la Corte Interamericana, que el 23 de noviembre de 2009 emitió sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, que incluye no sólo medidas de reparación del daño en el caso específico, sino resoluciones obligatorias que vinculan a los tres poderes respecto de la vigencia de los derechos humanos en México. A partir de la notificación de la sentencia, el 9 de febrero del año pasado, se inició el tortuoso proceso de su aplicación. Por lo que toca al Poder Judicial, el 26 de mayo de ese año el ministro presidente -todavía Guillermo I. Ortiz Mayagoitia- sometió a consulta el modo en que ese tribunal acataría la sentencia de San José. El 7 de septiembre siguiente el pleno resolvió la consulta y ordenó que se determinara la participación del Poder Judicial en el caso. Un primer acercamiento a esa determinación, realizado por el ministro José Ramón Cossío, fue desestimado por el pleno, que encargó una nueva ponencia a la ministra Margarita Luna Ramos, misma que fue sometida a discusión el 5, 7 y 12 de julio pasado.
En el entretanto, cobró vigencia la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ordena a toda autoridad proteger con la mayor amplitud posible los derechos humanos. En el nuevo marco constitucional, y conforme a la indiscutible sentencia, la Corte determinó que todos los jueces, y no únicamente los federales y menos aún sólo la Corte, deben practicar el control de convencionalidad. Es decir, corresponde a los juzgadores cotejar si la aplicación de una norma es congruente con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales sobre la materia, y establecer en consecuencia si las leyes en cuestión son inaplicables.
Igualmente se determinó restringir el alcance del fuero militar. Por unanimidad de 10 votos (la ponente Margarita Luna Ramos estaba ausente, invitada a una celebración del tribunal constitucional de Indonesia) se decidió "que todos los jueces del Estado mexicano deben replicar (sic, por aplicar o reproducir) en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo 1 constitucional". (Está en boga emplear el verbo replicar como reproducir, copiar. Juristas eminentes como los ministros de la Corte no pueden incurrir en ese error, sobre todo porque una figura procesal, la réplica tiene un sentido preciso).
Inmediatamente después de concluida la sesión del pleno el martes pasado, las secretarías de Gobernación, de Marina y de la Defensa Nacional emitieron un comunicado conjunto sobre lo que llamaron "el criterio orientador" del máximo tribunal con el que "se precisa el alcance de la jurisdicción militar para los casos en que elementos de las Fuerzas Armadas se vean involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos". En esa comunicación se repite varias veces la fórmula "criterio orientador" o su plural. Es un error llamarlos así. Los criterios de la sentencia de la Corte Interamericana son obligatorios, vinculantes de los poderes del Estado mexicano, que es la instancia condenada en el caso Radilla. Subraya esa confusión, o esa interpretación impropia, el afirmar con sintaxis defectuosa que "respetuoso del equilibrio de entre los tres poderes de la Unión, el gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país". Si fueron criterios orientadores los determinados por la Corte mexicana, es decir si admitieran discrecionalidad de los juzgadores, no se cumpliría la sentencia del caso Radilla. Son criterios obligatorios, e incurrirá en responsabilidad quien no se atenga a ellos.
La tarjeta informativa con que la Corte sintetizó los resultados de las sesiones dedicadas al tema por el pleno concluye afirmando que "para dar efectividad al cumplimiento de la sentencia, en aplicación del artículo 1 constitucional, por unanimidad de diez votos se resolvió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá reasumir su competencia originaria en relación a casos concretos existentes y a futuro, en materia de desaparición forzada". Hemos de esperar a que se publique, una vez engrosada, la determinación de ese tribunal, para conocer los términos de que derivó esa parte de sus decisiones. Por lo pronto, es congruente que la Corte habla de la desaparición forzada cuando que fue ese delito (no tipificado en la legislación mexicana entonces) el que se cometió en agravio de Rosendo Radilla.
Su caso, el de su detención por una autoridad castrense que no lo somete al Ministerio Público para determinar si se ejerce en su contra acción penal, sino que se priva de la vida o se le oculta por quién sabe cuánto tiempo, se ha reproducido (no replicado) por cientos a partir de 1974, y de seguro fue también practicado antes de esa fecha. Es hora de poner fin a esa infame manera de someter a personas, militantes o no de una idea.
-CAMPOS ELÍSEOS (Katia D' Artigues)
En el corcho
DOMINGO 17
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP realizan el examen para ocupar una de las 21 mil 450 plazas que están en disputa, y hay registrados cerca de 141 mil aspirantes; sólo uno de cada seis quedará.
En esta ocasión, aunque usted no lo crea, podrían obtener un lugar con el solo hecho de aprobar al menos 30% del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes.
Para evitar que los maestros copien —¡en serio!— y evitar que filtren su contenido o, no vaya a ser, los vendan, desde la semana pasada la empresa Cometra trasladó las pruebas que se aplicarán en cajas, con sellos inviolables y seguros.
Este examen es parte de la Alianza por la Calidad en la Educación firmada por el gobierno federal y Elba Esther Gordillo en las últimas semanas en el ojo del huracán.
Ambos dicen que la entrega —eso sí, “sin permiso para saquear”— del ISSSTE, Lotería Nacional y subsecretaría de Educación Básica fue para impulsar estos avances. Mientras el gobierno dice que le torcieron la mano a Gordillo para que apoyara algo así, Elba dice todo lo contrario: que fue ella quien lo propuso.
A ver qué tan bien o mal calificados salen en lo global “los maestros del siglo XXI para forjar a los ciudadanos del siglo XXI” (Elba Esther dixit). Y a ver si esto es un motivo más para otra controversia política de la líder magisterial en su ruptura con el gobierno panista.
LUNES 18
Inicia un nuevo periodo de sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pendientes estaremos de los temas a tratar y si es que el Estado mexicano estará en la lista de pendientes. Por discreción no se dicen los temas agendados, sino al final de periodo, cuando dan a conocer los datos abordados. Las sesiones públicas son hasta octubre.
Pero en temas relacionados, a partir del próximo 25 de julio y hasta el 2 de agosto, inicia una visita a nuestro país, de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. De acuerdo con la propia CIDH, se hace por invitación del gobierno mexicano.
La trascendencia radicaría en que se visitarán zonas de los estados: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, DF y Tamaulipas.
Pero sin lugar a dudas, los ojos del comisionado Felipe González; de Santiago A. Cantón, secretario Ejecutivo de la CIDH, y de Álvaro Botero, abogado especialista de esta Relatoría, estarán puestos en su visita a Reynosa, y… San Fernando. Sí, ese municipio en el que en agosto de 2010 fueron localizados los cuerpos de 72 migrantes muertos, principalmente centroamericanos, además de las fosas clandestinas ubicadas este año. Los funcionarios también se reunirán con integrantes de ONG y funcionarios municipales, estatales y federales.
JUEVES 21
Se conmemora el Día del Empleado Federal. De acuerdo con cifras del INEGI, en nuestro país, la cifra de mexicanos que laboran en el gobierno es de 4 millones 453 mil 404 personas, hasta 2009.
Claro, en estas épocas de apretarse el cinturón, también se han dado bajas en la plantilla burócrata. En los primeros cuatro años de este gobierno, 17 mil 532 personas dejaron de trabajar para el sector público o sus plazas fueron canceladas.
No se debe de dejar de lado la fuerza sindical que representa la burocracia, la cual está representada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, pero en los últimos años ha tenido serias fracturas, al abandonarlo el SNTE y otras organizaciones sindicales federales.
Pero también habrá que hacerlos entrar en cintura —no por la negra fama que tienen los empleados federales, frase injusta por generalizadora—, sino porque de acuerdo con el ISSSTE, en agosto de 2010, un total de 2 millones de burócratas estaban con sobrepeso, pues.
ESTA SEMANA
DOMINGO En la Macroplaza de Monterrey, y en la representación del Gobierno de NL en el DF, se realiza la protesta "No son cifras, tienen nombre", organizada por familiares de víctimas de la delincuencia organizada * *La UNAM da a conocer sus resultados de ingreso a licenciatura para el próximo ciclo escolar* * En el DF se realiza el Gran Desfile de la Ciudad de México-Vive Verano 2011 sobre Paseo de la Reforma*Llega a la Basílica de Guadalupe la megaperegrinación proveniente de Querétaro y Guanajuato.* En el Autódromo Hermanos Rodríguez finaliza la Serie Nascar*
LUNES El presidente Calderón recibe en Los Pinos al Presidente electo de Perú, Ollanta Humala* Arranca en la Expo Santa Fe "Campus Party", con lo mejor de las nuevas tecnologías e Internet *En el Senado se realiza el foro "Importancia de la Seguridad Nacional en el Marco de una Sociedad Democrática".
MARTES Dentro del Campus Party, hoy da conferencia el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, quien junto con otros panelistas hablará sobre la historia del Internet y su futuro*El Gobierno capitalino dará a conocer su plan de rescate para la zona de Xochimilco, principalmente la zona donde se ubican las Chinampas.
MIÉRCOLES Aniversario luctuoso de Francisco Villa* Día de la Secretaria*En Ginebra, La Organización Mundial de Comercio dará a conocer su Informe sobre Comercio Mundial* Libro para leerse ahorita: se presenta "Políticas públicas y derechos humanos en México", de Luis Eduardo Zavala y Andrea Rossi en la Comisión de Derechos Humanos del DF.
JUEVES La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados realiza en Yucatán el Foro "La Reforma Política. Cambio estructural de la vida social de México", en el que participan legisladores de todos los partidos * Saltillo, Coahuila es sede del Foro Regional sobre Reforma Laboral, organizado por la Comisión de Trabajo de San Lázaro *En la Secretaría de Relaciones Exteriores inicia la V Reunión del Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad y Justicia México-Colombia.
SÁBADO 23 En Washington inicia la reunión del Consejo Nacional de la Raza, en el que participará Barack Obama, Bill Clinton y George W. Bush* Llegan a Madrid los "desplazados" provenientes de diversos puntos de España quienes convocan a una nueva protesta el día 24* Seguro dejarán huella, en Milán, se presenta "Bronco" a quienes promocionan allá como "los Beatles mexicanos.
-La guerra de Estados Unidos contra el pueblo de México (Pablo Moctezuma Barragán)
Balas por piedras. El 22 de junio de 2010 otra vez agentes de la Border Patrol, o Patrulla Fronteriza, asesinaron a un mexicano. Fue baleado en pleno territorio nacional con el pretexto de que “lanzaba piedras”. José Alfredo Yáñez Reyes estaba en Tijuana, Baja California, a la altura de la colonia Castillo, cuando recibió un disparo por parte de la Border Patrol a través de una malla. Yáñez era un trabajador, quien ahora deja a un hijo de un año y medio, y a su esposa embarazada de cinco meses. Los recientes crímenes en la frontera norte contra Ramsés Barrón, Anastacio Hernández, Sergio Adrián Hernández y de cientos de migrantes más, quedan invariablemente en la impunidad. Al mexicano se le trata en calidad de esclavo, a quien se puede asesinar libremente, incluso, en territorio mexicano.
No sólo se criminaliza a los migrantes que trabajan sin derechos como esclavos: también se lucra con ellos. En su documental Inmigrantes a la venta, la organización Cuéntame –radicada en Los Ángeles, California– denuncia que las redadas y el envío a la cárcel de inmigrantes son una rica fuente de ganancias. El trabajo exhibe que la detención de migrantes es una industria multimillonaria, puesto que más allá de las leyes antiinmigrantes, representa un gran negocio para las cárceles privadas. A éstas se le pagan 200 dólares la noche por cada migrante capturado. Lucran como si fueran hoteles, ya que necesitan más ocupantes para así poder ganar más dinero. Las corporaciones Corrections Corporation of America (CCA), GEO Group, Managment and Training Corp (MTC), albergan 150 mil espacios para camas, con ganancias de hasta 5 mil millones de dólares. No es extraño que grupos cabilderos como el Consejo de Intercambio Legislativo Estadunidense (ALEC, por su sigla en inglés) impulsen leyes como la SB1070 de Arizona y redacten leyes antiinmigrantes para aumentar las redadas y así favorecer este negocio. El gobierno de Barack Obama deportó en 2010 a 400 mil migrantes, hecho que alimentó las ganancias de las cárceles privadas.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha destruido la economía mexicana y ha obligado a que medio millón de mexicanos a emigre anualmente. Las grandes corporaciones estadunidenses no sólo han invadido los mercados nacionales sino que garantizan mano de obra barata, sin derechos, esclavizada en su territorio. La dependencia y los planes de anexión de Estados Unidos no han ayudado al desarrollo de México. Todo lo contrario, han traído crisis, crimen, miseria y caos, y han disparado la emigración como nunca antes.
Pero Estados Unidos agudiza sus políticas antiinmigrantes, al tiempo que la falta de empleo y los bajos salarios en México provocan la emigración. Las crisis provenientes en Estados Unidos desde 2008 han demostrado que es un error garrafal el que México dependa de la economía de estadunidense. Y la crisis continúa. Hace unos días Obama tuvo que reconocer que en el primer trimestre de 2011 su economía apenas creció 1.9 por ciento anualizado. La profunda crisis sigue ahí. Es una crisis estructural del capitalismo que solamente se remediará con el cambio a un sistema en el que no sean las grandes corporaciones las que se lleven y controlen todas las ganancias. México debe ser un país soberano económicamente y no estar atado a los vaivenes de la economía Estados Unidos. También la economía mexicana se está desacelerando este año. En abril tuvo su menor tasa de crecimiento en 17 meses desde diciembre de 2009. El cuento de que “ya salimos de la crisis” es falso.
Esta dependencia no sólo afecta el desarrollo económico, sino también sujeta al país a las exigencias del mercado de la droga de Estados Unidos que sigue siendo el mercado más grande para la cocaína; en 2009 se consumieron 157 toneladas, lo que equivale al 36 por ciento del mercado mundial. En este país se vendieron 37 mil millones de dólares de esa droga, según datos de la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomados de su Reporte anual 2010. En Estados Unidos se da la máxima distribución de droga, ¿y quién la moviliza por todo ese país? Se habla de los carteles mexicanos; pero en Estados Unidos, que es donde está el gran negocio ¿quién lo controla?
Al criminalizar a México –inundando al país con sus armas, hecho propiciado por el mismo gobierno de Estados Unidos y sus agencias Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el FBI (Oficina Federal de Investigación, por su sigla en inglés), como develó el escándalo de la Operación Rápido y Furioso–, Estados Unidos pretende no sólo aprovecharse de nuestra mano de obra, sino seguir adueñándose de nuestras riquezas con la complicidad de los gobiernos emanados tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y como del Partido Acción Nacional (PAN). Es sabido por todos cómo han dado prioridad a los intereses de las grandes corporaciones en detrimento de los intereses de México. Los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con las trasnacionales Schlumberger, Halliburton y Weatherford, violan la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28. El mal gobierno actual pisotea la ley y los derechos del pueblo, así como la soberanía nacional con tal de servir a las corporaciones extranjeras. El petróleo es estratégico para la economía y la industria, el cual debe ser explotado exclusivamente por la nación. Lo mismo ocurre con minerales como la plata, el oro, el plomo, el zinc, el litio, la fluorita, el ópalo, la cal, el cobre, el estaño, y el gas. Esas riquezas deben ser para los mexicanos, para el desarrollo del país y para el bienestar del pueblo. México es un país rico, pero es saqueado impunemente, inmerso en un estado de pleno neocolonialismo. Y eso no es aceptable.
En materia eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está ahorcando a la industria y violando la Constitución, al darle 37 mil millones de pesos en contratos a empresas privadas y retirar 24 plantas para dar espacio a productores privados. La privatización de la industria eléctrica está impulsada por Washington y corporaciones extranjeras, lo que genera en conjunto altas tarifas y la desnacionalización de la industria. Los sectores estratégicos, como el sector energético –dice la Constitución– deben ser explotados exclusivamente por la nación y los contratos están explícitamente prohibidos. Pero Vicente Fox firmó la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) con el presidente George W Bush y el primer ministro de Canadá, Paul Martin, el 23 de marzo de 2005 en Waco, Texas, para la integración en seguridad y energéticos de Canadá, Estados Unidos y México. De ahí se deriva la intensificación de la apertura de los sectores estratégicos y de los energéticos para favorecer a las corporaciones estadunidenses y canadienses. Los 10 años de gobierno panista han significado la aceleración de la entrega de México y su anexión a Estados Unidos, iniciada desde los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Desde la década de 1980, al iniciar las políticas neoliberales, se ha buscado propagar la idea de que la inversión foránea y la deuda son apoyos. Eso es totalmente falso. La inversión extranjera y la deuda han empobrecido como nunca al país y al pueblo trabajador. La deuda externa bruta de México se elevó a 257 mil millones de dólares durante este gobierno, nivel nunca observado antes, impulsada principalmente por la inversión extranjera en el mercado interno de bonos gubernamentales. Cada mexicano debe 28 mil 993 pesos por la deuda interna, más 22 mil 930 pesos por la deuda externa, es decir, que cada connacional debe 51 mil 923 pesos por deudas que no sólo no han beneficiado al país sino que lo han hundido en la dependencia extranjera y en la miseria, porque se paga más de intereses y amortizaciones que lo que ingresa. La deuda gubernamental llegó en enero pasado a casi 182 mil millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 54 por ciento en lo que va del actual gobierno, según informes del Banco de México (Banxico) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por otro lado, al comenzar el sexenio, el débito del sector público era de 54 mil 766 millones de dólares, los cuales al final de 2010 llegaron a 107 mil 100 millones. Es decir, la deuda casi se duplicó durante el gobierno de Felipe Calderón.
Otra de las falacias que se han mencionado es la que de la deuda ayuda al desarrollo del país. En 1970 se debían 3 mil 600 millones de dólares, hoy 257 mil millones,¿y estamos mejor? ¡Claro que no! En 1970 el monto de la inversión extranjera directa en su totalidad sumaba 5 mil millones de dólares. Actualmente, según datos de la Secretaría de Economía, entre enero de 2007 y diciembre de 2010 el país recibió 88 mil 510.2 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED). ¿Y ésta ha ayudando al desarrollo económico de México? ¿Ha mejorado la situación de los trabajadores, aumentado el empleo, el bienestar? ¡Para nada! La dependencia extranjera produce el saqueo de las riquezas nacionales y el atraso del país. El neocolonialismo ha hundido a México.
El 30 de julio se cumplen 200 años de la muerte de Miguel Hidalgo, hombre que luchó por la independencia de México, por su soberanía política y económica, contra los monopolios, el mal gobierno, las alcabalas, la esclavitud, y hoy por hoy, su lucha sigue vigente, convocándonos a luchar para derrotar al neocolonialismo y alcanzar la plena soberanía.
Además de todo el dinero que sale por los capitales que usurpan las empresas extranjeras y por los intereses y amortización de la deuda que asciende alrededor de 30 mil millones de dólares anuales, con Calderón se han fugado 93 mil millones de dólares al extranjero. El saqueo de México está peor que nunca. Es impresionante cómo se redobla la explotación de los trabajadores y empeoran las condiciones de trabajo, a la vez que se agudiza el desempleo.
Durante décadas Estados Unidos desarrolló un control económico de México, para pasar al control político y ahora al control militar, que es la fase que atraviesa el país. Para tener el control directo del territorio nacional, Estados Unidos tiene planteado instalar bases militares en México. Y ya comenzaron. En el marco del Plan Mérida y la fallida guerra contra el narcotráfico, el 10 de mayo, al oriente de la capital del estado de Puebla, comenzó la construcción de una base militar estadunidense disfrazada de Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial. Esta base militar tendrá lugar en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa. Cabe destacar que el Plan Mérida es un programa subsidiado por Estados Unidos en la supuesta guerra contra el narcotráfico, cuyo resultado es lo que vemos todos los días: una desarticulación del tejido social como nunca se había visto en la historia de México, producto de la injerencia del gobierno estadunidense, a través de su exembajador Carlos Pascual, que ya antes había tenido experiencia en Colombia, Europa del Este, África y Haití, para desmantelar “estados fallidos”. La presentación del proyecto estuvo a cargo de Rafael Moreno Valle y Keith W Mines, director general de Iniciativa Mérida, quien fue muy claro y precisó que la FBI, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), y el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS, por su sigla en inglés) entre otros, tendrán injerencia directa.
Todo esto es anticonstitucional y violatorio de la soberanía nacional. Además de esta base, ya están piloteando los aviones no tripulados estadunidenses en cielo mexicano y se ha establecido, autorizada por Calderón, la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), ubicada en avenida Reforma 265, en la ciudad de México. También la Armada de México se ha integrado a las maniobras militares de Estados Unidos. Y se han establecido aduanas internas de ese país Estados Unidos en la república mexicana.
Por otra parte, es preocupante que después de invadir Afganistán y de mantener una guerra de ocupación contra su pueblo, manden a México como nuevo embajador a Anthony Wayne, quien era ¡embajador adjunto en Afganistán! El envío de éste nuevo embajador es siniestro. Carlos Pascual era el operador en el territorio ocupado de Irak. Wayne era el operador en Afganistán: otro experto en invasión y desmantelamiento de un país.
Keith W Mines, director general de Iniciativa Mérida, es un exmilitar con 22 años de experiencia en el ejército de Estados Unidos. Ha trabajado en misiones tanto militares como diplomáticas en Granada, Honduras, El Salvador, Israel, Somalia, Haití, Hungría, Afganistán, e Irak. En este último país estuvo encargado de las acciones políticas y económicas del gobierno de ocupación de la provincia iraquí de Al Anbar. Trabaja en la Agencia de Inteligencia Central y actualmente está asignado a la embajada de Estados Unidos en México como encargado del Plan Mérida. Él fue quien inauguró la supuesta Academia Policial, pero su experiencia es militar no policial.
La integración militar con Estados Unidos busca que los militares y agentes estadunidenses operen en México y también que los mexicanos se sumen a las guerras intervencionistas, tal y como Canadá ha enviado tropas a Afganistán. Esta integración se realiza en momentos en que Estados Unidos intensifica sus intervenciones. Tiene asaltados Irak y Afganistán y bombardea Pakistán, Yemen, con los drones o aviones no tripulados, mismos que ya patrullan los cielos mexicanos. En las últimas semanas, Obama dispuso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para bombardear Libia poniendo como pretextando “ayuda humanitaria” y la “protección de civiles inocentes”. Los bombardeos han causado ya una masacre de más de 1 mil muertos y 4 mil heridos, un enorme daño y desgracia. El Premio Nobel de la Paz sin autorización de su Congreso bombardea Libia.
La guerra en México es parte de las guerras que ha desatado Washington en el mundo. Por eso fue acertado que la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad hubiera presentado su pacto ciudadano el 11 de junio pasado en el monumento a Benito Juárez, Ciudad Juárez, y planteado un juicio político contra Felipe Calderón y Genaro García Luna, así como también hubiera demandado el fin a la estrategia de guerra, el regreso del ejército a los cuarteles y la eliminación del fuero militar; y exhorta a dar por terminada la Iniciativa Mérida y otros proyectos de asesoría policiaco-militar que procedan de Estados Unidos. Pero, estos puntos fueron excluidos por la cúpula del Movimiento por la Paz y no se plantearon en la reunión que organizó Calderón en el Castillo de Chapultepec.
Es importante destacar que la guerra en México no es un asunto de Calderón. Esa guerra fue planteada por Washington. Ellos venden las armas, compran las drogas, lavan el dinero. La guerra en México, forma parte del esfuerzo militar de un imperio en decadencia que busca mantener su hegemonía haciendo uso de la fuerza. Sus planes belicistas son abiertos y descarados y México no debe verse embarcado en esa aventura imperial. La anexión o integración de México que pretende Estados Unidos hunde a la nación en la guerra. El camino de la paz es el de la independencia y el de la soberanía. Hoy más que nunca hace falta romper con el gobierno de la guerra y lograr un gobierno que vele por la paz y el desarrollo. Esa es la lucha actual que se debe de librar.
-Respeto al derecho internacional(Arnaldo Córdova)
Después de muchísimo tiempo en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no podían ponerse de acuerdo sobre la resolución más adecuada que deberían producir sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición del activista de izquierda Rosendo Radilla en 1974, finalmente se conformó una mayoría que ha dado lo que podría llamarse una tesis definitiva que espera, como corolario, la acción del Legislativo para reordenar definitivamente la relación que debe existir entre nuestros jueces y el orden jurídico internacional.
Hay muchos temas involucrados aquí, como la existencia del fuero militar, la facultad de los jueces de decidir sobre la constitucionalidad o su acuerdo con los tratados internacionales de las leyes que aplican y otros más de diversa índole.
Todo empezó con una especie de golpe de suerte, cuando el ministro Cossío presentó una tesis en la cual afloraba la preocupación por dar una respuesta adecuada a la CIDH. El ambiente, empero, no fue el más propicio. Todavía se recuerdan las discusiones que se daban, por ejemplo, en torno a dilucidar si la Corte Interamericana tenía facultades para “inmiscuirse” en los asuntos internos de la justicia mexicana o, bien, hasta dónde podía llegar el consentimiento nacional sobre resoluciones de organismos “extraños” a nuestra soberanía.
En relación con el papel que los jueces, todos los jueces, deberían desempeñar en sus labores de juzgadores respecto a la interpretación de la Constitución y los instrumentos del derecho internacional, ni siquiera se reparaba mucho en el punto.
En ello estaba en juego el llamado control de convencionalidad, como se ha llamado a la obligación de los juzgadores de comprobar que las leyes que van a aplicar estén de acuerdo con los tratados internacionales sobre derechos humanos y también con la Constitución. Sin que se admitiera abiertamente, se pensaba que ello era volver al viejo tema de dotar a los jueces de la facultad de interpretación de la Carta Magna.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, como ya en otros muchos casos, destacó por su increíble ignorancia del derecho y por su brutalidad conservadora. Adujo, sin ninguna base, el artículo 133 para negar que los jueces locales pudiesen dejar de aplicar leyes mexicanas que se contrapusieran a los tratados internacionales. Ello, dijo, “trastocaría el pacto federal, pues los jueces no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes federales”.
Claro que podría dejarse que los jueces aplicaran leyes anticonstitucionales o contrarias al derecho internacional, para esperar a que los asuntos llegaran a la justicia federal y fueran corregidos. Pero eso muy raramente ocurrió en el pasado. Cuando se aplicaron leyes anticonstitucionales o contrarias de los tratados internacionales, fueron pocas las veces en que el hecho fue corregido y, más bien, se tendió al olvido, como lo prueba el caso de Radilla, que tuvo que esperar 35 largos años, para ser finalmente atendido y, para ello, por un organismo internacional.
Con su resolución, la Suprema Corte no sólo corrige esa supuesta incapacidad de interpretación de los juzgadores, obligándoles a comprobar que las leyes que aplican no se contrapongan a la Constitución o al derecho internacional, sino que hace que el control de constitucionalidad de las leyes empiece por lo más bajo, por los jueces de primera instancia a quienes llegan de inmediato los asuntos. Ahora los juzgadores tendrán que ponerse a estudiar la Constitución y los tratados internacionales y, también, a interpretarlos.
En lo que la Corte anduvo más bien parca, fue en lo relativo al alcance del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Con espíritu de cuentachiles, los abogados de las Fuerzas Armadas de inmediato consideraron que “el único delito” para el que se ha retirado el fuero militar tiene que ver con los derechos humanos. Y tienen razón, pues el fallo de la Corte es muy limitado. No la tienen en cuanto la materia de derechos humanos no es susceptible de ser comprendida “en un delito”. Por lo demás, el anticonstitucional artículo 57 del Código de Justicia Militar se queda como tal
Alegar, como lo hizo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia que, “en los hechos, es la derogación del fuero militar, pues es una restricción, una interpretación que viene a restringirlo y dejarlo sólo para el ámbito exclusivo de la disciplina militar”, es un error, pues la resolución ni siquiera se refiere al artículo de marras. Lo que quiere decir que los fiscales militares van a seguir pidiendo su aplicación en todos los casos y a litigar para demostrar que en un hecho cualquiera no se tocan los derechos humanos de civiles y será la justicia militar la encargada de juzgarlo.
De cualquier forma, se trata de una resolución de la mayor importancia y ni vale negarlo. En adelante, todos los jueces del Estado mexicano deben aplicar en casos futuros el criterio de restricción del fuero militar, en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco y en aplicación del artículo primero constitucional, con la finalidad de garantizar en sus sentencias la aplicación de la Constitución y todos los tratados en materia de derechos humanos que beneficien a las víctimas. Como complemento, los ministros acordaron que la Corte reasuma su competencia originaria en los casos particulares existentes, muy soslayada, por cierto, cuando no arrinconada.
Al unísono, y como si se hubieran puesto de acuerdo, Gobernación, Sedena y Marina declararon su fidelidad al resolutivo de la Corte y su intención, en el futuro, de orientar “todas sus acciones” en el sentido que aquél dictaba. La ministra Olga Sánchez Cordero, afortunadamente, tuvo la preocupación de aclarar que el resolutivo no es para orientar a nadie, sino para que se cumpla, y no sólo por parte de los militares sino, además, por parte de todas las autoridades judiciales y de las instancias de gobierno en todos los niveles.
Podemos imaginar lo que en adelante ocurrirá: los jueces, en efecto, tendrán que aplicarse mejor en el estudio de los casos que les lleguen y en los cuales estén comprendidas presuntas violaciones a los derechos humanos; tendrán que elegir muy bien qué ley van a aplicar al caso. La posibilidad de recurrir más fácilmente a las autoridades judiciales locales para la resolución de estos casos será mayor y con mejor garantía de que se haga justicia, en primer lugar, porque ya no se tratará de un asunto exclusivo de las fuerzas militares, sino del derecho de los ofendidos de recurrir sin mediaciones, para su protección, a cualquier juzgador.
Los militares, por su parte, tendrán que dejar, forzosamente, de hacer caso omiso de hechos de violación en que ellos mismos podrían estar incurriendo; vale decir, que para que dichas acciones no sean recurridas ante un juez, ellos tendrán que vigilar que sus efectivos sean respetuosos de las vidas, los bienes y los derechos de todos los mexicanos. Tampoco podrán ignorar cualquier pronunciamiento que salga del juzgado que recibió la queja y atender cualquier reclamo que el juzgador produzca al respecto. No podrá parecer mucho, pero ya es bastante con poner freno a la arbitrariedad de los militares en acción y obligarlos a respetar los derechos humanos.
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