Nueva York. En la negociación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá la industria petrolera estadunidense deseaba, más que nada –además de conservar el marco trilateral–, un mecanismo conocido como resolución de disputas inversionistas-Estado o ISDS, por sus siglas en inglés, para proteger sus inversiones y ahora celebra que lo logró.
El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá o Usmca, por sus siglas en inglés, incluye cláusulas para mantener vigente el mecanismo, con el ISDS las empresas multinacionales pueden demandar a los gobiernos si éstos imponen nuevas regulaciones o acciones que afectan negativamente sus inversiones, incluyendo por ejemplo nuevas normas ambientales.
El sector empresarial argumentaba que ese mecanismo era necesario para proteger sus inversiones ante cambios de políticas o de gobiernos. Más de 392 millones de dólares de fondos públicos han sido pagadas a empresas con el ISDS del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta la fecha.
Los críticos señalaban que este mecanismo vulneraba la soberanía de un gobierno local, estatal o federal, mientras ambientalistas y organizaciones de defensa de consumidores lo criticaban por ser un obstáculo a la promoción de medidas ecológicas o sanitarias.
Este mecanismo está en el capítulo 11 del TLCAN, y diversos intereses –conservadores y liberales– buscaban anularlo por diferentes razones en el nuevo acuerdo, y lo lograron en gran medida, pues el texto final elimina el ISDS dentro de tres años.
Pero hay una excepción: por acuerdo entre Estados Unidos y México, el ISDS se mantiene vigente para cuatro sectores en México, incluyendo la industria de hidrocarburos (las otras son telecomunicaciones, transporte e infraestructura).
Las empresas petroleras trasnacionales se congratularon por lograr esta victoria clave para proteger su inversión en el sector petrolero mexicano desde que ese país abrió el sector a la inversión extranjera en 2013.
Para ExxonMobil, Chevron, Shell, BP y Total, entre otras, mantener ese mecanismo en el caso de México fue una prioridad. Esa industria cabildeó intensamente en meses recientes para poder retar al gobierno mexicano si cambia las reglas e intenta nacionalizar de nuevo a su sector energético, reportó el Washington Post.
El Instituto Americano Petrolero, asociación nacional que representa los intereses del sector, elogió el acuerdo trilateral cuando fue anunciado a principios de esta semana, instando al Congreso a ratificarlo. Resaltó que entre las medidas positivas relacionadas con el sector de hidrocarburos estaba la elegibilidad al ISDS para las empresas estadunidenses de gas natural y petróleo que invierten en México y el requerimiento de que ese país retenga por lo menos el nivel actual de apertura a la inversión estadunidense en energéticos, como también el hecho de que se logró mantener sin aranceles la exportación de productos petroleros entre los tres países.
“México ha salido de esto con protecciones bastante fuertes para los inversionistas en los sectores de petróleo y gas… y esa es buena noticia para el futuro de la reforma energética… y aún más para esas empresas que ya han invertido en México”, comentó Duncan Wood, director del Instituto sobre México del Centro Wilson en entrevista con el San Diego Union Tribune.
La organización de defensa del consumidor Public Citizen resalta en su análisis del texto del acuerdo, que la inclusión de este mecanismo fue específicamente para proteger los contratos obtenidos por nueve empresas estadunidenses en el sector de hidrocarburos en México, pero se puede ampliar más. Por tanto, propone que se elimine.
Este mecanismo especializado para México es detallado en el “Anexo Estados Unidos-México (14-E) del acuerdo divulgado esta semana por la Oficina de Comercio de Estados Unidos.
“Es una regresión porque en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) inicial que se negoció con Estados Unidos, México se había protegido especialmente para que no pudiera ser demandado en temas relacionados con hidrocarburos, telecomunicaciones y puertos. Pero en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –que derivó en el Usmca– se olvidó lo que se logró en el TPP ”, indicó en entrevista con La Jornada al analizar el capítulo sobre inversiones del nuevo acuerdo y el mecanismo de solución de diferencias entre empresas y Estado.
Destacó que se está dando un paso más atrás que el CPTPP, también conocido como el TPP-11 después de que Estados Unidos abandonó el tratado original, porque el capítulo de inversiones quedó suspendido.
El mecanismo de solución de diferencias entre México y Estados Unidos otorga al inversionista el derecho de acción para reclamar daños y perjuicios por la afectación de su inversión y esto protege a empresas de los sectores de hidrocarburos, gas, telecomunicaciones, generación de energía, transporte y proyectos de infraestructura, precisa el resumen sobre el capítulo de inversión difundido por la Secretaría de Economía.
Con ello quedaron fuera de dicha protección en tribunales internacionales muchos sectores productivos cuyos derechos de inversión pueden ser violados, abundó el especialista. Si una empresa manufacturera, por ejemplo, se ve afectada por actos o decisiones políticas de los gobiernos de cada país, lo único que le queda es acudir a los tribunales nacionales y eso no tiene sentido, ¿cómo acudir a los tribunales del propio Estado que violó sus derechos?, comentó.
Reyes Díaz acotó que los textos no son definitivos, porque es un acuerdo general cuyos detalles deben ser trabajados, pero insistió que en principio, sí parece una cuestión riesgosa para México, porque permitirá a empresas de hidrocarburos y telecomunicaciones que, ante cualquier política o acción proteccionista del nuevo gobierno puedan detonar una demanda multimillonaria, lo cual sería riesgosísimo para México porque las demandas son proporcionales al nivel de inversión que se da en esos rubros.
“Son medidas bien pensadas, dirigidas a no ahuyentar la inversión privada en el sector energético. Se trata de acotar muy claramente cuales serán las facultades que tengan como empresas hacia delante, pero, al mismo tiempo, se está tratando de proteger el mensaje político de ‘vengan a invertir, en México somos un país confiable y tenemos la posibilidad de abrir contratos a los inversionistas’. Se trata de dar certeza mandando un mensaje de ‘no los vamos a afectar en sus derechos’.
Yo no diría que se cedió demasiado porque si lo que se quiere es seguir atrayendo inversiones, se hizo lo correcto. Si lo que se quería era completamente cerrar la reforma energética, sí se puede haber dado un paso en sentido contrario. La pregunta no es entonces si se hizo lo correcto o no, sino qué es lo que quiere el gobierno, puntualizó.
De cualquier manera, el investigador recordó que el Usmca está en manos del Senado mexicano, el Parlamento canadiense y el Congreso estadunidense, así que es un primer saque, pero falta el análisis particular de la soberanía de cada uno de los países para poder validar lo que se negoció.
Senadores de Morena y el equipo de transición del Gobierno electo acordaron instalar siete mesas temáticas para analizar el Acuerdo Estados Unidos, México, Canadá, conocida como USMCA por sus siglas en inglés.
Cada mesa se realizará de forma semanal a partir del próximo miércoles 10 de octubre y hasta el miércoles 21 de noviembre.
Los temas serán:
- Agricultura y ganadería.
- Reglas de origen y sector automotriz.
- Energía, telecomunicaciones, comercio digital, competitividad, competencia y PyMEs.
- Sector laboral.
- Propiedad intelectual y cultura.
- Mecanismos de resolución de disputas.
- Medio ambiente y anticorrupción.
En las reuniones se prevé la participación del futuro Canciller, Marcelo Ebrard, la próxima Secretaria de Economía Graciela Márquez y el representante de López Obrador en la renegociación del tratado Jesús Seade.
Fuente: La Jornada y Político.mx
México puede enfrentar demandas millonarias de trasnacionales: UNAM
Con las reglas del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés) en los temas de inversión y solución de controversias, México corre el riesgo de enfrentar demandas multimillonarias de grandes empresas trasnacionales petroleras y de telecomunicaciones para proteger sus inversiones en caso de que el nuevo gobierno pretenda hacer cambios a las leyes vigentes, advirtió Carlos Reyes Díaz, coordinador del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM.“Es una regresión porque en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) inicial que se negoció con Estados Unidos, México se había protegido especialmente para que no pudiera ser demandado en temas relacionados con hidrocarburos, telecomunicaciones y puertos. Pero en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) –que derivó en el Usmca– se olvidó lo que se logró en el TPP ”, indicó en entrevista con La Jornada al analizar el capítulo sobre inversiones del nuevo acuerdo y el mecanismo de solución de diferencias entre empresas y Estado.
Destacó que se está dando un paso más atrás que el CPTPP, también conocido como el TPP-11 después de que Estados Unidos abandonó el tratado original, porque el capítulo de inversiones quedó suspendido.
El mecanismo de solución de diferencias entre México y Estados Unidos otorga al inversionista el derecho de acción para reclamar daños y perjuicios por la afectación de su inversión y esto protege a empresas de los sectores de hidrocarburos, gas, telecomunicaciones, generación de energía, transporte y proyectos de infraestructura, precisa el resumen sobre el capítulo de inversión difundido por la Secretaría de Economía.
Con ello quedaron fuera de dicha protección en tribunales internacionales muchos sectores productivos cuyos derechos de inversión pueden ser violados, abundó el especialista. Si una empresa manufacturera, por ejemplo, se ve afectada por actos o decisiones políticas de los gobiernos de cada país, lo único que le queda es acudir a los tribunales nacionales y eso no tiene sentido, ¿cómo acudir a los tribunales del propio Estado que violó sus derechos?, comentó.
Reyes Díaz acotó que los textos no son definitivos, porque es un acuerdo general cuyos detalles deben ser trabajados, pero insistió que en principio, sí parece una cuestión riesgosa para México, porque permitirá a empresas de hidrocarburos y telecomunicaciones que, ante cualquier política o acción proteccionista del nuevo gobierno puedan detonar una demanda multimillonaria, lo cual sería riesgosísimo para México porque las demandas son proporcionales al nivel de inversión que se da en esos rubros.
No se cedió demasiado
No obstante, el también profesor y especialista en comercio exterior e inversión extranjera de la Facultad de Derecho, rechazó que el gobierno de México haya cedido demasiado en dichos temas o que hubiera descuido del equipo negociador o de la representación del gobierno electo.“Son medidas bien pensadas, dirigidas a no ahuyentar la inversión privada en el sector energético. Se trata de acotar muy claramente cuales serán las facultades que tengan como empresas hacia delante, pero, al mismo tiempo, se está tratando de proteger el mensaje político de ‘vengan a invertir, en México somos un país confiable y tenemos la posibilidad de abrir contratos a los inversionistas’. Se trata de dar certeza mandando un mensaje de ‘no los vamos a afectar en sus derechos’.
Yo no diría que se cedió demasiado porque si lo que se quiere es seguir atrayendo inversiones, se hizo lo correcto. Si lo que se quería era completamente cerrar la reforma energética, sí se puede haber dado un paso en sentido contrario. La pregunta no es entonces si se hizo lo correcto o no, sino qué es lo que quiere el gobierno, puntualizó.
De cualquier manera, el investigador recordó que el Usmca está en manos del Senado mexicano, el Parlamento canadiense y el Congreso estadunidense, así que es un primer saque, pero falta el análisis particular de la soberanía de cada uno de los países para poder validar lo que se negoció.
Acuerdan revisar USMCA-TLCAN en 7 mesas del Senado
Cada mesa se realizará de forma semanal a partir del próximo miércoles 10 de octubre y hasta el miércoles 21 de noviembre.
Los temas serán:
- Agricultura y ganadería.
- Reglas de origen y sector automotriz.
- Energía, telecomunicaciones, comercio digital, competitividad, competencia y PyMEs.
- Sector laboral.
- Propiedad intelectual y cultura.
- Mecanismos de resolución de disputas.
- Medio ambiente y anticorrupción.
En las reuniones se prevé la participación del futuro Canciller, Marcelo Ebrard, la próxima Secretaria de Economía Graciela Márquez y el representante de López Obrador en la renegociación del tratado Jesús Seade.
Fuente: La Jornada y Político.mx