Toyota pidió al Gobierno de Márquez que le comprara el terreno para poner su planta, revelan
Sucedo Pimentel aseveró que la autenticidad de la carta fue verificada. Sobre su contenido asevera que existe la posibilidad de irregularidades que necesariamente deberán ser investigadas.
“Se aprecia claramente que existe la posibilidad muy alta de que no sólo servidores públicos, sino directivos de la propia empresa, hayan entrado en contubernio para obtener un lucro indebido en la adquisición de las tierras donde habrá de instalarse la planta automotriz; debido a la magnitud del daño a las arcas públicas, es necesario que también se agote ésta nueva línea de investigación, la corrupción es un fenómeno también de empresas multinacionales”.
El abogado expresó que a pesar de que algunos medios han minimizado éste caso de aparente corrupción, al justificar que a largo plazo los beneficios para la población superaran con creces el daño ocasionado, “estimo que no debe justificarse la corrupción con ese tipo de argumentos, se trata de combatir ese flagelo con independencia de sus aparentes bondades futuras”.
Finalmente, recordó que de acuerdo al testimonio de los ejidatarios que vendieron sus tierras, quienes las adquirieron antes de venderlas al Gobierno del Estado, “mostraron manejarse con mucho poder económico y físico, lo cual evidentemente genera algún riesgo personal”.
A continuación la transcripción de los dos fragmentos de la carta:
(Primer Fragmento)
Lic. Miguel Márquez Márquez
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato
Paseo de la Presa no. 103 Guanajuato, Guanajuato, México
Muy estimado señor Gobernador:
Nos es muy grato comunicarles que después de casi dos años de llevar a cabo intensos estudios de selección de ubicación, nuestra empresa ha determinado que el sitio conocido como “Mariscala”, ubicado en Apaseo el Grande, Guanajuato, cumple con todos los requerimientos necesarios para el establecimiento de nuestra planta ensambladora en México.
En los próximos días, nuestro equipo directivo someterá a la aprobación de nuestro Consejo de Administración una propuesta para llevar a cabo una inversión inicial de aproximadamente US$ 1,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, mediante la cual se generarán al menos 1,500 empleos directos, para la instalación de una línea de ensamble de automóviles compactos.
(Segundo Fragmento)
Hemos sido informados que como parte de las políticas de su administración, el Gobierno Estatal no se involucra más en la compra de tierras para uso industrial y que por lo tanto solo se ofrece el apoyo financiero para que sean los propios inversionistas quienes negocien en forma directa la compra de terrenos necesarios para llevar a cabo sus proyectos.
Quisiéramos solicitarle de la manera más respetuosa que la compra del predio del sitio denominado “Marsicala” y la transmisión de la propiedad del mismo en los términos antes indicados a la empresa de Toyota que designemos sea realizada directamente por su Gobierno, ya que esto es una condición necesaria para nuestro establecimiento en el Estado de Guanajuato.
Nuestra petición no solo obedece a políticas de nuestra empresa sino a una práctica globalmente aceptada como condición indispensable para el establecimiento de la industria automotriz terminal.
Por último, deseamos reiterarle nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y felicitarlo por la excelente labor de promoción económica que ha posicionado a Guanajuato como el clúster automotriz con mayor crecimiento en México.
Quedamos en espera de una decisión favorable a fin de someter a nuestro Consejo de Administración una autorización para llevar a cabo nuestro proyecto en el Estado de Guanajuato.
En fecha próxima, le informaremos sobre la decisión adoptada por nuestro Consejo a fin de proceder a formalizar el valioso apoyo de su gobierno. Agradecemos de antemano su amable consideración.
Atentamente
Mike Bafan
Presidente
Greenpeace acusa “mercantilización de la biodiversidad” en México
Si bien la organización ambientalista Greenpeace celebró la creación de cuatro nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México, también denunció las “numerosas incongruencias” entre la “mercantilización de la biodiversidad” en México y el discurso que pronunció hoy Enrique Peña Nieto en la inauguración de la 13 reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU en Cancún.
Según la organización, ya existen 176 ANPs en el territorio mexicano, pero las autoridades ambientales no implementaron mecanismos efectivos para proteger a 68 de ellas, es decir, una tercera parte.
Asimismo, destacó el contraste entre el llamado de Peña Nieto a retomar las prácticas sustentables en la agricultura y el hecho de que “la política agroindustrial del gobierno federal da un espaldarazo a las grandes industrias y vulnera a las comunidades de campesinos y de indígenas y sus sistemas tradicionales de producción de alimentos”.
Greenpeace recordó que las prácticas de las agroindustrias incluyen “la extracción ilegal de agua de pozos, la contaminación de cuerpos de agua con el uso de agrotóxicos y la deforestación”, además de fomentar el despojo de tierras de sus dueños originales.
La organización extendió sus esperanzas de que el discurso de Peña Nieto “se traduzca en acciones, promoviendo planes de manejo de las áreas naturales protegidas e impulsando una política pública de agricultura ecológica”.
Con historial de derrames y muerte, BHP Billiton será socio de Pemex para explotar campo Trión
Maestros denuncian desalojo previo a visita de Peña Nieto a Jalisco
Piden declaratoria de emergencia para 37 municipios de Chihuahua por nevadas
Chihuahua, Chihuahua.- Luego del temporal de nevadas y bajas temperaturas registrados durante el pasado fin de semana, en donde 26 municipios estuvieron bajo nieve, 11 con caída de aguanieve y temperaturas por debajo de los cero grados, la Coordinadora Estatal de Protección Civil de Chihuahua informó que solicitarán la declaratoria de emergencia para 37 municipios del estado.
Virgilio Cepeda, coordinador operativo de Protección Civil, indicó que las condiciones más severas se registraron al sur del estado, desde Guachochi hasta Guadalupe y Calvo, en donde hubo zonas que registraron asta 50 centímetros de nieve y temperaturas por debajo de 9 grados centígrados bajo cero.
El funcionario señaló que, a raíz de ésta situación, se registraron cierres en diferentes tramos carreteros, como Parral-Guadalupe y Calvo, Guachochi-Balleza, El Largo Maderal, Ignacio Zaragoza, entre otros.
Sin embargo, el funcionario no detalló si el temporal ha causado lesionados o pérdidas humanas que lamentar.
“Se toman providencias” ante amenazas: Moreira sobre orden del “Mono Muñoz”
Mujer da a luz en pasillo de hospital en Nayarit
Luego de la colocación de la primera piedra de la planta en Apaseo El Grande, el director de Toyota México, Mike Bafan, negó tajantemente que hayan forzado al estado de Guanajuato “a hacer algo indebido o que no quisieran hacer”.
Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo/ZonaFranca).- El activista Roberto Saucedo Pimentel difundió este lunes una carta en la que director de Toyota México, Myke Bafan, rechaza realizar las negociaciones de manera directa y le solicita expresamente al gobierno de Guanajuato comprar un predio que forma parte del perímetro comprometido para la instalación de su nueva planta en Apaseo El Grande.
La misiva con fecha del 6 de abril del 2015 es dirigida directamente al gobernador Miguel Márquez y se refiere específicamente al predio conocido como “La Mariscala”. Ahí mismo rechazan el financiamiento que se ofreció para que los propios inversionistas sea quienes negocien de forma directa la compra de los terrenos para llevar cabo sus proyectos.
El pasado 14 de noviembre, al mismo Mike Bafan se le cuestionó por los conflictos de compra y expropiación de tierras en los que se ha visto envuelto el gobierno estatal para cederles las 607 hectáreas donde se instalará la planta en Apaseo el Grande. Aseveró que Toyota no forzó al estado de Guanajuato a hacer algo indebido o que no quisieran hacer.
Por su parte, Miguel Márquez ha expresado en diversos foros que siempre se ha mostrado renuente a la expropiación de tierras para proyectos de este tipo tras la experiencia de irregularidades del gobierno anterior. Por esta razón, dijo que su postura se había manifestado por el financiamiento de las tierras pero no por operar su compra.
Tras la colocación de la primera piedra de la planta, el director de Toyota México, dijo tener conocimiento de algunos de los cuestionamientos que se hicieron debido a los métodos de adquisición de este terreno, agregando que este es un asunto que le compete al estado de Guanajuato y que confían en que las cosas se hayan hecho de manera “correcta”.
En junio de este año, una investigación periodística dio a conocer que la empresa llamada JAOS & SGB compró 294 de las 607 hectáreas del ejido de Caleras de Ameche donde ahora se inició la construcción de Toyota. La empresa fue creada sólo unos meses antes de iniciar con esta operación de compra de terrenos que luego revendió al gobierno de Guanajuato teniendo sustanciosas ganancias
La operación de JAOS & SGB generó molestia entre los habitantes del ejido, quienes incluso denunciaron haber sido acosados o forzados a vender sus propiedades.
LA CARTA
Este lunes el Roberto Saucedo Pimentel indicó que una fuente anónima le hizo llegar una carta en donde se advierte que fue la misma empresa por conducto de Mike Bafan en su carácter de Presidente de Toyota Motor de México S. de R.L. de C.V. la que solicitó la compra expresa de los predios.
“Manifiestan estar enterados de que el Gobierno Estatal no se involucra más en la compra de tierras… y que por lo tanto… sólo se ofrece el apoyo financiero para que sean los propios inversionistas quienes negocien en forma directa la compra de terrenos…, por otro lado, se pide expresamente la compra del predio “la mariscala” en la zona de los Apaseos en Guanajuato” indicó el también activista.
Foto: ZonaFranca
“Se aprecia claramente que existe la posibilidad muy alta de que no sólo servidores públicos, sino directivos de la propia empresa, hayan entrado en contubernio para obtener un lucro indebido en la adquisición de las tierras donde habrá de instalarse la planta automotriz; debido a la magnitud del daño a las arcas públicas, es necesario que también se agote ésta nueva línea de investigación, la corrupción es un fenómeno también de empresas multinacionales”.
El abogado expresó que a pesar de que algunos medios han minimizado éste caso de aparente corrupción, al justificar que a largo plazo los beneficios para la población superaran con creces el daño ocasionado, “estimo que no debe justificarse la corrupción con ese tipo de argumentos, se trata de combatir ese flagelo con independencia de sus aparentes bondades futuras”.
Finalmente, recordó que de acuerdo al testimonio de los ejidatarios que vendieron sus tierras, quienes las adquirieron antes de venderlas al Gobierno del Estado, “mostraron manejarse con mucho poder económico y físico, lo cual evidentemente genera algún riesgo personal”.
A continuación la transcripción de los dos fragmentos de la carta:
(Primer Fragmento)
Lic. Miguel Márquez Márquez
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato
Paseo de la Presa no. 103 Guanajuato, Guanajuato, México
Muy estimado señor Gobernador:
Nos es muy grato comunicarles que después de casi dos años de llevar a cabo intensos estudios de selección de ubicación, nuestra empresa ha determinado que el sitio conocido como “Mariscala”, ubicado en Apaseo el Grande, Guanajuato, cumple con todos los requerimientos necesarios para el establecimiento de nuestra planta ensambladora en México.
En los próximos días, nuestro equipo directivo someterá a la aprobación de nuestro Consejo de Administración una propuesta para llevar a cabo una inversión inicial de aproximadamente US$ 1,000 millones de dólares de los Estados Unidos de América, mediante la cual se generarán al menos 1,500 empleos directos, para la instalación de una línea de ensamble de automóviles compactos.
(Segundo Fragmento)
Hemos sido informados que como parte de las políticas de su administración, el Gobierno Estatal no se involucra más en la compra de tierras para uso industrial y que por lo tanto solo se ofrece el apoyo financiero para que sean los propios inversionistas quienes negocien en forma directa la compra de terrenos necesarios para llevar a cabo sus proyectos.
Quisiéramos solicitarle de la manera más respetuosa que la compra del predio del sitio denominado “Marsicala” y la transmisión de la propiedad del mismo en los términos antes indicados a la empresa de Toyota que designemos sea realizada directamente por su Gobierno, ya que esto es una condición necesaria para nuestro establecimiento en el Estado de Guanajuato.
Nuestra petición no solo obedece a políticas de nuestra empresa sino a una práctica globalmente aceptada como condición indispensable para el establecimiento de la industria automotriz terminal.
Por último, deseamos reiterarle nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y felicitarlo por la excelente labor de promoción económica que ha posicionado a Guanajuato como el clúster automotriz con mayor crecimiento en México.
Quedamos en espera de una decisión favorable a fin de someter a nuestro Consejo de Administración una autorización para llevar a cabo nuestro proyecto en el Estado de Guanajuato.
En fecha próxima, le informaremos sobre la decisión adoptada por nuestro Consejo a fin de proceder a formalizar el valioso apoyo de su gobierno. Agradecemos de antemano su amable consideración.
Atentamente
Mike Bafan
Presidente
Si bien la organización ambientalista Greenpeace celebró la creación de cuatro nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México, también denunció las “numerosas incongruencias” entre la “mercantilización de la biodiversidad” en México y el discurso que pronunció hoy Enrique Peña Nieto en la inauguración de la 13 reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU en Cancún.
Según la organización, ya existen 176 ANPs en el territorio mexicano, pero las autoridades ambientales no implementaron mecanismos efectivos para proteger a 68 de ellas, es decir, una tercera parte.
Asimismo, destacó el contraste entre el llamado de Peña Nieto a retomar las prácticas sustentables en la agricultura y el hecho de que “la política agroindustrial del gobierno federal da un espaldarazo a las grandes industrias y vulnera a las comunidades de campesinos y de indígenas y sus sistemas tradicionales de producción de alimentos”.
Greenpeace recordó que las prácticas de las agroindustrias incluyen “la extracción ilegal de agua de pozos, la contaminación de cuerpos de agua con el uso de agrotóxicos y la deforestación”, además de fomentar el despojo de tierras de sus dueños originales.
La organización extendió sus esperanzas de que el discurso de Peña Nieto “se traduzca en acciones, promoviendo planes de manejo de las áreas naturales protegidas e impulsando una política pública de agricultura ecológica”.
Con historial de derrames y muerte, BHP Billiton será socio de Pemex para explotar campo Trión
Responsable del derrame de una presa que contenía desechos mineros y provocó la muerte de 19 personas en Brasil y decenas de desplazados en el 2015, la empresa australiana BHP Billiton ganó la licitación para ser socia de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la exploración y explotación del yacimiento petrolero Trión.
No es poca cosa. De acuerdo con Pemex, a diferencia de otros campos petroleros, la compañía no solamente tiene recursos prospectivos, sino reservas totales 3P (probadas, probables, posibles) que suman 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Para poner en perspectiva la cantidad de barriles que ello significa, en las rondas previas se asignaron áreas con un volumen aproximado de 500 millones de barriles, cantidad similar a las de las reservas de Trión.
Según la “empresa productiva del Estado”, se requieren inversiones por alrededor de 11 mil millones de dólares para su exploración y explotación.
El gobierno federal señaló que la adjudicación del contrato bajo la modalidad de licencia para el bloque Trión es el primer proceso que lleva a cabo el Estado mexicano en el marco de la reforma energética, con el objetivo de que Pemex pueda desarrollar campos mediante asociaciones.
“Esto permitirá que la Empresa Productiva del Estado complemente su inversión, comparta riesgos, acelere su acceso a tecnologías de punta, y asimile las mejores prácticas de la industria”, acotó.
Trión fue descubierto en 2012 y se ubica a 200 kilómetros al este de Matamoros y a 40 kilómetros de la frontera de aguas territoriales, con un tirante de agua de más de dos mil 500 metros de profundidad.
Considerando el resultado de Trión así como de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno, 11 empresas desarrollarán actividades de exploración y extracción en nuestro país por primera vez.
En cifras del contrato adjudicado a la empresa BHP Billiton, ofertó una regalía adicional de 4% y una oferta de recursos por 624 millones de dólares.
El Estado, incluyendo los beneficios del gobierno federal y de Pemex, recibirá 72.4% del valor de la utilidad del proyecto. La oferta de recursos implica que el Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo y la Estabilización recibirá un bono inmediato por 62.4 millones de dólares. Además, Pemex no deberá incurrir en gastos hasta que se hayan cubierto mil 974 millones de dólares en el proyecto.
De esta forma, BPH Billinton entrará al negocio del petróleo en nuestro país, en un entorno donde la compañía reportó pérdidas anuales –al cierre del 30 de junio–, por seis mil 400 millones de dólares, afectada por el desastre ecológico en Brasil y el desplome en los precios del crudo a escala mundial.
La compañía encabezada por Andrew Mackenzie es uno de los principales productores mundiales de materias primas, incluidos carbón, cobre, mineral de hierro, níquel, plata y uranio, además de una importante participación en la industria del petróleo y gas.
Estado recibirá 66.1% de utilidades
Este día también se realizó la apertura de otras propuestas y declaración de Licitantes Ganadores de otros contratos correspondientes a la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno.
Las Áreas Contractuales licitadas se encuentran en las provincias petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina, ambas en las aguas profundas del Golfo de México.
En la Ronda participaron 16 empresas, agrupadas en 10 licitantes. Como resultado del proceso, se asignaron ocho contratos a seis licitantes (12 empresas). La atracción de nuevas empresas de gran capacidad y prestigio internacional fortalece y hace más competitivo el sector de hidrocarburos del país.
Dado que la modalidad de los contratos licitados es licencia, éstos se asignaron con base en la propuesta de regalías adicionales realizadas por los participantes. La regalía adicional de las posturas ganadoras fue de 14.3% en promedio.
Adicionalmente, los contratistas tributarán a través de la cuota contractual para la fase exploratoria, una regalía básica, el impuesto por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre la renta.
Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio entre 59.8% y 66.1% del valor de las utilidades de los proyectos.
“El contrato prevé además un esquema fiscal progresivo de forma que el Estado percibirá un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos en caso de que se observen precios de los hidrocarburos o de que se descubran volúmenes superiores a los previstos”, señaló la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
El incremento en la inversión con respecto al Programa Mínimo de Trabajo fue –en promedio– equivalente a un pozo, por lo que en los próximos cuatro años se esperan inversiones de alrededor de 344 millones de dólares. Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría ascender a 34.4 miles de millones de dólares.
GUADALAJARA, Jal.- La madrugada de este lunes fue retirado el plantón que mantenían desde el 15 de abril pasado integrantes del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco (Suacobaej) y del Frente Magisterial de Jalisco, en protesta por el despido de docentes de educación media superior y básica que se negaron a presentar el examen de evaluación.
El gobierno del estado envío un comunicado para informar que se procedió al desalojo con el fin de recuperar el libre tránsito de la Plaza. En ese sentido, el secretario general del Suacobaej Epifanio Méndez Rojas, en entrevista con Apro, rechazó el motivo del retiro, puesto que no se obstaculizaba el paso y calificó al gobierno estatal, encabezado por el priista Jorge Aristóteles Sandoval, como “represor”.
“Tenemos derecho de defender los derechos laborales que se nos quieren arrancar, así como (rechazar) la implementación de una reforma educativa que es punitiva (…) Rechazamos el uso de la fuerza pública excesiva del gobierno del estado, comandado por Jorge Aristóteles Sandoval que fue quien dio la orden.
“Su argumento es que nosotros estábamos obstaculizando el libre tránsito cuando sólo ocupamos 12 metros cuadrados de una plaza pública para el plantón, no le estorbábamos a nadie”, expresó.
Consideró que el verdadero motivo del desalojo es la visita a la ciudad del presidente de la república, Enrique Peña Nieto y de personal de la Organización de las Naciones Unidas. “Querían dar la imagen de que no pasa nada en Jalisco y ver limpio. Ocultando la realidad”, apuntó.
El poder ejecutivo informó que envió al lugar a personal de la dirección general de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría de Asuntos del Interior en donde se encontraban cinco personas, una de ellas “se identificó como miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Campesinos (UNTAC)” quien estaba acompañado por dos mujeres, un hombre y una menor de edad.
El secretario general del Suacobaej confirmó la presencia de la UNTAC y explicó que el ejecutivo “esperó el momento en donde estuviera más débil el plantón.
“Estaban los compañeros campesinos que nos hacen el favor de apoyarnos los domingos para amanecer el lunes, estaban tres compañeras campesinas (en el comunicado mencionan sólo dos), y dos compañeros campesinos y una niña (…) Creo que no se atrevieron en otro momento porque vieron las circunstancias. Esa parte insensible del gobierno del estado y falta de capacidad se demuestra con este acto”, señaló.
La Secretaría General de Gobierno también mencionó que envió dos oficios, uno (DGEEDP/56/2016) con fecha 30 de noviembre y otro (DGEEDP/57/2016) del 2 de diciembre con el fin de “retomar las mesas de diálogo que fueron abandonadas por los quejosos, el 28 de julio del año en curso”, en las que se buscaba “alternativas a posibles demandas y encontrar la solución a los reclamos para no seguir afectando el libre tránsito de ciudadanos que acuden a Plaza Liberación”. Sin embargo, según la dependencia no hubo respuesta por parte de los líderes magisteriales.
Con relación a los oficios, Epifanio Méndez precisó que uno fue hecho al vapor, puesto que el nombre del Suacobaej se escribió a mano, además de que al director de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, Rubén Efraín Palacios Morquecho se le mencionó que “si ellos tenían una respuesta en la problemática, del objetivo o la causa por la que estaba el plantón que era la reinstalación de los compañeros despedidos injustificadamente, definitivamente estamos en el diálogo. Nosotros queremos esa resolución. Pero él se negó rotundamente. Dijo que en ese sentido no se podía dialogar”.
El líder sindical recordó incluso una declaración que hizo ante los medios de comunicación el secretario de gobierno, Roberto López en el cual comentó “‘que se mueran ahí esos sucios maestros, déjenlos que ahí se pudran’. Yo creo que la investidura que tiene el secretario deja mucho que desear como representante del pueblo”, opinó.
Epifanio Méndez subrayó que la Constitución Política del país les otorga a los maestros el libre derecho a la manifestación. Aún no sabe con exactitud qué acciones realizarán, pero estima que sí reinstalarían el plantón en la plaza.
El gobierno del estado informó que durante el proceso de desalojo se contó con la “presencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno, además de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco”.
Los objetos que se utilizaron en el plantón fueron arrojados a las afueras de las oficinas del Suacobaej que se encuentran por la avenida Federalismo.
Consideró que el verdadero motivo del desalojo es la visita a la ciudad del presidente de la república, Enrique Peña Nieto y de personal de la Organización de las Naciones Unidas. “Querían dar la imagen de que no pasa nada en Jalisco y ver limpio. Ocultando la realidad”, apuntó.
El poder ejecutivo informó que envió al lugar a personal de la dirección general de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político de la Secretaría de Asuntos del Interior en donde se encontraban cinco personas, una de ellas “se identificó como miembro de la Unión Nacional de Trabajadores Campesinos (UNTAC)” quien estaba acompañado por dos mujeres, un hombre y una menor de edad.
El secretario general del Suacobaej confirmó la presencia de la UNTAC y explicó que el ejecutivo “esperó el momento en donde estuviera más débil el plantón.
“Estaban los compañeros campesinos que nos hacen el favor de apoyarnos los domingos para amanecer el lunes, estaban tres compañeras campesinas (en el comunicado mencionan sólo dos), y dos compañeros campesinos y una niña (…) Creo que no se atrevieron en otro momento porque vieron las circunstancias. Esa parte insensible del gobierno del estado y falta de capacidad se demuestra con este acto”, señaló.
La Secretaría General de Gobierno también mencionó que envió dos oficios, uno (DGEEDP/56/2016) con fecha 30 de noviembre y otro (DGEEDP/57/2016) del 2 de diciembre con el fin de “retomar las mesas de diálogo que fueron abandonadas por los quejosos, el 28 de julio del año en curso”, en las que se buscaba “alternativas a posibles demandas y encontrar la solución a los reclamos para no seguir afectando el libre tránsito de ciudadanos que acuden a Plaza Liberación”. Sin embargo, según la dependencia no hubo respuesta por parte de los líderes magisteriales.
Con relación a los oficios, Epifanio Méndez precisó que uno fue hecho al vapor, puesto que el nombre del Suacobaej se escribió a mano, además de que al director de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, Rubén Efraín Palacios Morquecho se le mencionó que “si ellos tenían una respuesta en la problemática, del objetivo o la causa por la que estaba el plantón que era la reinstalación de los compañeros despedidos injustificadamente, definitivamente estamos en el diálogo. Nosotros queremos esa resolución. Pero él se negó rotundamente. Dijo que en ese sentido no se podía dialogar”.
El líder sindical recordó incluso una declaración que hizo ante los medios de comunicación el secretario de gobierno, Roberto López en el cual comentó “‘que se mueran ahí esos sucios maestros, déjenlos que ahí se pudran’. Yo creo que la investidura que tiene el secretario deja mucho que desear como representante del pueblo”, opinó.
Epifanio Méndez subrayó que la Constitución Política del país les otorga a los maestros el libre derecho a la manifestación. Aún no sabe con exactitud qué acciones realizarán, pero estima que sí reinstalarían el plantón en la plaza.
El gobierno del estado informó que durante el proceso de desalojo se contó con la “presencia de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de la Secretaría General de Gobierno, además de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco”.
Los objetos que se utilizaron en el plantón fueron arrojados a las afueras de las oficinas del Suacobaej que se encuentran por la avenida Federalismo.
Chihuahua, Chihuahua.- Luego del temporal de nevadas y bajas temperaturas registrados durante el pasado fin de semana, en donde 26 municipios estuvieron bajo nieve, 11 con caída de aguanieve y temperaturas por debajo de los cero grados, la Coordinadora Estatal de Protección Civil de Chihuahua informó que solicitarán la declaratoria de emergencia para 37 municipios del estado.
Virgilio Cepeda, coordinador operativo de Protección Civil, indicó que las condiciones más severas se registraron al sur del estado, desde Guachochi hasta Guadalupe y Calvo, en donde hubo zonas que registraron asta 50 centímetros de nieve y temperaturas por debajo de 9 grados centígrados bajo cero.
El funcionario señaló que, a raíz de ésta situación, se registraron cierres en diferentes tramos carreteros, como Parral-Guadalupe y Calvo, Guachochi-Balleza, El Largo Maderal, Ignacio Zaragoza, entre otros.
Sin embargo, el funcionario no detalló si el temporal ha causado lesionados o pérdidas humanas que lamentar.
“Se toman providencias” ante amenazas: Moreira sobre orden del “Mono Muñoz”
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, aseguró que en los casos de amenazas contra funcionarios del estado “se han tomado todas las providencias”, y descartó que se hubiera desoído la alerta del gobierno español hacia una funcionaria del Ministerio Público.
“Amenazas hay todos los días para nosotros, pero en casos específicos, nosotros no podemos hacer públicas las indagatorias. Aquí la ley lo prohíbe. Pero todas las providencias en todos los casos se han tomado y todas las indagatorias en todos los casos se han tomado”, declaró Moreira Valdez.
Ayer, el diario El País publicó que en marzo pasado España alertó a las autoridades mexicanas de la orden dada desde Madrid por Juan Manuel El Mono Muñoz, presunto enlace de Los Zetas en Europa, para asesinar a una funcionaria del Ministerio Público de Coahuila, sin embargo, hasta la fecha las autoridades mexicanas no habían solicitado mayor información.
“Esas personas amenazadas, lo han sido por perseguir a los delincuentes, en específico en este caso fue por tratar de notificar a un delincuente”, refirió Moreira, según información difundida por el periódico Vanguardia.
De acuerdo con la investigación realizada por el rotativo español, El Mono Muñiz habría ordenado la ejecución de la funcionaria –de quien se desconoce su identidad y su situación actual– a su sobrino Salomón Ayub Muñoz El Monchi, residente en Coahuila, contra quien pesaba una orden de aprehensión por los delitos de secuestro y desaparición forzada de dos miembros de una familia vinculada con el Cártel de Sinaloa en Tamaulipas.
Un nuevo hecho de presunta violencia obstétrica tuvo lugar en un hospital nayarita, donde una mujer dio a luz en los pasillos del nosocomio debido a la falta de personal en ese establecimiento.
El hecho tuvo lugar en un hospital del municipio de Ixtlán del Río y fue dado a conocer por la diputada local Elsa Nayeli Pardo Rivera, quien difundió la noticia en su página oficial de la red social Facebook.
La legisladora panista manifestó su indignación ante el suceso, al precisar que la mujer dio a luz en el pasillo por la falta de personal disponible para la atención de pacientes que acuden a urgencias médicas.
Hasta el momento se desconoce la identidad y el estado de salud de la madre y de el o la recién nacida.
“Es indignante no sólo por las constantes quejas de que la atención médica es condicionada a cambio de apoyar a un aspirante y a un partido político en particular, sino por la irresponsabilidad e insensibilidad de quienes tienen a su cargo la salud de los ixtlenses”, enfatizó Pardo Rivera.
Cabe destacar, acotó el portal informativo de El Sol de Nayarit, que este no es el primer caso que ocurre en el estado sobre una mujer que entra en labor de parto y da a luz sin recibir atención por parte del personal médico de un hospital, tal como ocurrió hace algunas semanas en un hospital del municipio de Acaponeta, donde a una mujer le fue negada la atención porque presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Cabe destacar, acotó el portal informativo de El Sol de Nayarit, que este no es el primer caso que ocurre en el estado sobre una mujer que entra en labor de parto y da a luz sin recibir atención por parte del personal médico de un hospital, tal como ocurrió hace algunas semanas en un hospital del municipio de Acaponeta, donde a una mujer le fue negada la atención porque presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Inicia alcoholímetro las 24 horas en CDMX
A partir de este lunes 5 de diciembre y hasta el 9 de enero de 2017 operará las 24 horas del día el programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como alcoholímetro en la Ciudad de México.
El secretario de Seguridad Pública local, Hiram Almeida, informó que la medida incluirá la instalación en 20 puntos itinerantes. Durante la presentación del Operativo Decembrino 2016, el funcionario agregó que la medida contará con 300 policías para prevenir accidentes automovilísticos, así como lesionados y pérdidas humanas.
En tanto, el subsecretario del Sistema Penitenciario, Hazael Ruiz, informó que el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito fue remozado y está listo para recibir a las personas arrestadas por el alcoholímetro.
En la Glorieta de Las Cibeles, en la colonia Roma, Hiram Almeida también dio el banderazo de salida al personal y los vehículos que reforzarán la seguridad en este periodo de fiestas decembrinas. Informó que serán 21 mil 960 uniformados, aunque en su cuenta de Twitter aseguró que serán “más de 120 mil”.
Almeida informó que el operativo incluye el dispositivo Aguinaldo Seguro para el que la vigilancia será reforzada con dos mil 600 policías en pagadurías, zonas bancarias, cajeros automáticos, casas de cambio, zonas comerciales y restauranteras.
Respecto al operativo Cometa, para prevenir el uso de pirotecnia, participarán mil 600 elementos con presencia en tianguis y mercados como La Merced, Central de Abasto y el paradero Indios Verdes.
En cuanto al dispositivo contra Robo a Casa-Habitación, dijo que trabajarán mil 100 policías en colonias como la Roma, Condesa, en la delegación Cuauhtémoc, así como en Álvaro Obregón, Coyoacán y Miguel Hidalgo, entre otras, que son reportadas con más delitos de este tipo.
Y sobre el Robo a Cuentahabiente, el funcionario recordó que la SSP puede brindar servicio de acompañamiento a las sedes bancarias para quienes lo soliciten mediante la aplicación de internet Mi Policía o al número de emergencia 066.
Para el operativo Basílica habrá más de tres mil policías que garanticen el arribo y éxodo de los alrededor de ocho millones de peregrinos.
Por último, dijo que más de dos mil 500 policías reforzaron alrededor de 360 centros comerciales, así como lugares de esparcimiento familiar, jardines, parques, plazas, mercados y romerías.
Urge Osorio Chong a terminar con el “flagelo de la impunidad”
MÉRIDA, Yuc.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el “flagelo de la impunidad tiene que terminar ya, porque la ciudadanía no puede esperar, ni la justicia estar sujeta a coyunturas”.
Al inaugurar hoy aquí la segunda etapa del Centro de Justicia Oral de Yucatán, sostuvo que la transformación de fondo del sistema penal es “una prioridad de Estado”, y en ese sentido destacó que de los 21 mil millones de pesos que con ese propósito se han invertido en los últimos ocho años, y nueve de cada diez pesos se erogaron en esta administración federal.
Luego reconoció que “una de las demandas más sentidas de los mexicanos es contar con un sistema de justicia eficaz, es una demanda que exige, por parte de las autoridades, no escatimar en inversión, tiempo, energía y recursos”.
También comentó que durante años “no se le dio a este proceso la importancia que ameritaba, pues basta decir que en 2012 eran apenas tres entidades en las que operaba el nuevo sistema, de manera que cuando inició este gobierno teníamos que actuar y acelerar los esfuerzos”.
“Teníamos que hacer un gran trabajo conjunto, muy de cerca con las entidades federativas, con los poderes de la Unión, gobiernos estatales, congresos locales, barras y colegios de abogados, asociaciones civiles, universidades, entre otros, y muchos de los que están aquí presentes fueron parte de ese proceso”, añadió.
No obstante, aclaró que “no se trata sólo de señalar ni de repartir culpas, sino de identificar áreas de oportunidad para trabajar de manera conjunta y así generar mejores resultados”, expresó el funcionario, quien además atestiguó la firma del acuerdo de adhesión de los tres poderes del estado para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.
Osorio Chong, cuyo desempeño ha sido severamente cuestionado por asuntos como el de Ayotzinapa, insistió en su discurso en que “invertir en la justicia representa invertir en la tranquilidad de la sociedad y en el bienestar de las personas”.
“El trabajo no está concluido, razón por la que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto seguirá acompañando y respaldando a las entidades federativas, porque la justicia es una causa compartida, más allá de ideologías y fronteras geográficas, y los mexicanos merecen disfrutar de un estado de derecho pleno”, apuntó.
Además, reiteró que el gobierno de la República apoyó a todas las entidades para que tuvieran las condiciones de infraestructura, de tecnología y de equipo, y para que los operadores del nuevo sistema de justicia contaran con la capacitación y preparación necesarias.
“Porque el cambio más importante de este nuevo sistema no está sólo en los edificios o en la instalación de cámaras, sino en la concepción misma de la justicia y en su aplicación oportuna, como respetar el debido proceso para que ya no haya culpables absueltos por errores de procedimiento”, dijo.
También destacó que ahora lo importante es “que las investigaciones se realicen con el rigor científico para que la confesión deje de ser la reina de las pruebas”, a la par “que se garanticen los derechos humanos desde la imparcialidad y la presunción de inocencia, hasta la reparación integral del daño a las víctimas”.
El funcionario federal señaló también la necesidad de evaluar los avances “a través de indicadores precisos” para saber cuáles son los retos, las fallas y vulnerabilidades del nuevo sistema.
Enseguida dijo que “ningún estado puede ser rehén de la delincuencia”, y por eso todas las entidades se comprometieron a desarrollar el nuevo sistema de justicia y vigilar que se aplique de manera acertada.
“Y lo digo porque ellos saben que si falla en un estado, está fallando prácticamente en todo el país, porque no puede ser refugio una entidad, en la que esté llevándose mal el proceso, no puede ser refugio de delincuentes, y ellos lo saben”, sentenció.
El titular de Segob reiteró que por ello es necesario seguir invirtiendo en este nuevo modelo de justicia, al que aún le falta mucho para consolidarlo, como tecnología y capacitación, así como de la participación conjunta del gobierno federal y de los estados.
“Si no se logra así, en la coordinación, en la coparticipación, entonces no vamos a lograr consolidar este modelo de justicia”, admitió.
Incluso comentó que en materia de seguridad el gobierno federal sigue trabajando con estrategias diversas acordes con las diferentes regiones.
“Es no haciéndolo desde el centro todo, sino junto con los estados, en las regiones, como vamos a solucionar el tema de la seguridad y, por supuesto, con la responsabilidad que tienen los estados de profesionalizar, de lograr generar instituciones sólidas de seguridad a nivel municipal y estatal”, remató.
Suprema Corte ordena al Cisen entregar datos sobre espionaje
El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá informar sobre el número de intervenciones de comunicación que practicó sin orden judicial en 2014, tanto a personas como a dispositivos, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por 10 votos a uno, un recurso de revisión interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República en contra de una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que obliga al Cisen a proporcionar esas cifras.
La Suprema Corte dio la razón al INAI, aunque el ministro presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar, criticó al instituto de transparencia por sus criterios “exagerados” para la entrega de información pública.
La semana pasada, la organización no gubernamental Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D), que hizo la solicitud de información al Cisen, dio a conocer el informe “El estado de vigilancia: Fuera de control”, según el cual entre 2013 y 2015 el gobierno de Peña Nieto hizo a las empresas de telecomunicaciones por lo menos tres mil 182 peticiones de intervención de comunicaciones privadas, 41 mil 107 para conocer los “metadatos” de sus clientes y 11 mil de geolocalización en tiempo real.
La petición de transparencia surgió luego de que R3D –que junto con Proceso y otros siete medios de comunicación y organizaciones forma parte de la Alianza Méxicoleaks– se percató de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal promovió un recurso de revisión ante la SCJN para no divulgar la información por motivos de “seguridad nacional”.
Según la organización, en 99% de los casos las solicitudes de las agencias de seguridad fueron ilegales, pues no contaron con la autorización de la autoridad judicial, como establece la Ley de Seguridad Nacional.
Las disposiciones legales no fueron obstáculo, pues el gobierno obtuvo la información de las empresas de telefonía e internet.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, había solicitado a la Corte que revisara la decisión del Inai por considerar que la revelación de los datos era un asunto relacionado con la “seguridad nacional”.
El pleno de la Corte avaló la propuesta del ministro José Ramón Cossío, quien consideró que la petición de información no tiene que ver con datos reservados del órgano encargado de ver por la seguridad del Estado mexicano.
Se trata de información estadística y no de información que tenga que ver con “las actividades materiales, procesos, métodos o tecnologías” usados por el Cisen, ni con “el producto o material de ejecución de una intervención”, de acuerdo con el proyecto aprobado.
Aunque los ministros apoyaron al INAI, el pleno advirtió que no todas las estadísticas pueden ser públicas.
El más contundente fue el ministro que encabezó el Cisen en el gobierno de Vicente Fox, Eduardo Medina Mora, quien se pronunció por poner límites a la entrega de ese tipo de datos por el “riesgo” que puede haber para la seguridad nacional.
Más determinante fue el ministro Luis María Aguilar, quien se pronunció en contra de la posición de los comisionados del INAI de apoyar la revelación de estadísticas oficiales: “Esos criterios del INAI me parecen exagerados”, afirmó.
Caravana denuncia que con Peña hay más violaciones a derechos de migrantes
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Luego de 18 días de recorridos por 11 entidades del país, la caravana de madres de migrantes desaparecidos denunció que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se incrementaron las violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos que buscan el sueño americano.
Y que la actitud sumisa y represiva del gobierno mexicano ante las medidas anunciadas por el presidente electo estadunidense Donald Trump “auguran tiempos de más violaciones de derechos e inseguridad para los migrantes centroamericanos”.
Después de visitar 30 ciudades del país, donde recorrieron 3 mil 800 kilómetros y participaron en decenas de actos y cuatro reencuentros, la Caravana “Buscamos vida en caminos de muerte” culminó su periplo el domingo pasado en la frontera sur, donde comenzó su andar hace 18 días.
La caravana 2016 en su decimosegunda edición, dijo Rubén Figueroa, logró cuatro reencuentros entre madres e hijos, e incluso entre dos hermanas que no se habían visto en 37 años.
Con esto suman 269 reencuentros de familiares logrados en los 12 años de recorrido por México.
En esta ocasión participaron 41 madres y padres, además de otros cientos que se quedaron en casa pero facilitaron a la Caravana las fotos de sus hijos e hijas para la búsqueda.
Figueroa expuso que el Movimiento Migrante Mesoamericano, a la par que busca personas que han desaparecido en el cada vez más peligroso tránsito por México, también busca visibilizar el terrible costo humano de las actuales políticas migratorias.
En sus visitas a los albergues, bares, oficinas gubernamentales, cárceles, plazas centrales y cualquier otro lugar donde se congregan migrantes en su tránsito por México, la Caravana logró recoger decenas de pistas para dar seguimiento a las búsquedas y, como cada año, visibilizar la grave situación que enfrentan las personas migrantes en su trayecto hacia el norte.
Este año por primera vez la Caravana exploró las rutas del mar, de la costa de Oaxaca y Chiapas, pasando por Salina Cruz, Puerto Madero y Barra San José. En Juchitán hizo una parada en la fosa común municipal que ha recibido los cadáveres de migrantes anónimos que mueren en naufragios en su intento de pasar los controles migratorios y los abusos en tierra.
En Barra San José rindieron un homenaje a los tres niños migrantes ahogados en ese sitio en julio de este año. En esa playa la Caravana dedicada a la memoria de Berta Cáceres, también conmemoró el cumplimiento del noveno mes desde el asesinato de la luchadora indígena con un grito por la justicia y la demanda a las autoridades de Honduras para que se permita una investigación independiente para llegar a la verdad y la justicia en este caso.
La Caravana denunció la indiferencia e impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas migrantes por parte del Estado, exigiendo el pleno respeto por sus derechos y castigo a los responsables.
“En este recorrido pudimos constatar otra vez el incremento notorio en la violencia y la violación de los derechos humanos desde que el gobierno de Enrique Peña Nieto impuso el Plan Frontera Sur en 2014, apoyado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para detener los flujos migratorios centroamericanos a su país desde territorio mexicano”, acusó Figueroa.
Luego señaló que el Plan Frontera Sur intensifica las medidas de control, vigilancia, contención y militarización, y ha obligado a las personas migrantes a viajar por rutas más remotas y peligrosas, “mismas que trazamos este año en la caravana”.
Asimismo, denunció que por estas veredas y caminos las familias migrantes se vuelven presa fácil de grupos de delincuentes, crimen organizado y agentes estatales corruptos. Y que lejos de garantizar su seguridad y derechos, las políticas represivas han sumergido a los migrantes en un infierno, donde están expuestos a robos, extorsiones, violaciones sexuales, trata y tráfico, desaparición y muerte.
Los cónsules centroamericanos en la zona fronteriza informaron que con la elección de Donald Trump se ha incrementado el flujo de migrantes que intentan reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
La caravana culminó su peregrinar en el río Suchiate, para desde allí emprender el regreso a sus comunidades.
“Fueron muchos los aprendizajes del camino, entre ellos el marcado contraste entre la generosidad de espíritu del pueblo mexicano y la indiferencia de muchos de los funcionarios gubernamentales hacia las tragedias humanas que genera la criminalización de las personas migrantes en el país. Este hecho refuerza nuestro compromiso de seguir presionando a las autoridades, a la vez que construimos redes y solidaridades desde abajo”, sentenció Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano.
Desaparición forzada, “reto principal” que enfrenta México, admite Segob ante la CIDH
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), admitió hoy que la desaparición forzada representa el “reto principal” que enfrenta México en la materia en el marco de la 159 sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Panamá.
Este reconocimiento no fue anecdótico: en octubre de 2015 el mismo Campa descalificó el informe preliminar de la CIDH, según el cual la situación de la desaparición forzada en México era alarmante. Aseveró, en conferencia de prensa, que el documento “no refleja la situación del país” y que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue “una situación absolutamente extraordinaria”.
Sin embargo, hoy reconoció –“frente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional”– que “México tiene un problema relacionado con la desaparición de personas, ya sea cometida por particulares, por autoridades del Estado, o por particulares con la asistencia o aquiescencia de las autoridades”.
Campa formó parte de la delegación que respondió hoy, a nombre del gobierno mexicano, a las preguntas y señalamientos de representantes de la sociedad civil frente a los comisionados de la CIDH.
El funcionario expuso el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto para “romper las cadenas de impunidad” y que “las autoridades, en particular las de seguridad, no sean nunca más parte de esta violación a los derechos humanos tan grave como es este delito”.
Enrique Gil Botero, relator de la CIDH en México, expresó su “agrado” de que Campa reconociera el fenómeno, ya que “la postura del gobierno mexicano frente al informe de la CNDH fue un poco reacia, en el sentido de que en este informe se evidenciaban desapariciones generalizadas en México e igualmente que no existía claridad respecto del número de personas desaparecidas”.
Asimismo, señaló que el tema de Ayotzinapa “es transversal a toda esta problemática” de la desaparición forzada, “porque puso en evidencia una serie de situaciones que se venían dando desde hace mucho en un margen de impunidad intolerable”.
También reafirmó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa busca que “se abran todas las líneas de investigación lógicas, coherentes y constructivas” para descubrir el paradero de los estudiantes y sacar la verdad a la luz.
Y urgió: “No se puede permitir que haya estructuras de poder, ni políticas, ni militares, ni de ninguna orden, ni de ningún grado, por alto que sea en el Estado, que sean baluartes de impunidad”.
Representantes de organizaciones de la sociedad civil –entre ellos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México o Fundar– pidieron a la CIDH utilizar el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa para provocar cambios estructurales en las estrategias de búsqueda e investigación en materia de desaparición.
Incluso deploraron que las familias fueron alejadas del proceso de elaboración de la ley general en materia de desaparición –la cual ni siquiera incorpora el término “desaparición forzada” en su encabezado actual–, y denunciaron la falta de recursos y voluntad política para buscar e identificar a los más de 29 mil desaparecidos en el país.
Desplazamiento interno forzado
En una audiencia previa dedicada al desplazamiento interno forzado en México, la sociedad civil y el gobierno tuvieron un desencuentro sobre la cifra de mexicanos en esta situación, e incluso sobre la definición del fenómeno.
Las organizaciones deploraron que el gobierno federal no tenga un “diagnóstico oficial” sobre la magnitud del fenómeno, y le exigieron elaborar una ley general en la materia, que tipifique el desplazamiento interno forzado como delito.
También citaron encuestas del Inegi, según las cuales 185 mil mexicanos se encuentran en esta situación, y afirmaron que ocurrieron por lo menos 25 episodios de desplazamiento forzado masivo en 2016.
Los representantes del gobierno mexicano, por su parte, negaron que en México estén las condiciones para hablar de desplazamiento interno forzado –el cual se emplea en situaciones de desplazamiento interno derivadas de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales– y pusieron en duda las cifras de las organizaciones de la sociedad civil.
“El Estado mexicano es consciente de que existe el desplazamiento interno”, concedió Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, director general adjunto de Defensa de los Derechos Humanos en la Segob, y enumeró varios factores que lo provocan –poniendo a la inseguridad en último lugar–: “La existencia de fenómenos climáticos, la existencia de conflictos agrarios y la violencia causada por grupos criminales”.
Sánchez mencionó un estudio de la CNDH según el cual hay 32 mil 230 personas desplazadas por la violencia en México, e incluso minimizó el alcance de este documento, pues afirmó que “sólo 441 personas, es decir el 1 por ciento, son víctimas identificables”. Urgió a no “generalizar” el fenómeno “a lo largo de las regiones y en la totalidad del territorio mexicano”.
Campa, por su parte, llamó a “dejar de lado los asuntos semánticos y aritméticos” respecto del desplazamiento –en otras palabras, que ni las cifras ni el término importan tanto–, y aseveró que “si cualquier cambio de domicilio por motivos de inseguridad se considera como desplazamiento interno forzado, habría que revisar las estadísticas en esta materia en todo el mundo”.
Una de las activistas dijo: “De antemano, que se niegue que exista el desplazamiento interno forzado, en un país donde la CIDH y distintas instancias internacionales hablan de una crisis generalizada en materia de derechos humanos, nos preocupa”.
Javier Duarte es buscado en España, Costa Rica y Estados Unidos: PGR
El exgobernador de Veracruz Javier Duarte es buscado por los gobiernos de España, Costa Rica y Estados Unidos. A solicitud de México trabajan en pistas para lograr la captura, informó la Procuraduría General de la República (PGR).
El procurador Raúl Cervantes indicó que la PGR ha logrado asegurar 112 cuentas bancarias, cinco empresas y cuatro propiedades presuntamente propiedad de Duarte.
Durante una declaración a medios que dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el funcionario detalló que la Procuraduría ha tenido reuniones interinstitucionales y solicitado asistencia jurídica a los gobiernos de España, Costa Rica y Estados Unidos.
Apenas el pasado 30 de noviembre, la PGR dio a conocer que recuperó 421 millones de pesos pertenecientes al exmandatario, los cuales fueron devueltos al gobierno de Veracruz.
La madrugada del martes 1 de noviembre, la PGR cateó el rancho San Francisco, ubicado en Villa Flores, Chiapas, en busca del exgobernador de Veracruz.
Emprendió la búsqueda a raíz de que el padre Alejandro Solalinde publicó en su cuenta de Twitter una imagen satelital de este rancho, indicando que allí se encontraba el priista, quien está prófugo de la justicia.
Según Solalinde, el rancho en Chiapas es una de las más de 100 propiedades que tiene Duarte de Ochoa y todas éstas “las conoce el gobierno”, afirmó.
Al siguiente día, personal encargado del rancho permitió el acceso de elementos de la PGR quienes no localizaron a Javier Duarte.
La PGR ofrece una recompensa de 15 millones de pesos por quien ofrezca datos que lleven al paradero y la detención de Javier Duarte. El procurador Raúl Cervantes no aclaró si la recompensa se hará extensiva en el extranjero.
Empleados toman oficinas de gobierno de Michoacán para exigir pago de salarios atrasados
MORELIA, Mich.- Trabajadores del sector Salud, del Seguro Popular y de Telebachillerato tomaron hoy las sedes principales y alternas y la Casa de Gobierno, en protesta por el desdén gubernamental a sus demandas.
En el primer caso, los empleados de la Sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) exigen el pago de la última quincena que no han recibido pese a que la titular del área, Silvia Hernández Capi, declaró a la prensa que los pagos habían sido entregados en tiempo y forma.
Sin embargo, a decir de los trabajadores esto no ha ocurrido, por lo que este lunes decidieron tomar tres distintas oficinas del sector, entre ellas las oficinas de la Secretaría de Salud y las del Seguro Popular, la delegación administrativa y unas oficinas ubicadas en avenida Madero Poniente.
Por su lado, personal docente del sistema del Telebachillerato comunitario encabezó una protesta pacífica en Casa de Gobierno, en protesta por un adeudo de aproximadamente siete millones de pesos.
David Suárez, profesor del Telebachillerato comunitario, explicó que el recurso corresponde a meses de salario no ha sido no cubierto.
“El recurso que integra su salario es bipartita, es decir, el gobierno federal aporta 50% del monto y el estatal el resto”, detalló.
La planta docente del Telebachillerato está conformada por 133 maestros y 41 planteles distribuidos en las principales comunidades marginadas de Michoacán.
“Hay compañeros que ya no tenemos para ir a dar clases porque las comunidades están muy apartadas de la cabecera municipal; por la información que pudimos investigar es un adeudo de cerca de seis millones de pesos que se nos adeudan”, dijo Suarez.
Sumado a estos hay millones hay otro monto por un millón de pesos que se adeuda, correspondiente a agosto de 2014 y agosto de 2015. Para exigir el pago de esos recursos integraron una comisión que ingresaría a Casa de Gobierno para presentar su pliego petitorio basado en cuatro puntos.
Iniciará en 2023 la producción de petróleo en aguas profundas: González Anaya
Tras anunciar a BHP Billiton como la empresa ganadora de la asociación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para el campo Trión, el director general de la paraestatal, José Antonio González Anaya, aseguró que la producción del campo en aguas profundas iniciará en 2023, y se espera alcance una capacidad de 120 mil barriles de petróleo diario para 2025.
En conferencia de prensa, González Anaya destacó que la inversión de la petrolera australiana arrancará casi de manera inmediata el próximo año, y recordó que los montos que se pusieron son muy impresionantes, ya que las dos ofertas se fueron al máximo de la regalía adicional, de 4.0%, que se suma al 7.5% establecido en las bases.
En cuanto al monto del bono adicional, que fue el desempate entre los dos interesados, la propuesta ganadora ofreció 624 millones de dólares, que se suman a los 570 millones de dólares establecidos, para llegar a un total de mil 194 millones de dólares, por arriba de las expectativas, según un despacho informativo de la agencia Notimex.
De acuerdo con el director general de Pemex, el siguiente paso es firmar el contrato en los próximos 90 días, para iniciar operaciones en 2017, mientras que la perforación del primer pozo en el campo sería a finales del 2017 o principios de 2018.
“El resultado es extraordinario, los mínimos eran una regalía de 3.0% y una inversión de 570 millones de dólares, y en lugar de eso tenemos la regalía máxima de 4.0% y una inversión de mil 194 millones, no hay forma de ver esto de una manera negativa”, apuntó.
Ello se debe a la planeación de campo, a que México es un país atractivo y a que Pemex es un socio interesante derivado de la reforma energética, subrayó.
González Anaya manifestó que el porcentaje de participación que tendrá Petróleos Mexicanos será de 40%, mientras que BHP Billiton tendrá del 60% restante del proyecto de Trión.
A su vez, el titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, destacó que esto ayudará a la expansión de Pemex para que se convierta en una empresa petrolera del siglo XXI, y consideró que se trata el 50% del éxito de la licitación.
La petrolera australiana BHP Billiton Petróleo Operaciones de México ganó la asociación con Pemex para el campo Trión –ubicado en el Cinturón Plegado Perdido en la parte mexicana del Golfo de México–, al presentar una regalía adicional de 4.0%, así como un pago en efectivo de 624 millones de dólares.
Vende OHL a empresa mexicana 80% de participaciones en hoteles y un campo de golf
La constructora española OHL llegó a un acuerdo con la empresa mexicana RLH Properties para venderle participaciones mayoritarias en hoteles y un campo de golf ubicados en el Caribe mexicano. La operación representará una entrada de caja de hasta 218 millones de euros para OHL.
En concreto, OHL aceptó una oferta vinculante para vender hasta 80% del capital de las sociedades propietarias de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba, con un mínimo asegurado del 51 %, y un 51% del capital de las sociedades dueñas de los hoteles Banyan Mayakoba y Andaz Mayakoba, y del campo de golf El Camaleón.
Además, según información de OHL a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, con la operación obtendrá una plusvalía de alrededor de 71 millones de euros.
“La operación generará una caja estimada para el vendedor de 218 millones de euros, con un mínimo asegurado de 158 millones y una plusvalía, incluyendo la puesta en valor de la participación no vendida, de 71 millones de euros”, informó.
OHL afirmó que la operación es relevante para ambas empresas pues “la operación consolida y refuerza su modelo de negocio como desarrollador de proyectos turísticos y hoteleros de la más alta calidad que, tras la puesta en marcha y consolidación de los mismos, plantea iniciativas de desinversión parcial y rotación de aquellos activos que se considere han alcanzado un grado de madurez adecuado”.
México ignoró alerta sobre orden del “Mono Muñoz” de matar a MP de Coahuila: El País
MADRID.— La policía española alertó a las autoridades mexicanas que Juan Manuel Muñoz Luévano, el Mono Muñoz, enlace de Los Zetas en Europa, ordenó el asesinato de una agente del Ministerio Público de Coahuila, pero la respuesta de México ha sido “el silencio”, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción citadas hoy por El País.
El matutino español retoma la información que en abril pasado difundió la agencia EFE sobre la orden que da el capo de Los Zetas en España a un sobrino para asesinar a una mujer que colaboraba con su organización por fallarles, pero añade que “México no ha requerido a los fiscales españoles ninguna información adicional, ni enviado una comisión rogatoria de auxilio judicial para investigar esta amenaza. Una circunstancia que ha provocado el estupor y la sorpresa de las autoridades españoles por la gravedad del caso”.
La página del documento que El País difunde en su sitio web tiene fecha del 17 de marzo, un día antes de la detención de Muñoz Luévano en su vivienda de Madrid. El capo está a la espera de una posible extradición a Estados Unidos, país que le reclama por delitos de narcotráfico y tráfico de armas de fuego.
La información señala que para España el caso fue tan relevante, que la policía levantó el secreto de sumario judicial para “intentar salvar la vida de la funcionaria. Los fiscales españoles ignoran cuál fue la suerte de esta mujer”.
El documento fue enviado por el comisario jefe de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF que dice haber enviado a la División de Cooperación Internacional.
Señala de la orden del Mono de asesinar a la mujer. “Los hechos que motivarían la orden de acabar con su vida están vinculados a que (la funcionaria) es conocedora de una orden de detención/presentación contra el identificado como Salomón Ayup Muñoz, alias Monchi”, sobrino del capo, como el autor de un secuestro de un “miembro de la familia Burciaga acaecido en el estado de Coahuila”.
En represalia por no haber informado sobre esa orden, “la organización a la que pertenece Salomón se ordena acabar con su vida”.
Quien puso en conocimiento de la organización de Muñoz la existencia de la orden de detención es un hombre llamado “Erik de la Rosa, que podría tratarse de un funcionario que desarrolla su trabajo en el Departamento de Desaparecidos”.
La información incluye la conversación en la que Juan Manuel Muñoz Luévano llamó a un teléfono de su empresa Cargo Gas, para contactar con su sobrino Salomón, se lee cuando da la orden: “Y si no, pues para que vaya usted y la mata ahí”.
La orden contra el sobrino es por la desaparición de un miembro de la familia Burciaga, relacionado con el narcotráfico en Matamoros, que trabajaban para Sergio Villarreal, El Grande, exmiembro de los Beltrán
Se debe garantizar ‘costo de suelo’ para casas de interés social: Seduvi
Los precios que propone el dictamen de la nueva ley de vivienda para las casas de interés social (400 mil pesos) y popular (400 a 650 mil pesos), “son sin duda parámetros ajustados en términos de la capacidad de pago de ciertos sectores de la población que son a quienes se tendría la obligación de proteger, y que son rangos que pueden ser acordes a esa capacidad de pago, sin embargo, “tenemos que encontrar mecanismos de cómo garantizar que el costo del suelo sea congruente con esos parámetros de venta”, afirmó el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino, Felipe de Jesús Gutiérrez.
Esta es una discusión que no solo la nueva ley de vivienda puede resolver ni el Programa General de Desarrollo Urbano, “es un tema presente entre los constituyentes para formular la nueva constitución para encontrar el suelo donde se pudieran construir casas de 400 mil pesos, se tienen que rediseñar los mecanismos que permitan que el suelo no respondan solo a la oferta y la demanda”, dijo el funcionario entrevistado luego de presentar ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el Proyecto con iniciativa de decreto del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.
Entre otros aspectos dicho proyecto busca revertir el despoblamiento que está teniendo la ciudad en todas las delegaciones, excepto Tláhuac y Milpa Alta, a razón de 80 mil personas al año, y que se van a habitar a las áreas de conservación, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de la ciudad, pero también a municipios cada vez más alejados de los estados de México o Hidalgo por razones del alto costo del suelo para vivir en la capital del país.
Ante “la alta demanda que está representando el bono demográfico, el costo del suelo esta distorsionado y eso está desplazando sobre todo a la población joven de los 40 mil matrimonios que se forman al año y que si no encuentran una alternativa en la ciudad se van hacia la periferia”.
Busca, además, un reacomodo de las actividades productivas que tiene que ser consecuente con esta fase con la que la desindustrialización de la ciudad es un hecho, la mayoría de las industrias por razones de mayor eficiencia se están yendo a la periferia, a los ejes carreteros, y se están quedando estos espacios vacíos.
Es necesario replantear un modelo de ciudad integrada, no solo de usos habitacionales o grandes corporativos, sino una mezcla de actividades que permita hacer ciudad.
Empresa china CRCC ofrece construir trenes férreos del Metro
La empresa china CRCC ofreció al Metro su tecnología para la construcción de trenes férreos, para las líneas 12 y A, informó el director del organismo, Jorge Gaviño.
Al anunciar la conclusión de la recomendación de la CDHDF en 2012, que llevó al cierre de los tres últimos vagones en las líneas 1, 2, 3, 8 y B, comentó que en una reunión plantearon un esquema financiero con el respaldo de bancos internacionales y ofrecieron apoyos económicos.
La compra de trenes, precisó, será a través de una licitación pública internacional, abierta a cerca de una docena de empresas en el mercado que se dedican a construir ese tipo de trenes, donde podrá participar esa empresa -que ganó la licitación del tren México-Querétaro, aunque se canceló-.
Hoy, dijo, “no hay nada seguro en la compra de trenes y menos para la ampliación de líneas, donde podríamos utilizar esquemas como son los Proyectos de Prestación de Servicios o Asociaciones Público Privadas, como establece la norma”.
El funcionario reconoció que el presupuesto previsto para el Metro, de 16 mil 500 millones de pesos para el próximo año, “es muy alto”, igual que el recibido por algunos municipios, pero “movemos a 5.5 millones de personas diarias y tenemos un subsidio de ocho pesos por cada uno, lo cual no es negocio”.
Destacó que, 50 por ciento se obtiene de la venta de boletos, explotación publicitaria y renta de locales comerciales, pero el presupuesto se gasta principalmente en operación para mantenerlo en las mejores condiciones para prestar servicio y el pago de sueldos.
Entregó diplomas a 37 capacitadores del organismo y de la Policía Bancaria e Industrial, al concluir el curso-taller: “Sensibilización sobre Derechos Humanos y Disidencia Sexual”, en cumplimiento a la recomendación12/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos para proteger los derechos de la población LGTBIII.
El cierre de los tres últimos vagones en dichas líneas a partir de las 22 horas fue uno de los puntos que se cumplió; el segundo que incluyó una conferencia de prensa y un comunicado para medios fue el siguiente; al que se sumó una campaña publicitaria con el enfoque de informar y sensibilizar sobre el Derecho de Igualdad ante la Ley y No Discriminación.
Mientras, se encuentra parcialmente cumplido con la realización de la encuesta: “Diagnostico de la Calidad de los Servicios del Sistema Integrado de Transporte y Movilidad desde una Perspectiva de Género”, que se aplicó a mil 238 personas en toda la red.
Sin embargo, la Secretaría de Movilidad debe emitir el diagnóstico, con el fin de ejecutar su aplicación en cada uno de los organismos de la Red de Transporte Público y Concesionados, indicó.
Invertirán 20 mdp en seguridad de peatones en la ciudad de México
Con una inversión de 20 millones de pesos, la Secretaría de Obras y Servicios sustituirá el balizado por banquetas en 34 intersecciones a fin de garantizar el resguardo de los peatones.
A un año de ponerse en funcionamiento las primeras 54 intersecciones con el programa “Pasos Seguros”, se inicia su mantenimiento, pues han logrado disminuir hasta el 60 por ciento los hechos de tránsito.
Los trabajos incluyen la sustitución de bolardos flexibles, también conocidos como hitos, y macetas rotas o faltantes.
Recordó que México ocupa el séptimo lugar de hechos de tránsito a nivel mundial y “en los últimos tres años en la Ciudad de México se han registrado en promedio mil 91 muertes anuales por hechos de tránsito, de las cuales el 60 por ciento fueron peatones”.
Llaman a movilización nacional el 6 de enero en rechazo a reforma de salud
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Representantes de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Salud y la Seguridad Social, acordaron realizar una movilización nacional el 6 de enero para expresar su rechazo a la reforma de salud y protestar por el recorte de presupuesto para el sector, informó Nicolás Gómez Velasco, vocero de la agrupación en Chiapas.
Agregó que durante la quinta asamblea nacional efectuada este fin de semana en Palenque, con la presencia de representantes de 11 estados, se acordó también seguir “trabajando para consolidar la Coordinadora en todo el país”.
Dijo que la principal preocupación de los trabajadores del sector actualmente es “el empecinamiento intención del gobierno federal de llevar a delante su proyecto de universalización de la salud”.
Señaló que la quinta asamblea nacional de la Coordinadora, a la que asistieron dirigentes del magisterio chiapaneco y de diferentes organizaciones sociales, se llevó a cabo en Palenque para expresar su apoyo a los trabajadores de la Secretaría de Salud en esa región, pues muchos de ellos llevan más de seis meses en paro de labores para exigir abastecimiento de medicamentos, insumos y equipo para los hospitales y centros de salud,
“El consejo de representante de Palenque, integrado por trabajadores de la subsección IX del Sindicato de Trabajadores de Salud, espera respuesta del director general de asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Salud federal, Fernando Gutiérrez Domínguez, como resultado dela reunión realizada el día 2 diciembre en la Ciudad de México donde fue recibida una comisión de Palenque”, aseveró.
Gómez Velasco manifestó que el funcionario se comprometió en ese encuentro “a darle solución a la problemática relacionada con las mejoras en los servicios de salud, el pago al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISTE), la reintegración de cesados y el pago de los salarios retenidos a más de 150 trabajadores que están en paro de labores.
Afirmó que ante la falta de respuesta de las autoridades a las demandas de los trabajadores de la salud en Palenque, los asistentes a la asamblea bloquearon durante algunas horas la carretera que comunica a Palenque con la zona arqueológica y con Villahermosa, Tabasco, y si para el 8 de este mes no han recibido una respuesta positiva cerrarán la vía de manera indefinida.
Enfrentamiento entre civiles armados y agentes de SSP en Veracruz deja 14 muertos
Un enfrentamiento entre elementos de la Secretaria de Seguridad pública de Veracruz y civiles armados, en la comunidad de Suchilapan, municipio de Jesús Carranza -en los límites con Oaxaca- dejó un saldo de 14 presuntos delincuentes muertos y un agente herido, según un parte de dicha dependencia.
De acuerdo con el informe, los civiles armados son integrantes del cártel de Sinaloa que pretendían establecerse en los límites entre los estados de Veracruz y Oaxaca. En la refriega, una camioneta de la policía estatal quedó completamente destrozada. Los uniformados aseguraron 12 rifles de asalto AK-47 y tres pistolas.
Depuración de la clase política, clave para combatir violencia: obispo de Chilpancingo
Chilpancingo. El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, propuso que para acabar con la violencia en Guerrero, y en el país, se lleve a cabo una profunda depuración en los tres niveles de gobierno, el Ejército Mexicano, y las corporaciones policíacas, y sobre todo, en la clase política "que es donde se ha infiltrado la delincuencia organizada".
Además, en conferencia de prensa, reiteró su planteamiento de iniciar un proceso de diálogo con los grupos de la delincuencia organizada.
En entrevista en esta capital señaló que “cada obispo es responsable de su declaraciones. Es cierto que la violencia está aumentando cada día, y es una desgracia que la violencia esté aumentando en Iguala, Chilpancingo, o Acapulco, y Chilapa, tenemos que hacer algo definitivamente”.
Reconoció que la iglesia ha propuesto el diálogo con los dirigentes de las organizaciones delictivas y añadió que “hay muchos infiltrados en la inteligencia (militar)”.
El obispo insistió en que se debe multiplicar la inteligencia “hay corrupción, yo creo que, en México, hay un plano de delincuencia en donde se pueden atender.
“Yo insisto que se tiene que dialogar con quien sea, y los gobiernos no pueden transgredir lo acorado”, agregó.
Recalcó que “a nivel de Guerrero, los cuatro obispos buscaran la paz con misericordia, el problema es la rivalidad entre los grupos de narcotraficantes, y el gobierno estatal sabe quién está provocando todo esto”.
Reiteró que la política está infiltrada, “la única arma que tenemos es el voto, y darle a estos políticos corruptos un voto de castigo”, concluyó.
Desalojan cerca de 10 mil personas por explosión de pipa de gas en Monterrey
Monterrey, NL. Una pipa cargada con gas LP explotó al tratar de ganarle el paso al tren en la colonia San José, en el municipio de García, en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey.
Autoridades y rescatistas desalojaron unas 10 mil personas de cuatro colonias ante el temor de que se registrara un nuevo estallido, pues la pipa era de doble remolque y sólo uno de ellos resultó afectado.
De acuerdo con Óscar Aboytes, coordinador de comunicación social de Protección Civil de Nuevo León, la pipa con 45 mil litros de combustible fue arrastrada por el tren y después sobrevino la explosión, a la altura de la calle 16 de septiembre, en la colonia San José, sobre la vía a Torreón.
Con el impacto de la locomotora, uno de los dos tanques del remolque propiedad de la empresa Simsa se perforó e incendió. La única persona lesionada fue el conductor del contenedor.
El incendio fue controlado poco después de una hora, con auxilio de Protección Civil de los municipios de García y Santa Catarina, así como el Ejército Mexicano y socorristas de la Cruz Verde y Cruz Roja.
Fueron evacuados alrededor de 2 mil 500 domicilios.
El mundo “exige la verdad” sobre Ayotzinapa: Enrique Gil Botero
La comunidad internacional entera “exige la verdad” de lo acontecido en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, aseguró Enrique Gil Botero, Relator País de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México.
En la audiencia pública donde el Estado mexicano compareció para informar sobre las acciones y avances en materia de desaparición forzada, el comisionado Gil Botero advirtió que “no se puede descansar” hasta obtener la verdad de esos hechos, que evidenciaron este tipo de prácticas que “venían dándose desde hace tiempo, en un margen de impunidad intolerable”.
En este mismo sentido, dijo que llegar a la verdad “es el gran compromiso que se debe imponer el Estado mexicano frente a este caso”.
Insistió a la representación del Estado mexicano –encabezada por los subsecretarios Roberto Campa y Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores, respectivamente-, que “se abran todas las líneas de investigación lógicas, coherentes y reconstructivas, como debe ser el derecho probatorio, a efecto de encontrar a las personas, a los estudiantes”.
Gil Botero se refirió al “rompimiento de las cadenas de impunidad”, que minutos antes había expresado el subsecretario Campa. “Y yo agregaría que no se puede permitir que haya estructuras de poder político o militar, ni de ningún orden, ni de ningún grado por alto que sea en el Estado, que sean baluartes de impunidad, porque en un estado constitucional de derecho, todos, absolutamente todos, estamos sometidos a la ley”.
Ximena Puente declina candidatura a Fiscalía anticorrupción
La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, y Acceso a la Información, Ximena Puente de la Mora, decidió declinar a su candidatura a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción a fin de que puedan procesarse los acuerdos necesarios en el Senado de la República para la designación del titular de este nuevo órgano.
Mediante una misiva enviada a la Junta de Coordinación Política del Senado, Puente de la Mora consideró que la nueva fiscalía “debe nacer fuerte, para ello, no solo se requiere un andamiaje jurídico que le permita autonomía y eficacia en sus funciones sino que su titular cuente con el respaldo necesario para enfrentar el principal problema de nuestro país que, sin duda, la corrupción. Hago votos para que todo el proceso de elección, selección de la nueva o el nuevo fiscal se realice con la mayor transparencia y consenso posible para además atender un claro y un justo reclamo social”.
La decisión de Puente de la Mora se da en un contexto en el que las diferencias en el procesamiento en el seno del Senado entre las diversas fracciones parlamentarias ha determinado postergar la decisión del nombramiento que forma parte importante en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
“Con esta determinación busco contribuir a alcanzar los acuerdos indispensables pero sobre todo, confirmar mediante acciones , la convicción en torno a que el camino hacia la consolidación de nuestra democracia requiere del liderazgo y experiencia pero también de saber anteponer el interés público a cualquier aspiración de índole personal y profesional”.
Decreta Peña Nieto cuatro nuevas áreas naturales protegidas
Cancún, Q. Roo. El gobierno federal decretó hoy cuatro nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda.
De las primeras, tres se refieren al patrimonio marítimo que se declaran reservas de la biosfera: las islas del Pacífico y sus aguas adyacentes en la costa occidental de los estados de Baja California y Baja California Sur con una extensión de 1.2 millones de hectáreas; el Pacífico mexicano profundo para que una franja marítima por abajo de los 800 metros de profundidad, desde Chiapas a Nayarit, y el área alrededor del archipiélago Revillagigedo en casi 58 millones de hectáreas.
También se hizo la declaratoria para el Caribe mexicano, para la mayor parte de la superficie marítima frente a la costa de Quintana Roo dónde se protegerá el mayor sistema de arrecifes mesoamericano.
El presidente Enrique Peña Nieto firmó los decretos correspondientes y dijo que en estas zonas se prohíbe la extracción de hidrocarburos y serán protegidas por la Secretaría de Marina.
Se trata, expresó, de la máxima superficie que nunca se haya decretado. "Prácticamente estamos triplicando la zona natural protegida tanto marítima como terrestre que anteriormente tenía nuestro país".
Hoy se decreta la protección de 65 millones de hectáreas y con ello se llega a 91 millones de hectáreas protegidas. De ellas, 70 millones son marinas y el resto terrestres.
Añadió que con ello se supera la mea original de proteger el 10 por ciento de la superficie y se alcanza el 23 por ciento de las zonas marinas.
"Y México también se comprometió a lograr que el 17 por ciento del territorio nacional sea área natural protegida para el 2020. Seguiremos trabajando para lograrla. Hoy casi el 14 por ciento" ya tiene esa categoría, indicó el mandatario.
Esto exige, pidió Peña Nieto, que también la sociedad asuma responsabilidades, entre ellos quienes explotan nuestros mares, de manera sustentable y que su actuar genere sinergia para cumplir con su deber de conservación para con México y el mundo.
La cuarta zona natural protegida corresponde a la Sierra de Tamaulipas.
En estos momentos, el jefe del Ejecutivo inaugura la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP13).
