Soldados en la firma del convenio de colaboración para la construcción de una brigada de Policía Militar en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Foto: Octavio Gómez
La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno.
La aprobación de este proyecto implicaría una transformación radical del papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Sin embargo, la propuesta del diputado César Camacho Quiroz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto es definido de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”.
Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.
Desde que Felipe Calderón sacó a los soldados masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir el narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales.
Hoy, 10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares.
Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto el Código de Justicia Militar como el Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como con espionaje directo a comunicaciones personales.
Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y expandiría esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información.
Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión para emitir dicha declaratoria y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”.
En contraste, la nueva ley permitiría al presidente realizar de manera unilateral la declaratoria, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades de tránsito, de expresión y de reunión.
Lo más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría para la soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas armadas mexicanas hoy no sólo siguen órdenes de las autoridades mexicanas, sino que también obedecen a los mandatos de Washington. Fue el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la milicia mexicana dentro del marco del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) en 2002. Y un porcentaje cada vez más grande de generales, comandantes y cadetes miliares mexicanos reciben una parte importante de su entrenamiento en Estados Unidos.
El secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado comandante de la Legión de Mérito del gobierno de Estados Unidos y tiene comunicación constante con los altos mandos castrenses en aquel país. Y hace unos meses Soberón le entregó personalmente al jefe del Northcom, William Gortney, la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase de México.
Así que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su nueva Ley de Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará sujeto a la constante intromisión de las fuerzas militares en nuestras vidas, sino que nuestra información y nuestras libertades también se colocarían bajo el control directo de Donald Trump.
En lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros asuntos internos, hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga tradición de dignidad nacional y solidaridad latinoamericana. Hay que dirigir nuestras miradas hacia el sur.
Fuente: Proceso| JOHN M. ACKERMAN
