Hace diez años el entonces gobernador del estado de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, le pidió a su paisano el presidente Felipe Calderón Hinojosa que lo auxiliara en el combate a la delincuencia organizada y así empezó la “guerra” que ya arrojó miles de muertos a las tumbas y puso al Ejército y la Armada de México en las calles a perseguir a los delincuentes, ante las insuficiencia, limitaciones y complicidades de las policías de los tres niveles de gobierno.
En el décimo aniversario de la “guerra” contra la delincuencia organizada, en particular contra el narcotráfico, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, en rueda de prensa declaró que las Fuerzas Armadas son las primeras interesadas en regresar a sus cuarteles y que la policía tuviera un plazo para empezar a cumplir con su deber, añadió que ante el incumplimiento de la ley los soldados y marinos deben seguir en las calles, por ello la exigencia de un marco legal que regule sus actividades.
“La ley la van a decidir los legisladores, ellos dirán hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley, acataremos lo que disponga el propio Congreso, simplemente estamos insistiendo”.
Recordó el general Cienfuegos que la petición de que se otorgue un marco legal para regularizar la actuación del ejército en actividades de seguridad pública la han planteado los tres anteriores secretarios de la Defensa Nacional. “La seguridad interior no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de Marina, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, que es quien debe estar insistiendo en que esta ley se promulgue, pero tampoco hay prisa y no ha habido prisa en muchos años para eso y los que estamos enfrentando los problemas somos nosotros”. (El Universal, 9 diciembre 2016)
Las declaraciones del general Cienfuegos tuvieron respuesta inmediata de parte del presidente Enrique Peña Nieto, que en su calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas reconoció su trabajo y aseguró que por lealtad a la Patria continuarán apoyando a las autoridades policiacas y civiles en materia de seguridad pública, lo que ha permitido que ciudades y regiones del país hayan regresado a la paz y a la tranquilidad y lo harán en tanto se logra el objetivo “de esta asignatura aún pendiente, el poder apoyar las labores de las instituciones de procuración y de la policía preventiva de nuestro país”. (La Jornada, 10 diciembre 2016)
Diversos senadores y diputados del PAN, PRI y PRD coincidieron en afirmar que no están dadas las condiciones para que el Ejército y la Armada regresen a sus cuarteles y se comprometieron a llevar a cabo un periodo extraordinario en las siguientes semanas para construir un acuerdo y sacar adelante un marco jurídico que dé certidumbre a las Fuerzas Armadas en sus tareas contra la inseguridad, y el combate a la delincuencia organizada. (El Universal, 12 diciembre 2012)
Por su parte el presidente del Consejo coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañon, señaló que México debe respaldar a las Fuerzas Armadas, y los estados y municipios, asumir su parte en el combate al crimen organizado. “No podemos dejar el peso de la responsabilidad únicamente en el Ejército y la Marina. Tenemos 10 años en una circunstancia similar. Éste es un llamado a todos los Gobernadores de los estados, un llamado a las fuerzas de Policía federales, estatales y municipales”. (Reforma, 10 diciembre 2016)
Se cumplieron diez años en los que de manera ininterrumpida el Ejército y la Armada han confrontado a la delincuencia organizada. Conviene recordar que por décadas ambas instituciones han estado involucradas en tareas de seguridad pública e interior, como la erradicación de cultivos ilícitos. En la década de los setenta el ejército mantuvo una campaña en contra de la guerrilla rural en el estado de Guerrero. También participó en la Operación Cóndor para combatir el narcotráfico en el noroeste del país, y durante el gobierno de Vicente Fox y llevaron a cabo operaciones conocidas como México Seguro, para reestablecer la seguridad en algunas localidades del país.
Hoy algunos interpretan la demanda del general secretario Cienfuegos como un chantaje hacia el presidente Peña Nieto y como una denuncia hacia el secretario de Gobernación Osorio Chong, por haber omitido el trabajo legislativo que dotara al ejercito de un marco legal que lo sustraiga de las numerosas quejas en su contra, en materia de derechos humanos.
La terca realidad nos recuerda que el Ejército y la Armada están en las calles porque así lo demandan los gobernadores y presidentes municipales que, rebasados por la delincuencia y con policías infiltradas o en la nómina de las bandas, piden su auxilio para otorgar seguridad a la población, lo que en ocasiones no logran, como lo constatan casos como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Sinaloa y otros.
La demanda de un marco legal para las Fuerzas Armadas podría dotarlas de las facultades para moverse con mayor agilidad en el ambiente reservado para los civiles. De ser así la responsabilidad será de los políticos de todos los niveles que han sido incapaces en la profesionalización de las policías y en la erradicación de la corrupción que las involucra.
Discusión hipócrita
Fuente: Yahoo Noticias| Enrique Pérez Quintana
