miércoles, 14 de diciembre de 2016

LA ULTIMA Y NOS VAMOS 14 Diciembre 2016

Autodefensas y Tequileros intercambian rehenes en Guerrero
CHILPANCINGO, Gro.- El grupo delictivo Los Tequileros liberó esta noche al ingeniero Isauro de Paz Duque, luego de que habitantes de San Miguel Totolapan denunciaron públicamente que el líder de esta banda criminal, Raybel Jacobo de Almonte, opera impunemente en la región de Tierra Caliente bajo el manto protector del gobernador Héctor Astudillo Flores y del diputado local priista Saúl Beltrán Orozco.

En respuesta, el grupo de autodefensa de la cabecera municipal entregó a la policía estatal a Félix de Almonte, madre de El Tequilero, quien fue retenida este lunes como medida de presión para el delincuente y el gobierno de Astudillo.

No obstante, los civiles armados aún mantienen retenida a la regidora priista María del Carmen Barrera, quien es señalada como enlace del narco y la política, así como a una decena de jóvenes acusados de ser informantes del grupo de Los Tequileros, informaron a Apro miembros de la guardia comunitaria.

El intercambio de rehenes entre el grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan y la banda de Los Tequileros es un caso inédito que exhibe el nivel de ausencia de autoridad que se vive en la entidad.

Al respecto, los miembros del comité del grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan exigieron al mandatario estatal que se presente en este poblado de la región de la Tierra Caliente para que asuma el compromiso de garantizar la seguridad para los pobladores y cumplir con su promesa de detener a Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.

De lo contrario, la edil priista y la decena de jóvenes seguirán retenidos, advirtieron los miembros de la autodefensa de San Miguel Totolapan.

Al respecto, informaron que el intercambio de rehenes se concretó cerca de las 19:30 horas, luego de que la banda de El Tequilero, ante la presión ejercida por los pobladores, decidió liberar al ingeniero Isauro de Paz en un punto desconocido de la sierra, hasta donde llegaron policías estatales, quienes se limitaron a trasladar a la víctima a la cabecera municipal, donde ya aguardaba su familia.

Enseguida, el grupo de autodefensas entregó a la madre de El Tequilero a los policías estatales y advirtieron que esta acción no resuelve la dramática situación que se vive en San Miguel Totolapan.

Los miembros del comité de autodefensa consultados por Apro señalaron que el gobierno de Astudillo operó el intercambio de rehenes porque “seguramente tiene contacto directo” con el líder de Los Tequileros.

“Nosotros nos enfocamos en detener a la madre de El Tequilero para presionarlo a él y al gobierno, y el gobernador Héctor Astudillo se encargó de negociar con el delincuente para que liberara al ingeniero Isauro de Paz, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, entre ellas el caso de los 10 plagiados de San Jerónimo”, expresó uno de los líderes de la autodefensa, quien pidió el anonimato por seguridad.

Por ello, señalaron que los pobladores de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan no van a dejar las armas hasta que las autoridades de los tres niveles garanticen a la sociedad el derecho a la seguridad y desmantelen a la banda de El Tequilero.

Liberan a ingeniero secuestrado en Totolapan, Guerrero
Chilpancingo, Gro. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero Roberto Álvarez Heredia, informó que esta tarde y transcurso de la noche fue liberado el ingeniero topógrafo Isauro Paz Duque, así como María Félix de Almonte, mamá de Reybel Jacobo Almonte, presunto jefe de la banda de Los Tequileros.

En entrevista, Álvarez Heredia expresó que Paz Duque, quien fue secuestrado desde el domingo, llegó por su propio pie a su casa y afirmó que el gobernador Héctor Astudillo había comentado que el ingeniero ya se encontraba con su familia.

Explicó que la familia del ingeniero había planteado la negociación, luego de que el grupo autodefensa San Miguel Totolapan, apoyados por ciudadanos, mantenían retenida a la mamá del jefe de la banda, Raybel Jacobo Almonte, desde el lunes pasado.

Informó que en cuanto el ingeniero llegó a su casa, la autodefensa entregó a la señora María Félix de Almonte, mamá del jefe de Los Tequileros, quien fue trasladada a su casa en la comunidad de San Antonio La Gavia, cerca de la cabecera municipal.

Las 17 personas que se encuentran retenidas por el grupo de autodefensa serán trasladadas al Ministerio Público del Fuero Común ubicado en el vecino municipio de Arcelia para que rindan su declaración, debido a que se les vincula con ese grupo delictivo.

PRI cierra las puertas a expertos internacionales al aprobarse Ley de Víctimas
Con la participación directa del Ejecutivo en el organismo que “velará” por las víctimas, y a la par cerrando el paso a la participación de peritos internacionales en investigaciones de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales o cualquier otro delito cometido contra ciudadanos, el PRI y sus aliados –a los que hoy se sumó el PAN– aprobaron cambios a la Ley General de Víctimas.

Con 302 votos a favor y 96 abstenciones de PRD, Morena y MC, el pleno avaló cambios a la actual Ley General de Víctimas.

Durante la discusión y propuestas que hizo la oposición –las cuales fueron rechazadas en conjunto–, la diputada del PRD, Cristina Gaytán, puso el dedo en la llaga y develó el verdadero objetivo de los cambios: mandar dedicatoria a los expertos internacionales para que no vengan al país a derrumbar “la verdad histórica”.

La perredista, quien forma parte de la comisión especial para indagar los hechos de Ayotzinapa, señaló lo anterior, ya que entre los cambios se anula el derecho de las víctimas a solicitar la intervención de peritos extranjeros.

Como se recordará, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y luego de que el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sostuviera que los jóvenes fueron quemados en una pira en el basurero de Cocula, los familiares de las víctimas pidieron la intervención del grupo de argentinos expertos en antropología forense.

Estos últimos sostuvieron que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados, lo mismo sucedió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI).

En los cambios a la ley se establece en los artículos 12, 15 y 21 que “sólo se podrá contratar servicios de expertos independientes o de peritos internacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia”.

Ante ello, la legisladora del PRD sostuvo: “Esta es una clara dedicatoria al Grupo de Expertos Internacionales, a los expertos en antropología forense que, con sus argumentos, con sus peritajes y sus elementos debilitaron la ‘verdad histórica’ construida por Murillo Karam”.

Antes, acusó: “Pero no nos engañemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, eso tiene una clara consigna política de la experiencia que tuvo el gobierno mexicano, la mala experiencia para el gobierno mexicano que resultó de ser confrontado y evidenciado por organismos internacionales en el tema de Ayotzinapa. Y quieren, obviamente, que esto no se repita”.

Gaytán recordó que, en la actualidad, la ley otorga a las víctimas el derecho a solicitar la intervención de expertos o peritos internacionales, y que sus servicios sean cubiertos por el fondo de atención a víctimas.

“Esto ya estaba en la ley, es un derecho ganado por las víctimas, pero parece que algunos legisladores legislan por consigna, para proteger o protegerse con ese halo de impunidad, más allá de buscar el derecho de las víctimas”, dijo la perredista, quien insistió en que los artículos propuestos “modifican de manera regresiva un derecho que las víctimas ya tenían”.

Y preguntó: “¿Ya se nos olvidó, por ejemplo, lo que últimamente hemos padecido? ¿De los señalamientos que se hicieron en contra de servidores públicos y cómo un servidor público fue acorralado a tal punto de tener que dimitir de su cargo por no haber querido acusar una investigación acorde a los intereses de la Presidencia? ¿Ya nos olvidamos de Tomás Zerón?”.

A su vez Morena, a través de la diputada Araceli Damián, cuestionó que con los cambios el organismo que atenderá y defenderá a las víctimas “es juez y parte, es decir, el Estado, pues se propone, en lugar de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), un órgano compuesto por secretarios de Estado, quienes serán los que realmente tomarán decisiones en esos casos.

Omar Ortega, diputado del PRD, amplió el tema cuando, luego de calificarlo como “otro retroceso”, dijo que ahora se pretende que el organismo esté presidido por una persona y no la Comisión, pero lo peor, alertó, es que será “unipersonal, donde lo propondrá el Ejecutivo, siendo así juez y parte… pues la violencia ha venido de parte del Estado mexicano”.

Y finalmente, acotó, se ignora a las víctimas de “desplazamiento interno forzado”, incluso no se prevé siquiera el término como definición.

“En ninguna parte de la ley se dice qué es y cómo se va a atender”, deploró el perredista.

En tanto, Movimiento Ciudadano (MC) cuestionó la forma en que se ha distribuido el dinero como parte de la “reparación del daño”. Dijo que aunque no hay cómo reparar la pérdida de un familiar, la entrega de dinero no ha sido clara, pues el fondo cuenta con un subejercicio de mil 500 millones de pesos.

A su vez, Alfredo Basurto Román, de Morena, criticó que de lo entregado, la mayoría ha sido para familiares de militares.

Finalmente los cambios a la ley fueron aprobados por 302 votos de PRI, PAN, Panal, PES y PVEM, mientras que Morena, PRD y MC decidieron abstenerse.

Por otra parte, el pleno avaló reformas para que la Secretaría de Marina (Semar) asuma el control de los puertos, cambios que también fueron aprobados sólo por PRI y sus aliados, más el PAN.

Ahora, funciones que corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la realizarán los marinos, con lo que la autoridad civil quedará bajo el control y arbitrio de las fuerzas militares.

La diputada Sandra Luz Falcón, de Morena, dijo que con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos “se amplía la militarización” del país.

“Nos dicen que con esta ley los puertos serán más modernos, eficientes y seguros; que no implica ninguna militarización, toda vez que la Secretaría de Marina no es lo mismo que la Armada de México, por lo que los puertos serán atendidos de manera civil (…). Nos dicen que de ninguna manera se viola el artículo 129 constitucional”, pero no es así, advirtió.

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La exvocera de Calderón, consentida en el gobierno de Peña
La estrecha relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha sido muy lucrativa a la exvocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota: este año recibió al menos dos contratos, uno de Pronósticos Deportivos y otro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por más de 3 millones de pesos.

Ambos contratos del gobierno de Peña con la empresa propiedad de Sota, Integra Metas Estratégicas, S.A. de C.V., se suman a los que obtuvo del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por casi 20 millones de pesos, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, de casi 400 mil pesos, entre 2014 y 2016.

Otro cliente de Sota ha sido el priista gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien contrató a su empresa el 13 de septiembre de 2013 –10 meses después de concluido el sexenio de Calderón– e inclusive nombró como su vocero a Alejandro Echegaray, subordinado de ella en la Presidencia de la República.

En la elección presidencial de 2012, Sota Mirafuentes fue acusada por Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, de traición y de “trabajar” para la campaña de Peña Nieto, cuyo coordinador era Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda que le asignó un jugoso contrato de casi 20 millones de pesos en 2014 (Proceso 2041).

Tan estrecha es la relación de Sota con Videgaray, que se reunió en privado antes y después de la conferencia de prensa en la cual éste anunció, el pasado 7 de septiembre, su renuncia como secretario de Hacienda, tras haber sido el artífice de la visita de Donald Trump a México para entrevistarse con Peña. El hecho lo constató el fotógrafo Miguel Dimayuga.

De acuerdo con excompañeros del gobierno de Calderón y del PAN, en el que militó hasta el fin de ese sexenio, Sota Mirafuentes es publirrelacionista de Videgaray, señalado también como artífice de los jugosos contratos que ha obtenido.

Mientras estudiaba de manera irregular en la Universidad de Harvard –cursaba una maestría sin estar titulada de la carrera de ciencias políticas–, Sota Mirafuentes fundó, en abril de 2013, la empresa Integra Metas Estratégicas, S.A. de C.V., de la que posee 70% de las acciones; el otro 30% lo tiene Maira Yazmín Colín García, su subordinada en la Presidencia de la República.

El 17 de junio de este año, la empresa de Sota recibió un contrato por adjudicación directa, con vigencia de seis meses, de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, dirigida por el exdiputado federal Pedro Pablo Treviño Villarreal y que está adscrita a la Secretaría de Hacienda, que en esa fecha aún encabezaba Videgaray.

El objeto del contrato, que asciende a 2 millones 757 mil 485 pesos con 65 centavos y que vence el próximo 31 de diciembre, es proporcionar el “servicio de asesoría en planeación estratégica para la modificación y/o creación de nuevos productos para Pronósticos para la Asistencia Pública” (sic).

El segundo contrato que recibió la empresa de Sota, que ascendió a 324 mil 800 pesos y también por adjudicación directa, fue de la Sedesol, que al momento de su firma, el 23 de mayo, estaba encabezada por José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de Hacienda y quien ostentó ese mismo cargo y el de Energía en el gobierno de Calderón.

El objeto del contrato con la Sedesol, con vigencia de apenas dos meses –del 23 de mayo al 31 de julio–, fue por “servicio de investigación de mercado pre-test para conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación que tiene el mensaje entre el público objetivo al que va dirigida la campaña ‘acciones sociales’”.

Con estos dos contratos suman cuatro los que el gobierno de Peña ha asignado a la empresa de Sota Mirafuentes, que suman 23.5 millones de pesos, un promedio de casi 1 millón de pesos al mes, más lo que cobra al gobierno del priista Eruviel Ávila en el Estado de México.

Sólo con el contrato que le asignó el SAT en 2014, Sota Mirafuentes cobró durante dos años más de 800 mil pesos mensuales por preguntarles a mexicanos cómo recauda los impuestos el secretario Videgaray.

Como lo informó Proceso en su edición 2041 (12 de diciembre de 2015), Sota obtuvo un contrato bianual por 20 millones de pesos en una turbia licitación del SAT: su empresa le ganó a tres que son propiedad de sus exempleados y que, a su vez, favorecieron desde el gobierno a amigos mutuos con multimillonarias asignaciones.

Reveses

Pero no todo había sido positivo para Sota Mirafuentes: el 30 de noviembre del año pasado perdió la demanda por difamación que presentó en Estados Unidos contra la periodista Dolia Estévez, quien la incluyó en el reportaje Los 10 mexicanos más corruptos, publicado en diciembre de 2013 en la revista Forbes.

En esa fecha el juez Liam O’Grady, de la Corte Federal del Distrito Este del estado de Virginia, desechó los tres cargos de la acusación por difamación y daños económicos que interpuso Sota contra la periodista. “Los argumentos que hace Sota son en su mayor parte opiniones de Estévez que no pueden razonablemente ser declaradas o implicadas en hechos falsos”, se lee en el fallo.

Y apenas en noviembre pasado, el esposo de Sota Mirafuentes, Benjamín Hill Mayoral, fue despedido del cargo de jefe de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, por su nueva titular, Areli Gómez.

Hill Mayoral sólo duró un año en el cargo que le dio el antecesor de Gómez, Virgilio Andrade, tras exonerar de conflicto de interés a Peña Nieto por la compra de la “Casa Blanca” de las Lomas de Chapultepec a Armando Hinojosa Cantú, su contratista favorito desde que era gobernador del Estado de México.

Areli Gómez, hermana del vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez, también despidió como jefa de la Unidad de Transparencia y Cooperación Internacional a Teresa Gómez del Campo Gurza, hermana de la senadora Mariana y prima de la aspirante presidencial Margarita Zavala.

Operan PRI-PVEM para frenar desafueros de Peña, Eruviel, Arely Gómez…
Diputados de PRI y PVEM se unieron nuevamente para impedir que Enrique Peña Nieto, Arely Gómez, Eruviel Ávila y Fidel Herrera, todos priistas, fueran “desaforados” y someterlos a juicio tras denuncias que han presentado ciudadanos. La operación se realizó a través de “desechar” las demandas.

Omar Ortega, diputado del PRD e integrante de la Comisión Jurisdiccional de San Lázaro, detalló que ambos partidos operaron “para dejar impunes a diversos funcionarios contra los que hay solicitudes de declaración de procedencia (desafuero) por irregularidades en el servicio público.

Luego acusó “a priistas, pvemistas y adláteres de violentar los derechos constitucionales de la ciudadanía en materia de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita; en primer lugar, al dilatar durante años el desahogo de las solicitudes, a grado tal de dejarlas prescribir incluso por muerte de los denunciados.”

En estos casos podría ser válida la declaración de “improcedencia”, pero de ningún modo “desechando” las solicitudes; en primer término porque contrario a lo que alegan PRI y PVEM, es facultad de cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, denunciar ante la Cámara de Diputados conductas irregulares de los funcionarios previstas en la misma ley.

Omar Ortega, respaldado por el vicecoordinador de su partido, Jesús Zambrano, y su coordinador, Francisco Martínez Neri, calificó de “exceso” la actitud de los priistas y sus aliados al imponer su mayoría; además, “incurrieron en una escandalosa arbitrariedad al aplicar criterios distintos para casos similares, pues en los que ya dejó de existir el fuero reconocieron el derecho de particulares a presentar las solicitudes, pero no así en los casos donde los denunciados aún tienen fuero.

Omar Ortega explicó que no es requisito sine qua non la intervención del MP, pues también se prevé que la Sección Instructora deba practicar todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del o los delitos y la probable responsabilidad del imputado, de modo análogo a como procede –dice la ley– en los casos de juicio político.

Las únicas denuncias que no producen efecto alguno son las anónimas, pero esto no se aplica en los casos, por ejemplo, de Peña Nieto, Ávila Villegas y Gómez González, pues en ellos hay promotores claramente identificados.

Pero suponiendo sin conceder que las solicitudes fueran improcedentes, añadió, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente que es la Sección Instructora –y no la Comisión Jurisdiccional– la que podría considerar improcedentes las denuncias, pero sólo para hacérselo saber al pleno de diputados que, en última instancia, resolverá si se continúa o desecha el procedimiento, además sin perjuicio de reanudarlo si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.

“El procedimiento en la Comisión Jurisdiccional fue una más de las triquiñuelas legaloides que dichos partidos y el gobierno federal ponen en práctica en estos días para cubrirse la espalda y garantizar impunidad a sus militantes y funcionarios a pesar del cúmulo de evidencias sobre sus actos de corrupción, ejercicio indebido de atribuciones, enriquecimiento ilícito y muchas otras irregularidades.

“Se trata de otra burla más en contra de la ciudadanía perpetrada nuevamente desde los órganos del Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados donde, mientras por un lado se dice que se ataca la corrupción, se defienden los derechos humanos, se protege a las víctimas y se hace buen uso de los datos personales, por el otro se realizan malabares para victimizar a los mexicanos mientras se garantiza impunidad a los agresores”, denunció Ortega.

Ortega Álvarez señaló que la Cámara de Diputados, como institución, no debe prestarse más a este tipo de triquiñuelas, pues caro le ha salido al país, tanto política como económicamente, su complicidad, por acción u omisión, en casos como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Humberto Moreira.

A su vez, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, calificó la imposición del PRI y sus aliados como “una afrenta a la nación”, con el fin de dejar en la impunidad las conductas indebidas de los funcionarios.

Abre INE proceso contra PRI por posible desvío de recursos públicos en Chihuahua
El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un proceso oficioso para identificar un probable desvío de recursos públicos por parte del gobierno de Chihuahua en beneficio del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las posibles irregularidades están derivadas del informe de ingresos y gastos de 2015 del Comité Directivo Estatal del en este estado, de acuerdo con información de la agencia Notimex.

“Y toda vez que esta autoridad tuvo a la vista información susceptible de verificar respecto al probable desvío de recursos públicos por parte del gobierno del estado de Chihuahua en beneficio del PRI”, añade el proyecto de acuerdo aprobado en sesión extraordinaria.

El documento establece que el proceso se inició para verificar la veracidad de lo reportado por el partido, respecto a las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia.

De esta manera, el pleno solicitó información detallada respecto a probables aportaciones realizadas al PRI, por parte de las instituciones integrantes del gobierno de Chihuahua y/o a través de la retención a sus trabajadores.

Con esta acción, la autoridad electoral busca tener elementos de convicción para determinar “la acreditación de la probable responsabilidad de conductas infractoras en materia de fiscalización por parte del PRI”.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicitó información tanto al secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Luis Vega Aguilar, como al de Finanzas y Administración del Comité Directivo Estatal en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez.

También requirió información al gobernador, Javier Corral Jurado, según el oficio de solicitud INE/UTF/DA-L/23033/16, así como a la secretaria de la Función Pública de esa entidad, Rocío Stefany Olmos Loya, mediante el oficio INE/UTF/DA-L/23034/16.

De acuerdo con el proyecto, los cuatro funcionarios ya dieron respuesta a esas peticiones.

Personajes cercanos a Moreno Valle se perfilan al órgano de transparencia en Puebla
PUEBLA, Pue.- El Congreso local conformó tres ternas para elegir a los nuevos integrantes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre los cuales se encuentran aspirantes vinculados al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

De nueve finalistas para conformar el ente de transparencia, los legisladores nombrarán a tres integrantes que ya participaron en una comparecencia que se llevó a cabo ayer martes a puerta cerrada, sólo con la presencia de los diputados y de representantes de algunas agrupaciones que pudieron acceder sólo por invitación del Legislativo.

En la primera terna, de donde se elegirá a un integrante del órgano de transparencia por seis años, está compuesta por las actuales comisionadas Gabriela Sierra Palacios y Norma Estela Pimentel, así como por Christian Mariana Ceballos Garduño, responsable de la Unidad de Docencia y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

De acuerdo con versiones de la prensa local, de esta terna podría resultar electa la actual comisionada Gabriela Sierra, quien se ha distinguido en su desempeño por oponerse a la apertura de información.

Apenas la semana pasada, agrupaciones civiles denunciaron que el proceso de selección de aspirantes al órgano de transparencia de Puebla se llevaba a cabo con una serie de irregularidades que permitían vislumbrar que el interés era designar a perfiles cercanos al gobernador Moreno Valle, como ha ocurrido desde el arranque de su sexenio.

Igual, las organizaciones señalaron que la renovación del instituto parecía más bien estar orientado a retirar del cargo a la actual comisionada Norma Estela Pimentel, a quien le tocaba presidir el instituto este año y resultaba incómoda por su postura independiente ante el gobierno estatal.

En la segunda terna, de la que saldrá una comisionada por cinco años, se encuentran Rita Elena Balderas Huesca, actual funcionaria de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, así como Laura Marcela Carcaño Ruiz, actual jefa de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado, y Montserrat Reyes Alfaro, quien se desempeñaba en la Unidad Administrativa de Acceso a la Información del Sistema Estatal DIF.

La tercera terna para elegir a un integrante del instituto por cuatro años, está integrada por Carlos Germán Loeschmann Moreno, actual coordinador general de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), así como por Adrián Israel Ocampo Jiménez y Francisco Javier García Blanco, ambos exfuncionarios de la misma CAIP.

Este jueves 15 las tres ternas se pondrán a votación del pleno del Congreso y, según fuentes del Legislativo, serían electos Gabriela Sierra, Rita Elena Balderas Huesca y Carlos German Loeschmann Moreno.

El 7 de diciembre, más de 20 agrupaciones civiles estatales y nacionales firmaron un pronunciamiento en el que manifestaron su preocupación por el procedimiento que llevaba a cabo el Congreso local para la conformación del órgano de transparencia.

“…expresamos nuestra preocupación ante la posible cooptación del órgano garante, a partir de un proceso que nuevamente está viciado de origen y que no genera las condiciones necesarias para que los nombramientos que emanen de éste cuenten con legitimidad de origen, generando desconfianza ciudadana y nulificando la posibilidad real de independencia de un órgano constitucionalmente autónomo”, expresaron.

Después de los Duarte, Moreira y Borge, PRI dice que ahora sí investigará a sus candidatos
El Consejo Político del Revolucionario Institucional (PRI) dio luz verde para que se investigue a todos los aspirantes de ese partido que contenderán en las elecciones del próximo año, con el fin de corroborar que no tienen vínculos con el crimen organizado o una posible relación en delitos graves como el desvío de recursos públicos, o bien alguna adicción.

Con esa medida, los priistas intentan poner candados y evitar que sus candidatos a las gubernaturas de Coahuila, Estado de México y Nayarit, así como a las alcaldías en Veracruz, sean acusados de corrupción.

En la sesión realizada este miércoles en la sede nacional del PRI, se habló por primera vez de la necesidad de evitar cuestionamientos y acusaciones sobre vínculos con el crimen organizado o que los candidatos tengan “un pasado oscuro”.

Entre los principales acuerdos se determinó que todos los candidatos firmen una carta-compromiso en la que autorizan al PRI para que investigue su patrimonio, situación fiscal e historial administrativo.

También para que realice las pruebas necesarias para comprobar que los aspirantes no tienen vínculos con la delincuencia organizada o alguna adicción.

Según los priistas, se trata de transparentar los perfiles de cada uno de los aspirantes y darlos a conocer a toda la militancia y a la ciudadanía en cada entidad.

Al tomar la palabra, el presidente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, manifestó que el PRI vive hoy una etapa de transformación, y en ese sentido se prepararán para ganar las elecciones de 2017 y 2018.

El exdirectivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aseguró que el Revolucionario Institucional va a ganar los cuatro estados en las elecciones del próximo año, y para ello se han tomado las medidas necesarias para la selección de candidatos.

Mientras eso sucedía en la sede nacional del tricolor, en Torreón, Coahuila, el diputado federal Javier Guerrero anunció su renuncia a la militancia priista, en virtud de que buscará contender como candidato independiente a la gubernatura de esa entidad.

En rueda de prensa, Guerrero manifestó que su decisión de separarse del PRI es porque en Coahuila ya no se cumplen los principios y porque es evidente que en el estado se elegirá a un candidato que ya han empezado a promover.

“Hoy en Coahuila el partido se encuentra secuestrado y al servicio de un pequeño grupo. El PRI en Coahuila hoy, se ha alejado de los principios que le dieron presencia y fortaleza entre los ciudadanos. Hay un distanciamiento evidente entre los principios del PRI y lo que hoy representan ante la ciudadanía”, puntualizó.

Vuelve la Cepal a reducir pronóstico de crecimiento para México
Por donde se le vea, el panorama económico del país no parece mejorar, al contrario, hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) redujo su pronóstico de crecimiento económico para México a 2% para este año.

Aún peor, para el siguiente año, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se ubicará en 1.9%, según el organismo encabezado por Alicia Bárcena; además, esta cifra está en riesgo si el presidente electo estadounidense, el republicano Donald Trump, decide cumplir sus promesas como cancelar o condicionar el Tratado de Libre Comercio, y cobrar impuestos a las remesas.

En octubre pasado, el organismo había reducido el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana, en ese entonces del 2.3% al 2.1%.

La Cepal señaló que entre los factores que inciden directamente en la desaceleración del PIB nacional, están el desempeño negativo del sector manufacturero de los Estados Unidos, que está altamente vinculado a las exportaciones mexicanas; la inestabilidad económica y financiera internacional, y la disminución de los ingresos principalmente provenientes del petróleo y de la inversión pública, lo que ha generado una desaceleración del consumo interno en la segunda parte del año.

También existen riesgos a la baja ligados a efectos extremos en la relación comercial con Estados Unidos y al cambio de las condiciones financieras internacionales ante el sensible incremento de las tasas de interés externas.

De acuerdo con el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2016, elaborado por el organismo, al 30 de noviembre de 2016, el peso mexicano registraba una depreciación nominal con respecto al dólar de los Estados Unidos de un 18,9% (del 15.5% en términos reales) con relación al cierre de 2015, principalmente vinculada a las elecciones estadounidenses, la reducción de los precios internacionales del petróleo, la incertidumbre financiera internacional y el débil desempeño de la economía mundial.

No sólo el tipo de cambio se ha visto afectado, el motor externo continúa averiado: entre las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos (un 81.1% del total exportado) cayeron un 3.3% (como resultado del desempeño negativo de la actividad industrial de ese país) y las canalizadas al resto del mundo disminuyeron un 5.7% a tasa anual.

El valor de las importaciones totales en igual período cayó un 3.1%, debido a descensos pronunciados de las importaciones no petroleras (-2.1%) y petroleras (-12.8%).

2016: Reducción de IED, salida de capitales…

Por otra parte, la Cepal informó que las remesas familiares en los primeros nueve meses del año alcanzaron los 20 mil 046 millones de dólares, es decir, un 7.7% más con respecto al mismo período de 2015.

“Con ello, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos al tercer trimestre de 2016 sumó 23.086 millones de dólares, cifra equivalente a un 2,2% del PIB”, precisó.

Por otra parte, la captación de recursos en la cuenta financiera acumuló 21 mil 195 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, un 11.7% menos con respecto al mismo período de 2015.

En cuanto a sus componentes, el flujo de inversión extranjera directa (IED) fue de 19 mil 773 millones de dólares, lo que significó un descenso del 23% con respecto a lo acumulado hasta septiembre de 2015. También se observó la salida de capitales por cuarto año consecutivo, vinculada al retiro de activos de otra inversión por 23 mil 193 millones de dólares (un 45% más que en igual período de 2015).

Bajo crecimiento a nivel mundial

El 2016 no ha sido el año de México, ni tampoco de la economía mundial. Durante este año, la economía mundial mantuvo la tendencia de bajo crecimiento que ha venido mostrando en los últimos ocho años y alcanzó una tasa de expansión del 2.2%, la más baja desde la crisis financiera internacional del período 2008-2009.

Al igual que en años anteriores, la dinámica del crecimiento fue empujada por las economías en desarrollo, cuya expansión fue del 3.6% en 2016, mientras que las economías desarrolladas crecieron un 1.5%.

Por su parte, el PIB de América Latina y el Caribe disminuyó un 1.1%, lo que se tradujo en una reducción del 2.2% del PIB por habitante de la región.

“Esta tasa negativa de crecimiento del PIB representa la continuación del proceso de desaceleración y contracción de la actividad económica en que ha estado inmersa la región desde 2011”, señaló la Cepal.

No hay ninguna negociación con el equipo de Trump: Ruiz Massieu
WASHINGTON.- La canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu reconoció que por el momento “no hay ninguna negociación” con el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que esperarán a que asuma la presidencia para iniciar una relación con vistas al futuro.

Con evasivas para responder si ha buscado al equipo del magnate para establecer un diálogo, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio la impresión de que no tiene interlocución con ese grupo.

“No hay ninguna negociación, el presidente (Enrique) Peña Nieto habló con el presidente electo, Trump, después de la elección. Convinieron en que habrá que trabajar para construir una agenda a partir de puntos de encuentro con visión de futuro, y en ese sentido esperamos a que el gobierno electo entre en funciones”, destacó en conferencia de prensa con los corresponsales de medios mexicanos acreditados en esta capital.

En las pocas declaraciones que ha hecho en los últimos días sobre lo que espera hacer en términos de la relación con México, el presidente electo de Estados Unidos insiste en renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), construir un muro en la frontera sur de su país –cuya edificación debe ser financiada por el gobierno mexicano– y en deportar a los inmigrantes indocumentados.

Trump, quien asumirá el poder el próximo 20 de enero, no ha hecho mención alguna en lo que se refiere a un posible encuentro con Peña Nieto, aún como presidente electo, como eso se hacía de manera tradicional para destacar la importancia de la relación bilateral.

Al hablar de la conversación telefónica que sostuvieron Peña Nieto y Trump, Ruiz Massieu se limitó a decir que ambos mandatarios coincidieron en que sostendrían un encuentro, pero sin definir fechas ni lugares.

“Hasta este momento no hay ninguna conclusión al respecto”, enfatizó la canciller cuando se le preguntó si ya había una negociación con la gente de Trump para la reunión con el Ejecutivo mexicano.

Las palabras de Ruiz Massieu denotan que por ahora el presidente electo de Estados Unidos no tiene interés en los asuntos de la agenda bilateral con México o que sean prioridad.
Cuando de manera directa se le preguntó que si había tocado las puertas del equipo de transición de Trump para iniciar un diálogo, la canciller se salió por la tangente:

“De manera cotidiana el embajador (de México en Estados Unidos, Carlos Sada) mantiene relación con distintos actores de ambos partidos, en este caso el Partido Republicano. Nosotros lo hemos hecho, y con el gobierno electo entraremos en contacto institucional a partir del 20 de enero que asuma el gobierno”.

–¿Pero usted en este momento ha tocado las puertas del equipo de transición de Trump? –insistió Apro a Ruiz Massieu.

“Para entrar en esta relación institucional a partir del 20 de enero que se constituya como gobierno”, respondió la funcionaria.

En su breve y rápida visita de un día a esta capital, la propia Ruiz Massieu calificó su agenda como “apretada pero productiva”, ya que sostuvo reuniones con Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y líder republicano del congreso federal, y con el senador demócrata por el estado de Maryland, Ben Cardin.

También con Susan Rice, la jefa del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; con la organización no gubernamental y académica de tendencia conservadora y asociada con el partido republicano, Heritage Foundation, y con Mexican Civil Rights Advocacy Group, que aglomera a grupos de defensores de derechos de los mexicanos en Estados Unidos.

Rechaza la Corte críticas a jueces por aplicar nuevo sistema de justicia penal
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, rechazó las críticas a la actuación de los jueces bajo el nuevo sistema de justicia penal, y pidió que se revisen las atribuciones al máximo tribunal del país.

En su calidad de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Aguilar Morales fijó la posición de los jueces federales ante los cuestionamientos de los que han sido objeto por ordenar la liberación de detenidos por violaciones al debido proceso, una de las garantías establecidas en el sistema de justicia penal vigente en todo México desde junio pasado.

Frente a los representantes de los otros dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, el ministro aprovechó su segundo informe anual de labores para responder a las críticas que han salido desde esos ámbitos y han sido replicadas por medios de comunicación.

Apenas el jueves 7, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien estuvo presente en el informe del ministro presidente de la SCJN, criticó abiertamente a los jueces por resolver casos en los que han ordenado la liberación de presuntos delincuentes por violaciones al proceso penal.

“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas. No es opcional… Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”, dijo Aguilar Morales, también frente a otros integrantes del gabinete de seguridad del gobierno de Enrique Peña.

Impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, la reforma concebida para pasar de un sistema de justicia inquisitorio a uno adversarial, ha sido cuestionada por “hipergarantista”.

A los jueces les toca cumplir con ese deber, pero también “exigir y vigilar” que otras autoridades cumplan con los cambios en la impartición de justicia, señaló el primer presidente de la Corte al que le toca poner en práctica la reforma.

Subrayó que pese a lo que señalen la opinión pública o los medios, nadie es culpable hasta que así se demuestre bajo un debido proceso legal y hasta que exista sentencia firme inmodificable de un juez competente.

“Si los jueces somos criticados por cumplir con la Constitución, lo tomaremos como un cumplido”, dijo frente a Peña Nieto y los presidente del Senado y la Cámara de Diputados, Pablo Escudero y Javier Bolaños, respectivamente.

Ante el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, ocurrido en octubre pasado en el Estado de México, el ministro presidente rechazó que la violencia contra los jueces o el personal del Poder Judicial Federal sea algo cotidiano o continuo.

El del juez de distrito fue un caso excepcional, aislado, aunque no por ello menos indignante y terrible, sostuvo.

Como presidente también del CJF, el organismo encargado de la vigilancia y administración de los juzgados federales, Aguilar Morales dio a conocer, sin embargo, que hasta ahora hay 79 jueces y magistrados con protección especial. Tienen vehículos blindados, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano, apoyados por las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina), Policía Federal y las policías estatales.

El ministro también pidió que se revise el marco legal de la propia SCJN, que no se ha revisado en dos décadas, desde que el gobierno de Ernesto Zedillo reformó en 1995 al Poder Judicial y dio paso a la actual conformación y facultades de la Corte, con un pleno de 11 ministros y dos salas.

De igual manera, consideró impostergable reflexionar sobre esa reforma para adaptar a la Corte a la nueva realidad del país, en la que el máximo tribunal interviene cada vez más en la definición de la vida pública.

El ministro recurrió entonces a las cifras: Si en 2009 la SCJN recibía poco más de 4 mil 460 asuntos, este año casi se cuadruplicó, al pasar a 16 mil 139 y de los cuales la Corte resolvió 12 mil.

Evalúa Cuauhtémoc Blanco permanencia de Mando Único en Cuernavaca
CUERNAVACA, Mor.- El alcalde de esta capital Cuauhtémoc Blanco Bravo advirtió que se revisará el convenio que cede el control de la policía municipal al gobierno estatal de Graco Ramírez, pues no está funcionando el Mando Único en la capital del estado, donde persisten los índices de criminalidad.

El exfutbolista también se refirió a los hechos en donde policías asignados a Cuernavaca respondieron a una denuncia de robo y fueron atacados a balazos. Confirmó que los uniformados, de los cuales uno resultó herido, no estaban armados.

Luego de que los policías realizaran una protesta porque sus jefes los mandan a combatir el crimen sin armas, el alcalde afirmó en entrevista a medios: “Eso (el mando único) lo voy a replantear. Realmente ayer tuve una reunión. ¿Cómo mandas a la policía sin pistola? Fíjate que en la campaña (electoral) yo estuve con ellos (los policías) y les falta un buen, les falta arreglar las motos, no les dan equipamiento. Dices, ‘¿cabrón, cómo van a defender a la gente, sin pistolas?’ ¡Imagínate!”.

También sostuvo que es necesario que las autoridades estatales del Mando Único den una respuesta a las protestas de los policías y explicar a la gente cómo espera el gobierno de Graco que sin armas se pueda frenar el crimen en la capital.

“Pobre gente, pobre policía, ya le dieron un balazo, sin pistola, se las quitan, eso realmente es lamentable. ¿Cómo vas a defender a la ciudadanía sin armamento?, y él está arriesgando la vida y tiene familia, hijo, a mí me duele. O sea, como decimos, vas ahí a la guerra sin fusil, pues está cabrón”, reprochó Blanco Bravo.

“Ellos (el gobierno del estado) me impusieron el Mando Único. Órale, ahí está. Pero pues, ustedes lo están viendo, por eso lo vamos a ver, lo voy a plantear. En estos días voy a hablar con el comisionado para que les den armamento. ¿Cómo se van a defender? O sea, es no tener consideración, ¿Cómo quieres que defiendan a los ciudadanos de un asalto, de un robo a casa habitación? Hay que hablar, esta semana tengo que hablar con el comisionado” Jesús Alberto Capella Ibarra, sostuvo.

A principios de su administración, en enero pasado, Blanco Bravo protagonizó un enfrentamiento con el gobernador Graco Ramírez, con quien se negó a sostener reuniones y rechazó abiertamente el Mando Único en la capital.

No fue sino después de una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el 3 de enero, que el exfutbolista flexibilizó su postura y aseguró que no podría sostener su promesa de campaña de terminar con el Mando Único en Cuernavaca, pues era un asunto federal.

Protestas alentadas por Gayosso

Cuestionado sobre las protestas que esta mañana ocasionaron enorme caos vial en prácticamente toda la ciudad, Blanco Bravo aseguró que detrás de éstas está la mano de Rodrigo Gayosso Cepeda, líder del PRD estatal e hijastro del gobernador perredista Graco Ramírez.

Y es que esta mañana vecinos de varias colonias bloquearon la avenida Plan de Ayala, al poniente del centro de la capital, lo que convulsionó a gran parte de la ciudad, pues esa vía conecta con los municipios de Jiutepec y Yautepec, así como con la carretera federal a Cuautla. La protesta se dio porque desde hace cuatro días no tienen agua potable.

“Es gente de Gayosso, no te engañes. Es gente de Gayosso, en verdad que esa persona te deja a 30 gentes (sic) del PRD y ahí están, ya se les habló y se les dijo que en 40 minutos se les solucionaba, nosotros les llevamos pipas, acabo de hablar con la gente del SAPAC (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca), que por favor. Pero no querían pipas. Entonces en 40 minutos lo solucionamos. Pero en verdad, este personaje (Gayosso) quiere fastidiar. Eso no va a parar, ya les dije”, advirtió.

Personal del SAPAC confirmó que las tuberías de la zona sufrieron sabotaje, pues se encontraban rotas a propósito o taponeadas. “Esto va a ser un conflicto, esta guerra que sigue, esta guerra sucia de estos personajes, me van a seguir buscando con el agua, van a seguir mandando gente, van a tirar basura, estos personajes no van parar, y en verdad yo le digo a la ciudadanía que ya estemos juntos”, sostuvo el alcalde.

“Ustedes lo van a ver. No es mentira. Al rato van a empezar con la basura, a tirarla, a quemarla. Van a tratar de romper tuberías, van a hacer todo lo posible porque no quieren que esté aquí (en la alcaldía), les estorbo”, concluyó.

Levantan a dos líderes yaquis; acusan complicidad de policía estatal
LOMA DE BÁCUM, Son.- La noche del martes un comando de encapuchados privó de su libertad a dos integrantes de la etnia Yaqui, opositores a la construcción en territorio sagrado del gasoducto Agua Prieta, propiedad de la empresa IENova.

La abogada y defensora de la tribu, Anabela Carlón, quien fue levantada y después liberada, relató que por la tarde un convoy -integrado por una camioneta y dos autos sedán- les cerró el paso en la última curva antes de llegar a Loma de Bácum.

Luego de ser rodeados por las unidades, descendieron unos encapuchados que obligaron a Anabela y a su esposo Isabel Lugo Molina, a subirse a estos autos con rumbo a Ciudad Obregón.

“Nos gritaron: déjense de chingaderas”, recordó Carlón después de interponer su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y revelar a los medios de comunicación que su esposo sigue en manos de los captores y hasta ahora no tiene más informes.

“A mí me tiraron en un canal cerca de Ciudad de Obregón”, añadió en una espontánea rueda de prensa. “Lo que sí vi es que mientras nos llevaban, nos seguían patrullas de la policía estatal”.

Advertencias no atendidas

El pasado jueves 8 de diciembre, Teódulo González, comisionado para la Defensa de la Tierra, el Agua y los Derechos Humanos, reiteró a través de un comunicado que de ninguna manera continuará la obra del gasoducto Sonora por de Bácum como falsamente lo han afirmado supuestos “voceros”.

“La empresa (IENova) entregó la mitad del supuesto pago y condicionó la entrega de la otra mitad a la firma del pueblo que falta (Bácum), de allí que en su desesperación por recibir ese dinero han presionado, hostigado, amenazado y llegaron a la atrocidad de inventar una autoridad falsa que trató de sorprender a la jueza de Distrito con un falso desistimiento del juicio de amparo, y la funcionaria judicial no cayó en la trampa”, alertó.

El comisionado yaqui responsabilizó del acoso al secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, y a Carlos Ruiz Sacristán, presidente y director general de Infraestructura Energética Nova (IENova).

“Responsabilizamos al Secretario de Gobierno por querer imponer la obra a la fuerza a nuestro pueblo sin escuchar las voces que lo llaman al diálogo y la revisión del torcido procedimiento que trajo como consecuencia la oposición de la tropa yoeme de los ocho pueblos y de autoridades y tropa de Loma de Bácum”, detalló.

Teódulo enfatizó: “Reiteramos nuestro llamado a la gobernadora (Claudia Artemiza Pavlovich Arellano) para que comisione operadores capaces en atención de este asunto del gasoducto”.

Ya costó una vida

El viernes 21 de octubre, la Procuraduría General de Justicia sonorense confirmó solamente un fallecimiento en el megaenfrentamiento acontecido la mañana de ese día en Lomas de Bácum entre integrantes yaquis.

En aquel entonces el fiscal sonorense Rodolfo Montes de Oca reportó también que en la gresca se registraron ocho integrantes de la etnia heridos y un total de 13 autos incendiados.

La víctima fue identificada con el nombre de Cruz “N”, acaecido por varios impactos de bala.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Adolfo García Morales, describió que alrededor de las 9:00 horas, en Loma de Guamúchil, un grupo de yaquis mantenían una conducta violenta en inconformidad por la introducción del gasoducto Sonora.

Después, alrededor de 12:47 horas, se tuvo registros que este mismo grupo se había trasladado a Loma de Bácum, donde dio origen a la contienda.

Este gasoducto inicia en Arizona, Estados Unidos, pasa por el El Sásabe, Sonora, y culmina en El Oro, Sinaloa.

Actualmente, se encuentra en construcción en el corazón de los Ocho Pueblos Yaquis, Loma de Bácum, en donde existen detractores e impulsores del proyecto, lo que dio origen a esa reyerta.

“Es un problema interno de la etnia yaqui, de acuerdo a sus usos y costumbres”, resumió en aquel entonces el secretario García Morales.

Antecedentes

Apenas el 13 de septiembre, Carlos Daniel Fernández, gerente de asuntos externos de Gasoducto Agua Prieta IEnova, aseguró que la empresa negociaba con la etnia yaqui a fin de entregarle apoyos básicos en cambio de obtener la autorización para introducir la infraestructura a lo largo del predio indígena.

“La empresa les entregó una ambulancia y una bombera con lo que tendrán acceso a un equipo de protección y seguridad”, presumió.

El gasoducto Sonora, proyecto de Infraestructura Energética Nova, SA de CV (IENova), obtuvo el 29 de agosto de 2013, de parte de la Comisión Reguladora de Energía, el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atraviesa los ocho pueblos yaquis, lugar del conflicto de este viernes.

Tras ganar la licitación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que la empresa Gasoducto de Agua Prieta invertiría 10.84 millones de dólares, el cual tendrá una longitud total aproximada de 833 kilómetros, actualmente en disputa.

Durante la consulta realizada en la comunidad yaqui de Loma de Bácum, el 28 de mayo de 2015, se decidió no conceder permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con propósito de llevar a cabo actividad con relación al proyecto de gasoducto Guaymas-El Oro.

La Tropa Yoemia, el frente defensor del territorio, también rechazó por unanimidad el megaproyecto del gasoducto. y el gobernador de la etnia, José Bacamea Espinoza, llevó el caso a los tribunales que no solamente reclama el paso de la infraestructura por Loma de Bácum, sino por toda la reserva indígena.

Este terreno comunal, reconocido por el Estado mexicano en 1940, consta de 485 mil hectáreas para que constituyen en territorio ancestral sobre la obra.

En los ocho pueblos yaquis habitan 35 mil personas y pertenecen a tres municipios diferentes: Pueblo de Vícam Primera Cabecera, Tórim, Pótam, Rahúm, Huírivis y Belem, a Guaymas; Loma de Bácum, a Bácum y Loma de Guamúchil (Cócorit), a Cajeme.

Multa el INE a partidos con 402 millones de pesos
El Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sancionar con 402 millones de pesos a los partidos políticos por irregularidades en los informes sobre ingresos y gastos correspondientes al año pasado.

Las sanciones representan 4% del financiamiento público aprobado para esos organismos políticos en 2015, aclaró el consejero electoral Ciro Murayama.

Por su parte, el consejero presidente Lorenzo Córdova consideró que no es intención del INE vulnerar las finanzas de los partidos, pero su compromiso, dijo, es con la rendición de cuentas.

“No se trata de una fiscalización benévola”, indicó e informó que el monto global de ingresos revisados fue de 11 mil 198 millones de pesos, y más 11 mil 154 millones de gasto, lo que deriva en un universo de recursos fiscalizados de 22 mil 352 millones de pesos, de los que 9 mil 839 millones corresponden a recursos públicos.

Esta, indicó, es la última fiscalización que “se hace a la antigüita”, donde los partidos entregaron en papel las constancias de sus ingresos y gastos, “ya que el ejercicio ordinario de 2016 se está cargando al Sistema Integral de Fiscalización, de tal suerte que tanto el módulo de precampañas, el de campañas y el ordinario son una realidad en el Sistema Integral de Fiscalización”.

Durante la sesión, el pleno otorgó por unanimidad el Premio Especial por Méritos Extraordinarios, correspondiente al Ejercicio 2015, a Rosa María Inés Tamayo García, vocal ejecutiva distrital de la 05 Junta Distrital en la Ciudad de México, por la labor que desempeñó en la Junta Distrital Ejecutiva 01 en Tuxtepec, Oaxaca, donde a pesar de las condiciones de contingencia previas a la elección federal de 2015, la organización de los comicios garantizó el voto de la ciudadanía.

Sargento estadunidense canalizó armas para el Cártel del Golfo
Un sargento del Ejército estadunidense se declaró culpable de haber pretendido canalizar decenas de rifles de asalto a un grupo del narcotráfico mexicano en 2015 y de haber organizado a otros soldados para ayudarle a comprar armas.

El sargento Julián Prezas, de 36 años, se declaró culpable esta semana de un total de cinco cargos en dos acusaciones separadas por mentir sobre posesión y tráfico de armas de fuego federales y por intentar exportar artículos de defensa a México.

Prezas, quien laboraba como reclutador del Ejército estadunidense en San Antonio, Texas, reconoció la adquisición de 42 pistolas, 23 de las cuales fueron confiscadas por las autoridades durante la investigación.

Sin embargo, un coacusado que se convirtió en un informante para agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dijo que Prezas le vendió hasta 74 armas, incluyendo entre 50 y 60 AK-47 y unos 13 fusiles AR-15.

Durante la investigación, agentes usaron otro informante confidencial para comprar armas de fuego de Prezas en agosto de 2015, resaltó Notimex en un despacho.

Los agentes vieron a Prezas cargar armas en su vehículo del gobierno en su estación de reclutamiento en San Antonio y conducir a Pharr, en el Valle del Río Grande.

Allí entregó las armas al informante, quien pagó 61 mil dólares y específicamente le dijo a Prezas que las armas iban al Cártel del Golfo en México, de acuerdo con la declaración de culpabilidad y otros documentos judiciales.

Prezas enfrenta una sentencia de hasta 10 años de cárcel por los cargos de mentir y hasta 20 años de prisión por intento de exportación de las armas de fuego.

El juez federal Orlando García sentenciará a Prezas el próximo 23 de marzo.

Julián Prezas también enfrenta una sanción disciplinaria por parte de las autoridades militares

Crean movimiento ciudadano en comunidad zapoteca vigilada por sólo 3 policías
OAXACA, Oax.- Ante la violencia y el abandono oficial, habitantes zapotecos de San Francisco Ixhuatán crearon el Movimiento Ciudadano contra la Delincuencia, reconoció el alcalde José Luis García Henestrosa.

Luego de aclarar que no se trata de grupos de autodefensa, resaltó que la crisis se agudizó el 4 de diciembre, cuando 11 policías municipales renunciaron por las constantes amenazas de la delincuencia organizada.

Y aunque en su momento solicitó el apoyo del gobierno de Gabino Cué, y ahora al de Alejandro Murat, ninguno ha respondido a su llamado cuando sólo se quedó con tres policías para resguardar una localidad de más de 8 mil habitantes.

“De repente y de un solo jalón me presentaron su renuncia (los 11 policías), de verdad que estamos desesperados porque con tres policías no se puede, pedimos a la Policía Estatal realice rondines, les he cooperado con gasolina, llegan, recorren un ratito el municipio y se van, lo que estamos pidiendo es una base permanente para que la ciudadanía no viva con esta psicosis”, reforzó.

Y agregó que “he solicitado al gobierno de Oaxaca, al anterior y al actual, su intervención, pues en esta zona del Istmo ha quedado rebasada la policía municipal y también de la estatal, ojalá nos apoyen y tengamos eco, no deseamos que se vuelva a repetir un linchamiento más como ocurrió en San Francisco del Mar, mi gente está harta de la violencia y decepcionada de las autoridades que imparten justicia porque no hacen nada”.

García Henestrosa reconoció que tres policías municipales no garantizan la seguridad de un pueblo, pero tampoco puede hacer más, razón por la que los ciudadanos se organizaron para defenderse de secuestros, asaltos, robos y crímenes.

Hizo hincapié en que desde hace un año impera la violencia en Ixhuatán con asaltos, secuestros y tráfico de migrantes, entre otros ilícitos.

Luego recordó que el año pasado las fuerzas federales estuvieron unos 40 días en la localidad realizando recorridos y contribuyeron a que los índices delictivos disminuyeran, sin embargo, para este 2016 la situación es crítica y caótica.

Mientras que integrantes del Movimiento Ciudadano que prefirieron el anonimato por razones de seguridad manifestaron:

“Estamos luchando contra el crimen organizado, contra bandas de secuestradores o contra no sé quién, pero lo estamos haciendo porque deseamos vivir en paz, no sabemos en qué momento el pueblo se descompuso, pero estamos uniéndonos y demostrando que la unión hace la fuerza”.

Por lo pronto, han colocado barricadas en los principales accesos a la comunidad, realizado pinta de bardas y están por instalar alarmas vecinales en toda la comunidad.

Incluso aclararon que no son un grupo de autodefensas, sólo ciudadanos que tienen la urgente necesidad de protegerse.

Acuerdan campesinos levantar plantón frente a Sagarpa
Los integrantes de las cuatro agrupaciones que conforman el Frente Auténtico del Campo acordaron levantar el plantón que instalaron desde ayer frente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), luego de que el titular de la institución, José Calzada Rovirosa, aseguró que iniciará la entrega de los recursos de los diversos programas ganaderos y agrícolas.

Los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López Ríos; de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), Federico Ovalle Vaquera; del Movimiento Social por la Tierra (MST), Francisco Chew, y de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), Marco Antonio Ortiz, se reunieron con el titular de la Sagarpa con quien convinieron el mecanismo de pago y que los recursos se entreguen a más tardar el 22 del mes en curso.

Francisco Chew comentó que en la reunión estuvieron los subsecretarios y el director de ganadería, quienes se comprometieron a cumplir con el compromiso acordado con el FAC.

Antes, en conferencia de prensa, el titular de la Sagarpa sostuvo que se atenderán las demandas de todos los grupos sociales, pero también pidió su comprensión pues “a veces no se tiene el dinero; este año hubo un recorte presupuestal”.

Respecto a las denuncias de los labriegos de irregularidades en algunas delegaciones de la Sagarpa, comentó que en este año se sustituyó a la mitad de los delegados; “estaré pendiente de su trabajo”, dijo.

Expuso que Sagarpa atiende a 600 organizaciones, las cuales “tienen las puertas abiertas”. Puntualizó que en 2017 los recursos se aplicarán con más eficacia y vigilará que los beneficiarios cumplan con las normas establecidas para acceder a los recursos.

Se requieren 10 mil mdp para renovar red eléctrica del Metro
Con la modificación del acuerdo de Creación del Fimetro se podría contar con créditos hasta por 10 mil millones de pesos para renovar el Sistema Eléctrico de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, donde diariamente se registran un promedio de tres caídas de tensión, afectando a un importante número de los 2.7 millones de personas que las utilizan, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño.

Al termino de la Sesión del Comité de Fimetro, la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (ALDF), Elena Segura, explicó que en una semana se subirá el tema al pleno para su discusión y posible aprobación, pues el recorte de más de 400 millones de pesos para el Metro y de unos 10 mil millones para la Ciudad, impactará al organismo, por lo que ya se cuenta con el punto de vista de la Secretaría de Finanzas y la solicitud de su homologa de gobierno para atender este tema.

Se trata de un crédito cuyos recursos provendrán de los 2 pesos de incremento a la tarifa -que se dio hace tres años- al posibilitar la firma de contratos financieros, lo cual implicará que “no estamos contratando deuda pública, pues se estará pagando con el Fimetro y será contratado en moneda nacional, por el impacto y la depreciación del peso con otras monedas”, preciso el funcionario.

El contrato, recordó, se creó como un esquema de administración y fuente de pago para quedar en garantía y contar con recursos para las actividades que requiere el Metro, pero no se ha podido obtener un sólo crédito, porque “no hay forma de establecer el pago de los intereses” a las empresas, mismas que han solicitado cambiar las clausulas para que considere este tema, el cual será atendido por la ALDF.

Hasta el momento, se han gastado y/o comprometido 7 mil 300 millones del Fimetro, pero se requieren 10 mil millones adicionales para atender la renovación integral de la Red Eléctrica, debido a que las subestaciones de alta tensión tienen más de 50 años de vida, son obsoletas y significan un alto costo en su mantenimiento.

Dicha acción se sumaría a la compra de 10 trenes de la Línea 1, el mantenimiento mayor de 45 trenes de la Línea 2, la modernización del sistema de tracción de 85 trenes, la renivelación de vías de la Línea A, la reparación de 105 trenes que están fuera de circulación y la renovación completa de las 20 estaciones de la Línea 1, de las cuales 8 están siendo intervenidas y tres se entregarán este mes: Insurgentes, Cuauhtémoc y Salto del Agua.

Mencionó que con estas acciones “vamos a entregar un mejor Metro del que recibimos: estación por estación, línea por línea y tren por tren. No al ritmo que quisiéramos, pero vamos avanzando y si contamos con una nueva línea de recursos lo mejoraremos más rápidamente”, finalizó.

Juez ordena reabrir investigación contra César Duarte, por peculado
Chihuahua, Chih. El juez Alexis Ornelas Pérez, titular de la segunda sala de Control del no ejercicio de la acción penal, ordenó a la Fiscalía General del Estado reabrir una investigación que había sido archivada, en contra del ex gobernador, César Duarte y el ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.

La acusación fue interpuesta el 25 de mayo del 2016 por Joaquín Medina Rosales, representante de la organización Consejo Nacional Ciudadano y diez días antes de concluir la administración del ex gobernador César Duarte, el ex fiscal general estatal, Jorge González Nicolás ordenó archivar el expediente.

Analiza Yunes Linares desincorporación fiscal en Veracruz
Xalapa, Ver. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que su administración analiza la posibilidad de iniciar un proceso de desincorporación fiscal debido a la respuesta negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ante la emergencia financiera en la que se encuentra el estado.

"No debe haber un manejo político del presupuesto, y si la federación apoyó a Oaxaca, debe apoyar a Veracruz", indicó Yunes Linares.

"La federación está basada en la solidaridad y en la equidad, aquí hay un desastre financiero, y la federación debe apoyar", dijo e insistió que la SHCP "se equivoca al hacer un manejo político del presupuesto".

Surge nueva tribu perredista opositora a alianzas con PAN y MC
Integrantes de distintas corrientes del PRD se unieron para crear otra tribu a la que presentaron como Militantes de Izquierda (MIZ), cuyo principal propósito es hacer contrapeso a Nueva Izquierda y rechazar alianzas electorales con el PAN y el Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2017 y 2018.

Encabezados por el senador Miguel Barbosa, el grupo integrado por Pablo Gómez, Gilberto Ensástiga, Carlos Sotelo y José Narro, entre otros líderes de las corrientes Frente Progresista, Patria Nueva y Unidad Democrática Nacional, advirtieron que quienes aspiran a alguna candidatura no recibirán su respaldo si pretenden aliarse con esos dos partidos.

La idea, dijeron, es “fortalecer al PRD” y que no se convierta en un “partido satélite” del PAN. Agregaron que su propósito es “recuperar principios y valores democráticos, estar más cerca de las causas de la sociedad y alejados de los gobiernos federal y estatales”.

Además, pretenden recuperar la esencia “de una izquierda real”, opositora al modelo político y económico del país, así como impulsar una nueva política exterior ante el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La nueva tribu destaca como opositora a Nueva Izquierda en el contexto de la próxima elección de su líder nacional en agosto de 2018. “Estamos muy preocupados por el destino del PRD, vemos amenazada su existencia y su viabilidad… el PRD ha dejado de ser una opción real y no se diferencia de las propuestas políticas de otros partidos”, resaltó el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa.

Y se siguió: “¿Vamos a dejar que Nueva Izquierda devore al PRD?. En el PRD no hay sometimiento, vamos a oponernos a que terminen de extinguir al PRD como partido de oposición y como partido de izquierda. Actuar y no dejar que los lobos se devoren al PRD”, subrayó Barbosa.

Luego, hizo énfasis en la intención del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, de aspirar a la candidatura presidencial, pues comentó que, si bien tiene su apoyo, no espere que si se alía con el PAN sea el candidato en 2018.

Espero que Mancera, dijo, “mantenga su posición de buscar la candidatura de la Presidencia de la República, porque en una coalición PRD, sin duda el que pone la cabeza es el PAN”, ya que esa alianza estaría dirigida por el “estratega Dante Delgado”, líder nacional del MC.

Los exponentes aclararon también que MIZ rechazará una alianza PRD-PAN para una posible candidatura para las elecciones de gobernador en el Estado de México.

Barbosa envió también mensaje al senador con licencia Alejandro Encinas: “Yo espero que mantenga la congruencia de su vida política y que él sólo sea el candidato de la izquierda”.

Incluso, abrió la posibilidad de que Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, sea la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No obstante, también le advirtió que no en coalición con el PAN.

“Millennials” no ven a AMLO como un “peligro” para México: estudio
El dos veces excandidato presidencial de las fuerzas de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la actual generación de jóvenes –conocida como los millennials– ya no será engañada por “campañas de desprestigio” que acusan es un “peligro para México”.

El político tabasqueño consideró, en entrevista para Nación321, que la difusión de información veraz es clave para contrarrestar cualquier campaña que implique “guerra sucia o meter miedo”, ya que los “los jóvenes están muy despiertos, muy avispados”.

Según la segunda entrega del estudio Voto Millennial, la mayoría de los jóvenes mexicanos considera que López Obrador ya no es un “peligro para México”, como aseguraba la campaña mediática que impulsó el PAN en su contra durante las elecciones de 2006.

López Obrador también hizo un balance del gobierno del panista Felipe Calderón, quien habitó Los Pinos entre 2006 y 2012.

“Ellos ya engañaron mucho con lo del ‘peligro para México’. Y ya sabemos cuáles fueron los resultados. En 10 años, esto es información, de 2006 a la fecha, por el fraude electoral, por la imposición que hicieron los de la mafia del poder al decidir que iba a ser Calderón el presidente de la República, al robarnos la Presidencia, causaron un millón de víctimas de la violencia en 10 años”

Es por ello que el exjefe de gobierno capitalino considera que es necesaria una nueva alternancia en la Presidencia. “Hay que buscar un cambio, no hay que tener miedo al cambio. Hay que tenerle miedo al conservadurismo, a mantener el statu quo. Hay que tenerle miedo a mantener el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios”.

Luego sostuvo que “el cambio va a ser para el bien de todos, y de manera especial para el bien de los jóvenes”. También dijo que se propone dar empleo y educación a 2.6 millones de jóvenes mexicanos.

En 2006 fue la primera ocasión en que López Obrador fue candidato presidencial. Perdió por el 0.56% de los votos contra Felipe Calderón, del PAN. Durante la campaña presidencial, Acción Nacional emitió dos spots de televisión en los que aseguraba que el entonces perredista era “un peligro para México”.

La campaña contra López Obrador no sólo fue orquestada por el PAN, sino también por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organismo patronal que a la par de las campañas de los partidos políticos lanzó dos spots donde llamaba a mantener la misma política económica pues, aseguraba, “apostar por algo distinto es retroceder”.

Comando roba un millón de pesos de aguinaldo y nómina en Veracruz
XALAPA, Ver.- Trabajadores de la empresa Corporación Portuaria de Veracruz (CPV) cerraron el puente Morelos en el puerto de Veracruz molestos por el robo del dinero para el pago de su aguinaldo y nómina, en la llamada zona de “nombramiento”.

Cerca de 300 empleados se manifestaron por el hurto de un millón de pesos en efectivo a dos de sus jefes, quienes también fueron golpeados.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando un grupo de personas armadas llegó a cometer el atraco, a solo dos cuadras del ayuntamiento de Veracruz y el zócalo de la ciudad, donde supuestamente hubo un reforzamiento de la seguridad.

“Los hombres armados amagaron y sometieron a varios de los empleados, así como al personal de seguridad, para luego llevarse el dinero que era más de un millón de pesos”, expusieron empleados de la empresa CPV.

Por ello, pidieron reforzar el área del recinto portuario para evitar más robos en los próximos días, cuando se proceda al pago de nómina y al aguinaldo.

No obstante, la empresa no explicó cuándo repondrá la cantidad robada para realizar los depósitos correspondientes a los trabajadores.

Investigan por corrupción a constructora española que ganó contratos para obra pública en México
MADRID.- La constructora española Copisa, que recientemente ganó una segunda adjudicación para obra pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es una sociedad habitual en los juzgados en España por su presunta implicación en tres de los principales casos de corrupción política.

Se trata de una fórmula de sobornos millonarios a cambio de obras públicas. Por lo menos en España así lo muestran las acusaciones judiciales.

En México, la constructora obtuvo el 25 de noviembre el contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, informó ayer el diario Reforma.

El contrato en Sonora, dice, es el segundo que obtiene con el gobierno federal, siendo que el primero lo logró en 2014, cuando la SCT le adjudicó modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz por 197 millones de pesos.

Nueve días antes de ganar la obra de la SCT en Sonora (México), en España el presidente de la constructora, Josep Cornadó, admitió ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que pagó “comisiones” de entre 1% y 3% a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de que le ofreciera “información” sobre operaciones para conseguir obras.

En sus más recientes resoluciones, el juez sospecha que Pujol cobró comisiones por alrededor de 3.3 millones de euros ilegales de la constructora “en contraprestación a gestiones” del primogénito del expresidente catalán “o su entorno más próximo” para beneficiar a sus empresas.

“Collons (cojones), ahora nadie se acuerda de Jordi Pujol Ferrusola”, respondió el empresario catalán cuando el juez le preguntó por la pérdida de memoria de otros empresarios cuando se les pregunta por el hijo del expresidente catalán, quien opera como un “conseguidor” de contratos.

En este caso, la investigación de la Audiencia Nacional y de la Policía se centra en los sobornos a Pujol por operaciones en plantas solares en Ciudad Real, la venta de unas oficinas en Madrid y de refinerías en Cartagena (Murcia), al sur de España, y por el hecho de que los supuestos servicios de intermediación en realidad serían sobornos.

Entre 2005 y 2010, el hijo del expresidente facturó 3.3 millones de euros del grupo Copisa, a la que Pujol Ferrusola giró 13 facturas.

Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía, Pujol cobraba a cambio de “dar información sobre posibles negocios”, lo que trasladaba a través de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no necesitaba “trabajador alguno ni sede social”.

También se documentó la adjudicación de sobornos a cambio de la construcción de Ciudad Judicial de Hospitalet, valorada en 90 millones de euros, que fue adjudicada a la Unidad Temporal Empresarial (UTE) formada por FCC y Copisa.

Caso Palau

El nombre de la constructora Copisa también apareció en una investigación del llamado caso Palau de la Música. Se trata de un desfalco millonario a través de la fundación Orfeo Catalá-Palau de la Música, que erigió y dirigió Féllix Millet i Tusell, artífice de este fraude por el que fue imputado.

La investigación tuvo que abrir una ramificación al descubrir el financiamiento ilegal de dos constructoras, Ferrovial y Copisa, al partido de los Pujol, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), a través de su Fundación Xavier Trías Fraguas

El consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, pieza central en la trama, fue amigo “desde la infancia” de Pujol Ferrusola, como lo reconoció el primero en su comparecencia ante una comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña.

Tauler lo reconoció así y también aceptó que en el caso del Palau de la Música, la empresa hizo donaciones por 700 mil euros a la Fundación Xavier Trias Fraguas de CDC a cambio de serle “adjudicadas las obras de remodelación del Palau”.

Papeles de Bárcenas

El tercer caso y uno de los más graves son sus presuntas aportaciones por más de 360 mil euros en el caso de los Papeles de Bárcenas, una pieza separada del mega juicio del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en el país.

Entre los papeles del polémico extesorero del Partido Popular (PP), los investigadores encontraron los nombres de varias de las principales empresas constructoras españolas –varias de ellas con presencia en México–, entre las que se encuentra Copisa.

Los apuntes de Bárcenas se refieren a las decenas de empresas que habrían aportado fondos a la caja B del PP, de acuerdo con el expediente.

Bárcenas reflejó en su contabilidad paralela al menos ocho pagos de Copisa por un importe de 362 mil euros al PP.

El juez Pablo Ruz, quien entonces llevaba el caso en la Audiencia Nacional, centró su atención en la empresa Neu 1500 SL, a la que en uno de sus fallos judiciales le exigió que presente toda la documentación que acredite los pagos al PP, uno de los cuales se hizo a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, por 149 mil euros y disfrazado como “remesas de cheques”, para sufragar la adquisición de un chalet en Baqueira valorado en 900 mil euros que Bárcenas y su esposa compraron a la promotora inmobiliaria.

Neu 1500 SL es una sociedad propiedad de las empresas Teyco y Copisa, dos corporaciones que poseen cada una el 50% de las participaciones de dicha promotora. La primera es propiedad de Carlos Summaroca, fundador de la formación política catalana CDC, y la otra del ya citado Cornadó Mateu.

Pero las dificultades de Copisa no sólo son con la justicia, también tiene graves problemas financieros. Hace solo unas semanas, la compañía y sus bancos acreedores ultimaron un acuerdo para refinanciar una deuda de 270 millones de euros, que le obligará a separar su negocio de concesiones en un vehículo de nueva creación sobre el que las entidades financieras tendrán capacidad de decisión.

Copisa niega imputaciones

En un desplegado difundido en el diario Reforma, Copisa negó la supuesta implicación de la empresa constructora en un proceso judicial en España, y subrayó que no se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México.

Destacó que Copisa o personas cercanas a la empresa “no están vinculadas con los hechos investigados por la Oficina Antifraude de Cataluña, España, por alteración de precios en concursos y subastas públicas”.

Tampoco se ha dirigido imputación alguna a la constructora, ni a ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, apuntó, e indicó que en los más de 50 años de historia de Copisa, la empresa nunca ha sido procesada por delitos de corrupción.

El texto firmado por Joan Carles Savall Olivilla, director de Asesoría Jurídica de Copisa-Constructora Pirenaica, señala que la empresa “no se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México, ni en ningún otro país.

Luego de mencionar las diversas licitaciones en las que ha participado, puntualiza que al no haber sido objeto de sanción alguna, ni encontrarse impedida para participar en procesos de licitación, Copisa “está interesada y en uso de sus derechos a continuar participando en el desarrollo de infraestructura en México”.

Aprueba San Lázaro bono de $150 mil para "atención legislativa"
La Cámara de Diputados aprobó depositar, a partir de mañana, el bono de Navidad a los legisladores por 150 mil pesos, bajo la figura de “atención legislativa”, aunque su ejercicio deberá ser comprobado.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, explicó que si los diputados destinan ese dinero a apoyar alguna institución educativa o de asistencia privada, e incluso para los aguinaldos de sus colaboradores, tendrán que entregar los justificantes respectivos.

En entrevista, al inicio de la sesión de hoy, explicó que si los diputados destinan ese dinero a gastos personales, la Junta de Coordinación Política decidirá qué hacer, además de que al ser considerados como ingresos deberán pagar el ISR correspondiente.

Cada mes los ingresos de los 500 diputados se componen de tres rubros: una dieta (salario) de 73 mil 817.10; apoyos económicos por asistencia legislativa, de 45 mil 786; y atención ciudadana por 28 mil 772.

Ahora se entregarán los 150 mil pesos adicionales con una denominación muy similar, “atención legislativa”, para justificar la erogación de los 75 millones de pesos que costará ese nuevo rubro.

Ayer la bancada de Morena en pleno informó que solicitó al secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, que no se deposite ese ingreso extraordinario a las cuentas bancarias de sus diputados.

Por “abusos” de la dirigencia en Chiapas, diputada plurinominal renuncia a Morena
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- La diputada local plurinominal de Morena, Raquel Esther Sánchez Galicia, renunció a esa fuerza política tras denunciar “abusos y represión política” por parte de la dirigencia estatal.

En la sesión de este miércoles en el Congreso local, Sánchez Galicia se declaró “diputada independiente” porque –dijo– “más vale sola que mal acompañada” de aquellos que siempre la atacaron en Morena, en especial su líder en la entidad, Oscar Gurría.

De acuerdo con la legisladora, además de ser “discriminada” dentro de Morena tuvo que enfrentar un juicio de expulsión promovido por Gurría ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional.

Finalizado el juicio, agregó, decidió salir de ese partido “con la dignidad y la frente en alto”.

Sánchez Galicia no dio detalles de las razones que motivaron su salida, pero trascendió que las diferencias con el Comité Ejecutivo Estatal derivaron de su aprobación a una iniciativa del gobernador Manuel Velasco Coello.

Al respecto, la diputada exmorenista soltó: “Eso sólo fueron pretextos”, y subrayó que Oscar Gurría y José Antonio Aguilar Castillejos promovieron su expulsión del partido para arrebatarle la diputación.

En las redes circuló el rumor de que la legisladora se prestaba al juego sucio del gobierno priista de Velasco Coello para arremeter contra el partido que a nivel nacional encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Diputados reciben bono navideño, excepto Clouthier, Morena y MC
Diputados federales, con excepción de Manuel Clouthier y los de Morena y MC, recibieron esta mañana el depósito de sus 150 mil pesos como “bono navideño” y que, según las autoridades de San Lázaro, es para el pago de aguinaldos de personal de los legisladores en sus distritos o para hacer convivios.

Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, informó por la mañana que el depósito ya se había realizado, e insistió en que aquellos legisladores que lo utilicen de manera personal, deberán pagar sus impuestos, y quienes lo destinen a áreas educativa, pago de aguinaldos a sus empleados en los distritos federales o festejos navideños, deberán presentar documentos que justifiquen la erogación.

Ayer, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, entregó un oficio al secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, para que no haga el depósito a sus 36 diputados, lo cual implica un ahorro de 5 millones 400 mil pesos.

Movimiento Ciudadano, a través de su coordinador Clemente Castañeda, dijo desde un inicio que renunciaría a dicho bono, tal como lo hizo en diciembre del año pasado. El rechazo de los 25 diputados de MC al bono implica un ahorro de 3 millones 750 mil pesos.

Además, el diputado independiente y expanista Manuel Clouthier también anunció que no aceptaría tales recursos.

Así, con el rechazo de Morena, MC y el legislador independiente la Cámara de Diputados se ahorrará unos 9 millones 300 mil pesos.

Cada uno de los diputados recibe un pago mensual de poco más de 148 mil pesos, que está integrado por una dieta de 73 mil 817, un pago bajo el concepto de “atención ciudadana” por 28 mil 772 pesos, y otro más por “asistencia legislativa” de 45 mil 786 pesos.

Ahora el secretario general Mauricio Farah justificó los 150 mil pesos adicionales como “pago a personal”, en tanto que el presidente de la Jucopo lo consideró como “atención legislativa”. Como sea, el concepto es para el pago de partidas ya destinadas para ello, aunque los diputados en cada legislatura deciden que ese dinero sea para el pago de personal que labora físicamente en San Lázaro, por lo que hoy piden dinero para los que trabajan en los distritos.

La Cámara de Diputados, restando a los 62 legisladores que no aceptaron el bono, gastará en esa gratificación cerca de 65 millones 700 mil pesos.

Hallan dos narcotúneles de “El Chapo” en Tijuana
Dos túneles clandestinos del cártel de Sinaloa, utilizados para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos, fueron ubicados en Tijuana, Baja California.

Uno de los túneles, hallados en las inmediaciones de la colonia Garita de Otay en esa ciudad fronteriza, conduce hasta San Diego, Estados Unidos‎, y el otro está en proceso de construcción.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República explicó que a través de la Agencia de Investigación Criminal y SEIDO en coordinación con la Policía Federal y con la Secretaria de la Defensa Nacional, se llevó a cabo una diligencia de cateo logrando el descubrimiento.

Los túneles transfronterizos, indica la información, se ubicaron en las siguientes direcciones: uno en la calle Fray I. María Mayorca s/n, entre las calles Mayorga y Sebastián Vizcaíno, Colonia Garita de Otay; y el otro en la calle Mar Bermejo número 1-005, en la misma colonia.

De acuerdo al consulado estadounidense, se logró información confiable de que el túnel transfronterizo se estaba reactivando, por lo que “se realizaron diversas investigaciones por parte de agentes federales de la AIC, que incluyeron solicitudes de información a diversas dependencias, redes de vínculos, fichas técnicas, investigación de campo, vigilancias y seguimientos, así como distintas acciones para lograr la ubicación de los 2 túneles”.

Jóvenes rocían con gasolina y prenden fuego a indigente en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Un par de jóvenes roció con gasolina y prendió fuego a un indigente que desde hace dos meses vive y trabaja en las calles de esta ciudad.

Los agresores se acercaron a Rafael López Ayala, de 27 años, mientras dormía junto a una jardinera del parque central, a un costado de la catedral de San Marcos.

Los jóvenes acercaron algunos cartones al indigente, le rociaron gasolina y prendieron fuego para luego salir huyendo del lugar y perderse entre las calles del centro de Tuxtla.

Sin embargo, al momento las autoridades estatales aún no han determinado la identidad de los agresores, pese a que en la zona hay siete cámaras de vigilancia del C4.

López Ayala presentó quemaduras de primero y segundo grados, fue atendido en el lugar con primeros auxilios y luego canalizado a un hospital público.

SAT cobrará impuestos a legisladores que no comprueben gastos por apoyos y bonos
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) obligará a los legisladores federales y locales a pagar impuestos por los apoyos ordinarios y bonos extras que reciben.

A partir del 1 de enero de 2017, los diputados y senadores tendrán que comprobar gastos de esos recursos, pues de lo contrario pagarán el Impuesto sobre la Renta (ISR) de las asignaciones por atención ciudadana, asistencia legislativa o parlamentaria, gastos de gestión parlamentaria, apoyo y gastos sujetos a comprobación, que sean propios del trabajo, gastos de viajes en actividades oficiales, y apoyo para traslado, entre otros.

Por concepto de Asistencia Legislativa, los legisladores cobran 45 mil 786 pesos, mientras que por Atención Ciudadana 28 mil 772 pesos.

De acuerdo con información de Reforma, actualmente sólo pagan impuestos por su dieta, que, después del descuento del ISR, queda en 73 mil 817 pesos al mes.

Un oficio emitido por la dependencia detalla que el SAT no considerará esos ingresos para efectos del ISR, siempre y cuando se utilicen para los fines para los que se dieron y se comprueben con factura fiscal.

En dicho documento, firmado por Juan Antonio López Vega, administrador Central de Normatividad en Impuestos Internos, se da una serie de recomendaciones a los diputados para que puedan comprobar sus gastos de forma adecuada y no tengan que pagar ISR.

Este miércoles, habrá una reunión de la Junta de Coordinación Política con el titular del SAT, Osvaldo Santín, para que explique los alcances de los descuentos que deberán tener los diputados desde el primer día de enero.

Opera SG programa de apoyo a mexicanos repatriados de EU
La Secretaría de Gobernación y administraciones estatales operan grupos de trabajo del programa "Somos Mexicanos", de apoyo a mexicanos repatriados de Estados Unidos. El apoyo básicamente es para que los paisanos hallen un trabajo.

En 2015 fueron devueltos 207 mil 398 mexicanos, de los cuales 11 mil 743 eran menores de 18 años; durante el periodo enero-octubre de 2016, el registro oficial da cuenta de 185 mil 437 compatriotas de vuelta al país. Igualmente, hay 11 mil 446 menores, de los que poco más de 8 mil fueron enviados solos, sin la compañía de un familiar adulto.

El Instituto Nacional de Migración establece contacto directo con representantes de las dependencias de los tres niveles de gobierno, de la iniciativa privada y de las organizaciones civiles, quienes se encargan de ofrecer un apoyo integral y personalizado a los connacionales en retorno.

El organismo dijo que da seguimiento puntual a cada uno de los casos hasta que se concluyen.

Los delegados INM en los estados fungen como Secretarios Técnicos de los Grupos de Trabajo y son los encargados de coordinar la implementación de las acciones en materia de salud, empleo y educación.

"De esta manera, los connacionales son recibidos en las oficinas de Somos Mexicanos de las 32 entidades federativas, ubicadas en las Delegaciones Federales del INM, donde se obtienen sus datos, se conoce su historial laboral y sus capacidades técnicas, para canalizarlos a las dependencias gubernamentales y a las empresas que requieran las habilidades y experiencia específicas para su desarrollo laboral", dijo el Instituto.

Los Grupos de Trabajo locales se reúnen de manera ordinaria cada tres meses; sin embargo, pueden realizar reuniones extraordinarias dependiendo de las necesidades de los repatriados, ya que cada uno de los estados presenta situaciones distintas.

El objetivo es coordinar tareas de bolsas de trabajo, Seguro Popular, programas de autoempleo, y opciones para continuar con sus estudios.

Con la estrategia Somos Mexicanos, añadió el INM, se brinda un retorno seguro y ordenado a todos los repatriados; además, les proporciona apoyos inmediatos desde el momento de su llegada al país, como servicios básicos médicos y de alimentación; documentos de identidad, como la Constancia de Repatriación o copia de la CURP; llamadas gratuitas con sus familiares; traslado local y apoyo para trasladarse hasta sus comunidades de origen.

Aprueba el PRI plan de acción electoral para próximo año
En el 2017, el PRI hará una acción jurídica a la ofensiva para defender los votos, en particular en el estado de México, contienda calificada esta noche en este partido como "la madre de todas las batallas".

Enrique Ochoa Reza dirigente nacional del PRI, dijo los resultados positivos en las recientes elecciones locales son un "presagio" de los triunfos en 2017 y para conservar la presidencia de la República en 2018.

"En el 2018 vamos a ganar las elecciones locales; las ocho gubernaturas y la Ciudad de México; la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores y la Presidencia de la República ", dijo al término de la 38 sesión extraordinaria del consejo político nacional.

El PRI aprobó esta noche el plan de acción electoral para el próximo año y con ello dio el banderazo para las entidades en las que se renovará la gubernatura (Coahuila, estado de México y Nayarit); las dos primeras han permanecido hasta ahora en manos del priísmo.

No así Veracruz (donde competirán por las 212 alcaldías pero este año perdieron la gubernatura).

De manera paralela al mensaje político emitido por su dirigente nacional, los 482 asistentes a la sesión extraordinaria del consejo político nacional de este partido aprobaron por unanimidad un blindaje, cuyo objetivo es evitar el uso de dinero de procedencia ilícita y/o la intromisión de recursos de la delincuencia organizada.

Los aspirantes a un puesto de elección popular deberán estar de acuerdo en ser investigados -y los resultados publicados- acerca de su patrimonio y de su estado de salud, incluidos exámenes antidrogas.

También se aprobó auditar las estructuras locales para verificar su fuerza y representación.

Ochoa Reza destacó que en cada entidad postularán a personas más honorables y, además, “sin juanitas vamos a garantizar la equidad de género”.

"Vamos a ganar los cuatro estados en el 2017", aseveró.

Luego de agradecer a los priístas en general y consejeros políticos nacionales en lo particular, y a sus familias, Ochoa Reza dijo que 2017 será un año de mucho trabajo, alentador para mantener la unidad en torno a los valores de este partido.

El priísmo está unido, aseveró, para apoyar al presidente Peña Nieto en su quinto año de gobierno.

Legisladores del PAN brindan y le entran al "perreo" con trabajadoras del Senado
El Senado de la República festejó a sus más de 500 trabajadores de limpieza y mantenimiento, con un convivio de navidad y año nuevo, en que hubo regalos, juegos, rifas, música y baile con legisladores del PAN, que se lucieron en la pista de danza improvisada.

Por cuarto año consecutivo, en el Patio del Federalismo, de esa cámara, se organizó esta tarde la fiesta, con la senadora del PT, Layda Sansores como maestra de ceremonias, auxiliada por el panista Víctor Hermosillo, en esa tarea de alegrar al personal más humilde de esa cámara, entre los que rifaron cientos de regalos donados por la mayoría de los 128 legisladores.

Pero no sólo las pantallas de televisión y electrodomésticos hicieron felices a los trabajadores, también les arrancaron sonrisas y hasta suspiros los senadores del PAN, Mariana Gómez del Campo, Fernando Yunes y Jorge Luis Lavalle, que asistieron al evento y bailaron todo tipo de ritmos.

Normalmente muy serios, Yunes y Lavalle hasta se despojaron de sacos y corbatas para “perrear” y danzar muy sensuales con las trabajadoras que se peleaban por ser su pareja. “De una en una”, les gritaba Sansores, micrófono en mano y calificaba a los bailarines de “senadores preciosos y generosos”.

¡“Te lo llevas todito y por toda la noche”!, le dijo a la trabajadora que en ese momento bailaba con el veracruzano Yunes, mientras que al senador Lavalle le aconsejó mejor dedicarse al table dance. “Se gana mejor y sólo se trabaja por la noche”, agregó entre carcajadas la senadora Sansores, y pidió luego fanfarrias para el panista, por lo sexy de su baile.

El senador Hermosillo no bailó, pero organizó juegos y daba 200 pesos a quién entregara un calcetín “que no fuera negro” o una monedita de diez centavos.

Más serio, el secretario general de Servicios Administrativos Roberto Figueroa, a nombre del presidente del Senado, Pablo Escudero, dijo que está presente el compromiso de mejorar las condiciones laborales del personal de limpieza y mantenimiento y anunció que podrán disponer de un bono navideño adicional de mil 500 pesos.