-Campaña contra ley telecom es trending topic mundial
Usuarios de redes sociales encabezados por el grupo Libre Internet para Todos, realizan una protesta virtual por el inicio de las discusiones en el Senado sobre las leyes secundarias de telecomunicaciones, que en unas horas ha conseguido romper record de menciones y colocarse en trending topics mundiales.
Con el hashtag #EPNvsInternet, los activistas han generado una ’tormenta’ de tuits, que hasta el momento se ha mencionado más de 340 mil veces en la red social, encabezando así las tendencias nacionales y posicionándose en el segundo Trending Topic en el mundo.
En México durante el 2014 no se había realizado una campaña de tal magnitud en redes sociales, pues los dos últimos movimientos virtuales fuertes en nuestro país fueron #PemexNoSeVende (122 mil menciones) y #PosMeSalto (104 mil menciones), ambos utilizados en diciembre del 2013, que solo se lograron colocar dentro de los Trending Topics globales debido a que las menciones fueron constantes pero lanzadas a diferentes horas o días, contrario #EPNvsInternet en donde los activistas virtuales se organizaron con el objetivo de difundir su mensaje a través de redes a nivel mundial.
Entre los grupos que participan están #YoSoy132, el grupo de hacktivistas Anonymous, blogueros, músicos, activistas y organizaciones digitales.
El movimiento virtual se realizó para contrarrestar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, ya que según los activistas pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión en Internet, principalmente en tres apartados de la iniciativa del mandatario:
En el artículo 189 que habla sobre facultad de las autoridades de pedir a concesionarios la geolocalización en tiempo real de los dispositivos de cualquier usuario, por lo que los manifestantes afirman en un desplegado publicado en página la web “Internet para todos”, se viola la privacidad durante la navegación en la red.
El apartado 197 de la iniciativa de Peña Nieto indica que las compañías que presten servicios de comunicación deberán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública.”
Este apartado, según mencionan los protestantes en su desplegado, “es un pretexto para bloquear la conexión a Internet del área en que se encuentren manifestantes bajo el argumento de salvaguardar la seguridad pública”.
La neutralidad de red se ve vulnerada por el artículo 146, afirma el movimiento, al indicar que “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”.
Además, según explican los activistas en la web “Internet para todos”, en este artículo no se establecen las medidas o metodología suficiente para garantizar el principio de neutralidad de la red por lo que podría manipularse a conveniencia fácilmente.
De las redes a la calle
El movimiento dejará de ser solo virtual y saldrá a las calles el martes 22 de abril a las 18:00 horas del Ángel de la Independencia para realizar un “hashtag humano” y marchar rumbo al Senado. El 26 de abril, convocan a formar una cadena humana de Televisa Chapultepec a la residencia Oficial de Los Pinos.
De México para el mundo
Los protestantes han realizado un video en inglés para difundirlo por todo el mundo, así como sucedió con los estudiantes venezolanos y los protestantes ucranianos que lograron la atención mundial a través de YouTube.
El movimiento dejará de ser solo virtual y saldrá a las calles el martes 22 de abril a las 18:00 horas del Ángel de la Independencia para realizar un “hashtag humano” y marchar rumbo al Senado. El 26 de abril, convocan a formar una cadena humana de Televisa Chapultepec a la residencia Oficial de Los Pinos.
De México para el mundo
Los protestantes han realizado un video en inglés para difundirlo por todo el mundo, así como sucedió con los estudiantes venezolanos y los protestantes ucranianos que lograron la atención mundial a través de YouTube.
-Rechazo internacional a leyes de telecom de Peña
Voces internacionales se unieron al rechazo ciudadano contra la iniciativa de leyes secundarias a la reforma de telecomunicaciones, propuesta por el poder Ejecutivo y que el Senado de la República planea dictaminar esta semana.
Richard Stallman, presidente de la Fundación de Software Libre; Jacob Appelbaum, investigador independiente en seguridad informática y Jérémie Zimmermann, cofundador de La Quadrature du Net, ambos coautores del libro “Cypherpunks” junto con Julian Assange, son sólo tres de casi una decena de activistas y defensores de los derechos ciudadanos que firmaron una carta dirigida al Congreso donde mostraron su preocupación y rechazo a la iniciativa.
Los defensores aseguran que la iniciativa viola los derechos a la libertad de expresión, principios de neutralidad de la red, abre puerta a la censura, viola la privacidad de los ciudadanos y permite abusos de las autoridades mediante la vigilancia electrónica e intervención de las telecomunicaciones.
“Exigimos dichas regulaciones se armonicen con: la Resolución de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad en la Era Digital, la Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión realizada por la ONU junto con la OEA y los 13 Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones; como lineamientos para asegurar el respeto a los derechos humanos en Internet”, dice la carta respaldada por otra decena de organismos incluyendo la Electronic Frontier Foundation (EFF), Alternative Informatics Association de Turquía, Artículo 19, Fundación Karismadentro, de Colombia o la Fundación Vía Libre de Argentina.
Esta misiva forma parte de los esfuerzos de las organizaciones civiles agrupadas en el colectivo Libre Internet para Todos –al que se han sumado agrupaciones como ContingenteMX, AlConsumidor o Wikimedia México– para exigir a los legisladores que se abstengan de aprobar la iniciativa que coloca a los ciudadanos y los derechos de los usuarios en último lugar.
Al tiempo en que se dio a conocer el plan de acción de las organizaciones civiles, también se llevó a cabo una campaña en redes sociales con el hashtag #ContraElSilencioMX y #EPNvsInternet para defender las libertades digitales y rechazar la censura propuesta por el Ejecutivo. Éste último, #EPNvsInternet se convirtió en trending topic en Twitter.
“La democracia está apoyada en las redes. Sociales. Es un esfuerzo descentralizado, de todos los ciudadanos y nos sentimos representados más por un hashtag que por un legislador. La potencia que el tema ha ganado entre las personas en una idea de la democracia directa donde las personas tomamos decisiones, ejercemos y las manifestamos en las redes sociales. Toda la gente que está hablando sobre esto son ciudadanos que rechazan la propuesta presidencial”, dijo Robles Maloof.
LA PROPUESTA CIUDADANA
Las organizaciones civiles exigen que los senadores den cabida a la propuesta del colectivo Libre Internet para Todos para la reforma de telecomunicaciones, que fue la primera iniciativa ciudadana presentada al Congreso y que recabó más de 127,000 firmas del padrón electoral. El colectivo asegura que las propuestas no se han visto reflejadas en las discusiones de las leyes secundarias.
Las organizaciones civiles también enviarán a la Cámara de Senadores una versión de la iniciativa del Ejecutivo donde se incluya el respeto a la libertad de Internet y los derechos digitales, así como salvaguardas para evitar abusos de las autoridades en las prácticas de vigilancia de comunicaciones móviles.
Su exigencia es que sea discutida este martes antes del dictamen.
“Les hicimos una propuesta y no la han dictaminado. Queremos que el Senado dictamine nuestra iniciativa antes que la del Ejecutivo. Hemos elaborado una propuesta técnica con alternativas de redacción a la iniciativa del Presidente”, explicó el activista digital.
La propuesta incluye el establecimiento de un título específico para los derechos y garantías concretas de los usuarios de Internet: libertad de expresión, derecho de acceso a Internet, neutralidad de la red, garantías contra injerencias arbitrarias de las autoridades ante el espionaje e intervención de las telecomunicaciones, los derechos de los usuarios y derechos de las audiencias.
También retoma la propuesta de utilizar los espacios blancos del espectro radioeléctrico para que el Estado pueda proporcionar servicios gratuitos de Internet.
“Es fundamental que como sociedad civil exijamos acceso universal y libre a Internet”, dijo Óscar Mondragón, especialista en telecomunicaciones y miembro del colectivo de activistas digitales.
EN EL CONGRESO
En medio del movimiento y presión en redes sociales para rechazar la iniciativa de leyes secundarias del Ejecutivo, el legislador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aseguró en su cuenta de Twitter que “nuestro dictamen sobre telecomunicaciones elimina toda censura o bloqueo en Internet y otras tantas preocupaciones” aunque no dio más detalles.
Se espera que el martes 22 de abril se celebre la reunión de comisiones unidas para discutir el dictamen con cambios a la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Su aprobación dependerá en gran medida de las negociaciones políticas en el Congreso.
“Si el PRI decide que pase en su estado actual, no hay poder institucional que lo impida. La moneda está en el aire en el Senado y quien se acuerde cómo se dirimió la 'Ley Televisa`, se tuvo que recurrir al Poder Judicial. Se están armando estrategias pertinentes para que esta no sea una última batalla o la batalla definitiva”, advirtió Daniel Gershenson, presidente de AlConsumidor.
En el sitio Internetparatodos.mx, los activistas digitales publicarán qué legisladores están a favor o en contra de respetar las libertades en Internet. La idea es que la discusión y dictaminación de las leyes secundarias en telecomunicaciones también tenga un costo político.
“Si al final del día legisladores se salen con la suya, nos estarán encontrando en las redes y no nos van a encontrar en sus urnas. Nos van a encontrar en las urnas de aquéllos que estén dispuestos a defender Internet”, dijo Robles Maloof.
-Alertan en Puebla por “lista negra” de 150 opositores a megaproyectos
PUEBLA, Pue.- La diputada federal Roxana Luna, del PRD, reveló que la Procuraduría local giró seis nuevas órdenes de aprehensión en contra de activistas, además de que existe una “lista negra” con nombres de 150 personas, quienes corren el riesgo de ser detenidas por oponerse a los megaproyectos que impulsa el gobierno estatal.
La legisladora aseguró que en la entidad existe una “ola de violación sistemática” de los derechos humanos y criminalización de los movimientos sociales, lo que ha generado resentimiento social e inconformidad.
“El gobierno ha demostrado su incapacidad para responderle a los poblanos, quienes carecemos de información de los proyectos; solicitamos ser consultados y tomados en cuenta, sin que nuestras tierras y aguas sean expropiadas o contaminadas; sin embargo, la autoridad se empeña en querer callar a los ciudadanos y ordena más detenciones”, acusó.
Dentro del “clima de miedo” que ha generado el gobierno de Rafael Moreno Valle, agregó que se han girado órdenes de aprehensión contra Ignacio Carrillo, Carlos Ocelotl, Carlos Linares Huinatl, Tomás Linares, Fortino Pérez y Avelino Velázquez Tapia.
Además, destacó que según información que ha confirmado el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, existe la amenaza por la reactivación de 150 órdenes más, según se desprende de la averiguación AP430/2013/DMZS/Atlix.
Esto aparte de las cuatro que ya ejecutó la Procuraduría local en contra de la comisario ejidal Enedina Rosas Vélez; del defensor de derechos humanos, Juan Carlos Flores Solís; del dirigente campesino Abraham Cordero, y del comisariado Avelino Velázquez, activistas que se oponen a la construcción del gasoducto Morelos en las faldas del volcán Popocatépetl.
En el caso de Cordero, el activista encabeza además la lucha en contra del libramiento Arco Poniente por afectar 244 hectáreas de tierras agrícolas, en donde trabajan 15 mil jornaleros, y quienes producen mil 500 toneladas de legumbres y hortalizas que se venden a la Central de Abasto de la Ciudad de México.
En ese marco, también mencionó las amenazas que recibió el catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Ricardo Pérez Avilés, por hombres armados que acudieron a su casa en Atlixco, el viernes 11.
Luna Porquillo dijo que a esta situación se agrega lo ocurrido el jueves 17, cuando el alumno de Pérez Avilés, Alberto Melchor Montero, con quien conduce el programa radiofónico “El campo y la ciudad, diálogo necesario”, también recibió amenazas desde los números telefónicos 2281096875 y 2283665469.
A esto, apuntó, se suman las llamadas amenazantes que sufrió Raúl Rodríguez, abogado de Abraham Cordero, el miércoles 16 desde el número 5565731338: “Bájale o te va cargar la chingada, conocemos a tu esposa y a tus tres hijos”.
“Es clara la estrategia del gobierno del estado: disolver los movimientos sociales, criminalizar la lucha social, imponer por la fuerza los proyectos y callar a los intelectuales, generando un clima de miedo en la entidad”, expresó la diputada.
Por su lado, estudiantes de la Facultad de Sociología de la BUAP convocaron este martes 22 a una marcha para exigir al gobierno estatal que detenga la “ola de represión” en contra de los luchadores sociales y las comunidades que se oponen a los llamados “proyectos de muerte”.
-Fin a extorsiones, secuestros y asesinatos, exigen migrantes a Duarte
XALAPA, Ver.- Alrededor de mil migrantes centroamericanos que participan en la caravana “El Viacrucis del Migrante”, partieron del puerto de Coatzacoalcos hacía Amatlán de los Reyes para recriminar al gobierno de Javier Duarte las extorsiones, secuestros y asesinatos de connacionales de Honduras, El Salvador y Guatemala en territorio veracruzano con total impunidad.
Rubén Figueroa, vocero del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), informó que ya lograron pactar una reunión con el gobernador Javier Duarte, en el palacio municipal de Amatlán de los Reyes la tarde de este lunes para exigirle un alto a los secuestros y homicidios de migrantes en su tránsito por la entidad.
“La exigencia de los migrantes que nos acompañan en caravana es muy clara. Es decirle aquí estamos, no somos delincuentes, pedirle un alto contra todos los agravios que pasamos y exigirle libertad de tránsito”, expresó vía telefónica.
En Amatlán de los Reyes, los migrantes pernoctarán en el albergue de Las Patronas, un grupo de 18 mujeres, que día con día alimentan a aquellos que pasan por las vías del ferrocarril y les dan hospedaje cuando van enfermos o deshidratados.
Fray Tomás González Castillo, director de la Casa del Migrante conocida como “La 72”, aseguró que Coatzacoalcos es hoy la “capital mundial del secuestro”, pues dicho municipio y sus alrededores se han convertido en el centro de operaciones del crimen organizado.
El religioso dijo que en esta región del sur de Veracruz hay todo un catálogo violaciones hacia los migrantes. Por ello, agregó que espera que en la reunión con Duarte y su gabinete de seguridad se “reconozcan” todos los atropellos, secuestros y extorsiones a los centroamericanos y que se garanticen medidas para evitar que continúe la ruta de impunidad.
“Que el gobernador de Veracruz no niegue la realidad, que Veracruz es el peor estado para los migrantes centroamericanos, que aquí sigue habiendo extorsiones, cuotas, robos, asesinatos y secuestros”, agregó.
González Castillo aseguró que el “Viacrucis del Migrante” inició con 50 personas en Guatemala, sin embargo, en Tenosique, Tabasco, se incrementó la concentración a medio millar de personas. Para el arribo a Coatzacoalcos, Veracruz, eran cerca de mil indocumentados que esperaban el arribo del tren de carga, mejor conocido como “La Bestia”.
Sin embargo, comentó que en Tenosique y Coatzacoalcos, empresas ferroviarias desengancharon los vagones. “Esto obligó a la gente a empezar a caminar. Hemos caminado todo el estado de Tabasco y ahora Veracruz. Hemos sido testigo en las casas de migrantes, todo lo que pasa en torno al migrante centroamericano”, redundó.
Ayer por la tarde, los integrantes de la caravana marcharon por las calles de Coatzacoalcos para clamar al unísono “Libertad de tránsito”.
En la reunión con los migrantes, el mandatario priista Javier Duarte comprometió la operación de autobuses para aquellos que transiten por territorio veracruzano.
“De manera que puedan trasladarse en condiciones de dignidad y seguridad sin ser molestados. Tenemos –dijo- una tradición hospitalaria que no puede ser manchada por unos cuántos que han apartado su camino de la ley”.
Ante una comisión de 20 migrantes centroamericanos, Duarte expuso que el apoyo de las autoridades estatales para brindarles seguridad y cobijo en su paso por la entidad está garantizado, mientras dure su sexenio.
“En Veracruz el respeto a la ley es la norma, no la excepción. No bajaremos la guardia. El mejor ejemplo está aquí en Amatlán de los Reyes, tierra donde se profesa y se practica una singular solidaridad y amor al prójimo. Las Patronas de Amatlán de los Reyes simbolizan el mejor ejemplo de los genuinos veracruzanos: gente noble, trabajadora y solidaria”.
-Prevén que industria pierda 2 mil mdd al año por Dragon Mart
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que si el proyecto comercial Dragon Mart se pone en marcha, la industria mexicana perderá alrededor de dos mil millones de dólares anuales, equivalentes a 300 mil toneladas de productos chinos.
Ysmael López García, integrante de la Mesa Directiva de la Concamin y coordinador del Consejo Industrial para la atención del proyecto Dragon Mart, manifestó que la apertura de nuestras fronteras al mercado chino permitiría la entrada masiva de sus productos, que suelen tener precios subvaluados o distorsionados, debido a que son elaborados por empresas con privilegios tributarios o que no poseen esquemas laborales legales y un compromiso real con la ecología.
Este último, precisó, es un tema relevante si se toma en cuenta que el predio donde se pretende que opere el proyecto se encuentra en un área de 557 hectáreas denominada El Tucán, que abarca tres unidades de gestión ambiental cuya normatividad no permite la explotación comercial.
De hecho, este lunes el Senado de la República solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) determinar el procedimiento para evaluar el impacto ambiental que tendría el proyecto en Cancún, Quintana Roo, lugar donde se planea establecer el centro de exhibiciones Dragon Mart, que tiene un 5% de avance en sus obras.
De acuerdo con el empresario, independientemente de quiénes sean los desarrolladores del proyecto, así como los socios y las empresas que lo operen, en México, más que en cualquier otro país, existen múltiples antecedentes de prácticas ilícitas en el comercio chino.
La nación asiática, apuntó, sigue siendo la que tiene mayores prácticas de subvaluación, triangulación, subvenciones, piratería e incumplimiento de normas, entre otras.
Señaló que “en los últimos años los delincuentes en China han desarrollado cada vez técnicas más sofisticadas para copiar productos legítimos y falsificar una gama más amplia, y han desarrollado nuevos métodos de distribución para minimizar el riesgo de decomiso, sin olvidar que producen imitaciones más costosas o más baratas, según la calidad de la imitación, por lo cual ya no sólo afectan al mercado secundario de menor precio, sino también a quienes compran productos que creen genuinos”.
La falsificación cuesta 600 mil millones al año a escala mundial, según cifras de la International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC), y dos terceras partes de esas falsificaciones se generan en China, recordó el representante de Concamin.
López García cuestionó que “si este proyecto tiene como mercado final a Estados Unidos, no se establece en tierras norteamericanas, pero en cambio busca establecerse en nuestro territorio, beneficiándose de nuestra proximidad con nuestro principal socio comercial y aprovechando nuestros incentivos para los mercados extranjeros”.
-“Hackean” correo electrónico de la Arquidiócesis de Durango
La cuenta de correo electrónico de la Arquidiócesis de Durango amaneció “hackeada” este lunes y durante las primeras horas fue utilizada en forma “dolosa”, a nombre del arzobispo Héctor González Martínez, para enviar mensajes de extorsión a los contactos ahí incluidos.
El padre Víctor Solís, vocero de la Arquidiócesis, envió un comunicado en el que informó a todos los usuarios y contactos de correo electrónico de la página oficial de la Arquidiócesis prensaarquidiocesisdgo@gmail.com, que dicha cuenta había sido “hackeada”.
En el boletín escribió: “Suplicamos hagan caso omiso a posteriores mensajes de esta cuenta”.
Los mensajes que llegaron fueron diversos: “Le estoy escribiendo este correo porque estoy de viaje para hacer algunas oraciones, pero tengo un gran problema aquí, me debes responder por correo electrónico así te daré más detalles sobre esto ya que perdí mi teléfono. Esto debe ser muy secreto. Bendiciones”. Firma: Sr. Obispo Héctor González Martínez”.
Diariamente, la oficina de prensa de la Arquidiócesis envía la síntesis informativa a todos sus sacerdotes, pero este lunes no fue posible debido a que no lograron acceder a la cuenta.
El vocero narró: “No pasó media hora, cuando algunos usuarios empezaron a informarnos que les estaban llegando correos electrónicos a nombre de don Héctor González, en los que intentaban extorsionar pidiendo dinero”.
De acuerdo con el padre Solís, se desconoce qué personas especialistas en el manejo de esta tecnología estén interesadas en afectar a la congregación: “La Arquidiócesis es una institución muy importante en el estado y el arzobispo es el pastor de esta grey. Es lamentable que suceda un ataque de esta naturaleza utilizando su nombre”.
Esta situación –aceptó el vocero–, no ocurrió ni cuando el arzobispo declaró que Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, vivía adelante del municipio de Guanaceví. “Todo mundo lo sabe, menos la autoridad”, dijo el 18 de abril de 2009.
“Somos víctimas de las convulsiones actuales en donde proliferan este tipo de abusos. La era del internet nos obliga a andar estos caminos y en la Iglesia tenemos que transitarlos porque los católicos están en la red. Además, igual que nuestros católicos, en la institución también somos susceptibles”, aceptó.
Extorsiones y retenes
La Arquidiócesis al mando de Héctor González, además de Durango, también comprende parte de Zacatecas. En ambas regiones, desde el 2009 los sacerdotes han sufrido intentos de extorsión telefónica.
En los municipios colindantes de Durango y Zacatecas, la disputa por el territorio no incluía a las policías ni al Ejército: Son narcos contra narcos y éstos contra la población. Entre los pocos que se atrevieron a protestar por la exacerbada violencia estaban algunos sacerdotes, encabezados por el arzobispo Héctor González Martínez, quien no se resignaba a la mudez ni a la sordera.
Después de su declaración del 18 de abril de 2009, el miércoles 6 de mayo, González Martínez cumplió su segundo día de visita pastoral en el municipio de San Bernardo, colindante con Guanaceví. A las nueve de la mañana, después de desayunar, salió acompañado del párroco del lugar, Adán Guzmán Ruelas.
El jueves 7, el prelado relató su recorrido en una entrevista publicada el 24 de mayo de ese mismo año en el semanario Proceso:
“Fuimos a Sardinas, población cercana a San Bernardo, (donde hay) gente sencilla, alegre y entusiasta –dice González Martínez. Luego, a la hacienda de La Providencia, donde fue el acto principal y a donde concurrieron las comunidades de Matalotes, 20 de Abril, Cochineras, Amador, Charco Azul, Pueblo Nuevo y San Juan de Heredia; comunidades río arriba (del Sixtín).
“A la hora de la comida se hicieron presentes cuatro elementos de un comando armado, quienes se acercaron a compartir los alimentos y la bendición de un puente en construcción.
“Por la tarde –prosigue– fuimos a la edificante y fervorosa Comunidad 5 de Julio, rezamos el santo rosario, prediqué y bendije la remodelación de la capilla; terminamos con una merienda. “Regresando, ya de noche, el comando armado montó un retén en un entronque para revisar a los transeúntes. Pasamos nosotros, nos pararon, nos gritaron que nos bajáramos. Nos apuntaban con sus armas largas. Cuando respondimos que éramos el párroco y el señor arzobispo, se calmaron, se disculparon y nos dejaron seguir. A las demás personas que pasaron por ahí les sucedió lo mismo.”
El pasado 29 de marzo, el arzobispo González Martínez, festejó sus 75 años de edad. Junto con ellos, presentó su renuncia al Papa Francisco, como lo dicta el Derecho Canónigo. Por lo pronto está en espera de lo que disponga el Sumo Pontífice, Jorge Mario Bergogli.
Así, el polémico arzobispo de Durango, se prepara para dejar atrás más de 50 años, de vida sacerdotal.
-Fuerzas federales toman control de Huetamo y detienen a 44 “pseudoautodefensas”
El comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que las fuerzas federales tomaron el control del municipio de Huetamo y que en ese lugar fueron capturados 44 falsos autodefensas.
“Este día @MichoacanSSP en coordinación con fzas federales detuvieron en Huetamo a 44 pseudoautodefensas afines a la delincuencia organizada”, informó sin identificar a algún grupo delictivo a través de su cuenta en Twitter @Comisionadomich.
En otro mensaje, publicado alrededor de las 13:30 horas, informó que las fuerzas federales ya habían tomado el control del municipio y que “en el operativo fueron aseguradas 40 armas a los detenidos q se ostentaban como autodefensas”.
La mañana de este lunes, alrededor de las 09:00 horas, según Cambio de Michoacán sujetos armados vestidos con playeras de autodefensas, a bordo de varias camionetas, se toparon con otro grupo e iniciaron un enfrentamiento a balazos en las calles José Corona y Dr. Javier López Ferrer de la colonia Benito Juárez.
Sin embargo, pobladores indicaron que el enfrentamiento inició alrededor de las 07:00 horas y que se prolongó por al menos cinco horas.
La balacera causó pánico entre la población que corría para ponerse a salvo de las balas que impactaban en las viviendas. Según el diario, el tiroteo se prolongó durante media hora.
Al lugar arribaron elementos del Ejército y Policía Federal quienes implementaron un operativo en el sitio del enfrentamiento y lugares circunvecinos para cercar a los delincuentes que intentaron escapar en las camionetas en que se trasladaban.
Los efectivos federales lograron la captura de 44 presuntos delincuentes, al parecer templarios, y 40 armas.
Castillo no informó sobre bajas o heridos pero, según versiones de medios locales, al menos cuatro personas resultaron heridas aunque no se especificó de qué bando.
Elementos de la Policía Federal, Estatal y del Ejército trasladaron a los detenidos de Huetamo hacia Morelia, en un convoy de más de 50 unidades.
Inicialmente se había señalado que el enfrentamiento había sido entre criminales vestidos de autodefensas y miembros del Consejo de Autodefensas a cargo de Estanislao Beltrán, Papá Pitufo que mantienen rondines de vigilancia en el poblado.
Sin embargo, el líder comunitario aclaró que el choque fue entre grupos criminales que portaban camisetas de autodefensas y no entre autodefensas y crimen organizado.
Los que portaban camisetas de autodefensas, precisó, pertenecen al cártel de Guerrero que pretenden desplazar a Los Templarios.
Y explicó la razón del enfrentamiento:
“Los enfrentamientos entre bandos delincuenciales se dio por la disputa del territorio, porque según sabemos otro cártel del estado de Guerrero intenta entrar a Michoacán y desplazar a Los Caballeros Templarios y la célula de la Familia Michoacana que existe aquí”.
Beltrán afirmó que en la refriega no participaron miembros de las autodefensas que hace varias semanas se desplazaron a Huetamo para ahuyentar y combatir a Los Templarios.
En lo que sí participaron, dijo, fue en la reunión con autoridades federales para coordinar la toma de control del municipio, ubicado en la franja sureste del estado.
En Chinicuila, tres muertos
En Chinicuila se confirmó la muerte de tres autodefensas durante un enfrentamiento que inició la noche del domingo y se prolongó hasta las primeras horas de este lunes.
De acuerdo con la página de Facebook, Valor por Michoacán, los miembros de autodefensas caídos eran: Flavio Rodríguez Mora, de 20 años de edad; José Luis Hernández Ochoa, de 27, y Elmer Hernández Chávez, de 38, todos originarios de la comunidad El Sauz de Trojes, Coalcoman, pero vivían en Chapala y en Zapopan, en el vecino estado de Jalisco.
Según los primeros informes durante las primeras horas de este lunes, los tres hombres viajaban a bordo de una camioneta Ford Lobo, color gris, cabina y media, con placas de circulación JT-69151 de Jalisco cuando fueron atacados sobre una brecha a la altura de la comunidad El Maicillo en los linderos entre Chinicuila y Coalcomán.
Personal de la Subprocuraduría Regional con sede en Apatzingán pero asignados al Centro de Protección Ciudadana de Coalcomán, se trasladó al lugar para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos y trasladarlos al Servicio Médico Forense para las autopsia de Ley.
Dentro de la camioneta en la que se trasladaban los comunitarios la policía encontró una escopeta calibre .12 y una pistola .22, mismas que quedaron a disposición del Ministerio Público.
-Ejidatarios de Colima denuncian por “ecocidio” a minera
COLIMA, Col.- Directivos del Ejido Canoas, del municipio de Manzanillo, presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una denuncia contra la empresa minera RM Pacific Group S.A. de C.V., a la que acusaron de “ecocidio”, derivado del inicio de las actividades de extracción de hierro del lote denominado “Eva”, por el lado de la comunidad El Arrayanal.
Encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Manuel Campos Muñoz, 23 ejidatarios se entrevistaron hoy con el delegado de la dependencia federal, Ciro Hurtado Ramos, a quien pidieron su intervención para detener los trabajos, pues de continuar –alertaron– resultarán afectados sus cultivos, y el agua de río y de los manantiales que no sólo benefician a Canoas, sino a comunidades como Huizcolote, El Ciruelito, Cedros, El Llano, La Marina y Loma de Ávila Camacho, entre otras.
También cuestionaron el otorgamiento de permisos a la empresa para el derribo de árboles en la zona, y entregaron a Hurtado Ramos fotografías en las que se presume el daño ambiental.
El funcionario aclaró que la delegación a su cargo no expide ningún tipo de autorizaciones ni permisos, y se comprometió ante los ejidatarios a investigar el hecho a través de una visita de inspección, tanto a la comunidad de Canoas como a El Arrayanal, así como dar el seguimiento correspondiente en el ámbito de su competencia.
Advirtió que si el proyecto minero no cuenta con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el derribo de árboles, no sólo se detendrá esa actividad por parte de la Profepa, sino que se aplicarán las multas y medidas de mitigación o restauración a que haya lugar, al igual que si fuere el caso de la extracción de mineral de hierro, aunque aclaró que corresponderá a otras instancias determinar, con base en sus facultades, si la mina operará o no.
A principios de enero pasado los ejidatarios de Canoas bloquearon el camino para impedir el paso a los camiones de la empresa que pretendía iniciar los trabajos. La movilización recibió el apoyo de diversos sectores, incluidos grupos ambientalistas y el Congreso local, que emitió un punto de acuerdo en el que exhortó a las autoridades a no conceder permisos para la operación minera en esa zona.
Además, en una asamblea los ejidatarios declararon a Canoas como “Territorio libre de minería”, aunque desde abril de 2013 la Semarnat había otorgado la autorización ambiental a la empresa, y el delegado de esa dependencia, Ernesto Pasarín Tapia, declaró que sí podía trabajar porque el lote se encuentra en un terreno que no pertenece al ejido.
Curiosamente la misma dependencia federal, durante el periodo del delegado anterior, ya había negado el permiso de explotación minera en ese lugar.
Y ante la negativa de los ejidatarios de Canoas para dejar pasar los camiones de carga por su comunidad, la empresa optó por iniciar los trabajos desde El Arrayanal.
-Denuncian “ola de agresiones” contra comunicadoras y activistas
En lo que va del año al menos 25 activistas y comunicadoras han sido víctimas de 41 agresiones directas, reportó la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).
La organización manifestó en un comunicado su preocupación “por el incremento y carácter sistemático de las agresiones, actos de hostigamientos, detenciones arbitrarias y emisión de órdenes de aprehensión” contra periodistas y defensoras.
Según un recuento de la agrupación, además de las agresiones directas, sedes de organizaciones civiles han sido blanco de ataques en seis ocasiones en los primeros cuatro meses de año.
La estadística de la ONG clasifica las agresiones sufridas en 10 actos de intimidación, así como 10 amenazas, de las que en ocho casos se trató de advertencias de muerte.
También documentó seis ataques al patrimonio personal; cuatro actos de uso excesivo de la fuerza; tres actos de criminalización y judicialización; tres campañas de difamación y desprestigio; dos casos de detenciones arbitrarias; dos agresiones físicas y verbales, y un ataque al patrimonio de la organización.
“La ola de agresiones contra defensoras y mujeres periodistas resulta ser consecuencia de la respuesta que las autoridades están dando a la protesta social, a las denuncias de corrupción, a la documentación y a la denuncia de violaciones a los derechos humanos, así como a la inconformidad que prevalece en diversos sectores de la sociedad”, alertó la red.
El origen de las inconformidades, asienta la agrupación, son “las reformas constitucionales realizadas en este último año, y cuyos impactos afectan principalmente a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad”.
Con alarma, la Red Nacional de Defensoras ubicó al Distrito Federal en el tercer lugar de agresiones contra activistas y reporteras.
“La mayoría de las agresiones fueron perpetradas en el marco de movilizaciones y manifestaciones públicas”, lo que advierte “un panorama crítico que podría agudizarse si tomamos en cuenta la posible aprobación de una ley que regule las manifestaciones públicas en la Ciudad de México”.
Entre los casos de criminalización y judicialización documentados por la RNDDHM destacan el de la activista Gabriela Hernández o Luna Flores, quien el martes 1 “fue sentenciada a un año y tres meses de prisión luego de que fuera detenida arbitrariamente el 29 de octubre, acusada del delito de ultrajes a la autoridad”, señalamiento fundado sólo en dichos de policías capitalinos que detuvieron a jóvenes el 2 de octubre del año pasado.
Otro caso es el de Enedina Rosas Vélez, de más de 60 años, comisaria de la comunidad poblana de San Felipe Xonacoyucan, Atlixco, “quien junto con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua Puebla, Tlaxcala y Morelos (FPDTAPTM) lucha a favor de un medio ambiente sano y del derecho a la consulta, los cuales se han visto vulnerados frente al Proyecto Integral Morelos (PIM), megaproyecto energético que propone instalar un gasoducto en la zona de alto riesgo del volcán Popocatépetl, con el fin de abastecer dos termoeléctricas que se construyen en Huexca, municipio de Yecapixtla, Morelos”.
Enedina Rosas fue arrestada el domingo 6 bajo cargos de robo agravado y oposición a que se ejecute una obra pública, en tanto que un día después fue detenido Juan Carlos Flores Solís, uno de los líderes del FPDTAPTM, luego de acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Puebla para denunciar la detención arbitraria de Rosas Vélez.
Uno más es el caso de Rosina González, activista de Greenpeace, acusada de daños y allanamiento de morada por Pemex después de escalar en Veracruz un edificio de la paraestatal para colgar una manta y, de ese modo, expresar su inconformidad con la reforma energética.
“Rosina es acusada por Pemex de haber roto una lámpara de más de 78 mil pesos, por lo que podría recibir de 4 a 10 años de prisión y una multa de 180 y hasta 500 veces el salario mínimo”, resaltó la RNDDHM en su reporte.
La red también recordó que este día la comandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, cumple ocho meses en una prisión de máxima seguridad, luego de ser detenida arbitrariamente el pasado 21 de agosto, a pesar de que recientemente se le dictó libertad por el cargo de delincuencia organizada aunque se dejaron subsistentes otros cargos.
Entre los casos de amenazas y agresiones, el colectivo enlista los de las defensoras María del Carmen Ruiz y Sara Bartolo López, de la Asamblea Popular de Pueblo Juchiteco (APPJ), así como el de la estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Rosa Hernández.
Asimismo, el de la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras (RSF) Balbina Flores, y finamente los actos de intimidación contra la politóloga y columnista Denise Dresser.
Después de recordar que en el informe “Violencia contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica”, realizado por el Diagnóstico Mesoamericano 2012, se advierte que quedan en la impunidad 90% de los casos de agresiones contra defensoras y periodistas, la red exigió garantías de seguridad para ambos sectores.
La coalición, integrada por 135 defensoras y mujeres periodistas de 83 organizaciones no gubernamentales de 19 entidades del país, exigió “a las autoridades federales y estatales el cese de todas las formas de agresión hacia quienes defendemos los derechos humanos y el cese a la criminalización de activistas, defensoras y periodistas”.
También instó a las autoridades a “encontrar canales de diálogo que les permitan conocer las demandas de la sociedad civil, pues finalmente las inconformidades y manifestaciones son el reflejo del desconcierto e incompatibilidad entre el ejercicio del poder y las verdaderas necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de México”.
-Venderá EU a México 18 Black Hawk y equipo militar con valor de 680 mdd
El gobierno de Estados Unidos informó que aprobó la venta a México de 18 helicópteros de transporte de tropa UH-60M Black Hawk y equipo militar en una transacción estimada en 680 millones de dólares, unos ocho mil 860 millones de pesos.
El Departamento de Estado aprobó la posible venta y el Congreso recibió la notificación del proyecto el pasado jueves 17 por parte de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Pentágono, que supervisa la venta de armas al extranjero.
Ahora el Congreso dispone de 30 días, contados a partir del 17 de abril –fecha de la notificación– para presentar eventuales objeciones a la ejecución del contrato.
La venta fue anunciada recientemente, durante una visita a México del secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, e incluye 18 helicópteros UH-60M Black Hawk construidos por Sikorsky Aircraft, con todos sus equipos.
Entre ellos se encuentran aparatos de visión nocturna, 36 ametralladoras calibre 7.62 y sistemas de navegación inercial, según informó en un comunicado la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Pentágono.
El gobierno mexicano solicitó la compra de 18 helicópteros UH-60M Black Hawk, 40 motores fabricados por General Electric, anteojos de visión nocturna, armas y otros equipos, además de apoyo logístico y entrenamiento.
“México es un importante asociado en la lucha contra el tráfico organizado y las organizaciones ligadas al narcotráfico”, justificó la agencia estadunidense.
Además, afirmó que la venta de los helicópteros “aumentará y reforzará de forma significativa la capacidad del país de disponer de un transporte aéreo interior para sus fuerzas que participan de las operaciones antidroga”.
-Desconoce PRD dictamen de Lozano sobre ley Peña-Televisa
En vísperas de la reunión de comisiones unidas para dictaminar la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, anunció que los senadores de su partido desconocerán el dictamen elaborado por el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el panista Javier Lozano, al argumentar que no fue un trabajo en conjunto con los otros integrantes de las comisiones de Estudios Legislativos y de Radio, Televisión y Cinematografia.
La perredista Alejandra Barrales, presidenta también de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, advirtió que “es inaceptable que el gobierno tenga el control de los medios. Revisaremos a fondo el dictamen y presentaremos el propio de Ley de Telecomunicaciones”.
Ante el desconocimiento de la bancada del PRD, la tercera más numerosa del Senado, Javier Lozano calificó como “táctica dilatoria” la posición de Barbosa y consideró que era una “puntada” que los perredistas presenten un proyecto alterno y que lo acusen de que fue presidente de Cofetel hace 15 años, por lo que se debe excusar de la dictaminación.
Por su parte, el panista Javier Corral, quien representa la posición exactamente contraria a la de Lozano al interior de la bancada del PAN, afirmó que el predictamen presentado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes “será sólo su opinión, no es un trabajo de comisiones”.
Las tensiones frente a la ley secundaria de telecomunicaciones, conocida como Ley Peña-Televisa, crecieron en el primer día de trabajo de los senadores tras las vacaciones de Semana Santa. Desde antes de que se fueran de descanso, no se pudo instalar la mesa de negociaciones entre representantes del gobierno federal y los legisladores, por la negativa de la bancada del PAN a legislar fast track las reformas pendientes.
En conferencia de prensa, Miguel Barbosa afirmó que el PRD rechaza la ruta y el calendario que anunció Javier Lozano para distribuir un dictamen y que este martes se instalen las comisiones unidas y aprobarlas.
“Los grupos parlamentarios del PRI y del PAN se negaron a instalar mesas reales de negociación; por tanto, nosotros rechazamos esa ruta y rechazamos de antemano ese proyecto de dictamen que hoy entregará la Comisión de Comunicaciones”, afirmó Barbosa.
El coordinador de la bancada perredista anunció que mañana presentarán a través de sus senadores un dictamen alternativo que “reincorporen las leyes secundarias al marco constitucional”.
En la misma conferencia de prensa, la senadora Dolores Padierna afirmó que Lozano es “juez y parte del tema” que deberá excusarse de presentar un dictamen porque “es uno de los interesados de mantener el statu quo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”.
-Da entrada Corte a controversias contra cuatro estados por reforma educativa
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a las cuatro controversias constitucionales promovidas por la Presidencia la República en contra de los poderes legislativos y ejecutivos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora por incumplir con la homologación de la reforma educativa.
Las demandas fueron turnadas a los ministros Arturo Zaldívar, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Fernando Franco, quienes por turno redactarán dos proyectos. Los impartidores de justicia emplazaron de inmediato a las partes involucradas para que presenten sus alegatos a fin de estar en condiciones de elaborar los proyectos de dictamen correspondientes.
Los recursos fueron presentados por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República el pasado 13 de abril; un día después, la presidencia de la Suprema Corte las admitió a trámite y este lunes fueron registradas con los números 37/2014, 38/2014, 39/2014 y 40/2014 y turnadas a los ministros correspondientes.
De las cuatro controversias, la correspondiente al estado de Oaxaca es la más dura: el Ejecutivo federal alega que el gobierno de esa entidad ha sido omisa “totalmente” en cumplir con la reforma constitucional, ya que transcurrió el año en que tenía que reformar su legislación local en materia educativa para armonizarla con la reforma constitucional de 2012 y hasta la fecha no lo ha hecho.
-Campesinos y constructoras acusan a ICA de incumplir acuerdos
GUANAJUATO, Gto.- Campesinos de San Luis de la Paz y San Luis Potosí bloquearon el paso a la presa El Realito en protesta porque la constructora Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) ha incumplido con los compromisos asumidos con ellos para compensarlos por la ocupación de sus predios durante la obra.
A la protesta se unieron constructoras de la región que acusaron a ICA de no cubrir los adeudos correspondientes con ellos por la utilización de su maquinaria y otros insumos contratados.
El portal informativo guanajuatense ZonaFranca.mx informó –en una nota del reportero Ernesto Méndez– que ICA se comprometió con 80 campesinos de comunidades de San Luis de la Paz y ocho de San Luis Potosí a compensarlos por la invasión de sus predios y a realizar diversas obras sociales en las comunidades como El Realito y San Antón de los Martínez, afectadas por la obra.
La construcción de la presa le fue asignada al consorcio en 2009 por un monto superior a los 2 mil 300 millones de pesos.
En tanto, la constructora ICA se comprometió a cercar el terreno para impedir que el ganado de los productores se extraviara. También prometió apoyarlos con la instalación de energía eléctrica y otros servicios, debido a que la carretera que conduce a la presa invadió propiedades que no estaban contempladas en la afectación originalmente pactada.
La obra fue inaugurada por el entonces presidente Felipe Calderón en uno de sus últimos actos de gobierno, según consignó ZonaFranca, aunque los trabajos de la presa estarían concluidos hasta mayo próximo.
Hasta esta tarde, los habitantes de las comunidades mencionadas mantenían cerrado el paso a la presa, donde desde hace un mes se construye el acueducto. Denunciaron que el gobierno de San Luis Potosí envió a elementos de la Policía estatal para desalojarlos.
ICA debe también a proveedores
Algunos proveedores y contratistas que fueron subcontratados por una filial de ICA, se unieron a la protesta y denunciaron que Ingenieros Civiles y Asociados les adeuda cerca de 103 millones de pesos.
Además de ICA, los deudores son las empresas españolas FCC Construcción y Aqualia Infraestructuras, a las que conjuntamente les fue asignada la obra.
Los proveedores expusieron que tienen conocimiento de que estas empresas “obtienen contratos del sector público a lo largo y ancho del territorio nacional y que de manera similar a la nuestra, mantienen adeudos con varias compañías constructoras, prestadores de servicios y proveedores desde hace algunos años”.
Por ello, pidieron la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para que hagan frente a los adeudos por los trabajos que estos proveedores efectuaron con maquinaria, personal y capital propio, para la presa de El Realito.
-Declaran a grupo Geo y 15 filiales en concurso mercantil
La empresa desarrolladora de Vivienda Corporación Geo y 15 empresas filiales que enfrentan pasivos por unos 21 mil millones de pesos, fueron declaradas en concurso mercantil.
El juez sexto de Distrito en Materia Civil, Enrique González Meyenberg, resolvió que el corporativo cumple los requisitos previstos en la Ley de Concurso Mercantil, al considerar que se encuentra en situación de insolvencia y con una enorme cartera vencida por cobrar.
La resolución fue dictada el pasado 15 de abril pero la notificación en la lista de acuerdos del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil se realizó este lunes, bajo el expediente 216/2014.
Corporación Geo presentó desde el pasado 20 de marzo la solicitud de concurso mercantil con plan de reestructura de su deuda. De hecho, la desarrolladora se encuentra en un proceso de reestructura desde el año pasado, cuando presentó un concurso mercantil preconvenido ante el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom).
El 20 de marzo, en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa desarrolladora de vivienda de interés social notificó su propuesta con el acuerdo de la mayoría de sus acreedores, como lo establece la Ley de Concursos Mercantiles.
A partir de entonces inició un periodo que podría durar hasta un año en que Corporación Geo buscará mantener la viabilidad de la empresa con sus acreedores bancarios y de los mercados financieros. En caso de no lograrlo, iniciará un proceso ordenado de bancarrota.
Las instituciones bancarias que se sumaron al acuerdo de reestructura son Banamex, HSBC, Banorte, Santander, Inbursa y BBVA Bancomer. También participan los tenedores de bonos colocados por la compañía desarrolladora en el extranjero.
En más de 40 años Corporación Geo, que preside Luis Orvañanos Lascuráin, ha edificado y comercializado más de 655 mil viviendas en el país, de acuerdo con información de la empresa.
-Pronostican caída en producción alimentaria para este año
La Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento de Liberación Nacional (CNPA-MLN) pronosticó un sensible decaimiento en la producción alimentaria este año, en parte por la sequía que ha impedido que se cultiven 1.2 millones de hectáreas de riego y en parte porque el 40% de las 22 millones de hectáreas cultivables no se fertilizarán.
Francisco Yasser Chew Plascencia, miembro de la Comisión Ejecutiva de la agrupación campesina, sostuvo que el negocio de la producción, procesamiento y abasto de alimentos en el país continuará en manos de empresas transnacionales del sector agroalimentario y agroquímico como Monsanto, Dupont, Cargill y Nestlé, así como Coca Cola-FEMSA, Pepsico y los monopolios de la alimentación nacionales como Maseca, Bimbo y Gamesa.
“A partir del 2007, resultado del cambio climático y la especulación comercial, los precios de los alimentos aumentaron en 35%, por lo que nuestro país ha sido afectado gravemente en su capacidad de consumo, debido a la enorme dependencia del mercado internacional y ante la falta de producción nacional, agravando la pobreza y el hambre”, lamentó.
Por otro lado, Chew Plascencia afirmó que el encarecimiento y escasez de los alimentos que afectan a la sociedad mexicana tienen que ver con la política económica que desde 1982 desmanteló paulatinamente la base productiva del campo.
Además criticó que la Cruzada Nacional contra el Hambre –promovida por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– en el fondo sea asistencialista, ya que se ha limitado a plantear un esquema de focalización y concentración de los programas sociales en 400 municipios y localidades rurales y urbanas en pobreza alimentaria para atender a 7.4 millones de personas en esta situación.
“Esta acción gubernamental olvida que la pobreza tiene raíz en factores estructurales de política económica, sector agroalimentario y medio ambiente, mezclados con los de desigualdad social”, agregó.
El miembro de la CNPA-MLN destacó que de los 112 millones de mexicanos, 52 millones (46.3%) vive en pobreza y de éstos, 22 millones (19.4%) están en pobreza alimentaria.
“Esto quiere decir que la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre solo pretende atender a menos de una tercera parte de la gente que en este momento no alcanza a cubrir la ingesta calórica necesaria”, expuso el dirigente.
El escenario es peor: En México se cultivan alrededor de 22 millones de hectáreas para la producción de alimentos; de éstas, sólo tres millones son de riego y el resto, de temporal. Además, cerca de ocho millones se dedican a la producción de maíz y un millón y medio a la de frijol.
“Hay un estancamiento de la inversión y ampliación de la infraestructura hidroagrícola, además por la sequía proyectada para este año se calcula que sólo podrán cultivarse 1.8 millones de hectáreas en los distritos de riego debido a la falta de agua”, explicó.
En el caso del fertilizante, actualmente de los cuatro millones de toneladas que se ocupan, se importa 60% básicamente por Dupont. Esta situación ha ocasionado que a partir de 2008 –año en que se incrementó el precio internacional del petróleo–, se dispararan los precios elevando a su vez los costos de producción agrícola.
Para Francisco Yasser Chew Plascencia, esto es aún más grave considerando que 40% de las 22 millones de hectáreas de superficie que se cultivan no se fertiliza, lo que incide de manera negativa en la productividad y los volúmenes de las cosechas.
Por esta razón, consideró que la recuperación de la capacidad de producción de fertilizantes por parte de Pemex es fundamental, sobre todo, en la aplicación de tarifas preferenciales en materia eléctrica para la operación de pozos e infraestructura hidroagrícola y subsidio al diesel agropecuario para la producción y transporte.
-Asalto a “La Bestia”, por disputa entre Los Zetas y Cártel del Golfo: Solalinde
OAXACA, Oax.- Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur, consideró que el más reciente asalto a La Bestia, que dejó cuatro muertos y tres heridos, pudo originarse en un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado por el cobro de cuotas a migrantes centroamericanos.
Luego de quedar al descubierto que entre los fallecidos y lesionados se encuentran involucradas varias personas de Chiapas y un hondureño, lo que sale a relucir, señaló el religioso, es que “al parecer un grupo estaba cobrando la cuota a los migrantes y el otro cártel se inconformó, y de ahí vino la agresión”.
El fundador del albergue Hermanos en el Camino destacó que lo que han observado es que la ruta de La Bestia se la están disputando el Cártel de Golfo (CDG) y Los Zetas para cobrar cuotas a los indocumentados que viajaban en el techo del tren de carga.
“A juzgar por los hechos, uno de ellos, un moreno catracho y otras personas, estaban juntos al parecer cobrando cuotas, y eso ocasionó que el grupo opositor, los Maras, agarraran parejo y los ultimaran”.
La agresión a migrantes se registró el miércoles 16 cerca de las 15:00 horas, justo cuando La Bestia atravesaba el municipio oaxaqueño de Reforma, con rumbo a Ixtepec.
Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) “está investigando, sin embargo, hay mucho hermetismo respecto de la detención que realizó la policía estatal”.
Lo cuestionable, apuntó el sacerdote católico, es que “en el territorio de Oaxaca no hay protección para los migrantes, en contraste con el estado de Chiapas, donde sí protegen al migrante, pero entrando aquí, por Corazones, Chahuites, Anonas, Reforma o Las Palmas, ahí sí pasa de todo: asaltos, secuestros o hasta crímenes”.
Solalinde Guerra pidió al secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas; al procurador Héctor Joaquín Carrillo, y al gobernador Gabino Cué poner más atención en la protección de los migrantes.
La PGJ inició indagatorias en torno del homicidio de cuatro migrantes y tres personas lesionadas reportadas como graves.
En el ataque resultaron lesionados los chiapanecos Juana Velázquez Roque, de 36 años y originaria de Cintalapa; Pablo López Méndez, de 20, de Tapachula, y Francisco Javier Solórzano López, también de Tapachula y de 32 años.
A cinco días del atentado que dejó cuatro muertos, únicamente ha sido identificado el cadáver del chiapaneco Carlos Valentín Villalobos Gordillo, originario de Tapachula, quien recibió impactos por proyectil de arma de fuego.
Las tres víctimas restantes aún no han sido identificadas porque se está a la espera de que familiares los reclamen, aunque en uno de los casos se logró establecer que se trata de un hondureño, cuyo cuerpo fue levantado en el paraje El Cidar, en San Francisco Ixhuatán.
-Vaticinan daños devastadores en México por efecto invernadero
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) entregó a la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático un informe en el que advierte de las funestas consecuencias ambientales que se avecinan para el país en los próximos 30 años en caso de no aplicarse medidas correctivas y preventivas en contra de los efectos derivados del cambio climático.
Elaborado en 2012, el documento visualiza así las consecuencias: Desabasto de agua y alimentos, sequías en gran parte del territorio, inundaciones en la zona sur, epidemias, mortandad de ganado y riesgos en la sustentabilidad energética, entre otros daños irreversibles.
Según el INECC, el gobierno necesita invertir 76 mil 500 millones de dólares en los próximos 50 años para reducir los efectos del calentamiento global en el país.
En su diagnóstico, el organismo sostiene que en las siguientes tres décadas México enfrentará un “desequilibrio hídrico”: Habrá desabasto de agua en algunas regiones e inundaciones en otras y el agua disponible para consumo humano será casi nula.
Además la contaminación, advierte, afectará casi al total de las cuencas hídricas.
Por sus condiciones geográficas ciudades como el Distrito Federal, Monterrey, Xalapa, Tuxtla Gutiérrez y Guadalajara, serán las más afectadas y, en general, un 55% de la población no tendrá acceso a recursos hídricos.
De acuerdo con el estudio, el calentamiento global traerá como consecuencia que las sequías se prolonguen más con el correr de los años y afecten no sólo a estados del norte del país, sino del centro, y es probable que incidan en la producción de alimentos.
En general, advierte el INECC, existe el riesgo de que los cultivos se vean amenazados por “la intensificación del cambio climático y por un aumento en la variabilidad climática” en las 21 millones de hectáreas distribuidas en todo el país, utilizadas para la producción agrícola.
Los cultivos más afectados serían, por supuesto, los que le dan sustentabilidad alimenticia y económica a algunas regiones del país: maíz, fríjol, aguacate y café.
El efecto en la producción de maíz y otros cultivos traería “consecuencias negativas en la seguridad alimentaria, así que es fundamental identificar un portafolio de medidas de adaptación al cambio climático” para evitar el desabasto de maíz, frijol y aguacate para autoconsumo y exportación, advierte el informe.
En contraparte, el exceso de lluvia se incrementará en la región sur del país y los estados cercanos al Golfo de México.
El INECC prevé en su informe de más de 500 cuartillas que al menos 21% de la población estará en riesgo de perder su patrimonio, y disminuir su calidad de vida por la pérdida de servicios y de comunicaciones provocadas por inundaciones o desgajamientos de cerros.
Las entidades con mayor riesgo de padecer desastres naturales asociados a inundaciones son Tabasco y Chipas. En tanto en Veracruz y Tamaulipas, la combinación de ciclones tropicales con “nortes”, derivada del cambio climático, generará fenómenos “devastadores” similares a Manuel, que devastó parte del estado de Guerrero en septiembre de 2013.
No es todo: Según el informe, si no se combate el cambio climático, México también enfrentaría escases de ganado para producir alimentos debido a las sequías e inundaciones.
El problema del ganado es considerado “de gravedad”, porque en los próximos años, señala el estudio, el estrés por calor disminuirá en 91% la fertilidad en las vacas, lo que provocará escasez en lácteos y cárnicos en el país.
Al apocalíptico panorama se añade el retorno de epidemias como el dengue, advierte el estudio.
El calentamiento global, refiere, podría generar una epidemia de dengue en el país: “la tendencia de la población a congregarse en grandes núcleos urbanos puede provocar que brotes de algunas enfermedades lleguen a ser epidemias. Un caso que se ha venido manifestando de forma importante es el dengue”, alerta.
El aumento de las temperaturas en la mayoría de las entidades también traería otros problemas de salud pública. Las ondas de calor, según los pronósticos del INECC, serán cada año más frecuentes y ciudades como Mexicali, Hermosillo o Mérida podrían alcanzar temperaturas consideradas de “peligro extremo”.
Actualmente, dice el informe, existen 152 proyectos en las 32 entidades del país para mitigar el cambio climático, de los cuales, 102 están en proceso de recibir financiamiento. Sin embargo, subraya, hacen falta 76 mil millones de dólares para hacer frente al calentamiento global.
Las proyecciones del INECC coinciden con el informe presentado la semana pasada por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (PICC), un colectivo de científicos auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que calificó como “abrumador, generalizado e irreversible” el impacto del calentamiento global.
El reporte que se presenta cada seis años es producido por cientos de investigadores de 70 países y está basado en más de 12 mil estudios científicos, busca sentar las bases científicas de cara a la negociación de un acuerdo para 2015 que sustituya al protocolo de Kioto, el cual fue firmado y ratificado por México.
El pasado 31 de marzo, el Grupo de Trabajo II del INECC hizo pública su contribución al Quinto Reporte de Evaluación del IPCC, que concluirá en octubre de este año 2014.
El documento, denominado Cambio climático 2014: impactos, adaptación y vulnerabilidad, consta de 30 capítulos más un resumen técnico y otro para tomadores de decisiones.
Dicho informe fue elaborado por 307 autores y revisores de 70 países, con las contribuciones de otros 436 autores independientes, y contó con mil 729 revisores externos.
El informe completo estará dividido en dos partes, la primera sobre aspectos sectoriales y globales y la segunda sobre aspectos regionales.
En el resumen para responsables de políticas se destaca que es extremadamente probable (90-95% de probabilidad) que la influencia humana sea la causa dominante del calentamiento observado en el planeta desde mediados del siglo XX y que el cambio climático genera riesgos para los sistemas humano y natural.
-Juez admite amparos de América Móvil y Telcel contra fallo del IFT
La juez segunda especializada en competencia, radiodifusión y telecomunicaciones, Silvia Cerón, admitió este lunes los amparos promovidos por América Móvil y Telcel contra la resolución de preponderancia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero desechó impugnar aspectos de la reforma constitucional de telecomunicaciones.
Las empresas de Carlos Slim cuestionaron el artículo Octavo transitorio de la reforma constitucional que fijó las reglas para la declaración de preponderancia, sin embargo, el amparo no fue admitido porque la ley prohíbe de manera expresa ese recurso para impugnar modificaciones a la Carta Magna.
Grupo Televisa, declarada preponderante en el sector radiodifusión, también intentó impugnar la reforma constitucional, pero obtuvo el mismo resultado. Sólo se admitió su reclamo contra el fallo del IFT del pasado 6 de marzo.
Además de la matriz, alrededor de 20 filiales y repetidoras de la empresa de Emilio Azcárraga Jean mencionadas por el IFT han promovido sus propios amparos, pero solicitaron a los juzgados que se supriman sus nombres de las listas de notificación, lo que ha generado cierta confusión en el seguimiento público de los asuntos.
Las empresas de Slim podrán inconformarse por el desechamiento parcial de su amparo mediante recursos de revisión, que probablemente serán atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para fijar un criterio sobre el tema.
Por separado, Teléfonos de México y Teléfonos del Noroeste, que también fueron declaradas preponderantes e impugnaron la reforma constitucional, promovieron los amparos respectivos, que aún no han sido admitidos a trámite por la juez primera Irma Leticia Flores.
Desde el pasado miércoles 2, la juez Cerón había admitido los amparos de Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, que también fueron incluidas en la resolución del IFT, pero no cuestionaron la reforma constitucional.
Fuentes cercanas al proceso explicaron que, por operación corporativa interna del consorcio de Slim, los amparos de América Móvil y Telcel fueron elaborados por abogados distintos a los de Telmex y Telnor, así como a los de Inbursa y Carso.
-Ofrece Procuraduría de NL $300 mil por la cabeza de los asesinos de adolescente
MONTERREY, N.L.- La Procuraduría de Nuevo León y el ayuntamiento de Guadalupe, por separado, ofrecieron hasta 400 mil pesos de recompensa para quien brinde información que ayude a ubicar a los asesinos de Ángel Isaí González García, de 14 años de edad, quien fue acribillado el pasado 12 de abril en el interior de un camión de la Ruta 2.
En ese incidente fueron lesionados de bala los policías Jorge Vicencio Cruz y Sergio Santiago Sanjuan, quienes subieron a la unidad para detener a dos hombres armados que previamente habían asaltado a varios pasajeros.
Adrián de la Garza, procurador de justicia de Nuevo León, anunció que el gobierno entregará hasta 300 mil pesos, la mayor recompensa que puede dar la entidad, a quien proporcione información que ayude a la captura de los dos homicidas.
Además, en breve serán distribuidos carteles con fotografías de los asesinos para ser colocadas en lugares públicos y se les inscribirá en la lista de los más buscados de Nuevo León.
El funcionario explicó que después de que fueron dados a conocer los hechos, la procuraduría ha recibido algunas llamadas anónimas con información para ubicar a los responsables, pero hasta ahora no han arrojado pistas sólidas.
Por su parte, el alcalde de Guadalupe, César Garza Villarreal, dijo que entregará 100 mil pesos como gratificación a quien ayude a atrapar a los prófugos.
El edil dijo que también entregará una recompensa de 50 mil pesos al agente de seguridad, de cualquier corporación de los tres niveles de gobierno, que capture a los homicidas.
