Mexicali, B.C.- El 6 de junio de 2013 Irán Cota, Juan Felipe Sánchez, Agapito Estrada, Rafael Soto, Consuelo Navarrete del Río, Ana Luisa Román y Alma Rosa Dorantes interpusieron una denuncia penal en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del dirigente de la Sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), César Joaquín Gualajara Gallegos, por los presuntos delitos de abuso de confianza, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y delincuencia organizada.
Según los médicos y enfermeras denunciantes, el líder sindical dispuso a su libre albedrío de los fondos sindicales destinados a festejos, actividades deportivas, reparto de juguetes para hijos de trabajadores, becas y turismo social, entre otros rubros.
En la denuncia incluyeron algunos movimientos bancarios realizados por el imputado en abril de 2013. Las transacciones se realizaron de la cuenta bancaria que el SNTSS tiene en Banamex — número de contrato 752544957918–, hacia la cuenta personal de Gualajara Gallejos con número 7704495779.
El 1 de abril de ese año, por ejemplo, Gualajara Gallegos acudió a la sucursal 4247 Minarete de Tijuana y retiró 100 mil pesos de la cuenta bancaria del SNTSS, mismos que de inmediato depositó en su cuenta personal. El 19 del mismo mes, en la misma sucursal de Banamex cobró el cheque 3521 por 100 mil pesos que también depositó en su cuenta maestra.
Posteriormente, el 30 de abril, cobró un cheque por 600 mil pesos, pero en esta ocasión solo hizo un depósito a su cuenta personal por 200 mil pesos.
En la querella se advierte que el saldo de la cuenta bancaria de la sección sindical al 1 de abril de 2013 era de 5 mil 228 pesos, que se modificó con 14 depósitos y el monto subió a más de 3 millones de pesos, pero con 80 retiros el saldo quedó en 121 mil 698 pesos. Ese mismo mes Banamex impuso una sanción a la cuenta sindical por 9 mil 225 pesos por la emisión de cheques sin fondos.
En su documento, los denunciantes expresan que el delito de delincuencia organizada se sustenta, debido a que en esa “conducta ilegal en agravio de 12 mil trabajadores” participaron el propio secretario de la sección VII del SNTSS, el tesorero y los encargados de las comisiones de Hacienda Sindical y de Vigilancia.
Asimismo, argumentaron que decidieron presentar la denuncia en cumplimiento del artículo 17 fracción V de los estatutos sindicales, que obliga “a los trabajadores a denunciar las irregularidades que tengan conocimiento de la vida interna del IMSS y del SNTSS”.
Según el artículo 141 estatutario, las causales de destitución inmediata del secretario seccional del sindicato son por “deficiente gestión administrativa, abuso de autoridad, aprovechamiento de su posición para conseguir indebidas ventajas personales y malversación de fondos”.
A un año de distancia, tres de los siete denunciantes enfrentan las consecuencias de sus actos.
En efecto, Consuelo Navarrete del Río, Ana Luisa Román y Alma Rosa Dorantes fueron llamadas a la Ciudad de México para comparecer ante la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS. El resultado fue inesperado: les suspendieron sus derechos sindicales.
Las afectadas señalaron que dicha decisión “violenta sus garantías como el debido proceso y el derecho a una legítima defensa”.
Ana Luisa Román y Alma Rosa Dorantes decidieron buscar la protección de la justicia federal y el 26 de diciembre de 2013 obtuvieron de parte del Juzgado XIV de Distrito la suspensión provisional. Posteriormente, el 9 de enero de 2014, lograron la suspensión definitiva.
Sin embargo, el líder sindical se ha negado a cumplir el mandato judicial.
“El juicio aún no se resuelve de fondo, aunque desde la primera resolución se nos debió restituir el pleno ejercicio de nuestros derechos sindicales”, señalaron las trabajadoras, quienes advirtieron que “con dolo y abuso de poder”, el dirigente sindical solicitó por escrito a los directores de las unidades médicas que les negaran diversos derechos laborales, como pases de salida, tiempo extra y guardias en días festivos, lo que representa “una franca actitud represiva que nos pone en gran riesgo”, además del desacato judicial.
Los señalamientos, dijeron, van directamente contra Gualajara Gallegos, quien posee una residencia en el exclusivo fraccionamiento Colinas del Ángel de Tijuana, valuada en 500 mil dólares.
Fuente: Proceso| ANTONIO HERAS
