El Consejo Nacional de Seguridad aprobó otro plan, bajo el mismo esquema policíaco-represivo y ausente una vez más de inteligencia, en las dos acepciones del término. Éste fue denominado Programa Nacional para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, estructurado por la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Marisela Morales, funcionaria que confirmó que se insiste en lo mismo: crear superpolicías para combatir el plagio a nivel federal y estatal, con una plataforma tecnológica “non plus ultra”; echar más policías a las calles; intentar cuadrar estas acciones en la Ley Federal de Seguridad Pública; separar a los secuestradores del resto de los delincuentes en los penales; combatir –otra vez- la corrupción y la impunidad; “proteger” a las víctimas; todo esto coordinado y evaluado por la propia procuradora, quien así se autocalificará. Genial ¿no?Eso se da a conocer mientras una cuestionable Isabel Miranda Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, le recuerda a los funcionarios federales, encabezados por Calderón, y a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidente de la Conago, Marcelo Ebrard, que hace dos años se comprometieron a contar con unidades antisecuestro pero “lo han olvidado”, por lo que les dio un plazo de tres meses para que se integren totalmente dichas unidades antiplagio. También les recordó las “pésimas” cifras en torno a la alta incidencia del delito de secuestro, o los “desastrosos” datos en entidades como Baja California sur en donde se tienen hasta procesados sin casos reportados. Chihuahua, Durango, Estado de México, Michoacán y Tamaulipas son las entidades con mayor número de plagios, por lo que Wallace los fustigó: “gobernadores, no evadan su responsabilidad”.
A más de cuatro años de iniciada la irregular “guerra al narco”, que detonó la criminalidad en el país, apenas el Consejo Nacional de Seguridad inició la creación y aplicación de protocolos de intercambio de información para elaborar una base de datos confiable, con respecto a los fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial. A la administración de Calderón, a cuatro años y medio de iniciada, es decir, en el inicio de su ocaso, le preocupa sobremanera no ser juzgada penalmente por el genocidio que propició su combate a algunos cárteles de la droga, y trata de restarle de la forma que sea números a la fila de más de 40 cadáveres que se han regado a lo largo y ancho del país. Por ello, la PGR y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo de Genero García Luna, uno de los principales responsables, están solicitando a las procuradurías y fiscalías información correspondiente a los fallecimientos “por presunta rivalidad delincuencial” para integrar una base de datos.
A Calderón le urge deslindarse de los más decenas de mil muertos y más de 10 mil desparecidos hasta el momento. Su estrategia está encaminada a “lavarse las manos” culpando a los cárteles de la droga y a sus rivalidades del baño de sangre al que está sometido el país. Pretende “comprobar” que los jóvenes que han muerto eran delincuentes y fueron reclutados por los cárteles, que fueron secuestrados, ejecutados o desaparecidos por grupos criminales, o que murieron en enfrentamientos entre sicarios rivales o entre éstos y las autoridades. Por eso también se está convocando a procuradores y fiscales a reuniones para compartir información sobre presunta “rivalidad delincuencial”. Así, establecieron que la información correspondiente a los “homicidios por rivalidad delincuencial” de 2011 deberá ser enviada en julio de este año; la de 2010 en octubre de 2011; la de 2009 en enero de 2012; la de 2008 en marzo de 2012; y 2007 y 2006 en mayo de 2012, durante los primeros días del mes asignado. Cualquier coincidencia con el calendario electoral de los comicios presidenciales no es por supuesto producto del azar.
Fuente: Revista Emet
