XALAPA, Ver.- Periodistas del sur de Veracruz se reunieron con representantes de Reporteros sin Fronteras, Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, la Casa del Periodista del Distrito Federal y con representantes de organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión para denunciar que luego del asesinato de Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz, reportero de Liberal del Sur y Notisur, no han cesado las amenazas en contra de su seguridad física, así como hostigamiento laboral por parte de directores de medios de comunicación quienes les exigen cesar sus álgidas protestas, so pena del despido laboral.
Una Misión de Observación integrada por más de 20 periodistas y activistas defensores de la libertad de expresión exigió al gobierno de Javier Duarte que sea la Procuraduría General de la República (PGR) quien atraiga el caso de la investigación del secuestro y ejecución de Goyo.
“A nombre de periodistas de todo el país, respaldamos a los compañeros que desde la desaparición de Jiménez se manifiestan para exigir el esclarecimiento de su asesinato”, expresó la Misión de Observación en un comunicado conjunto.
La Red de Periodistas de a Pie, Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 reclamaron y exigieron que sean las autoridades federales, a través de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR (FEADLE) quienes cumplan con la facultad de atraer el caso.
“No aceptamos la venganza como única línea de investigación del asesinato de Gregorio, y seguiremos insistiendo en la necesidad de indagar en su labor periodística, como posible móvil de su muerte”.
Los periodistas de diversas organizaciones viajaron al municipio de Coatzacoalcos para reunirse con prensa local y con la familia de Jiménez de la Cruz; tomaron apuntes de la situación de inseguridad y de inestabilidad laboral que enfrentan los comunicadores del sur de Veracruz.
Al concluir la visita a varias redacciones de periódicos y de reunirse con varios periodistas del sur de Veracruz, exclamaron su “preocupación” por las versiones que señalan que han sufrido amenazas que ponen en riesgo su seguridad personal y/o laboral.
Señalaron que la visita inédita y la agrupación de diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión obedece a que es momento de poner un alto a la agresión a reporteros locales, así como a la ola de asesinatos en contra de periodistas, pues en el caso de Veracruz, en los últimos tres años suman 10.
La Misión de Observación señaló que también viajarán a la capital del estado, en espera de que el gobierno de Duarte cumpla su oferta de mostrar el expediente ministerial con las indagatorias sobre el caso.
En el sur de Veracruz, reporteros de Coatzacoalcos hicieron patente su repudio hacía la administración estatal y a la Procuraduría de Justicia: “No nos vamos a sentar a dialogar con un gobierno que por años se ha mantenido ciego, sordo y mudo”, expresaron algunos comunicadores en sus redes sociales.
Apenas el pasado viernes, una de las hijas de Gregorio Jiménez reiteró ante el Tercer Juzgado de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado que “fue por una nota” que Goyo escribió sobre el bar de la señora Teresa Hernández que lo mataron.
La hija de Jiménez reiteró que con la dueña del bar “El Palmar” había tenido problemas y que de hecho hay una denuncia por ello: “Tú cállate porque tú te vas a morir, te voy a mandar matar… no sabes ni con quién te metiste, ¿te acuerdas de la nota que sacaste? esa te la tengo reservada y conozco a los Zetas y te voy a mandar a matar”, detalló la hija de Goyo al rememorar la amenaza directa de la dueña del bar a su padre.
En la Misión de Observación que viajó este fin de semana a Veracruz hubo molestia previo a su arribo, pues la Coordinación de Comunicación Social boletinó un día antes que la PGJ ya había puesto a “disposición” de organismos no gubernamentales (ONG) y defensores de la libertad de expresión, la investigación ministerial por el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.
“Para que, en un ejercicio de transparencia, abone no sólo a la certeza jurídica, sino a la certidumbre social de que se ha actuado con toda determinación y apego a derecho”, señala un comunicado gubernamental, el cual los activistas rechazaron que así haya sucedido.
Fuente: Proceso| NOÉ ZAVALETA
