sábado, 23 de marzo de 2013

Tomadura de pelo, la reforma en telecomunicaciones: diputados

Se legisla a favor de la clase más favorecida, denuncia el perredista Eloy Martínez

Desechadas sin debate, las reservas al dictamen presentadas por integrantes de las bancadas de PRD, Movimiento Ciudadano y PT

Se pretende instaurar un régimen esclavista, señalan
El total de reservas presentadas en la Cámara de Diputados con objeto de modificar el contenido del dictamen con reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fueron desechadas íntegramente, sin crítica ni debate, por el bloque que formaron PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y una parte de las bancadas perredista y petista.

Las reservas promovidas por un sector de diputados perredistas –excepto la corriente mayoritaria Nueva Izquierda, que avaló en sus términos el dictamen–, el partido Movimiento Ciudadano y algunos petistas consideraban cambios a los artículos sexto, séptimo, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución.

Como una maquinaria perfectamente aceitada, los diputados de tricolor, blanquiazul y sus aliados levantaron el dedo en contra de cada una de las reservas de los opositores. Durante seis horas el esquema de votación no varió, y los legisladores que pretendían debatir salieron frustrados del salón de plenos.

Durante sus intervenciones, los opositores manifestaron enojo porque el bloque mayoritario ni siquiera prestó atención a sus propuestas. Priístas, panistas junto a sus apéndices sólo actuaron durante la madrugada para echar abajo las reservas.

Los argumentos pasaron a ser reclamos contra priístas, panistas, pevemistas y los legisladores del Panal. El perredista Eloy Martínez reprochó: triste y desalentador será comprobar una vez más que una parte significativa del Congreso legisla a favor de la clase más favorecida en este país, sin importarles finalmente las consecuencias nefastas de esta supuesta reforma, que resulta ser una tomadura de pelo.

También Gerardo Villanueva señaló: es un día histórico porque es un día negro para el Poder Legislativo, institución que está jugando solamente a la simulación. Es la reforma constitucional solamente para Televisa y para Carlos Slim; la propuesta del movimiento #YoSoy132 es más profunda, más seria, con más contenidos, que piensa en la ciudadanía y que, hay que decirlo, tiene más legitimidad que lo que hoy se está votando.

Por Movimiento Ciudadano, Alfonso Durazo se sumó a la postura de Villanueva y señaló: parece que aquí la fracción de Slim y la de Azcárraga, dependiendo de los intereses que haya que defender, son mayores, o es mayor a la de la mayor fracción parlamentaria, y eso es una pena para nosotros como diputados y una decepción para los mexicanos. Este Congreso (es) irresponsable y agachón. Cómo sustentar que es un Congreso responsable si en unas cuantas horas pretendemos dejar la Constitución como colcha navideña: llena de parches, sin debatir nada absolutamente. Es una falsedad.

El petista Arturo López Cándido se refirió a uno de los olvidos del dictamen: las radios comunitarias.

Ellas representan el derecho de las comunidades más alejadas y marginadas a transmitir su idea y acceder al derecho a la información, que está estrechamente ligado con los derechos humanos, especialmente coaligados con la libre expresión, señaló. No obstante, nadie hizo caso.

Así continuó un proceso legislativo que anula toda posibilidad de intercambiar ideas. Cada día es más anacrónico nuestro sistema parlamentario mexicano. No hay discusión, no hay debate, sólo oradores frente a curules; muchos presentes de cuerpo, pero ausentes de mente. No puede establecerse un diálogo intercultural si no nos conocemos, si no nos respetamos, si no nos reconocemos como sujetos y actores de derecho a ser tomados en cuenta, agregó.

A la antigüita

El también petista Manuel Huerta acusó al bloque de PRI y PAN de que “traen el mandato del gran legislador en que se está convirtiendo el presidente de la República, a la antigüita.

“Los he estado observando toda la sesión. La verdad veo cómo se regocijan con esto que está ocurriendo. Ustedes quieren instaurar un régimen esclavista, eso es lo que pretenden, ya se los dije, quieren reventar esta patria, estos recursos naturales y quieren hacernos esclavos en nuestra propia tierra.

Ustedes mismos son esclavos, son personas enajenadas que nada más están votando por consigna para defender los intereses de los que ustedes ya saben, los 30 que mandan en este país.

Incluso la petista Loretta Ortiz Ahlf criticó a la representante perredista Purificación Carpinteyro, quien aseguró que en distintas naciones se permite la participación de capital extranjero en ciento por ciento.

Me llama la atención que la diputada Carpinteyro haya hecho las afirmaciones que hizo, sobre todo siendo egresada de la Escuela Libre de Derecho, de donde su servidora también es egresada y por más de 30 años profesora de la cátedra de derecho internacional público, igual que en la Universidad Iberoamericana por 30 años, y de la maestría de negocios internacionales. Le aconsejo que se actualice, porque no está actualizada.

Carpinteyro replicó: mi muy querida maestra en derecho internacional, que por cierto afortunadamente me dio tres superiores, que es la máxima calificación que se da en la Libre de Derecho. No es cierto, mención honorífica no me dio. Mi querida maestra, quiero decirle que no estoy aquí por encomienda, porque participé en las negociaciones, no solamente digo participé, sino que fui parte intrínseca de todo este proceso y puedo decirle que no sólo estoy actualizada, sino que lo conozco a profundidad.

Durante sus intervenciones en tribuna el petista Huerta exasperó a los priístas, quienes le dieron la espalda cuando insistió en que éstos eran manejados por una fuerza superior.

Salvo honrosas excepciones, también sé que dentro de ustedes puede haber honrosas excepciones, pero como común (...) sale esa energía que ustedes tienen como gen priísta y lo inundan en este Congreso... lamento la cobardía de la bancada de Acción Nacional, que manda a una mujer a agredir (verbalmente) a un diputado.

En ese tono continuó la sesión hasta que concluyó el listado de reservas que fueron al cajón del olvido. Y una vez que el presidente de la mesa directiva, Francisco Arroyo, solicitó la toma de votación, el dictamen se aprobó en lo general y lo particular por 393 votos a favor y 58 en contra.

Excluyen el derecho a información veraz de la reforma en telecomunicaciones

La iniciativa presidencial incluía esa garantía; la había avalado el Pacto por México

La reforma al sector de las telecomunicaciones aprobada por la Cámara de Diputados excluyó, en la negociación de último momento entre partidos, el derecho al libre acceso a información veraz, como punto fundamental del artículo sexto de la Constitución, incluido en la iniciativa presidencial y avalado por los integrantes del Pacto por México.

Así, en el dictamen aprobado la madrugada de ayer por el pleno de la Cámara –y enviado como minuta al Senado para su revisión– se suprimió la mención de ese derecho y se incluyó solamente el de recibir información plural y oportuna, así como a buscar, obtener y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio.

En contraste, la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados señaló que el derecho a la información es por su propia naturaleza un derecho subjetivo, entendiendo como tal una situación de poder que garantiza al individuo el acceso a una información que, por serle útil y beneficiosa, constituye para él un bien jurídico.

Acceso a Internet

También, afirmó, “como tal derecho subjetivo, el derecho a la información es un derecho individual y público, ya que comporta la intervención del Estado para tutelarlo.

En segundo lugar, el derecho a la información tiene como objeto que la persona obtenga una información adecuada a sus necesidades de participación y conocimiento, información que debe cumplir con una condición ineludible: ser veraz.

Al justificar las modificaciones propuestas al artículo sexto de la Constitución, la iniciativa argumentó que el avance progresivo en el derecho a la libertad de expresión y de difusión exigía la actualización de su contenido y las garantías que tutela.

Esos derechos no sólo abarcan la obligación del Estado para garantizar el acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales, sino que se hace imprescindible garantizar el acceso a la información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, indicó.

No obstante, en el adéndum que presentaron el jueves por la noche las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por conducto de la Comisión de Puntos Constitucionales, y avalado por el pleno, se suprimió la palabra veraz.

Por otra parte, en la reforma se incluyó la obligación gubernamental de garantizar el acceso a Internet, y que en la cadena de televisión del Estado se asegure –además de la promoción de la integración nacional y la formación educativa, cultural y cívica– la igualdad entre hombres y mujeres, además de dar espacio a las obras de producción independiente.

Se incluyeron candados adicionales para evitar la concentración de una sola empresa o de terceros en el mercado de las telecomunicaciones.

Así, el pleno definió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) impondrá límite a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación (en) radiodifusión o telecomunicaciones en un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.

En el apartado de concesiones se confirmó que éstas serán otorgadas sin la opinión no vinculante del Ejecutivo, como se propuso en la iniciativa, pero antes de su determinación el Ifetel notificará al secretario del ramo, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días.

También se agregó que dicho instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculadas a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria.

En la iniciativa y el dictamen se definió que las concesiones para uso público y social se otorgarán mediante licitación pública, y la Cámara aclaró que se trata de las concesiones del espectro radioeléctrico.

Respecto de las concesiones para uso público y social, que se asignarán de manera directa, los diputados acotaron que sea conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento.

Entre los cambios hechos al dictamen, el pleno acotó el salario que se proponía para los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, equivalente al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este año ganarán 500 mil pesos mensuales.

Así, se definió que la retribución se ajustará a lo que dispone el artículo 127 de la Constitución, que señala: ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República.

Se ratificó la disposición para que los actores que sean declarados dominantes deberán desincorporar sus activos, cuando así lo establezca el Ifetel; además, cambió el plazo para que el instituto publique las bases de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión, de cuatro meses que planteaba la iniciativa a seis.

En relación con el método para definir qué actor es preponderante en el mercado de la radiodifusión y las telecomunicaciones, la Cámara definió que además de considerar el número de usuarios, tráfico de redes o la capacidad instalada de éstas, se tomará en cuenta el número de suscriptores y la audiencia.

Esos factores permitirán determinar qué concesionario tiene una participación mayor a 50 por ciento en el mercado.




Fuente: La Jornada | Roberto Garduño y Enrique Méndez