viernes, 8 de marzo de 2013

Michoacán, a la deriva. Motivos de salud. Sabido lo de Vallejo. Someter gobernadores

El tema de las enfermedades y las adicciones genera en los políticos mexicanos un secretismo casi de Estado (y no sólo en nuestro país: véase el caso reciente de Hugo Chávez). Como si fueran seres con garantía extraterrestre de salud, o estuviesen blindados contra la adquisición y desarrollo de vicios, cierran la puerta a cualquier forma de indagación seria de sus padecimientos, aunque los indicios disponibles generen rumores de peor impacto que el conocimiento exacto de los males en cuestión.

En Michoacán era un secreto no a voces, sino a gritos, la mala salud de Fausto Vallejo Figueroa, el priísta nacido el 17 de mayo de 1949 en Morelia que logró recuperar para el PRI la gubernatura de un estado que, a nombre del PRD, había tenido en el poder a Lázaro Cárdenas Batel y a Leonel Godoy Rangel. Como en otras entidades del país, los desvanecimientos de salud del titular del Poder Ejecutivo provocan que los secretarios generales de gobierno u otros funcionarios maniobreros asuman funciones informales de sustitución y que las camarillas de poder desaten guerras internas por el control del timón suelto. Casos ha habido en que los mandatarios estatales han recurrido a la difusión, mediante boletines de prensa y fotografías adulteradas, de presuntas reuniones de trabajo con sus colaboradores, mientras ellos daban continuidad a largas fiestas pasadas por alcohol y otros estimulantes, o viajaban por el extranjero en función de gustos personales o familiares, o se sometían a tratamientos médicos ocultados a la población.

Vallejo ha decidido dejar por algunos días el gobierno, que asumió en febrero del año pasado, para someterse a exámenes médicos. Sería interesante saber si los signos de las enfermedades que le aquejan eran conocidos por él cuando aceptó ser candidato al gobierno de Michoacán, pues justamente uno de los puntos de interés público respecto a la salud de los políticos estriba en su viabilidad para el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades adjudicadas en las urnas. María Elvia Amaya, quien fue esposa de Jorge Hank Rhon, aceptó una candidatura del PRI a una diputación federal por la vía de la representación proporcional, que ganó, a pesar de que sufría una enfermedad que terminó con su vida una semana después de que había rendido protesta en San Lázaro. Quien había sido secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, fue penosamente llevado por el PAN al Senado a pesar de que se conocía al detalle su quebrantada salud.

Las circunstancias del gobernador de Michoacán encajan con propiedad en los planes de rediseño político generalizado que abriga el peñismo. Los gobernadores son otro de los poderes fácticos que la restauración del cesarismo pinolero necesita redimensionar. Frente a la precariedad política del panismo amateur que durante 12 años se instaló en la casa presidencial, los gobernadores se constituyeron en factores de amplísima y retadora capacidad de acción. Muchos de tales priístas se regalaron en esa docena de vacío federal la imposición de personajes menores de la política local como gobernadores-guardaespaldas.

Peña Nieto, quien se benefició de esa manga ancha de los mandatarios estatales a la hora de financiar su precampaña y luego su campaña presidencial, hoy tiene en Michoacán una oportunidad de comenzar a instalar sus piezas propias en el tablero de los estados, aunque deberá esperar a que se defina la gravedad de los males de Vallejo y jugar con los tiempos para definir el tipo de sustitución o elección que deba realizarse.

Lo peor para Michoacán sería quedar en un paréntesis de abandono, en el que Vallejo deba continuar formalmente como gobernador, para no convocar a comicios y dejar al Congreso dominado por priístas el cumplimiento de la orden de sustitución que llegara de Los Pinos. Esa situación de peligrosa indefinición, en una entidad donde grupos del narcotráfico presumen de haber colaborado sustancialmente para el triunfo del priísmo y por ello imponen sus leyes en determinadas regiones, ya tuvo ayer mismo un episodio que afortunadamente no generó una tragedia, cuando miembros del Ejército detuvieron a decenas de integrantes de una de las policías comunitarias, presuntamente infiltrada por miembros de un cártel delictivo. Del asunto no fue informado el secretario general de gobierno sino tiempo después y de manera sucinta. ¿Quién manda hoy de verdad en Michoacán? ¿Cuáles otros gobernadores están en similares problemas de salud que podrían incentivar a Los Pinos a tratar de empujar sustituciones?

Astillas

Desde Hermosillo, Sonora, el doctor Arnulfo Castellanos Moreno dice que la afirmación apresurada de Mauricio Mora Pale, publicada ayer en esta columna, contra la posibilidad de inducir el cáncer a alguien como Hugo Chávez (según previamente había sido señalado por Nicolás Maduro), no respalda la formación científica que se presupone de la lectura de su currículum. Menciona Castellanos por correo electrónico algunas maneras fáciles de provocar enfermedades terminales, pero pide no reproducirlas aquí porque podría parecer una invitación a cometer delitos. Añade: hay decenas de formas como éstas para perjudicar a alguien, especialmente si su política hace multiplicar por cinco los precios del petróleo, o promueve la integración de varios países de un patio trasero.

Y, mientras los corresponsales españoles en Nueva York han obligado a la ministra de salud, Ana Mato, a aceptar preguntas en una rueda de prensa a la que la funcionaria pretendía llegar solamente a leer un comunicado oficial (ese ejemplo debería ser reproducido en México, donde abundan esas conferencias de prensa que atentan contra la esencia informativa representada por las preguntas y las respuestas. El planteamiento es sencillo: sin respuestas, no hay periodistas. Y, si no, plantón a los políticos y funcionarios tramposos), ¡feliz fin de semana, con Jesús Murillo Karam precisando que Andrés Granier no está en la lista presentada por Arturo Nuñez de presuntos responsables de saquear las arcas tabasqueñas!




Fuente: La Jornada | Julio Hernández López