Me ha dolido lo que el gobierno ha llevado a cabo contra la maestra Elba Esther Gordillo. Ciertamente, se trata de una persona que en el orden sindical ha demostrado con creces cómo se puede y se debe manejar un sindicato. Me temo que ese es el supuesto delito que le atribuyen. Por otra parte, no dudo un momento que se está violando el principio de libertad sindical y de autonomía, contemplado en el Convenio 87 de la OIT que, por cierto, merece muy poco respeto por parte de nuestra autoridades, como lo demuestran con creces las actitudes asumidas con el sindicato minero, con el Sindicato Mexicano de Electricistas y ahora con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por mencionar los casos más notables.
Es evidente que México padece un problema de corrupción sindical, pero en el caso de la maestra Gordillo, suponiendo sin conceder que hubiera ese problema, lo que se busca es castigar la oposición a la reforma constitucional que está privando de derechos fundamentales a los trabajadores de la educación.
Que hay corrupción sindical en México nadie lo puede dudar. Es un mal congénito, de antigüedad notable y que se sigue actualizando en este momento, como lo puede certificar cualquier abogado que dedique su tiempo a los problemas laborales. Los ejemplos sobran y se han citado reiteradamente en estos días, apuntando hacia empresas del Estado que constituyen la base de nuestra precaria economía.
Una de las formas más notables de esa corrupción está en la celebración más que frecuente de contratos colectivos de trabajo de protección, apoyados en una disposición de la Ley Federal del Trabajo que da validez al contrato si, presentado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, lo firman un sindicato y un patrón, sin que los trabajadores tengan la menor noticia ni, por supuesto, hayan aprobado el proyecto.
Hay otras formas tan notables como esa en que las propias autoridades manejan los temas sindicales con una combinación de intereses políticos y económicos, como es el registro de los sindicatos. Simplemente niegan el registro o, por lo menos, dejan de reconocer a los dirigentes nombrados democráticamente en una asamblea. Hay ejemplos de sobra que tienen la característica de que detrás de ello están las autoridades competentes, si es que vale el adjetivo.
En el caso de la maestra Gordillo, sin que tenga yo la menor idea del derecho penal, materia que me encantó en la universidad pero no en la práctica, lo que me parece es que hay una notable falta de interés jurídico de las autoridades en pretender controlar la economía del SNTE. Eso, en todo caso, correspondería a una asamblea que, de acuerdo con la ley, tiene derecho de reclamar informes de la situación económica del sindicato. La reciente y muy negativa reforma a la LFT hace hincapié en ese derecho que de cualquier manera aparece normalmente en los estatutos sindicales.
La defensa que ha hecho Elba Esther Gordillo en contra de la reforma constitucional se refiere, en lo esencial, a que establece formas infundadas para dar por terminadas las relaciones laborales con el pretexto de que, sometidos los trabajadores a un examen, no cumplieron aparentemente con las respuestas. Eso, en otras versiones, está presente en la nueva LFT que sustenta contratos temporales, poniendo en manos del patrón la subsistencia de la relación de trabajo, porque se celebró el contrato a prueba o a tiempo determinado, lo que hace polvo al principio fundamental de la estabilidad en el empleo.
Corresponde ahora al SNTE tomar medidas urgentes que puedan ayudar a remediar esta ofensa. Claro está que entre esas medidas el derecho de huelga es el más notable, sin dejar de reconocer que de paso afectaría a nuestros menores en su esencial educación. Por supuesto que el diálogo podría ser también una solución, pero lo que es esencial es acabar con la pesadilla que, sin merecerlo, está viviendo Elba Esther Gordillo. Ya ha habido reacciones más allá de nuestras fronteras, como lo demuestra la lectura de El País.
Ojalá que el presidente Peña Nieto ordene lo necesario, sin perjuicio de seguir los procesos que hagan falta contra los sindicalistas y patrones responsables de tantas violaciones de los derechos de los trabajadores. México sería diferente. Le hace falta.
Fuente: La Jornada |
