Se mantuvo prófugo casi un lustro; la PGR espera que sea repatriado en los próximos días. Acusado de delincuencia organizada y ‘lavado’ de dinero, entre otros ilícitos.
México.- Luego de casi cinco años de permanecer prófugo y de ser buscado en 190 países, el ex gobernador de Tamaulipas, el priista Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, fue detenido en Florencia, Italia, por autoridades de Interpol en esa nación.
La Procuraduría General de la República solicitó a Interpol, en 2012, la emisión de una ficha roja contra Yarrington, porque un juez federal libró una orden de aprehensión contra el ex gobernador por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros; la acusación derivó del intercambio de información con Estados Unidos.
Los estadunidenses también responsabilizan al ex mandatario de lavar dinero del cártel del Golfo y de su entonces brazo armado Los Zetas, cuando estos eran liderados por el capo Osiel Cárdenas Guillén, preso en la Unión Americana.
En noviembre de 2016, con la llegada de Raúl Cervantes Andrade como nuevo titular de la PGR, la dependencia reactivó la pesquisa y ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que condujera a la localización del ex mandatario de estatal.
Como resultado de la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales y de la Agencia de Investigación Criminal, así como las autoridades del gobierno de Italia, ayer se logró la localización y detención de Yarrington en la ciudad de Florencia; se espera que en los próximos días sea repatriado a nuestro país.
EU lo acusa
En mayo de 2013, el gran jurado federal de Brownsville, Texas, acusó a Yarrington y al empresario Fernando Alejandro Cano Martínez de conspirar para lavar dinero y de hacer declaraciones falsas a los bancos estadunidenses.
También lo responsabilizaron de violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas; asimismo, se presentaron dos acusaciones más por fraude bancario y una por conspiración para triangular divisas en una institución financiera, mientras que Cano fue acusado por separado de tres cargos de fraude bancario.
Tomás Yarrington fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004, entidad que limita con las ciudades estadunidenses de Brownsville y Laredo, Texas. En su momento, el ex gobernador de Texas y a la postre presidente de EU, George W. Bush, solía decir que el tamaulipeco no era su amigo, sino su “compadre”.
Según la acusación de Estados Unidos, a partir de 1998, Yarrington recibió sobornos del cártel del Golfo; a cambio, el entonces gobernador supuestamente les permitió operar libremente, es decir, los dejó seguir con el contrabando de drogas hacia territorio estadunidense.
De 2007 a 2009, Yarrington presuntamente se involucró en el tráfico de grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Veracruz hacia EU.
Cobro de sobornos
Se cree que el ex gobernador también cobró sobornos de operaciones comerciales en México, según la acusación del gran jurado; se menciona que operó la empresa con razón social Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, la cual recibió importantes contratos de obras públicas durante su gestión. La acusación señala que Cano, a su vez, pagó sobornos a Yarrington para incluir la adquisición de bienes raíces.
En la acusación dada a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se detalla que Yarrington desvió fondos públicos en la última parte de su mandato; parte de esos recursos los utilizó para comprar un avión Sabreliner 60, en enero de 2005.
México lo busca
En 2012, cuatro meses antes de que concluyera la gestión de Marisela Morales Ibáñez al frente de la Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) consignó un expediente contra el ex mandatario y el juez segundo de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas concedió la orden de aprehensión.
La investigación se sustentó con informes que los estadunidenses entregaron a la PGR en el sexenio de Felipe Calderón.
En mayo de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos demandas ante cortes federales para decomisar propiedades de Yarrington que supuestamente habría adquirido en Texas por medio de prestanombres, con recursos de origen ilícito.
Reveses
En febrero de 2014, el juez cuarto de distrito de amparo en materia penal en el todavía Distrito Federal negó la protección de la justicia a Yarrington contra la orden de aprehensión, también rechazó conceder un amparo para que cesara su búsqueda a escala internacional.
Lo anterior propició que en mayo de ese año, Yarrington pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer su caso, pero su petición fue desechada.
Las declaraciones que rindió Antonio Peña Argüelles, en San Antonio, Texas, fueron vitales para acusar en Estados Unidos al ex mandatario estatal.
De acuerdo con los estadunidenses, Argüelles era el intermediario de Yarrington con los líderes del Golfo y Los Zetas; empero, no fue el único testigo que declaró contra el ex gobernador, pues los norteamericanos capturaron a tres personas más.
En diciembre de 2013, Joel Androphy, abogado de Yarrington en EU, dijo que las acusaciones que presentaron fiscales estadunidenses contra su cliente y que lo vinculan con el crimen organizado eran “rotundamente falsas”, por lo que el gobierno estadunidense deberá probarlo.
“No hay ningún soporte contra estos cargos y ninguna evidencia creíble para sostenerlos”, aseveró.
El PRI exige
Tras conocer la captura de Yarrington, el Partido Revolucionario Institucional respaldó el trabajo de la PGR y de las autoridades internacionales.
El organismo político detalló que el ex gobernador de Tamaulipas fue suspendido de sus derechos partidistas desde 2012 y el 16 de diciembre de 2016, a solicitud de la dirigencia nacional del partido, la Comisión de Justicia Partidaria expulsó a Yarrington de sus filas.
“Exigimos a las autoridades que se realicen todas las indagatorias correspondientes y se sancione ejemplarmente al ex funcionario acusado de diversos delitos.
“En el PRI señalaremos todos los casos en los que los políticos se vean involucrados en actos de corrupción, a fin de cerrar el paso a la impunidad”, señaló el partido a través de un comunicado emitido la noche de ayer.
Fuente: Milenio
