En el marco de la toma de protesta a la nueva directiva del Congreso del Trabajo, el presidente Enrique Peña Nieto se refirió a las recientes capturas de los ex gobernadores de extracción priísta, Javier Duarte, de Veracruz y de Tamaulipas, Tomás Yarrignton: "Quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el poder judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad".
Ante los integrantes del Congreso del Trabajo, el mandatario hizo un paréntesis en su discurso para señalar que las detenciones fueron resultado del intercambio de información entre las instituciones de justicia de México, con las de los países donde fueron aprehendidos los ex mandatarios –a quienes no mencionó expresamente por su nombre–, por lo que expresó el reconocimiento a los niveles de colaboración alcanzados que permitió las aprehensiones.
Peña Nieto dijo que se realizó un trabajo con las agencias y unidades de inteligencia que, con su profesionalismo y compromiso, permitieron dar respuesta a una demanda de la sociedad mexicana de exigir probidad y honestidad en el desempeño como diariamente lo hacen millones de mexicanos.
Consideró que se han dado avances importantes en esta materia como país, porque en paralelo a la detenciones registradas el país está avanzando en la transformación institucional para consolidar el estado de derecho con la creación de los sistemas nacionales de Transparencia y Anticorrupción.
Inicia proceso de extradición de Duarte
Guatemala. El proceso judicial de extradición de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, dio inicio en la capital guatemalteca, donde el Tribunal Quinto de Sentencia decidirá la suerte del político mexicano detenido en Guatemala.
Juan Daniel Lemus, secretario del tribunal, dijo el lunes que los juzgadores están a la espera de recibir el acta de consignación de Duarte del juez de Panajachel, en el departamento de Sololá, donde Duarte fue detenido el sábado pasado.
"Este tribunal ha recibido la orden de detención de la persona que requieren los estados mexicanos. Recibida la consignación, el tribunal resuelve cuándo lo va a mandar a escuchar", dijo Lemus.
El pedido de extradición puede resolverse de dos maneras según el tribunal: la más usual contempla que la ley guatemalteca limite al gobierno mexicano para proveer la solicitud y evidencias de los ilícitos cometidos en los próximos 60 días. La segunda sería la aceptación por parte de Duarte de la extradición, proceso que podría demorar días, explicó el secretario del Tribunal
La Procuraduría General de la Republica de México dijo el domingo en una conferencia en Guatemala que Duarte, quien ha sido el símbolo de la corrupción e impunidad política en aquel país, recibió ayuda de varios mexicanos en su huida y que se investigaba la posible participación de más personas.
La pista que alertó a las autoridades mexicanas sobre la presencia de Duarte en Guatemala fue la detención del ciudadano mexicano Mario Medina Garzón el 10 de noviembre de 2016 en el Aeropuerto de Tapachula, en el sur de México. Medina Garzón portaba dos pasaportes con las fotografías de Duarte y su esposa pero con nombres distintos, reveló García.
Las autoridades creen que Duarte entró a Guatemala por tierra en el mes de noviembre o antes y que se desplazó por Antigua y otros departamentos donde incluso tenía propiedades.
Tras la detención de Duarte, varios analistas de su país han empezado a valorar las implicaciones de su detención. Para unos es una muestra de la efectividad de la lucha del gobierno contra la corrupción, mientras que para otros es todo lo contrario: un ejemplo de lo enquistado que está este problema entre los políticos mexicanos.
Desde la madrugada del domingo, Duarte quedó recluido en la cárcel de Matamoros, una prisión militar en Ciudad de Guatemala a donde llegó horas después de ser detenido, tras seis meses de estar huyendo.
Gobernador de Veracruz desde 2010, dejó el cargo el 12 de octubre de 2016 a menos de dos meses de concluir su mandato, bajo el argumento de que así podría atender las acusaciones de corrupción en su contra.
El veracruzano es el segundo exgobernador del PRI en ser detenido en una semana. Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2005, fue arrestado en Italia el 9 de abril.
El caso de Duarte ha sido uno de los más delicados para la opinión pública de su país por el alto nivel de violencia que se vivió en Veracruz durante su gobierno, con miles de muertos, desaparecidos y decenas de fosas clandestinas, así como por la impunidad y corrupción que reinó en la región.
Desde la emisión de una orden de captura en su contra, las autoridades mexicanas localizaron millones de dólares ligados a Duarte, congelaron un centenar de cuentas bancarias y revisaron propiedades y negocios vinculados con el veracruzano, quien se había jactado de no haber robado ni un peso de los fondos públicos. Al parecer, el exdirigente habría utilizado prestanombres y empresas fantasma para transferir recursos públicos y adquirir bienes tanto en México como en el extranjero, señalaron las autoridades.
Prevén extradición de Duarte antes de tres meses
La extradición del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte a México puede ocurrir antes de tres meses, revelaron fuentes de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Las fuentes recordaron la declaración del abogado de Duarte, Rodrigo Sandoval, en el sentido de que el ex gobernador probablemente aceptaría la extradición expedita.
En ese caso, su regreso al país sería prácticamente “inmediato”. Es decir, tan pronto la PGR formalice la extradición, dijeron los informantes.
Esta mañana, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alfredo Elías Beltrán declaró en entrevista televisiva que, "la experiencia que hemos tenido (...) en extradiciones con el Estado de Guatemala, estamos hablando de alrededor de seis meses a un año".
Sin embargo, al aceptar Duarte su regreso a México sin interponer recurso y por propia voluntad, el proceso se agilizaría.
CCE pide regresar dinero desviado por Duarte
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que a la detención de Javier Duarte "debe seguirle un proceso legal ejemplar: claro, transparente y con estricto apego a la ley, sin ningún espacio para la impunidad".
"La detención de Javier Duarte debe ser un ejemplo de que habrá cero impunidad, y la sociedad estará vigilante de que así sea", sostuvo.
Además consideró "indispensable que se repare el daño infligido al patrimonio de los ciudadanos de Veracruz, hallándose y regresándose el dinero desviado".
Las instituciones tienen como obligación realizar un proceso intachable para que el ex gobernador de Veracruz rinda cuentas a la justicia y a la ciudadanía, sentenció el organismo cúpula del sector privado.
No sólo resultaba imprescindible la aprehensión de Duarte, dijo, sino también "la voluntad política real de desmantelar las redes de complicidades e impunidad que permitieron y permiten la corrupción en nuestras instituciones de todos los niveles de Gobierno, y en la misma sociedad".
Por eso el CCE demandó que ese sea el camino para construir la confianza ciudadana y en todos los casos se actúe con responsabilidad y transparencia.
"No puede construirse prosperidad ni bienestar, sin un real imperio de la ley; el combate frontal y decidido contra la corrupción debe ser una política de Estado integral y permanente, sin distingos, y no limitar el cumplimiento de la ley sólo a casos aislados", indicó.
La única manera de tener instituciones sólidas es dotándolas de legitimidad y eficiencia, y cerrando cualquier camino de corrupción e impunidad, que son dos caras de la misma moneda e igualmente dañinas para la sociedad y la democracia.
Irregularidades detectadas en Veracruz no tienen precedente: ASF
Aunque aún falta auditar el último año de la administración de Javier Duarte en Veracruz, el saldo de irregularidades y sus derivaciones penales no tienen precedente en la fiscalización de los recursos que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El monto involucrado en presuntos malos manejos oscila en 30 mil millones de pesos. Con más de 50 denuncias presentadas por la ASF ante la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Duarte es, con mucho, el que más litigios penales enfrenta.
Prácticamente no hubo ningún rubro prioritario que no fuera afectado por los manejos inadecuados de las millonarias transferencias de recursos del gobierno federal: salud, educación, seguridad –en una entidad golpeada por la violencia y el crimen organizado–, infraestructura social y combate a la pobreza.
Un conjunto de irregularidades
sin precedente, según definición de la propia ASF del manejo de recursos federales.
Por ejemplo, de acuerdo con reportes de la ASF, de la canalización de 521 millones de pesos al gobierno de Duarte mediante el Fondo de Desastres Nacionales (Fonden) para la rehabilitación de infraestructura afectada por las lluvias, tres años después no se sabía de su destino, a pesar de que las obras debieron concluir en diciembre de 2014 para atender los efectos de una emergencia.
Por ahora, en función del desfase de la revisión de la cuenta pública que tiene la ASF por los plazos que había antes de la reforma legal, sólo se han revisado las cuentas de 2011 a 2015, que corresponden a Duarte.
De esa revisión se desprende el crecimiento exponencial de las denuncias presentadas ante la PGR por la ASF: tres corresponden a la cuenta pública 2011, 18 a la de 2012, 11 a la de 2013 y hasta ahora tres a la de 2014.
A ello se suman otras 15 denuncias promovidas por la simulación de reintegro de recursos que hizo la administración de Duarte en este periodo. Al detectarse irregularidades, los involucrados aparentaron solventar las observaciones y transfirieron recursos de otros rubros a las cuentas identificadas por la ASF, pero una vez verificada la restitución, se retiró de nuevo el dinero, operación fraudulenta realizada de forma recurrente.
Las denuncias penales podrían crecer, pues de la cuenta pública 2015 la ASF detectó irregularidades en el manejo de recursos por un monto superior a 9 mil millones de pesos, pero que se encuentran dentro de los plazos del periodo de solventación.
Entre las denuncias penales ante la PGR que involucran un mayor volumen de recursos destacan una por mil 174 millones de pesos de una partida federal que debió haberse destinado al régimen estatal de protección social en salud, la cual no se concretó; en el mismo ámbito de salud, 648 millones de pesos de una aportación solidaria del gobierno federal que debió canalizarse al pago del personal del Seguro Popular, cuyo destino se desconoce; ambas son de 2013.
Por lo que hace a la educación, mil 774 millones de pesos que se dieron al gobierno veracruzano para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica fueron desviados, de forma irregular, para sufragar el pago de la nómina del magisterio.
En materia de seguridad, la ASF identificó en estos años desviaciones en las partidas destinadas para el fortalecimiento de la seguridad pública: tan sólo en la última cuenta, por una cifra cercana a 400 millones de pesos.
La manipulación de los fondos detectados por la ASF incluye 653 millones de pesos que pertenecían al Fondo de Aportaciones Múltiples y deberían transferirse al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad, de los cuales sólo se aplicó 5 por ciento. También, más de 400 millones de pesos que les fueron retenidos a los trabajadores estatales no fueron enterados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2013.
Además, una partida de 463 millones de pesos debió destinarse a acciones de combate a la pobreza, pero fue desviada a fines ajenos a la política social.
Fuente:La Jornada
