En público, el Presidente Enrique Peña Nieto ha generado expectación alrededor de las iniciativas de ley que promueve, pero al interior de su partido, el interés por que se aprueben se diluye. Analistas apuntaron que pesar de que el titular del Ejecutivo se ha esmerado en la organización de eventos públicos con el fin de abonar a la imagen de ser un mandatario reformista, la realidad es que las iniciativas de ley que propone han sido frenadas en el Congreso por decisión propia, es decir, el mismo Gobierno boicotea las iniciativas de ley que envía al Congreso.
El Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a combatir la corrupción, pero su bancada no ha aprobado las leyes del Sistema Anticorrupción. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- El saldo del segundo periodo de sesiones del Congreso, entre febrero y abril, dejó pendiente las leyes que generaron mayor expectación en la gestión de Enrique Peña Nieto como las reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la nueva regulación del cannabis y la reforma al modelo policial del país, propuestas, todas, que el Presidente Enrique Peña Nieto respaldó en eventos mediáticos.
Analistas apuntaron que pesar de que Peña Nieto se ha esmerado en la organización de eventos públicos con el fin de abonar a la imagen de ser un mandatario reformista, la realidad es que las iniciativas de ley que propone han sido frenadas en el Congreso por decisión propia, es decir, el mismo Gobierno boicotea las iniciativas de ley que envía al Congreso.
No sería el único ámbito en el que el Gobierno mexicano y su partido se boicotean a sí mismos. Apenas la semana pasada, The New York Times, The New Yorker y otros medios resaltaron en sus portadas que la administración de Peña Nieto abrió las puertas al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para luego cerrarse a una investigación creíble.
“Pareciera que el Presidente como en muchas otras cosas, tiene como interés prioritario los efectos mediáticos. Es decir, empujar el Sistema Anticorrupción le queda muy bien a un Presidente, pero a la hora de la verdad, lo que pasa es que se trata de descafeínar las iniciativas”, consideró el analista político Eduardo Huchim May.
El 28 de mayo del 2015, Peña Nieto promulgó la reforma constitucional del SNA y reiteró su compromiso en el combate a la corrupción.
“Con esa misma convicción, el primer compromiso que firmé como candidato presidencial y la primera propuesta legislativa que impulsé como Presidente electo, estuvieron dirigidos, precisamente, en contra de la corrupción”, dijo Peña en esa oportunidad.
Pero, a casi un año del evento, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue la última en presentar sus propuestas para crear las leyes del SNA en el recién pasado periodo de sesiones.
Pese a reunirse con organizaciones de la sociedad civil, el presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado, Pablo Escudero Morales, del PVEM, entregó el último día sesiones los documentos correspondientes a cinco leyes reglamentarias del SNA, que excluían la obligatoriedad para los funcionarios de presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de interés, parte central de la iniciativa ciudadana “Ley 3 de 3”.
De acuerdo con Huchim May, una vez que las iniciativas salen de Los Pinos, el Consejero Jurídico de la Presidencia Humberto Castillejos Cervantes es quien se encarga de supervisarlas.
“Pareciera que él es el que está deteniendo todo. Recordemos que el propio Emilio Gamboa [coordinador del PRI en el Senado] calificó a Castillejos como el senador 129. Es decir, vale interpretar que no se mueve nada en la bancada más grande, si no lo aprueba él”, expresó
CLIMA ELECTORAL
Enrique Toussaint Orendáin, politólogo por la Universidad de Guadalajara, apuntó que el mismo el Presidente ordenó “congelar” otras debido al clima electoral por el que atraviesa el país.
“Es interesante ver como cambió el discurso del PRI sobre el Mando Único, se dieron cuenta que el partido gobierna el 60 por ciento de los municipios, y la Policía es lo que le da mayor poder a los alcaldes. Pasaron de proponer un mando centralizado, a uno flexible, y ante la posibilidad de que afectara en las elecciones, pues mejor congelaron el tema”, consideró el experto.
La iniciativa fue congelada en el Senado desde el 1 de diciembre del 2014, cuando Peña Nieto hizo su envío tres días después de haber organizado un evento masivo al que tituló “Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo”, en el que había anunciado un decálogo de acciones en contra de la violencia.
Pero una vez en el Senado, la bancada del PRI no hizo por avanzar en su aprobación a pesar de que el Presidente volvió a hacer un llamado público en febrero con este objetivo. La falta de voluntad contrastó con el planteamiento de metas que la bancada hizo en el inicio del periodo de sesiones.
“Que los legisladores se fijen plazos, y no se cumplan, pues es muy grave, porque confirma una opinión que las reformas constitucionales y a las leyes, se han convertido en un recurso político, que sólo busca eludir el problema de fondo”, dijo Ricardo Espinoza Toledo, investigador de la facultad de Ciencia Política de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
La Senadora independiente Martha Tagle Martínez apuntó que los políticos están más concentrados en ganar las elecciones que en terminar de aprobar los temas pendientes en un periodo extraordinario antes de los sufragios.
“Les interesan más las elecciones, y ganar gubernaturas, y lo ponen por encima de cualquier otro tema importante en la agenda, porque eso les reditúa poder. Y por otro lado, están buscando evitar golpeteos políticos antes de las elecciones”, dijo Tagle.
DOBLE DISCURSO
Expertos vieron una lógica de retraso sobre la iniciativa de Peña Nieto, enviada al Congreso el 21 de abril, para permitir el uso medicinal de la mariguana y aumentar la portación legal de mariguana de 5 a 28 gramos.
“Lo que hicieron fue descafeinar la iniciativa. Porque no se planteaba regular la producción, distribución ni venta de la mariguana”, dijo Toussaint.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador del grupo parlamentario del PRI, afirmó este viernes al periodista Joaquín López Doriga que pudo haber sacado el tema gracias a la mayoría con la que cuenta la bancada en la Cámara Alta, “pero iba a dividir al Senado”.
Sin embargo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y un segmento el Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por el presidente del Senado Roberto Gil Zuarth, habían dado su visto bueno.
REFORMITIS
La semana pasada, el Presidente Peña Nieto hizo un evento público en el que presentó 12 iniciativas de reforma constitucional para mejorar la justicia en conflictos de convivencia social y laboral. Un síntoma de la “reformitis” que padece el Gobierno, calificó Espinoza Toledo.
“Se confirma con este Gobierno que la reforma es un recurso para prolongar al infinito la solución de los problemas. Está deteriorando la importancia fundamental del sistema jurídico e institucional, se está pervirtiendo la ley a través de esta reformitis obsesiva e interminable, que se presenta como el correctivo a lo que se hizo antes, cuando antes también se dijo que eso iba resolver los problemas”, dijo Espinoza.
De acuerdo con el especialista, el Ejecutivo se dedica a proponer reformas en vez de gobernar y a hacer cumplir la ley. La reformitis, aclaró, puede también ser una forma de corrupción, cuando el Gobierno no ataca los problemas de fondo como sucedió con el SNA.
“La sanción social tendría que darse desde antes, La corrupción pública no puede esperar a que esta reformas se realicen, porque entonces nunca va haber alguna”, explicó.
CORRUPCIÓN CONGELADA
La corrupción le costó a México el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015, de acuerdo con el Banco de México. Sin embargo, el PRI no ha manifestado prisa por aprobar las leyes reglamentarias antes de que venza el plazo, el 28 de mayo.
Emilio Gamboa hizo público su interés porque la convocatoria a un periodo extraordinario se haga después de las elecciones, que se llevan a cabo el 5 de junio en 13 estados.
“Esa sería una muy mala señal, cuando se aplace más allá de lo que indica la Constitución. Nosotros mismos pusimos ese plazo. Yo no estoy de acuerdo y vamos a seguir impulsando para que esto ocurra antes”, dijo el Senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Armando Ríos Piter.
Por su parte, las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Asuntos Legislativos podrían dictaminar los temas pendientes del periodo de sesiones si se lo propusieran.
“Es más, las comisiones deben de funcionar aunque estén en periodos de receso, tienen que sesionar de manera permanente y por lo menos una vez al mes. Incluso en periodo ordinario casi no funcionan, por ejemplo, en el tema de anticorrupción en febrero citaron sólo a una sesión, y después hubo sesiones hasta abril e iba a ser imposible aprobarlas”, denunció la Senadora Tagle Martínez.
Fuente: Sin Embargo| Juan Luis García Hernández
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