El incremento de la pobreza se ha convertido en hecho incontrovertible y ante el cual las políticas públicas poco han podido hacer. El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) reporta la restricción que las personas ocupadas tienen para satisfacer su bienestar con el ingreso que perciben por su trabajo. Entre 2006 y 2011, el ITLP señala a nivel nacional un 21% adicional de personas con dichas limitantes.
Sin lugar a dudas lo anterior sintetiza que los programas de atención a la pobreza únicamente constituyen un alivio temporal y muy endeble a un problema estructural que aumenta con el desempleo y la precariedad laboral.
Lamentablemente la pobreza se ha incrustado en las zonas urbanas. Lo anterior significa que el flagelo ya no es privativo del entorno rural: durante los últimos años su avance ha llegado a ciudades que concentran la mayor capacidad económica, financiera e industrial de México.
Las cifras son contundentes: entre 2006 y 2011 el ITLP rural se elevó en 3.8% en tanto que en el urbano lo hizo en 29.3%. Por tanto la marginación se ha generalizado. Parte de ello es atribuible a que un aumento de la pobreza en el ambiente rural representaría segregar a un grupo de mexicanos que ya vive en un entorno crítico. Además a esos lugares llega una parte considerable de los recursos canalizados mediante el programa Oportunidades, el cual es bien evaluado porque ayuda a la gente más pobre a sobrellevar su situación, pero es evidente que no tiene la capacidad de contribuir a su solución.
El incremento de la pobreza urbana es atribuible al silencioso desmantelamiento del mercado laboral. El retroceso de la calidad del empleo comenzó desde que se utiliza al salario como uno de los elementos para contener la inflación. Dicha estrategia se ha aplicado desde de los años ochenta, y si bien hoy se observan menores tasas de inflación, una parte sustancial de ello es atribuible al deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores.
Al no contar con programa económico integral que permita elevar la productividad y competitividad de México, los encargados de la política económica siguen aplicando un mecanismo que, en forma de inestabilidad social, se ha vuelto contra sus creadores.
La mejor muestra la constituyen las cifras del ITLP correspondientes al cierre del 2011. Las restricciones aumentaron, ello a pesar de que existió un crecimiento económico de 3.9%: aun con el incremento en la riqueza, la mala calidad del mercado laboral implicó que se elevara la cantidad de personas atrapadas por la pobreza. A nivel nacional la variación del ITLP fue de 3.3%, para la parte urbana 3.9%, y para las zonas rurales fue de 0.4%. En resumen el crecimiento no bastó para evitar el avance de la pobreza.
A nivel estatal el análisis es aún más dramático. Para el periodo 2006-2011 hay entidades que multiplicaron su nivel de pobreza de manera alarmante: Baja California 76.7%, Chihuahua 52.2%, DF 48.5%, Guanajuato 32.9%, Nuevo León 69.4%, Quintana Roo 49.7%, Sonora 51.8% y Tamaulipas 52.9%.
La razón fundamental de lo anterior se encuentra en que los ingresos per cápita provenientes del mercado laboral siguen retrocediendo. En términos nominales, durante el 2011 la variación fue -1.2% respecto a 2010 y solamente se incrementó en 1.3% con respecto a 2006. Si la revisión se realiza en términos reales, el ingreso per cápita de 2011 retrocedió 18.3% respecto a 2006 y 4.5% en referencia a 2010. Aún más preocupante es la caída contabilizada si se utiliza la evolución de los precios de la canasta básica: el deterioro del ingreso es de 24.6% respecto a 2006 y de 4.9% comparado con 2010.
Por tanto de poco sirve que se preserve una precaria estabilidad macroeconómica, y los aplausos que ello genera de las instituciones internacionales, sin que esa mejora realmente llegue al bolsillo de todos los mexicanos.
*Dir. del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey
Fuente: El Universal
