La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 30 recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, al gobierno de Guerrero y al Congreso local por violaciones graves a las garantías en el fallido operativo del 12 de diciembre de 2011 contra estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentará una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra mandos y elementos de la Policía Federal (PF), como el ex comisionado general Facundo Rosas, por acciones y omisiones que derivaron en violaciones graves a las garantías en el fallido operativo del 12 de diciembre de 2011 en la Autopista del Sol, en el que se victimizó a 52 personas, entre ellos dos estudiantes asesinados.
Facundo Rosas fue removido del cargo de comisionado de la Policía Federal el pasado mes de febrero y nombrado por el presidente de la república como subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En el caso de las autoridades y ex funcionarios del gobierno de Guerrero, promoverá un juicio político ante el Congreso estatal, aunque la medida no incluye al gobernador, Ángel Aguirre, pero el organismo destacó que fue indolente para atender las demandas de los alumnos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, además de que el día de los hechos, al igual que Facundo Rosas, no estuvo informado de manera adecuada acerca del operativo.
El ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva emitió 30 recomendaciones: 13 conjuntas a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y al gobernador de Guerrero; cuatro solamente al funcionario federal, 11 para Aguirre Rivero y dos al Congreso guerrerense.
Derivado de la investigación que realizó la Primera Visitaduría, que encabeza Luis García López, se encontró responsabilidad contra 184 servidores públicos federales y de Guerrero: 61 policías federales, 73 policías ministeriales y 34 de la policía estatal que participaron directamente en el operativo, así como 16 funcionarios de la cadena de mando, que violaron derechos fundamentales.
Se concluyó que todos los cuerpos de seguridad que participaron “emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego para reprimir la manifestación […] “fueron omisos, negligentes e impotentes para encauzar una relación pacífica con los manifestantes”.
En casi 16 mil fojas de expediente se documentó que los policías federales y locales detuvieron de forma arbitraria a 42 personas, algunas “fueron objeto de lesiones, tratos crueles y conductas indignas”; a 24 de ellas se les golpeó con manos, pies, palos y toletes; agentes ministeriales torturaron a un estudiante de 19 años e hicieron “lo que podría decirse un montaje”, destacó Plascencia, pues se le “sembró” un arma para hacer creer que disparó contra federales.
Policías federales se negaron a prestar ayuda a una víctima, lo maltrataron y amenazaron “con agraviarlo más si no se retiraba”.
Incluso, 18 personas más fueron llevadas a un cuartel de la Policía Federal en Chilpancingo, donde “fueron objeto de tratos indignos y después dejadas en libertad”.
Por ello, entre las recomendaciones emitidas a García Luna se le ordena que instruya a su personal para que “en los casos de detenciones de personas éstas sean puestas inmediatamente a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda, absteniéndose de infligirle tratos crueles y/o inhumanos degradantes, y que no se utilicen las instalaciones de esa institución como centro de detención”.
Se le solicitó que colabore en la presentación de la denuncia penal que la CNDH formulará ante la PGR, que incluye a Facundo Rosas, por omisión, ya que reconoció que se enteró del operativo una hora después, “cuando ya había tres muertos (los dos asesinados y otra persona que murió al tratar de impedir la explosión de una gasolinera), detenidos, personas que eran golpeadas por sus elementos sin hacer uso de medios como Plataforma México o para comunicarse con el C4 (centro de operaciones de la PF), para enterarse de un operativo de esa magnitud, de esa gravedad, siendo el responsable de la corporación”.
La denuncia incluirá a directivos, coordinadores, inspectores y jefes de división de la PF que “convalidaron, consintieron o toleraron las acciones y omisiones”.
Asimismo, se informó que el ex procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, obstaculizó la investigación de la CNDH y mostró “un desprecio por la cultura de la legalidad”, pues entregó un video editado del C4, “faltando a la verdad con el objetivo de que la realidad no se conociera” y dio falsas declaraciones.
El ex procurador y el ex director de la Policía Ministerial Antonio Valenzuela son responsables “de acciones y omisiones...”.
Fuente: El Universal
