El tiempo juega en contra, al deteriorar activos y dificultar su retorno al mercado, dice
El juez deberá autorizar que ejerza esa función para facilitar el proceso de concurso mercantil
Hasta ahora no ha habido información suficiente para acreedores, dice ex secretario de IPAB
El tiempo juega en contra de Mexicana de Aviación y de sus acreedores, entre los que se cuentan los trabajadores de la aerolínea. Entre más tiempo pase, se hace más difícil que la empresa retome operaciones y sus activos se deterioran, explicó Vicente Corta Fernández, socio del despacho de abogados White and Case, propuesto por tres de los acreedores de la empresa como interventor en el proceso de concurso mercantil.
La figura de interventor está prevista en la ley de concursos mercantiles, explicó Corta en una entrevista con La Jornada. Basta con que soliciten esa intervención acreedores que tengan 10 por ciento de la deuda de la empresa que entra a concurso. En este caso, los tres acreedores que solicitaron la figura de interventor fueron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Banco Nacional de Comercio Exterior, que en conjunto reúnen 17 por ciento de los pasivos de Mexicana, explicó.
Otros dos acreedores, que reúnen una proporción significativa de la deuda de Mexicana de Aviación, se han acercado al despacho White and Case para que los represente, aunque todavía están en pláticas, informó Corta Fernández.
El concurso mercantil, como prevé la legislación mexicana, busca que una empresa con problemas de endeudamiento tenga tiempo para restructurar pasivos y relanzar operaciones o, en caso de que ello no sea posible, iniciar un proceso ordenado de bancarrota en el que los acreedores recuperen parte de sus recursos.
Mexicana de Aviación dejó de volar hace 19 meses. El plazo de un año previsto en la ley para que se llegue a un acuerdo entre los acreedores y la empresa concluyó y ahora existe una prórroga decretada por el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, quien también deberá autorizar a Corta Fernández ejercer como interventor a nombre de los tres acreedores que lo nombraron.
El proceso de restructuración de Mexicana de Aviación se ha alargado, explicó Corta Fernández, ex secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y también ex presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Como conciliador nombrado por tres de los principales acreedores de Mexicana de Aviación, expuso que su función consistirá en supervisar el desempeño del conciliador del proceso, Gerardo Badín, quien también es el responsable de la administración de la aerolínea.
La función del interventor incluye interactuar con el juez, el conciliador y los acreedores para facilitar el proceso de concurso mercantil, dijo Corta Fernández.
Antes de intervenir en el caso de Mexicana, Corta ha participado en otros procesos de concurso mercantil, entre los que se cuentan los de empresas como Comercial Mexicana, Metrofinanciera, Crédito y Casa, Su Casita, Vértice y Oceanografía, procesos que se cuentan entre los más relevantes que se han dado en el país en los años recientes.
Los tres acreedores que decidieron nombrarlo interventor, indicó Corta Fernández, buscan en primer lugar determinar con claridad el estado del proceso de concurso mercantil de la aerolínea, “porque hasta ahora no ha habido información suficiente para los acreedores.
Siempre el tiempo juega en contra de la empresa que está en concurso (mercantil) y de los acreedores. Entre más tiempo pasa, más difícil se hace que Mexicana retome operaciones, a la vez que los activos de la empresa se deterioren y pierdan valor. Si este proceso se alarga demasiado existe el riesgo de un mayor deterioro y de que la recuperación (por la venta de esos activos, si es el caso) sea menor, explicó.
Para Vicente Corta uno de los problemas que se enfrentan en todo este proceso de restructuración de deuda de Mexicana de Aviación es que no ha habido información suficiente sobre el estado de la compañía. “Espero que la designación como interventor –que depende del juez Consuelo Soto– quede firme para solicitar la información de la empresa al conciliador y con base en eso tener una idea más clara de dónde estamos y cómo va el proceso”, comentó.
Fuente: La Jornada
