Las campañas dan inicio este viernes y durarán 90 días
Podrán obtener un monto similar de financiamiento privado
La campaña presidencial más corta de la historia reciente de México comenzará este viernes 30 de marzo y durará 90 días, en los cuales los candidatos a ocupar Los Pinos podrán gastar hasta 328.6 millones de pesos, un máximo diario de 3.6 millones. Producto de la reforma de 2007-2008, el periodo de proselitismo se redujo casi a la mitad respecto del de 2006 (162 días) y cerca de una tercera parte del de 1994 (219 días).
A pesar de estas reducciones, las campañas en México son muy amplias respecto de los 35 días que duran en Argentina o dos semanas en España.
También tendrán implicaciones en el gasto de las campañas presidenciales: los 328.6 millones de pesos representan casi 50 por ciento de los 651.4 millones establecidos como tope en 2006, e incluso de los 491.8 millones de pesos de 2000, sin considerar el impacto inflacionario.
De acuerdo con las prerrogativas asignadas por el IFE, los partidos podrán gastar al menos una bolsa conjunta de mil 628 millones 560 mil 420 pesos –para las campañas presidencial y del Congreso– sólo por financiamiento público, a lo cual se sumarán los recursos que puedan obtener de entes privados.
Hasta las elecciones de 2006, con un marco legal diferente, los partidos o coaliciones destinaban entre 65 y 70 por ciento de sus recursos a la compra de espacios publicitarios en radio y televisión. Sin embargo, este año se celebrará la primera elección presidencial bajo la nueva reforma. Será la primera ocasión que opere el nuevo modelo de comunicación política, que proscribió la compra de espacios en radio y televisión.
Bajo este nuevo esquema de comunicación, el IFE tiene programada para la contienda federal la difusión de más de 20 millones de promocionales durante los 90 días de campaña.
De acuerdo con estudios del IFE, en los comicios de 1994 los partidos destinaron casi 24 por ciento de sus gastos a publicidad en medios electrónicos, porcentaje que fue creciendo hasta llegar a 65 o 70 por ciento en 2006, lo que favoreció una creciente influencia de los medios de comunicación en las contiendas.
Aunque en su concepción la reforma electoral pugnó por que el dinero ya no fuera factor determinante, al garantizar el acceso a los medios de comunicación electrónicos, en los hechos dio paso a la espotización de las campañas, pues cada concesionario de radio y televisión deberá transmitir 96 anuncios diarios.
Para la campaña que está por empezar, la coalición Compromiso por México –PRI y PVEM– tendrá unos 10.5 millones de promocionales (más de 50 por ciento); el PAN, 5.6 millones, y Movimiento Progresista –PRD, PT y Movimiento Ciudadano–, 4.1 millones, sobre un universo de más de 20 millones de espots, lo que supondrá un incremento respecto de los procesos donde se podían adquirir promocionales, en una tendencia donde el marketing político cobra cada vez más relevancia.
Derivado principalmente de las campañas negras de 2006, otro factor podría ser la tendencia, ya expresada en 2009 –primera elección federal bajo la nueva reforma, de diputados–, a la judicialización de la contienda, que ya se presentó en el inicio del proceso.
Las restricciones impuestas en la nueva ley y los vacíos jurídicos que dejó la reforma en temas como libertad de expresión hacen prever que el proceso electoral podría tener un alto componente de litigios entre partidos y contra la injerencia de funcionarios públicos o incumplimientos de medios de comunicación, como ocurrió en 2009.
Fuente: La Jornada
